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Pablo Pineda

Crónicas y reportajes

El corazón de la tierra se ahoga

El corazón de la tierra se ahoga

El agua alcanza una cota de 150 metros en el interior de Corta Atalaya · La propietaria, Emed Tartessus, vincula la conservación a la reapertura de la mina

EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO. Corta Atalaya está situada en el término municipal de Minas de Riotinto y llegó a ser la explotación a cielo abierto más grande de Europa

DERECHOS MINEROS Y FUTURO DE LA ZONA. Emed Tartessus, la propietaria, dice que cuando consiga los derechos mineros podrá acceder y trabajar en la zona

IMPACTO SOCIAL DE LAS IMÁGENES. El estado de inundación que presenta causa estupor en el mundo social y cultural de la comarca y de Huelva

CUENCA MINERA. La Corta Atalaya, símbolo de identidad de la Cuenca Minera onubense por excelencia, se ahoga lentamente sin que nadie en la comarca ponga remedio a una situación cada vez más calamitosa en la que ni la empresa propietaria, Emed Tartessus, ni la Administración, que tiene considerado este elemento como Bien de Interés Cultural (BIC) actúen para evitar el deterioro de la histórica mina a cielo abierto.

Unas instantáneas divulgadas a través de las redes sociales, obra del fotógrafo aficionado Antonio Romero, vecino de Minas de Riotinto, han vuelto a poner en alerta a la sociedad comarcal sobre el peligro que corre el principal icono turístico de uno de los puntos geográficos más deprimidos de la provincia de Huelva, cerrado a cal y canto desde que hace diez años cesara la actividad minera en la zona.

La alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa Caballero (PP), mostró su preocupación por el alarmante nivel de inundación al que está llegando la emblemática corta y exigió a la Junta de Andalucía que inste a la mayor brevedad posible a la empresa responsable de su mantenimiento a tomar las medidas necesarias para evitar lo que podría convertirse en un daño irreparable para la imagen de la comarca.

Para Caballero, la situación actual de parálisis por la que atraviesa el proyecto de reapertura de la mina de Río Tinto no debería ser obstáculo para que el mantenimiento de la emblemática Corta esté atendido como merece el símbolo más significativo de la Cuenca Minera. “La Administración es el principal garante de este bien y como tal debe actuar antes de que el daño sea irreparable”, dijo.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Bienes Culturales, incoó hace un año el procedimiento para inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), como Bien de Interés Cultural (BIC), con la tipología de Zona Patrimonial, la Cuenca Minera de Río Tinto, localizada en los términos de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo, un conjunto patrimonial “único y excepcional” integrado por bienes diacrónicos y sincrónicos representativos de la evolución humana, reflejo de las diversas culturas y sociedades que han ocupado este territorio minero, uno de los más relevantes a escala mundial.

Con la inscripción en el Catálogo de esta Zona Patrimonial, la Administración regional daba protección a un amplio espectro de bienes de variada condición y naturaleza, de carácter material e inmaterial, como la Corta Atalaya, principal referente de las formas de vida y de trabajo, de determinadas identidades colectivas, así como de unas formas de organización del territorio y de una evolución paisajística propia marcada por la actividad desarrollada en esta comarca a lo largo del tiempo.

El presidente de la Mancomunidad Cuenca Minera, Juan Jesús Bermejo (PSOE), invocó a la Administración regional para poner en práctica uno de los requisitos contemplados dentro de esa normativa por el que debe hacerse saber a los propietarios, titulares de derechos y simples poseedores de los bienes, que tienen la obligación de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores.

A este respecto, el director de la Fundación Río Tinto, José María Mantecón, principal gestor del parque minero temático de la zona, apela a la declaración como BIC para proteger el principal reclamo turístico que tiene la Cuenca Minera. “Estamos perdiendo de forma irremediable un recurso turístico de primer orden y la ley es muy clara al respecto, ya que obliga al propietario del bien a mantenerlo en óptimas condiciones, así como a facilitar su acceso público varios días al año. Pues ni una cosa ni la otra”, recuerda.

Corta Atalaya, gestionada por la Fundación Río Tinto entre 1992 y 2003, llegó a pasar, en apenas diez años de explotación turística de los 8.000 visitantes al año con los que empezó a las 47.000 visitas anuales que recibió en su último año como principal reclamo turístico de la comarca. Mantecón asegura que, después de casi una década cerrada al público, aún son muchos los turistas que vienen interesándose por una de las mayores explotaciones mineras a cielo abierto del mundo.

El director de la Fundación recuerda cómo en su día se dejó perder también una magnífica oportunidad para explotar turísticamente Pozo Alfredo, que bajaba hasta las entrañas de la mismísima corta ofreciendo un espectáculo maravilloso de estalactitas y estalagmitas dignas de la mejor de las grutas. “Se trataba de un proyecto magnífico que hubiera supuesto un revulsivo turístico para la zona y una nueva fuente de enriquecimiento, pero se tardó tanto que finalmente terminó por inundarse el pozo”, recuerda.

La falta de conservación o la dificultad para el mantenimiento de las instalaciones mineras por parte de la actual empresa propietaria, Emed Tartessus, ha propiciado no sólo la inundación progresiva de la Corta Atalaya y el irreparable daño causado al pozo Alfredo, sino que también están empezando a peligrar las regatas que se construyeron en los años 70 para evitar que las aguas pluviales accedieran al fondo de la corta y que, en la actualidad, se encuentran en un estado lamentable de conservación.

Los propietarios de la mina aseguran que, a día de hoy, Corta Atalaya es estable y segura, y el agua acumulada está en niveles que no son todavía preocupantes dentro del proceso natural de acumulación / evaporación, aunque advierten que si no se ponen en marcha las medidas comprendidas dentro del proyecto de reapertura es inevitable que estos niveles lleguen a serlo.

Emed vincula la conservación a la reapertura de la mina de Riotinto

A pesar de las interferencias por parte de terceros propietarios de los terrenos que rodean Corta Atalaya y la mina, como Rumbo 5.0, que han tratado de impedir el acceso de Emed Tartessus a la corta, la empresa asegura que ha venido monitorizado el estado de la corta de manera continua desde los puntos de vista geotécnicos e hidrológicos. “Hemos incluido Corta Atalaya y el agua que contiene dentro de sus planes ambientales y formarán parte del sistema de gestión de aguas para mejorar la seguridad y asegurar la preservación”, aseguran. Tan pronto como la Administración apruebe la transmisión de los derechos mineros, Emed obtendrá acceso pleno a los terrenos y permisos para realizar los estudios geotécnicos e hidrológicos apropiados, instalar las bombas y el resto de infraestructura y realizar aquellos trabajos que requiera la situación de la estructura. Según el director general de Emed Tartessus, Bill Enrico, la empresa está comprometida con facilitar el acceso a este importante elemento a la ciudadanía y al turismo, lo que hasta ahora ha sido imposible por los propietarios de los terrenos. “Estamos también comprometidos a investigar el potencial de desarrollo por minería de interior de los recursos no explotados que se encuentran por debajo de Corta Atalaya, pero todavía no tenemos autorización para hacer sondeos.

350 metros de profundidad y 900 de ancho

Corta Atalaya, situada en el término municipal de Minas de Riotinto, fue la explotación a cielo abierto más grande de Europa. Las dimensiones de su elipse son: 1.200 metros de largo, 900 metros de ancho y 350 metros de profundidad. Su círculo central mide más de 2.000 metros cuadrados. Fue uno de los proyectos más ambiciosos de la Río Tinto Company Limited (RTCL) y estuvo en explotación hasta principios de la década de los 90 del siglo pasado. Después pasó a ser explotada de forma turística y ha sido escenario del rodaje de la película El Corazón de la Tierra, dirigida por el onubense Antonio Cuadri, basada en la novela del escritor riotinteño Juan Cobos Wilkins. El hombre que mayor difusión turística ha dado a ese gigantesco corazón arrancado a la tierra se mostró profundamente entristecido nada más conocer la noticia y enseguida encontró comparaciones con otros espacios naturales: “Es como si los vecinos de Aracena se quedaran sin su gruta”.

Rosa Caballero: “La Junta debe actuar antes de que sea irreparable”

La alcaldesa de Riotinto se ha mostrado preocupada por el nivel de inundación que ha alcanzado la corta. Caballero instó a la Junta a que exija a la empresa propietaria de los terrenos el correcto mantenimiento. “La Administración es el principal garante de este Bien y como tal debe actuar antes de que el daño sea irreparable”.

José Mª Mantecón: “Perdemos un recurso turístico de primer orden”

El director de la Fundación Río Tinto, José María Mantecón, advierte que “estamos perdiendo de forma irremediable un recurso turístico de primer orden y la ley esmuy clara: obliga al propietario del bien a mantenerlo en óptimas condiciones, así como a facilitar el acceso público”.

Juan J. Bermejo: “Tienen la obligación de conservar el bien”

El presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera y alcalde de Berrocal, Juan Jesús Bermejo (PSOE), pidió a la Junta que recuerde a los propietarios sus obligaciones. “Tienen la obligación de conservar sus bienes, mantenerlos y custodiarlos garantizando sus valores”, dijo.

Cultura realizará una inspección para comprobar el estado de Corta Atalaya

El delegado provincial asegura que el mantenimiento de la cavidad corresponde a sus propietarios · Pedirá responsabilidades si la conservación del bien es deficiente

Técnicos de la Delegación Provincial de Cultura se trasladarán hasta la Corta Atalaya para comprobar el estado de conservación del Bien de Interés Cultural (BIC) tras conocerse que el nivel del agua supera ya la mitad de la antigua explotación. El delegado de Cultura, Ángel Romero, indicó que su departamento no ha recibido ninguna información sobre la situación de la cavidad ni de los posibles daños. Por ello, se realizará un estudio para despejar cualquier duda.

El delegado de Cultura recordó que la conservación de la corta corresponde a su propietario, que debe proceder a su custodia y salvaguardia por tratarse de un bien protegido. Romero señaló que su departamento realizará las acciones oportunas, una vez que se determine la condición del bien y, en tal caso, pedirá responsabilidades a su dueños, que “deben cumplir con la legislación” en materia de patrimonio cultural.

