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Pablo Pineda

Vértigo o exceso de confianza

La revelación, por parte del candidato y único edil de IU en la recién constituida Corporación municipal de El Campillo, de la evolución de los procesos de negociación con las dos formaciones que aspiraban a acceder a la Alcaldía tras los resultados electorales cosechados el pasado 27-M, PA y PSOE, ha sembrado claras dudas sobre la disposición política de los andalucistas campilleros. Resulta extraño, bajo el contexto de esta premisa, que no apuraran sus opciones mediante una clara propuesta de pacto a IU, una vez alcanzado el objetivo que inspiró su fundación a nivel local. Una finalidad primigenia que se asentaba, como ellos mismos han aseverado en múltiples ocasiones, en el firme propósito de desbancar del sillón de mando a unos socialistas avalados por una trayectoria de 24 años de gobierno desde la restauración de las libertades o, al menos, arrebatarles la mayoría absoluta que ha distinguido cada uno de sus mandatos. Sin embargo, ante la seria oportunidad de certificar la consecución de su meta, rehusaron hacer un último esfuerzo que les otorgara la llave del Ayuntamiento minero. Esta actitud de un grupo que, pese a proclamarse vencedor en los pasados comicios municipales, requería, al obtener el mismo número de ediles que el PSOE (cinco), el apoyo de la coalición, ya fuera en forma de alianza o de abstención, para ostentar por vez primera en su historia el sillón presidencial del Consistorio campillero, denota dos posibles interpretaciones antagónicas.

 

Una primera lectura es la que atisba, como origen de esta situación, un exceso de confianza por parte del candidato nacionalista, Francisco Javier Cuaresma, y sus correligionarios en que la tradicional fractura irreconciliable que ha caracterizado las relaciones entre las direcciones locales de los dos partidos de izquierda impidiera la concreción del denominado pacto de progreso entre socialistas y coaligados. Esta seguridad, la tranquilidad de quien no ve peligrar la investidura como nuevo regidor, en consecuencia, pudo derivar en una intención premeditada de gobernar en minoría con la complicidad incondicional de un concejal de IU que se erigiría, en tal supuesto, como una mera marioneta sumisa a los dictámenes ideados por los andalucistas.

 

La otra vertiente radica en la presunta sensación de vértigo que podía despertar en el PA la responsabilidad que supone dirigir un municipio desde la inexperiencia propia de quien nunca antes ha tenido un contacto directo con el poder. Algo que cobra especial relevancia en el caso campillero, al tratarse de una localidad inmersa aún en la grave crisis socioeconómica a la que se vio condenada a causa del declive de la actividad minera, lo cual exige un nivel extra de diligencia política y un contacto permanente, fluido e infatigable con el resto de las administraciones. La no presencia en las mismas de representantes de los nacionalistas abocaba, en este sentido, a la candidatura encabezada por Cuaresma al abismo de una probable parálisis que no sólo resultaría perjudicial para los intereses andalucistas, sino que, además, retrasaría, durante un intervalo mínimo de cuatro años, la materialización práctica de los anhelos de desarrollo de El Campillo, un pueblo que no puede permitirse el lujo de perder un segundo en la reivindicación de la deuda histórica que la provincia tiene contraída con él y el resto de la Cuenca Minera.

 

Ése es, precisamente, el reto que debe afrontar el PSOE (y su socio de gobierno) ante el examen de reválida que se le plantea en la recién inaugurada legislatura: proseguir el avance paulatino, pero constante, hacia el horizonte del bienestar social y económico. Una labor en la que emerge como una necesidad fundamental la participación no sólo del único grupo que configura la oposición, sino también de los propios ciudadanos, con el fin de que se haga efectivo el lema que ondea sobre el escudo campillero, ‘unidos laboramos’.

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