Juan Antonio Hipólito / Huelva Información

El desplome de la Cuenca se acentúa ante el eterno retraso de las infraestructuras

El cierre de Tubespa, junto al anterior cerrojazo de Nature Pack, dos de las empresas que abanderaban la primera diversificación, acrecienta la desesperanza entre la población

Los agentes sociales ven en la urgente reapertura de la mina la única vía de escape para evitar que los desdobles de la N-435 y la A-461 y el Parque Empresarial y Tecnológico se asienten sobre un desierto

La población de la comarca, con alrededor de dos millares de parados, lamenta el “silencio cómplice” de los alcaldes, a los que se acusa de  anteponer los intereses partidistas a los de los ciudadanos

CUENCA MINERA. La Cuenca Minera de Río Tinto, tras dejar atrás su etapa dorada, esos ya remotos años de esplendor con olor a cobre, languidece sin remedio. Los pilares de aquella primera diversificación socioeconómica que se vio truncada por el Plan Esquila, por la romántica, pero inviable, adquisición de la mina por quienes la trabajaban, se resquebrajan para acrecentar la desesperanza entre una población ya de por sí desprovista de toda fe. El cierre de Tubespa, acordado por el Consejo de Administración de su propietario, la Caja de Ahorros Cajasol, unido al alevoso cerrojazo dado en su momento a Nature Pack por el ‘pirata’, ya capturado, Josep Xicola (el que también fuera gestor de Fincas Corral) después de comprarla por la irrisoria cantidad de un euro para dejar en la calle a 58 personas, no sólo supone para la comarca la sangrienta pérdida de otros 69 puestos de trabajo, sino también un argumento sólido que acentúa la pérdida de confianza en las “eternas promesas” de las administraciones y, de forma colateral, en los propios alcaldes, la inmensa mayoría socialistas (seis de siete), de la zona.

La caída de esas dos entidades, que, desde finales de los 80, junto a la tampoco a salvo de la incertidumbre Río Tinto Plásticos y la firma citrícola Río Tinto Fruit, abanderaban el sueño de esta tierra de huir del monopolio de la línea del cobre, ha hecho mella en la moral de la población, que, en paralelo, se pregunta dónde están los dirigentes de los siete municipios que constituyen la Mancomunidad que preside el regidor de Zalamea la Real, Vicente Zarza (PSOE). Los propios operarios de Tubespa, mientras permanecían acampados en la Gran Vía de la capital onubense, a las puertas de la Diputación Provincial, lamentaban la falta de calor recibida de sus representantes más directos, los que gobiernan sus ayuntamientos. “La disciplina de partido hace que antepongan los intereses de las siglas a las que pertenecen al sufrimiento del obrero”, comentaban. El aliento de un simple saludo, de una muestra pública de preocupación, por ligera que fuera, les habría bastado. Sólo necesitaban saber que no estaban solos. Pero ese apoyo no llegó y tuvieron que levantar el campo con la carta de despido bajo el brazo. Eso sí, al menos, lograron un pacto por el que Cajasol les abonará 45 días de salario por año de contrato y una indemnización de 12.000 euros, así como el “compromiso” de mantener las instalaciones de cara a la posible llegada de algún inversor.

El contexto de la comarca, con 2.209 parados (entre sus 17.249 habitantes), según los datos oficiales de octubre, inscritos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la espera de una oferta de trabajo, es, por tanto, desolador, hasta el punto de que ya nadie cree en esas infraestructuras tildadas hasta la extenuación de “salvadoras”. Los plazos de la conexión con el Puerto de Huelva y la Ruta de la Plata a través del desdoble de la N-435, complementada por la también aprobada conversión en autovía de la A-461 (El Campillo-Santa Olalla del Cala), se han dilatado ya demasiado. Tras más de dos décadas de reivindicación, aún no hay fechas. Lo mismo cabe decir del anhelado Parque Empresarial y Tecnológico de la Cuenca Minera, sobre el que, de momento, sólo se conoce el emplazamiento, un espacio de 35 hectáreas del término municipal de El Campillo situado entre el margen derecho de la A-461, a la altura de la gasolinera de Minas de Riotinto, y el paraje de El Zumajo, pero no el día de la colocación ni de la última ni de la primera piedra. La hemorragia es tan profunda que muchos temen que esos proyectos tan demandados acaben por asentarse sobre un desierto, sobre un cementerio de bellos tonos rojizos.

La única vía de escape que emerge en el horizonte más inmediato, hacia el único al que alcanza la vista de una tierra que agoniza, es, en consecuencia, la reapertura de la mina. Así lo exponen los sindicatos y demás agentes sociales de la zona, que alzan la voz, como ya lo manifestara el secretario general de UGT-Huelva, Jorge Puente, para que, de una vez, se disuelvan todas las sombras que planean sobre el proyecto de Emed Tartessus, para que despegue a la mayor brevedad posible. La sentencia es rotunda: sólo con la vuelta, por efímera que resulte, de mineros a los yacimientos de Cerro Colorado, la Cuenca podrá tomar el oxígeno imprescindible para subsistir hasta la irrupción material de las autovías N-435 y A-461 y el Parque Empresarial y Tecnológico. “Los parches en forma de cursos y talleres de empleo ya no dan pan ni para hoy”, vociferan los habitantes de la comarca.

Ésta es la atmósfera que embarga la recta hacia una nueva cita con las urnas, la de las Municipales de 2011, para cuestionar y, por consiguiente, amenazar el liderazgo del socialismo en una Cuenca que siempre ha teñido de rojo el mapa de la provincia de Huelva. El puño y la rosa están en entredicho. Y no porque sus alcaldes sean los únicos culpables de la crisis, sino por su “silencio cómplice”, por su lealtad confundida con sumisión a las directrices marcadas desde arriba. Una actitud que hasta ahora se ha topado con la permisividad de una ciudadanía dormida, aletargada, inmóvil, cuando “la situación socioeconómica invita a la rebelión”. El escenario no puede ser más grave. La prueba, que hasta el propio PSOE, en boca de la parlamentaria Susana Rivas, ha instado a la población a salir a la calle en masa para someter a la máxima presión posible a los “egoístas” componentes de la Comisión Liquidadora de MRT que mantienen el freno a una iniciativa que podría dar empleo a varios centenares de habitantes de una de las comarcas más deprimidas de toda Europa.

Una plataforma como el último tren para reconducir la situación

La recién constituida Plataforma de Apoyo a la Minería por los siete alcaldes de la Cuenca junto a cinco organizaciones empresariales y los sindicatos CC.OO y UGT, emerge como el último tren del PSOE para reconducir una situación que, en plena carrera hacia las Elecciones Municipales de 2011, pone en riesgo la tradicional preponderancia de sus siglas en el poder de la comarca. La puesta en duda de su capacidad para abanderar el ansiado desarrollo, ante la constante pérdida de tejido industrial, ha despertado la conciencia de los dirigentes socialistas de la zona, que, eso sí, con el respaldo de su Dirección Provincial (la propia parlamentaria andaluza, Susana Rivas, invitaba a la movilización), han tomado la determinación de reivindicar, “con tenacidad”, la reapertura de la línea del cobre y de pedir explicaciones a la Comisión Liquidadora por sus trabas al proyecto.

Este nuevo foro, que convivirá con el Consejo Socioeconómico de la Cuenca Minera, supone un radical giro de tuerca en la estrategia diseñada desde el chalé del Conquero, en la medida en que el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, ya veía con recelo la suma de sus alcaldes a la tribuna ciudadana que, con unos fines idénticos y “ajenos a siglas políticas”, trataron de conformar en noviembre de 2008 los trabajadores de empresas en problemas como Nature Pack, Tubespa o Nerva Croissant. Jiménez temía que se tratara de un satélite encabezado por IU, PP o PA para su uso, bajo la máscara anónima de la masa social, como arma arrojadiza contra la Junta de Andalucía. Ahora, a falta de poco más de seis meses para la cita con las urnas, rectifica y avala el deber de los alcaldes de estar en la primera fila, al lado de sus vecinos, de todo pronunciamiento a favor del futuro de su tierra.

“No es necesaria la firma de ningún miembro de la Comisión Liquidadora”

Fuentes cercanas al proceso aseveran que los derechos mineros de MRT ya fueron transferidos a Mantesur, a la que, por tanto, ya se los compró Emed Tartessus

La espesa maraña que sumerge a la mina de Río Tinto viene a ensombrecer aún más, si cabe, el futuro de la Cuenca Minera. El proyecto de Emed Tartessus para reabrir la línea del cobre, justificado por la cotización actual de la tonelada de este metal, que el pasado 1 de noviembre alcanzaba en bolsa los 8.330 dólares (en el momento del cierre se suspiraba por una valoración de 1.500 dólares), se halla inmerso, paralizado, en medio de una oscura trama, con actores que, en un marco de despropósitos que roza el esperpento, no están por la labor de hacer ningún favor a una comarca que, mientras tanto, derrama lágrimas de sangre en forma de desempleo. Tres miembros de la Comisión Liquidadora de MRT, dos de ellos vecinos de la zona, como son su presidente, Tomás López, y Fernando Borque, alias ‘El Maño’, acechados por el omnipresente Carlos Estévez, el que fuera gestor de la extinta compañía y componente de la Comisión en calidad de director facultativo, sin voto, aunque parece que sí con voz, rehúsan firmar la transmisión de los derechos mineros (o carta de no oposición) que exige la Junta de Andalucía para emitir su luz verde.

No es ése el único obstáculo. La filial de Emed Mining se ha topado, además, con la opacidad de Rumbo 5.0. y Construcciones Zeitung (esta última, vinculada a Javier Estévez, hermano del susodicho). Ambas sociedades reclamaban a Tartessus unos 60 millones de euros por la venta de las propiedades que envuelven a la mina, vitales por la presencia en las mismas de las balsas de estériles. La compañía que dirige Harry Anagnostaras ofreció 10 millones de euros, un capital “generoso” si se tiene en cuenta que, por ejemplo, Rumbo 5.0. (que aterrizó en la Cuenca representada por el reputado catedrático de Derecho Constitucional Francisco Javier Pérez Royo), sólo se gastó 2,8 millones en la adquisición de las 1.196 hectáreas de uno de los paquetes de fincas sacados a concurso por la Seguridad Social para la enajenación de los bienes de MRT. Y Emed sólo requiere el suelo de incidencia minera.

La Junta de Andalucía, por su parte, no está dispuesta a dejar en el aire ni el más ínfimo fleco en una explotación que le obligó, no sin antes arrojar ingentes cantidades de subvenciones a fondo perdido, a tutelar un plan de prejubilaciones masivas sin precedentes, con los costes que ello conllevó para las arcas públicas. No obstante, bajo el punto de vista de voces muy próximas al conflicto, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia cae en un “exceso de celo” que puede confundirse con “falta de voluntad política”, pues Joaquín Narbona y Jorge Díaz del Río, que ya estamparon su rúbrica sobre el documento de cesión de las licencias en el momento de la irrupción de Mantesur Andévalo, “contaban con un poder notarial que les validaba para ratificar los acuerdos de la Comisión. De este modo, dichos derechos “ya no están en manos de la entidad liquidadora de MRT”.

Pero todo este entramado puede solventarse por medio de otra vía, la de la expropiación por vía de urgencia de los terrenos y el rescate de los derechos mineros, una alternativa “amparada por el interés general”. Desde el Gobierno andaluz aducen, sin embargo, que el proceso podría entrar en un agotador laberinto de recursos que retrasaría hasta seis ó siete años el arranque de la actividad. En cambio, desde la comarca aseveran que, “si la apuesta es firme”, esa acción “puede tramitarse con la máxima celeridad”, como también “se superaron todos los impedimentos jurídicos existentes en su día para prejubilar a mineros que apenas superaban los 40 años de edad”.

La lectura de todo este galimatías parece claro: Junta, Comisión Liquidadora y Emed Tartessus están condenadas a entenderse. Nada debería evitarlo, pues los representantes de los acreedores de MRT ya manifestaron su pretensión de “solucionar el complejo contencioso que rodea a la titularidad de los derechos de explotación del subsuelo de Río Tinto por medio de una mesa de negociación”. La interrogante: qué o cuánto piden como recompensa por su colaboración.

El precio del cobre se desploma y pone en jaque la reapertura de las minas

El precio del cobre se desploma y pone en jaque la reapertura de las minas

La tonelada de metal rojo se pagaba en julio en la bolsa de Londres a 8.940 dólares y ahora está por debajo de los 5.000

CUENCA MINERA. El panorama de crisis global que impregna hogares, telediarios y bolsas de todo el mundo se ha convertido en el principal enemigo para el sector minero que hace un año se las prometía muy felices con la reapertura de la mina de Aguas Teñidas en Almonaster la Real. El precio del cobre se ha desplomado en la principal bolsa metálica mundial, Londres, hasta bajar de los 5.000 dólares por tonelada, una cifra considerada por las compañías mineras con inversiones en España y Huelva como la frontera de la rentabilidad óptima de sus explotaciones. Los proyectos de Emed Minning y Ormonde Mining para la Cuenca Minera de Río Tinto y La Zarza se ven sacudidos por el tsunami financiero que recorre el mundo.

El metal rojo obtuvo su valor más bajo en seis años el pasado viernes, lo que, sin duda, obligará a reajustar presupuestos a las empresas mineras. El cobre regresa a los valores que tenía en marzo de 2002, 2,26 dólares por libra (500 gramos). Su última cotización deja la tonelada en 5.030 dólares y baja a 4.910 en la compra a tres meses. La caída alcanzó su récord en los 4.570 dólares, alimentando los rumores y recordando el mal momento del mercado de febrero de 2001. Desde el pasado mes de julio de 2008 el metal rojo ha perdido un 46 por ciento de valor. Su pico alcista se paró en 8.940 dólares la tonelada bruta extraída.

El informe presentado por Emed Mining a la Bolsa de Londres se basaba, precisamente, en unos cálculos de rentabilidad realizados sobre la base de 2,08 dólares por libra. Ayer, el responsable de esta compañía, Harry Anagnostaras, consideró que a 4.400 dólares por tonelada hay margen y sería “una buena señal”. Emed confía en China para mantener los precios. La multinacional cree que el mantenimiento del cobre en torno a esos 4.400 dólares por mucho tiempo desembocaría en el cierre de algunas explotaciones, pero como “existe una sobredemanda, no contempla este escenario”. Según los cálculos de Emed, el coste de producción está por debajo de los 3.500 dólares, aunque “es un precio muy razonable si se compara con nuevos proyectos implantados en el mundo”. Emed subraya que el Proyecto Río Tinto, al tratarse de un reinicio, necesita menos capital y esto lo hace más seguro.

Las noticias que llegan del otro lado del Atlántico no son halagüeñas. En Chile o Perú ha cundido la alarma minera con la caída del 16 por ciento del precio de la tonelada de cobre en una semana y ya anuncian ajustes en sus fuentes de empleo a la hora de realizar sus previsiones con 3 dólares por libra. Las compañías mineras son conscientes, según los últimos trabajos presentados en Área Minera, de que el golpe bursátil debe ser afrontado con una drástica minimización de los costos, es decir, mediante una reducción de la producción y la elevación de la ley, el grado de pureza del mineral.

El pánico, pues, podría convertirse en el peor enemigo de las compañías mineras que ven cómo sus acciones, Billiton, Emed, Río Tinto, Ormonde o Iberian Minerals en Toronto, caen, ponen en guardia a los inversionistas y generan tremendos bajones de rentabilidad y estancamientos, provocando que los proyectos de las empresas se posterguen o se dilaten. A las turbulencias en los precios se une la disminución de la demanda de metales procedente de China e India, la caída de la construcción, las telecomunicaciones y el consumo de productos manufacturados. No ha pasado desapercibido el parón inmobiliario y, con ello, el consumo de miles de toneladas de cables de cobre que se usan en los conductos eléctricos, infraestructuras y electrodomésticos.

Los principales especialistas del mundo, de quienes depende la expectativa de cotización, rebajan el pronóstico del precio de los metales básicos y aseguran, como el Conmmonwealt Bank of Australia, que “hay una incertidumbre considerable”. El precio del aluminio se rebaja hasta los 2.500 dólares por tonelada, desde un estimado previo de 2.740 dólares. Y para el cobre, sitúa la oscilación desde los 7.040 a los 5.000 dólares. Hasta finales de 2009, al menos, no se prevén mejoras al alza.

RBS pronostica también un sombrío período para los metales en 2009 y 2010, abrumado por fuertes superávits del suministro. Según RBS, el cobre tiene el mayor riesgo a la baja. Con esta previsión, la tonelada de metal rojo tendrá un precio medio de 7.500 dólares en 2008; 5.500, en 2009; y 4.625 dólares, en 2010. Otra firma internacional como Standard Chartered también insiste en que las condiciones empeorarán y cree que el suministro se va a reducir por la caída de precios, aunque es consciente de que el papel de China seguirá siendo clave para la reactivación de la demanda.

Morgan Stanley recorta, asimismo, los pronósticos de crecimiento de la demanda de metales para 2009 y espera superávits en la producción mundial, exceso de oferta, algo letal. Para el próximo ejercicio reduce los pronósticos de precios de un 20 a un 40 por ciento. En la misma línea, Barclays Capital augura que “los precios del cobre se encaminan a los 5.000 dólares por tonelada a causa del “creciente pesimismo de la economía y la deteriorada perspectiva de las exportaciones chinas”. Sin embargo, mantiene que se llegará a los 6.500 dólares por tonelada en 2009, lo que, con total seguridad, sería un dato excelente para Huelva. Y es que la provincia alberga aún en su interior unos 400 millones de toneladas en reservas de mineral polimetálico. Especialmente relevantes son los depósitos de Río Tinto, La Zarza y Aguas Teñidas.

La crisis deja en el aire la creación de cientos de empleos en Huelva

La minería parecía renacer en la Cuenca, pero sólo Matsa es una realidad

La minería en Huelva parecía resurgir hace apenas un año. La multinacional minera Iberian Minerals Corp., propietaria del cien por cien de la Mina de Aguas Teñidas (MATSA) ha invertido 200 millones de euros en uno de los principales proyectos mineros europeos. Su previsión continúa fijada en la extracción de 1,7 millones de toneladas al año durante 15 ejercicios. De esta actividad dependerán 180 empleos directos y 150 subcontratados, a los que hay que añadir los puestos de trabajo del transporte y las empresas de mantenimiento. Nada más que su proceso de construcción han ocupado a 400 personas. Las cifras, en consecuencia, hablan por sí solas de lo que supondría congelar las inversiones en el hasta ahora único proyecto consolidado.

La otra multinacional que pretende implantar sus explotaciones en Huelva es Emed Mining, a través de su filial Emed Tartessus. El grupo australiano-chipriota espera la decisión de la Junta de Andalucía, que tiene sobre la mesa su proyecto de reapertura pendiente de los avales medioambientales y demás garantías. Emed ha anunciado un montante de 500 millones de libras de inversión en la Cuenca Minera y la creación de 450 empleos.

La tercera iniciativa cuestionada ahora por la crisis del precio del cobre, aunque era también la menos avanzada, es el planteado por la multinacional irlandesa Ormonde Mining para la mina de La Zarza. El director-gerente de la compañía, Kerr Anderson, basa la rentabilidad en el cobre, pero no oculta su interés por el oro que guarda la mina. Ahora bien, la crisis ha recortado de forma considerable las fuentes de financiación, el dinero procedente de bancos de inversión y las subvenciones administrativas. La crisis económica y la pérdida de valor ha frenado en seco un proyecto que anunciaba 200 empleos directos en la zona de Calañas.

* Rafael Moreno - Huelva Información

La Cuenca reclama medidas urgentes mientras espera las autovías N-435 y A-461

La Cuenca reclama medidas urgentes mientras espera las autovías N-435 y A-461

Los dirigentes políticos de la zona demandan conocer “pronto” el trazado de las nuevas carreteras para decidir la ubicación de los anhelados polígono industrial comarcal y centro comercial y de ocio

CUENCA MINERA. Los desdobles de las carreteras N-435 (San Juan del Puerto-Badajoz) y A-461 (El Campillo-Santa Olalla del Cala) son el futuro de la Cuenca Minera, pero la crisis que atraviesa esta comarca desde el cierre de la mina no podrá soportar una espera de ocho o diez años para su ejecución. Ésta es la rotunda sentencia que repiten con firmeza los dirigentes políticos de la zona, que, en consecuencia, reclaman la puesta en marcha de “urgentes” medidas de choque que eviten la “muerte” definitiva de una tierra que ha perdido en las últimas dos décadas más del 20 por ciento de su población. “Ahora o nunca” es el lema que abandera un conjunto de demandas que presiden el anhelado proyecto de un “inmenso” polígono industrial comarcal capaz de dar cabida a grandes empresas y la novedosa petición de un centro comercial y de ocio que sirva de impulso para las pymes locales y para la implantación de nuevas actividades; dos superficies que, como expone el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real, el socialista Vicente Zarza, deben ser gestionadas por el ente supramunicipal.

El objetivo último es asentar las bases de un desarrollo que, desde el convencimiento de políticos, sindicatos y empresarios, llegará, “con total seguridad”, en cuanto se corte la cinta de las dos autovías que conectarán la comarca con Sevilla, Extremadura y el norte de España, a través de la Ruta de la Plata, y con la capital de Huelva y Portugal, mediante la conexión con la A-49. “El polígono industrial se quedaría pequeño sin ninguna duda”, en la medida en que “la industria y el proceso de diversificación socioeconómica dispondrían de dos elementos fundamentales de los que han carecido hasta estos instantes: infraestructuras de transportes y suelo en el que instalarse”. Así lo entiende el ex alcalde de El Campillo y presidente del Centro de Empresas Río Tinto (CER), Fernando Pineda, quien lamenta que empresas como Tubespa o Geotexan, ya afincadas en la zona, “tienen serios problemas para expandirse ante la ausencia de espacio”. Se trata, por tanto, de recorrer todo el camino posible en paralelo a la materialización de los desdobles para dejar a la Cuenca en unas condiciones “óptimas” que posibiliten su despegue en cuanto se inauguren las dos nuevas carreteras de alta velocidad. “No podemos empezar de cero en ese momento”, concluye el regidor de Nerva, Domingo Domínguez (Giner).

La captación de inversores es, en este sentido, una línea de acción considerada esencial. Y, para ello, se va a configurar, según anuncia Zarza, una Comisión de Trabajo en la que participarán los delegados provinciales de Gobernación, Manuel Alfonso Jiménez; de Innovación, Ciencia y Empresa, Manuela Adelaida de Paz; y de Empleo, María José García Prat; y la parlamentaria andaluza Susana Rivas. El éxito de este órgano que debe empezar a funcionar, en palabras de Domínguez, “de forma inminente”, vendrá determinado, bajo el punto de vista del secretario general de CCOO-Huelva, José Delgado, por la capacidad de las administraciones de “generar ilusión”. Un clima favorable para el mundo empresarial que sólo se dará, desde la perspectiva del líder sindical, una vez que se conozca el itinerario de las autovías. En la misma dirección, la alcaldesa de El Campillo, Encarnación Palazuelo, asevera que “conocer el trazado con la mayor brevedad es indispensable para resolver la ubicación del parque industrial en el actual contexto de redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs)”. De ahí que la máxima agilización, la ausencia de la más mínima demora en los ineludibles plazos que deben solventar los proyectos, sea la primera exigencia en la lista de reivindicaciones.

De momento, mientras culminan los trámites técnicos, no hay datos firmes sobre el lugar por el que transcurrirán las carreteras, aunque los indicios apuntan a que la N-435 transitará por el oeste de Zalamea la Real para enlazar con la A-461 por el norte del término municipal de El Campillo. El vértice de ambas marcaría, a juicio de Zarza, la localización perfecta para el polígono, con un tiempo de acceso a las vías insustancial. Sin embargo, aún está todo en el aire, puesto que hasta el mes de noviembre, según las previsiones del diputado nacional del PSOE José Oria no estará sobre la mesa la primera propuesta de trazado de la N-435, que “quedará configurada por, al menos, tres alternativas diferentes” para su exposición pública y la apertura del periodo de alegaciones. Más tardará en dilucidarse el espacio por el que transcurrirán los 54 kilómetros de la futura A-461, una actuación que, con un presupuesto global que ronda los 300 millones de euros, se halla desde enero en la etapa del estudio informativo (deberá estar a principios de 2010), tras ser anunciado por la Consejería de Obras Públicas en octubre de 2007.

Para evitar dilaciones en las obras de la N-435, ante las dificultades que entraña atravesar el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el reto es la ejecución, en primera instancia, del tramo San Juan del Puerto-Zalamea la Real para luego afrontar el paso de la protegida Sierra onubense. Así, en el caso de que esta última fase sufriera algún freno, la comarca minera, gracias a la conexión con la Ruta de la Plata por la desdoblada y menos conflictiva A-461, no vería mermadas sus esperanzas de desarrollo. El propio secretario general del PSOE de Huelva, Javier Barrero, planteó esta posibilidad a los alcaldes de la zona en una reunión mantenida en octubre de 2007 en Valverde del Camino. Oria, en cambio, insiste, sin contemplar esta opción, en que el actual procedimiento de estudio abarca la totalidad del recorrido, desde Huelva hasta Extremadura.

Mientras se concretan estos avances, sobre la base de un consenso entre los agentes políticos y sociales, los esfuerzos se deben dirigir a una profundización de los planes de incentivos a empresarios y a una apuesta decidida por las políticas activas de empleo. La declaración de la Cuenca como espacio ATIPE, el Plan de Turismo Sostenible o las iniciativas de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) son proyectos que están sobre la mesa y que actúan como cimientos de la transición hacia ese progreso que, desde la óptica de Susana Rivas, aterrizará en la comarca junto a las autovías N-435 y A-461, pero “tienen que traducirse ya en resultados positivos”, espeta José Delgado. Algo para lo que es “imprescindible”, según apostilla el secretario general de UGT-Huelva, Jorge Puente, la cultura emprendedora, la evasión del paternalismo de la mina hacia el autoempleo. El líder de CCOO valora, de igual forma, la importancia de los micropolígonos, aunque reitera que la prioridad es una gran superficie con vocación industrial. Habla, incluso, de un Parque Tecnológico del Plástico que favorezca el tejido de sinergias entre las empresas de este sector establecidas en la zona (Río Tinto Plástico, Tubespa o Nature Pack).

Discriminación positiva en el reparto de fondos

Discriminación positiva en el reparto de fondos para propiciar que la Cuenca empiece a crecer, con la meta del equilibrio territorial, a un mayor ritmo que enclaves geográficos más desarrollados como la Costa o el Área Metropolitana, ésta es la clave que resume las que el ex dirigente político y presidente del Centro de Empresas Río Tinto (CER), Fernando Pineda, define como “legítimas demandas de una comarca que, desde su condición de motor económico, desempeñó un papel decisivo en el crecimiento de la provincia de Huelva”. El que fuera vicepresidente de la Diputación aboga por el retorno a la filosofía que permitió que una tierra no agraria se encontrara entre los principales destinatarios de las partidas del antiguo PER y fuera objetivo preferente de los programas de talleres de empleo y escuelas taller. Un punto en el que el alcalde de Nerva, el independiente Domingo Domínguez, con la mirada puesta en una efectiva inserción laboral, agrega la necesidad de huir de acciones formativas con escasa proyección en la zona por iniciativas que repercutan de un modo directo en ese futuro industrial que se pretende construir.

Una nueva traba en forma de financiación municipal

La falta de vías de comunicación de gran capacidad y de suelo industrial no son los únicos escollos a los que se enfrenta la Cuenca Minera. Los ayuntamientos (sobre todo, los de Nerva y Minas de Riotinto, cuyas arcas arrastran elevados niveles de endeudamiento) y, por extrapolación, la propia Mancomunidad, con dificultades, incluso, para abonar las nóminas de sus trabajadores, se hallan sumidos en una profunda crisis financiera que pone en tela de juicio su disposición para liderar el proceso de diversificación socioeconómica de la comarca. Una prueba evidente es el Plan de Turismo Sostenible ‘Faja Pirítica del Suroeste Peninsular’, a través del cual la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía estipula una inversión que ronda los 9 millones de euros para la Cuenca y el Corredor de La Plata (Sevilla). Cada proyecto obliga a los consistorios a sufragar el 40 por ciento del presupuesto, una proporción que, como explica el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez (Giner), niega a los municipios mineros la posibilidad de realizar actuaciones de cierta envergadura. Su homóloga en El Campillo, la socialista Encarnación Palazuelo, defiende una reducción de esa “prohibitiva” participación hasta alcanzar el 10 por ciento para los pueblos de menos de cinco mil habitantes. Para Domínguez, además, el programa adolece de una “reflexión seria y global” de los dirigentes de la comarca sobre las verdaderas necesidades turísticas de la zona y el lugar que corresponderá a la Fundación Río Tinto para la Historia de la Minería y la Metalurgia.

Una comarca que huye del monocultivo del cobre

La reapertura de la mina bajo las máximas garantías, un complemento, no la prioridad

CUENCA MINERA. Unanimidad. Con esta palabra puede ilustrarse la postura de los agentes políticos y sociales de la Cuenca Minera ante el debate de la reapertura o no de la línea del metal. La mina, en un momento en el que la tonelada de cobre ronda una cotización superior a los 7.000 dólares en bolsa (con un precio de 1.700 dólares habría podido subsistir en el momento de su cierre), es un complemento de sumo interés para el conjunto de la comarca, nunca la solución a la crisis. La prioridad es la suma de las infraestructuras viarias planificadas para comunicar la zona con el Puerto de Huelva, Portugal, Sevilla, Extremadura y el norte de España y la reindustrialización. La reactivación de una explotación que, como consecuencia de la inestabilidad propia de su mercado, condujo a la Cuenca desde los mayores niveles de desarrollo económico hasta las máximas cotas de paro, sólo es considerada como un pilar más de la profunda diversificación socioeconómica que requiere esta tierra. Así expresan los núcleos mineros la que emerge como una clara huida del monocultivo del mineral para no ser rehenes de las fluctuaciones de su rentabilidad.

No se quiere caer, en palabras del secretario general de CCOO-Huelva, José Delgado, en “errores del pasado”, puesto que volver a depender de una única actividad “significaría que no habríamos aprendido nada”. Pero tampoco se da la espalda a una iniciativa que puede actuar, bajo la concepción del líder de UGT-Huelva, Jorge Puente, como un “revulsivo” en los años de espera de las futuras autovías N-435 y A-461. Y es que la actual propietaria de la mina, Emed Tartessus, que controla el 51 por ciento de las acciones, habla de un proyecto que, con una producción anual de 40.000 toneladas y una inversión de alrededor de 625 millones de euros, generaría hasta 450 puestos de trabajo (unos 200 en la fase inicial). La filial de Emed Mining, una multinacional con concesiones mineras en Chipre, Eslovaquia y Georgia, asegura un periodo de viabilidad de, al menos, 15 años, en la medida en que los costes de producción de una tonelada de cobre quedarían fijados ahora en unos 3.000 euros para ascender a los 5.000 en los próximos tres o cuatro ejercicios. Los ingresos por exportación estimados para Andalucía, con China, India y Brasil como principales compradores, rondarían los 150 millones de euros anuales.

Pese a esos datos, la cautela es la nota dominante ante una propuesta que recupera del cajón del olvido una mina que tuvo que ser desmantelada, un fin que parecía definitivo y que desembocó en un plan de prejubilaciones sin precedentes. Algo a lo que se suman la controversia de la titularidad del subsuelo y los frentes jurídicos abiertos en torno a unos yacimientos sobre los que han confluido, en los últimos años, los intereses de la Comisión Liquidadora de MRT SAL, Mantesur Andévalo (MSA), Shorthorn Limited y, ahora, Emed Tartessus, sin olvidar a los acreedores que ejecutaron embargos (Seguridad Social, Agencia Tributaria, Sevillana Endesa o El Monte). No obstante, la reciente expulsión de Luis Arias Fontal, Luis Alonso Bugueiro y Elvira Núñez de Prado Ramírez, testaferros del ex gestor de MRT Carlos Estévez, de MSA, al dejar a Shorthorn Limited, la comercializadora que inyectó sin éxito 12 millones de euros para retomar la línea del cobre, como socio de Emed Tartessus (con el 49 por ciento de las acciones) aporta un haz de confianza. Ya sólo falta el “riguroso” cumplimiento de las máximas garantías económicas, medioambientales y laborales.

 

 

 

La llegada de inmigrantes atenúa el éxodo rural en la Cuenca Minera

La población extranjera censada en los siete municipios de la comarca se ha multiplicado por 5,6 en la última década. La mayor parte procede de Bulgaria (34,05 por ciento) y Rumanía (23,78 por ciento)

CUENCA MINERA. Si bien la población de la Cuenca Minera ha experimentado un acuciado retroceso en las dos últimas décadas, como consecuencia directa del clima de crisis socioeconómica establecido por el cierre de la línea del cobre, la paulatina llegada de inmigrantes emerge como un agente atenuante del grave problema que el éxodo rural representa para la subsistencia de la zona. Los negativos registros de los veinte últimos años, en los que una disminución progresiva del número de habitantes ha reducido en un 20,31 por ciento los 21.975 ciudadanos que constituían los padrones municipales de la comarca en 1986, se han visto suavizados en los ejercicios 2005 y 2006, gracias, en parte, a un cambio de tendencia que se ha traducido en la cada vez mayor entrada de extranjeros. Un fenómeno, el de la inmigración exterior, que, de ser testimonial, de pasar desapercibido para la Cuenca en su conjunto, empieza a adquirir un grado significativo.

El mantenimiento de las cifras de población de la comarca por encima de los 17.500 vecinos en los dos últimos años (los 17.810 habitantes que cerraron 2004, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, INE, apenas habían bajado a 17.511, un 1,67 por ciento, al finalizar 2006) guarda relación, en buena medida, con la expansión de la cantidad de inmigrantes afincados en la zona. Mientras que los 33 extranjeros censados en 1996 tan sólo habían crecido hasta los 50 en 2004, el año 2005 concluyó con un total de 117, ampliados hasta los 185 en 2006, de modo que, aunque en los últimos diez años la incidencia de la inmigración se ha multiplicado por 5,6, es a partir de 2005 cuando este fenómeno cobra un mayor protagonismo.

Bulgaria y Rumanía se consolidan, en este sentido, como la principal fuente de nuevos residentes de la Cuenca Minera, hasta el punto de que absorben el 57,84 por ciento del total de extranjeros asentados en la zona. Entre El Campillo (26), Minas de Riotinto (16), Nerva (16) y Zalamea la Real (5) se contabilizan 63 búlgaros. La población rumana (44), por su parte, se concentra en los términos zalameño (33) y, en menor medida, riotinteño (11). Un grupo de 36 personas oriundas del resto de países de la Unión Europea; 29 americanos, de los cuales 9 son colombianos (6 de ellos habitan en Zalamea la Real), y 6 africanos completan el censo de extranjeros de la zona, en blanco en los casos de Berrocal y La Granada de Riotinto.

Al margen de estos registros, la Cuenca Minera cuenta, durante los ocho o nueve meses de la campaña agrícola, con un contingente de jornaleras procedentes de Polonia empleadas, bajo la modalidad de contratación en origen, en las tareas de recolección de cítricos de la empresa Río Tinto Fruit. Este grupo de personas, formado por unas 50 temporeras en 2005 y alrededor de 100 en 2006, asciende a 150 en la presente temporada. Una circunstancia que deriva en la convivencia y la participación en la vida cotidiana de la comarca de más de tres centenares de ciudadanos foráneos.

La trascendencia de la integración de extranjeros en los municipios mineros adquiere tal nivel en la lucha contra la despoblación que, en algunos casos, ha favorecido, de manera determinante, no sólo la paliación del éxodo, sino, incluso, algún esporádico incremento de los números del padrón de las localidades en las que este fenómeno tiene una mayor incidencia: El Campillo y Zalamea la Real, donde los inmigrantes representan el 1,8 por ciento y el 1,65 por ciento de la población de forma respectiva. Estos núcleos mineros vieron cómo el tránsito de 2004 a 2005 vino acompañado de un aumento ligero, pero excepcional, de sus habitantes. Los 2.293 campilleros con los que se clausuró el ejercicio 2004 eran 2.318 al cerrarse 2005, un 1,09 por ciento más. Y los 3.523 zalameños de 2004 eran 3.547, un 0,68 por ciento más, un año después. Una evolución positiva que se produce en el preciso instante en el que empieza a ser más patente la llegada de inmigrantes. Los 12 que residían en El Campillo pasaron a ser 23 y los 12 asentados en Zalamea la Real rozaban ya el medio centenar.

Algo similar ocurrió en Nerva entre 2005 y 2006, un incremento de la población en 11 personas paralelo a la aparición de 20 nuevos foráneos en los registros del padrón de la localidad. Sin embargo, el caso de Berrocal es opuesto, ya que, entre esos mismos dos cursos, vio incrementado su tamaño en 6 habitantes, lo que supone una tasa de crecimiento del 1,62 por ciento, sin ser objeto de la llegada de extranjeros. Un dato que añade a las causas directas de la paliación de la despoblación otros factores como los incentivos a la cultura emprendedora o las políticas de desarrollo rural desarrolladas en la zona, sobre todo, como compensación por los trágicos incendios que asolaron la comarca en el verano de 2004.

Otro pueblo como Minas de Riotinto, sin beneficiarse de ningún aumento del número de habitantes, ha tornado en los dos últimos años una situación que, a nivel local, parecía insostenible, puesto que entre 1996 y 2006 había perdido 811 vecinos, un 15,56 por ciento. La suma de 40 inmigrantes a los 6 que vivían en su término municipal al cierre de 2004 ha contribuido a ralentizar un éxodo medio, sobre la base de los diez últimos ejercicios, cifrado en 80 habitantes al año, hasta el punto de sufrir entre 2004 y 2006 la marcha de 108 personas (54 por curso, casi la mitad de la media de la última década).

La duda radica en si las próximas actualizaciones demográficas del INE certificarán esta evolución tendente a una creciente inclusión de inmigrantes en los padrones municipales de los pueblos mineros o si, por el contrario, queda frenada o mitigada su incidencia en la lucha contra la despoblación. De las propias previsiones de la empresa Río Tinto Fruit, que vislumbra que, en un futuro no muy lejano, la práctica totalidad de los recolectores de cítricos provendrán del exterior de las fronteras nacionales, ante la dificultad de hallar mano de obra dispuesta a desempeñar las labores propias del campo, se desprende, sin olvidar la plena integración de países como Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea, que el fenómeno de la inmigración se puede generalizar a corto plazo.

Una población en progresivo envejecimiento desde la decadencia de la mina

El envejecimiento de la población se erige en un efecto ineludible en aquellas zonas azotadas por un contexto de crisis socioeconómica. Así lo pone de manifiesto la evolución registrada en la Cuenca Minera, donde, en los últimos diez años, el colectivo de mayores de 65 años de edad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha pasado a representar al 22,34 por ciento de los habitantes de la comarca, cuando en 1996 englobaba al 20,11 por ciento. Más significativo es el dato si se comparan las cifras absolutas. Mientras el número total de habitantes de la zona ha decrecido desde 1996 un 9,44 por ciento, desde 19.336 vecinos hasta 17.511, la cantidad de personas con más de 65 años, lejos de verse reducida, se ha incrementado hasta llegar a los 3.912 ciudadanos, 24 más. En paralelo, como consecuencia de la falta de expectativas, una disminución del sector de menores de 30 años, el mismo que, tras abarcar al 38,5 por ciento de la población minera hace una década, constituye hoy el 32,94 por ciento de los residentes de la Cuenca.

A nivel local, es Berrocal el municipio que sufre, en mayor medida, la embestida del éxodo rural, hasta el punto de que, muy lejos de la media del resto de la comarca, la población con edades comprendidas entre 0 y 30 años apenas asciende al 19,89 por ciento de sus habitantes, con sólo 9 menores de 10 años. El índice de juventud del resto de localidades, a excepción de La Granada de Riotinto, donde los jóvenes conforman el 27,93 por ciento de su padrón, oscila en torno a la media, desde el 34,36 por ciento de Minas de Riotinto al 31,77 por ciento de Zalamea la Real. De igual modo, en los núcleos de mayor tradición minera (Nerva, Minas de Riotinto y El Campillo) se detecta un mayor número de personas en el intervalo de edad comprendido entre los 45 y los 49 años, el mismo en el que se inserta el grueso de los mineros beneficiarios del plan de prejubilación desarrollado por la Junta de Andalucía tras el cierre de la línea del cobre.

La moratoria de la UE traba la inserción laboral de búlgaros y rumanos

Economía sumergida y mendicidad, únicas alternativas

La integración de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea (UE), hecha efectiva el pasado 1 de enero de 2007, abrió a los ciudadanos de estos países del Este las puertas de España y, en concreto, de la Cuenca Minera. Sin embargo, desde entonces, durante un periodo máximo de dos años (es posible su reducción si la evolución del mercado laboral lo permite), carecen del derecho a la libre circulación de trabajadores. El origen, el periodo transitorio establecido para evitar un efecto llamada que se tradujera en la entrada masiva de una mano de obra imposible de ser absorbida en su totalidad. Una medida preventiva o cláusula de salvaguardia que se ha erigido en una traba para parte de los búlgaros y rumanos afincados en la comarca. Aquellos que con anterioridad a la adhesión de sus países no disponían de autorización para trabajar por cuenta ajena, mientras esperan la conclusión de esa moratoria que en otros estados de la UE asciende a siete años (el Gobierno español apostó por avanzar con la mayor celeridad posible hacia la plena aplicación del acervo comunitario), han caído en la maraña ineludible de la economía sumergida, siempre vinculados al sector agrario, e, incluso, en la mendicidad.

Como explica la vicepresidenta y delegada de las áreas de Igualdad y Bienestar Social y Formación y Empleo de la Mancomunidad, la socialista Encarnación Palazuelo, esta situación ha derivado en un obstáculo para el acceso de este sector de inmigrantes a un puesto de trabajo regularizado o a las iniciativas formativas destinadas a desempleados, tales como talleres de empleo, escuelas taller o casas de oficio. La necesidad de subsistencia, por tanto, ha generalizado la acogida de este colectivo de extranjeros a la contratación irregular, en tareas propias del campo, fuera de las fronteras de la Cuenca Minera. La también alcaldesa de El Campillo relata, en este sentido, que cuadrillas completas salen cada día del municipio minero para no regresar hasta por la noche. Y algunos de los que se quedan, “se dedican a hurgar en los contenedores de basura en busca de todo aquello que les pueda resultar de utilidad”. No se ha detectado, sin embargo, ningún incremento de los niveles de delincuencia, de modo que “la convivencia es plena y pacífica”.

Otro de los problemas detectados, achacables al propio contexto de inestabilidad que los rodea, es su rechazo, o desconfianza, a las ayudas sociales de las que pueden beneficiarse en pro de una integración más efectiva. Aunque sí hacen uso de la Seguridad Social, conscientes de la gratuidad de la atención médica, se muestran, en algunos casos, reacios a recibir información sobre otros campos de asistencia. De igual modo, algunos de los niños se sumergen en el absentismo escolar, faltan a clase, muchas veces, según asevera Palazuelo, “con la complicidad de un profesorado que los ve como un problema, en lugar de como un reto”. Las medidas desarrolladas por parte de las administraciones locales, en esta dirección, se centran en la construcción de un clima de acercamiento, de proximidad, de formación (en especial, en lo relativo al idioma) y asesoramiento sobre ayudas como los, para ellos desconocidos, salarios sociales. Incluso, en el caso de El Campillo, se ha optado por exigir a los menores su matriculación en el colegio como requisito indispensable para poder formar parte de los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol Base. Un aliciente que, en palabras de la alcaldesa, resulta “exitoso” ante el enorme interés que despierta este deporte en la población infantil.

De momento, ya ha transcurrido un año de la integración de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea, por lo que, como máximo, si las condiciones del mercado laboral nacional no lo permiten antes, los residentes de la Cuenca llegados desde estos países sólo tendrán que esperar doce meses más para vislumbrar la apertura del horizonte de esperanza que les otorgará la libertad plena de movimientos como trabajadores. El Gobierno central, junto a los sindicatos y empresarios, tendrá que evaluar en breve los efectos de la aplicación del periodo transitorio y, en función de las conclusiones, acordar su continuidad o finalización. Hasta ese instante, sus alternativas, dentro de la legalidad, se limitan a la posibilidad de ser contratados, sin necesidad de visado, por un periodo temporal igual o inferior a 180 días, tras una solicitud de autorización presentada por el empleador, o a la siempre difusa opción de la conversión en autónomos.

Apelan al consenso para afrontar los urgentes retos de la Cuenca

Apelan al consenso para afrontar los urgentes retos de la Cuenca

El desdoble de la N-435 y el ansiado polígono industrial comarcal se mantienen como las demandas esenciales, sin obviar el esclarecimiento definitivo de la viabilidad o no de la reapertura de la línea del cobre

CUENCA MINERA. Arranca un nuevo periodo de gobierno en la Mancomunidad de la Cuenca Minera de Río Tinto bajo el mando del alcalde de Zalamea la Real, Vicente Zarza (PSOE), en un contexto marcado por la agridulce victoria electoral de los socialistas en el conjunto de la zona. A pesar de que mantienen la mayoría absoluta y ostentan seis de las siete alcaldías de la comarca (una más que en la recién finiquitada legislatura), la caída en Nerva frente al Giner y el retroceso experimentado en Minas de Riotinto y El Campillo, donde siguen en el poder merced a pactos de gobierno con PA e IU, emergen, para el PSOE, como una advertencia de cara a próximas citas con las urnas. Sólo el giro registrado en Zalamea la Real y La Granada de Riotinto, pueblos en los que Vicente Zarza y Rocío Ruiz han desbancado a IU y PP, ha permitido a los socialistas conservar su tradicional posición preponderante en el seno del ente supramunicipal. De ahí la coincidencia de los distintos grupos al valorar como de “especial importancia” el intervalo de cuatro años que se abre en el horizonte y resaltar la necesidad de tejer un clima de consenso que favorezca el desarrollo de una de las tierras más desfavorecidas de la comunidad andaluza.

Desde la conciencia de la urgencia de dejar atrás las tendencias localistas de unos municipios que, en los últimos años, han actuado con frecuencia al margen de la “trascendental” unidad comarcal, el nuevo presidente de la Mancomunidad apela al entendimiento de todas las fuerzas políticas y el resto de los agentes sociales para afrontar los perentorios retos de la Cuenca en su búsqueda del desarrollo económico. El primer paso que, en esa dirección, dará Vicente Zarza, según anunció, será la reactivación de un Consejo para el Desarrollo Social y Económico de la Cuenca Minera que, formado por políticos, sindicatos y empresarios, ha quedado relegado a un papel testimonial a lo largo del último mandato. Este instrumento debe ser, de hecho, a juicio del portavoz del Giner y regidor de Nerva, Domingo Domínguez, el foro en el que se debatan los verdaderos problemas que azotan a la zona y, en consecuencia, sus posibles soluciones. Un punto en el que se halla en armonía con el presidente del organismo supramunicipal, quien espetó que este órgano “profundizará en la vertebración de la comarca” a través de la coordinación de aquellos planteamientos que emanen desde el seno de los agentes sociales.

Las infraestructuras se erigen, en ese sentido, en la asignatura pendiente de la Cuenca. El desdoble de la carretera N-435, que une Huelva con Badajoz; la mejora de las comunicaciones internas o la construcción del anhelado polígono industrial comarcal; sin olvidar el centro de I+D+i del plástico, vital para la consolidación de esta incipiente industria en la zona, son, desde la perspectiva de Zarza, esenciales para el progreso del área minera. Unas demandas a las que Domínguez agrega el proyecto de la autovía Sevilla-Lisboa en su opción sur, la cual contempla el paso de la misma por el norte de la Cuenca y que, unida a la N-435 y la Ruta de la Plata, dejaría a la comarca, de llevarse a cabo en la práctica, en un lugar óptimo para la atracción de nuevas empresas.

Es ahí donde el presidente de la Mancomunidad pretende apoyarse en un diálogo fluido con las administraciones provincial, autónoma y central, así como en un empleo racional y consensuado de las inversiones que posibilite a la zona despertar del letargo en el que se haya sumida. La agilización de los ineludibles trámites para la concreción del desdoble de la N-435, del que, como aseguran todos los representantes de la zona, depende el futuro de la Cuenca Minera, es, en este sentido, la prioridad. El siguiente paso, el polígono industrial comarcal, un apartado en el que, sin embargo, el alcalde de Nerva consideró “inadmisible” que los distintos ayuntamientos trabajen en la redacción de sus planes generales de ordenación urbana (PGOUs) sin antes sentarse juntos para buscar el espacio más adecuado para su ubicación.

Pero también la permanente sombra de la minería vuelve a cobrar protagonismo en el escenario político tras la aparición de Emed Tartessus y su firme intención de reabrir la línea del cobre. El máximo dirigente del Giner criticó la falta de información sobre el proyecto recibida desde las administraciones. Para Domínguez, resulta irrenunciable el esclarecimiento definitivo de la viabilidad o no de la actividad minera, en la medida en que con ella “se podrían alcanzar cifras cercanas al pleno empleo en la comarca”. Y si, por el contrario, sólo se trata de una nueva “venta de humo” a la ciudadanía “debemos denunciarlo”.

La suma de esfuerzos es, de igual modo, el centro del discurso del portavoz de IU, el ex alcalde de Zalamea la Real Marcos García, aunque, bajo un tono de cierto escepticismo, deja la factibilidad de la misma en manos del grupo mayoritario, el PSOE. Bajo su punto de vista, es este partido el que debe optar por “democratizar” la Mancomunidad de la Cuenca Minera mediante la inclusión en el equipo de Gobierno de la totalidad de las fuerzas políticas que la constituyen (PSOE, IU, Giner, PP y PA). Ésa es, también a su juicio, la mejor arma para luchar contra los altos índices de desempleo y el consecuente éxodo de población que sufre la comarca.

Competencias y financiación, ejes del debate interno

Asuntos propios del funcionamiento interno de la Mancomunidad y que, como tales, resultan fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de la misma, centrados en la cohesión del territorio, aparecen enfocados también por el debate de apertura del presente mandato. Desde el Giner apremian al nuevo equipo de Gobierno a que defina con exactitud cuáles son las competencias transferidas al ente comarcal para evitar situaciones como la que se da en Nerva y Valverde del Camino, donde la gestión del ciclo integral del agua recae, en lugar de en Giahsa, de un modo independiente en la empresa Aqualia. Si bien el caso valverdeño se halla a la espera de que, en breve, finalice un contrato previo a la entrada en la Mancomunidad, en Nerva la adjudicación del servicio se sacó a concurso por parte del Ayuntamiento a finales de 2005, lo que fue tildado como un acto de “infidelidad” del ex alcalde socialista Eduardo Manuel Muñoz por sus propios compañeros de partido.

Y lo mismo solicita el portavoz de los independientes y actual regidor de Nerva, Domingo Domínguez, con respecto a la financiación. “Todos los ayuntamientos tienen que saldar sus deudas con el órgano supramunicipal si de verdad se quiere contar con una Mancomunidad fuerte”, en la medida en que “sólo de esta forma, mediante la defensa de la idea de comarca, es posible aplacar el actual contexto de crisis”, aseveró.

Distribución de vocales de la Mancomunidad tras las elecciones de 2007 y 2003. La mayoría absoluta del PSOE resulta aplastante en el marco de la configuración global de la Mancomunidad (32 vocales) gracias a los cinco vocales socialistas de Valverde del Camino (el sexto de este municipio es del PP). En cambio, su preponderancia se reduce en los temas ajenos al ciclo integral del agua, de los que queda excluido el Ayuntamiento valverdeño. Aquí, el PSOE pasa a tener 14 de los 26 miembros del Pleno.  

2007-20112003-2007
PSOE19 (14)18 (15)
IU5 (5)5 (3)
Giner3 (3)2 (2)
PP3 (2)6 (5)
PA2 (2)1 (1)

Un mandato consumado bajo la sombra de la desidia y el localismo

Un mandato difícil, con un ambiente viciado por la tendencia al individualismo de los municipios coaligados en torno a la Mancomunidad de la Cuenca Minera. Bajo estas notas pueden englobarse los últimos cuatro años de una institución que encuentra, al estrellarse contra esta realidad, un importante obstáculo para erigirse como el garante de la unidad que requiere la comarca. Diversos episodios acaecidos desde 2003 evidencian lo que ha sido definido por sus propios dirigentes como una actitud localista que frena el desarrollo de la zona. Unas premisas que dibujan un complejo escenario para el alcance del tan ansiado consenso. El nuevo presidente, el alcalde de Zalamea la Real, Vicente Zarza, se encuentra, por consiguiente, con el difícil reto de transformar la mentalidad que ha regido el recién clausurado ejercicio.

Entre esas circunstancias aparecen las habituales ausencias de los representantes de PP y PA en los plenos del organismo supramunicipal, una constante, sobre todo, en lo que se refiere a la que era la única vocal andalucista, la portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de El Campillo, Sonia Ruiz, que apenas acudió a 3 de las 21 sesiones. No resulta más positiva la participación de los seis miembros del PP. Hasta en 12 ocasiones quedó vacía la totalidad de sus asientos. Incluso, dos de los tres vocales populares procedentes de La Granada de Riotinto, María Dolores Expósito y Manuel Ceferino Vázquez, no acudieron a ninguna convocatoria. La ya ex alcaldesa de esta localidad, Salud del Carmen Moreno, sólo estuvo presente en 6 plenos, los mismos que la líder de la oposición en Berrocal, María Dolores García, y sólo uno menos que el otro vocal del PP berrocaleño, Luis Daniel Romero, quien, tras presentar su dimisión a mediados del mandato, no fue sustituido por ningún compañero. El representante de los populares valverdeños, un municipio que sólo es componente de la Mancomunidad de la Cuenca en aquellos temas relacionados con la gestión del agua, sólo apareció en 2 sesiones.

En cuanto al bando socialista, la media de asistencia de sus quince vocales rozó el 90 por ciento. Un promedio que desciende, no obstante, al sumar los tres miembros del PSOE de Valverde del Camino, que faltaron al 53 por ciento de las citas. Diecisiete faltas sumaron los tres integrantes de IU, los zalameños Marcos García (6) y Vicente García (5) y el riotinteño Mariano Terán (6), cifra a la que se agregan las 23 ausencias de los dos vocales valverdeños de la coalición, Rogelio Borrego (sustituido por el anterior teniente alcalde de IU Francisco Rodríguez Donaire, ahora en las filas del PSOE) y María Dolores Romero. Los dos representantes del Giner, Domingo Domínguez y Carmelo Domínguez, no intervinieron en 2 y 3 plenos.

Al margen de este caso de supuesta desidia política, también fue objeto de críticas la posición tomada por el ya ex presidente de la Mancomunidad y ex alcalde de Minas de Riotinto, el socialista José Manuel Delgado, ante el inicio, en diciembre de 2005, de un proceso de subastas de los terrenos embargados a la extinta compañía Minas de Río Tinto (MRT) S.A.L. Ante la oportunidad que suponía la posibilidad de recuperar esa superficie para solventar la carencia de suelo industrial que azota a la Cuenca Minera, resultaba incomprensible la no convocatoria por su parte del Consejo comarcal para el Desarrollo Social y Económico, solicitada con insistencia por alcaldes, sindicatos y empresarios. Al final, el asunto se zanjó con el compromiso por parte de la dirección provincial del PSOE de controlar las “ineludibles” ventas públicas para evitar que el patrimonio minero cayera en manos especuladoras.

La adjudicación del suministro del agua por parte del Ayuntamiento de Nerva dirigido por Eduardo Manuel Muñoz (PSOE) a la empresa Aqualia a través de un concurso público, pese a tratarse de una competencia mancomunada, y la decisión del Consistorio de Zalamea la Real gobernado por Marcos García (IU) de solicitar un taller de empleo al margen del ente supramunicipal, encargado de la gestión de este servicio, para luego reclamar que se contratara a alumnos de su pueblo también en los que la Consejería de Empleo concedió a la Mancomunidad (ya había 24 zalameños en el asignado al Ayuntamiento) constituyen otros ejemplos que avalan la tesis que señala la existencia de una exigua colaboración entre los pueblos mineros en pro de su bienestar socioeconómico.

El pleno rendimiento del suelo de cítricos de R.T.Fruit ampliará la plantilla un 25%

CUENCA MINERA. El sector de los cítricos se consolida como el más firme aspirante a liderar la ansiada diversificación social y económica de una Cuenca Minera sumida en una profunda crisis desde el cierre definitivo de la línea del cobre. Con una superficie cultivada de 1.505 hectáreas y potencial para una producción de 54.000 toneladas de fruta al año, la explotación de la empresa Río Tinto Fruit S.A. no sólo se mantiene como el principal yacimiento de empleo de la comarca, sino que, además, prevé la absorción de una mayor cantidad de mano de obra en un futuro inmediato. De hecho, una vez que la totalidad del suelo sometido a la plantación de cítricos y otros árboles frutales alcance niveles de pleno rendimiento, la cifra de 571 trabajadores que, en función del cómputo del número de peonadas anuales, configuraron la plantilla de la compañía en la campaña agrícola 2005-2006 experimentará un incremento de en torno al 25 por ciento, de modo que las labores de recolección y tratamiento de la fruta absorberán a más de 700 jornaleros y manipuladores de alimentos.

 

No obstante, estos datos, lejos de ser una novedad, indican una consolidación de la trayectoria creciente de la empresa, la cual se prolongará ante unas expectativas de avance que aportan un carácter continuista a la tendencia de los últimos años. Unos resultados que, a excepción del ejercicio 2003-2004, en el que el incendio de la anterior central hortofrutícola ocurrido en mayo de 2003 provocó una caída de la plantilla de 53 trabajadores con respecto a la campaña anterior, han marcado una constante ampliación de la mano de obra ocupada en la recolección, manipulación y envasado de la fruta. Así, los 420 temporeros del curso 2002-2003, que cayeron hasta 367 un año después por el mencionado expediente de regulación de empleo, ascendieron a 461 en el ejercicio 2004-2005, una cantidad que queda corta si se compara con los 571 empleados que cerraron la campaña 2005-2006. Unos años en los que ya había entrado en funcionamiento la nueva central hortofrutícola de El Campillo, cuya construcción, pese a que, en un primer instante, era considerada inviable por la dirección de Río Tinto Fruit, al no verse capacitada para lanzarse a una inversión de tales dimensiones (en torno a los 14 millones de euros), se concretó en apenas un año, a raíz de varias reuniones celebradas con los alcaldes de la comarca y los consejeros de la Presidencia y de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Estos esfuerzos, sin embargo, como reconoce el director financiero de la sociedad citrícola, Íñigo Garavilla, ralentizaron el ritmo de crecimiento, aunque, en paralelo, permitieron la incorporación de una maquinaria basada en las más modernas tecnologías.

 

La cada vez mayor capacidad de contratación responde, de un modo directo, al incremento de la superficie cultivada, con una cadencia media de 50 hectáreas al año, y el consiguiente aumento de la producción, la cual ha pasado de las 13.929 toneladas de 2001-2002 a las 32.158 toneladas del último ejercicio, con una previsión de 40.637 toneladas para clausurar la presente campaña. De ellas, la naranja de mesa (450 hectáreas) se erige en la actualidad como el elemento preponderante, con 15.065 toneladas; seguida de la naranja de zumo (331 hectáreas), con 11.862 toneladas; y la clementina (595 hectáreas), con 11.385 toneladas. Un tercer puesto que abandonará esta fruta en los próximos años para situarse, incluso, por encima de la naranja de mesa. Menor importancia reviste la producción de ciruelos (59 hectáreas) y melocotones (70 hectáreas), que cerrarán el año con alrededor de 1.825 y 500 toneladas de manera respectiva.

 

Una vez más emerge, en este sentido, el curso 2003-2004 como el único lunar, cuando la pérdida de la antigua nave coincidió con un retroceso de la producción de 1.162 toneladas. Incluso, un año después, mientras las adversidades climatológicas causaban, en forma de heladas, verdaderos estragos en la práctica totalidad del territorio nacional, las 22.289 toneladas de fruta con las que Río Tinto Fruit clausuró la temporada 2003-2004 crecían hasta alcanzar una producción de 24.301 toneladas. Algo que puso de manifiesto la idoneidad del suelo y el microclima de la Cuenca Minera para el cultivo de cítricos y otros árboles frutales, una tesis sustentada por una serie de observaciones termométricas registradas a diario durante más de cien años.

 

A medida que prosigan los pasos hacia la implantación de nuevas fincas cultivadas, con el reto originario de las 3.000 hectáreas en el horizonte, la producción mantendrá una evolución ascendente, de modo que en la campaña 2009-2010 superará el techo de las 51.405 toneladas. Una cantidad con la que la compañía sobrepasará el ecuador de su objetivo, asentado, una vez que se haya acometido el proyecto de Río Tinto Fruit en su integridad, en un volumen de 100.000 toneladas de fruta al año, para afianzarse como el motor del desarrollo socioeconómico de una de las comarcas más desfavorecidas de la región andaluza.

 

Cultivo  Producciones   Previsiones  
 2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/10
         
Naranja mesa5.1409.1488.8559.27111.06815.06516.06616.30816.462
Naranja zumo5.7418.3026.7537.05110.03211.86212.28712.49112.683
Clementina2.2634.5085.5436.0158.74411.38514.65217.30319.311

         
Ciruelos7851.3649251.5411.8041.8251.8502.0502.150
Melocotones-128213422511500700800800
TOTALES13.92923.45122.28924.30132.15840.63745.55548.95151.405

 

 

CONTROL DE LA CALIDAD

Una producción altamente ecológica 

 

Al igual que constituye la principal fuente de riqueza de la comarca minera, Río Tinto Fruit halla un carácter diferenciador con respecto a sus competidores en la integración de las cadenas de producción y comercialización bajo un mismo proyecto. Un hecho que la convirtió en una sociedad pionera en el momento de su fundación en 1988, en el marco de la primera diversificación socioeconómica de la zona estipulada por el Plan Albor. En esta línea, el aislamiento geográfico de la zona de producción y la aplicación de las técnicas de lucha integrada permiten catalogar a los cítricos y otras frutas que brotan de su explotación como altamente ecológicos, con un residuo químico mínimo o nulo. Una calidad que descansa, en gran medida, en su condición de productor y comercializador de la producción, lejos de aquellas compañías que se limitan a la distribución de una fruta adquirida a terceros y que empiezan a incorporar el mismo modelo. No se puede olvidar, en este punto, la apuesta de la empresa por la producción ecológica, a la que destina en la actualidad una superficie de 146 hectáreas que generará en la presente campaña en torno a 2.870 toneladas de naranjas, ya sean de mesa, de zumo o clementinas. Un volumen que, según las previsiones, casi se habrá duplicado en el ejercicio 2009-2010.

 

TERRENOS DEL ICO/DIPUTACIÓN 

La compra de la finca Casasola, una garantía de crecimiento  

Una vez solventadas las divergencias existentes en cuanto al precio de la finca zalameña de Casasola, una de las parcelas adquiridas por la Diputación Provincial de Huelva al Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el fin de ponerlas al servicio del desarrollo socioeconómico de la Cuenca Minera, Río Tinto Fruit dispone ya de una nueva superficie que le permitirá crecer hasta superar las 2.000 hectáreas cultivadas de cítricos y otros árboles frutales. El coste final, alrededor de 1.134.000 euros, lo que supone una tasación de 2.000 euros por cada una de las 567 hectáreas que conforman la finca. Un precio definido como “justo” por el director financiero de la compañía, Íñigo Garavilla, aunque, en primera instancia, provocó que el concurso público abierto por el ente supramunicipal quedara desierto, al entender Río Tinto Fruit que sólo la mitad de la superficie era apta para el cultivo. La imposibilidad de dividir la parcela, en consecuencia, constituía una circunstancia que encarecía el suelo productivo, lo cual derivó en una serie de negociaciones que culminaron con la definitiva compra de Casasola por el mismo valor del precio con el que salió a la venta.

EMBALSE DEL JARAMA

Río Tinto Fruit dispone de agua para el riego de 2.400 hectáreas 

El abastecimiento de agua no es un problema para Río Tinto Fruit, al menos, a corto y medio plazo, en la medida en que el caudal del embalse del Jarama concedido por parte de la Confederación Hidrográfica garantiza el riego de una producción de 2.400 hectáreas, mientras que, en la actualidad, la explotación de la compañía citrícola está configurada por 1.505 hectáreas. Las dificultades emergen a la hora de alcanzar el objetivo inicial de 3.000 hectáreas de cítricos y otros frutales, un volumen para cuyo mantenimiento resulta insuficiente la cantidad de agua a la que tiene acceso la empresa en la época actual. Éste es, en consecuencia, uno de los factores que, según señala el director financiero de la empresa, Íñigo Garavilla, impide un acusado incremento de la superficie cultivada. Incluso, sostiene que un periodo de sequía extrema podría comprometer la supervivencia de los árboles en el caso de que se abandonara la estrategia de avanzar a un ritmo de en torno a las 50 hectáreas al año.  Si bien la Confederación Hidrográfica da acceso a Río Tinto Fruit a la cantidad de agua del embalse del Jarama que sus informes técnicos consideran máxima para evitar los riesgos que conlleva la imprevisible llegada de un año seco, la empresa ha solicitado una revisión con el fin de que se estudie la posibilidad de ampliar este caudal. Una vez agotada esta vía, si se demostrara la inviabilidad de una concesión mayor, la alternativa sería el acceso a agua de otros puntos de la zona o la construcción de un nuevo pantano en algún enclave cercano. 

La ausencia de mano de obra generaliza la contratación de inmigrantes

CUENCA MINERA. La inherente precariedad de las labores agrícolas, la irregularidad de un salario que depende de unas condiciones meteorológicas favorables, de una ausencia de lluvia que, de dilatarse en el tiempo, resulta perjudicial para la producción, ha motivado una cada vez menor predisposición en los habitantes de la Cuenca Minera para trabajar en la recolección de cítricos. Una situación que, al igual que en otros puntos de la provincia, ha generalizado la contratación de inmigrantes por parte de Río Tinto Fruit, ante la imposibilidad, como manifiesta su director financiero, Íñigo Garavilla, de encontrar mano de obra suficiente en el interior de los siete municipios que constituyen la comarca. 

La primera consecuencia de este contexto que choca con la realidad de crisis económica en la que se halla inmersa la Cuenca desde la debacle de la actividad minera es la proliferación de la contratación en origen y la ascendente inclinación a recurrir a las empresas de trabajo temporal. Algo que se traduce en que apenas el 20 por ciento del personal empleado en las tareas recolectoras provienen de los pueblos mineros. Una tasa que, según vaticina Garavilla, descenderá de forma progresiva hasta que la totalidad de los trabajadores del campo (diferente es el caso de la central hortofrutícola para la manipulación y el envasado de la fruta) sean extranjeros.

La evolución de la contratación en origen constituye, en este sentido, una prueba de la tesis de la dirección de la compañía, en la medida en que el centenar de jornaleras traídas desde Polonia en la presente campaña duplica la cantidad del ejercicio anterior y será superado por las 150 inmigrantes que llegarán desde Europa del Este el próximo curso. Unos números a los que se agregan trabajadores procedentes de otros países contratados a través de empresas de trabajo temporal. 

Diferentes son las lecturas que se extraen de la incipiente necesidad de mano de obra foránea, aunque coinciden en asociarla a la mejora de un mercado laboral con capacidad para ofrecer un empleo de mayor calidad y la paulatina evasión de la crisis abierta por el cierre de la línea del cobre. 

ESTABILIDAD LABORAL

La conversión a indefinido, viable sólo para obreros de la central 

La propia idiosincrasia de las labores de recolección, marcada por la parada durante los meses que separan una campaña de la siguiente, unido a la emergente contratación en origen y la vinculación a las empresas de trabajo temporal, dificulta de un modo determinante la conversión de jornaleros de eventuales a indefinidos. Una postura que el director financiero de Río Tinto Fruit, Íñigo Garavilla, refuerza al afirmar que la segunda modalidad, la de la estabilidad  laboral, dejaría fuera del subsidio de desempleo a los trabajadores en las épocas de interrupción de la actividad en el campo. Opuesta es la situación de quienes desempeñan sus funciones en la central hortofrutícola, que entre los meses de noviembre y abril mantiene ocupadas a alrededor de 250 ó 265 personas, distribuidas en dos turnos (tres en el caso de la línea del precalibrado). Un grupo que se reduce durante el resto del año a la mitad, por lo que, como corrobora Garavilla, el carácter indefinido podría absorber, sobre la base de la plantilla actual, a un máximo de 130 personas. Aunque en la práctica no se ha alcanzado este nivel de estabilidad en el empleo, el director financiero de la compañía agrícola sentencia que “en estos momentos se roza ese límite”. En este punto, hay que resaltar que la cada vez mayor incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de manipulación y envasado de la fruta hará que el incremento de la mano de obra contratada, a medida que se avance hacia el proyecto de las 3.000 hectáreas de cultivo, se produzca, en términos proporcionales, a menor ritmo en la central que en el campo.

El cambio de candidatos intensifica el asalto a las alcaldías de la Cuenca Minera

CUENCA MINERA. Pasan los días y la inquietud emana de los partidos políticos con cada vez mayor vigorosidad ante la oportunidad, o amenaza, que supone la cercanía de la materialización de un nuevo ejercicio democrático por parte de los ciudadanos, el de la elección de sus representantes más directos. Un contexto en el que, al igual que al resto del país, hay que situar al conjunto de la Cuenca Minera de Río Tinto, donde emergentes dosis de incertidumbre marcan la antesala de las elecciones municipales del próximo 27 de mayo. Los cambios de candidatos propiciados por la decisión de algunos de los alcaldes de la zona de no presentarse a la reelección insertan ciertas dudas acerca del panorama político que se abrirá en la comarca a partir de la inminente cita con las urnas. Éste es el caso de los municipios de El Campillo, Minas de Riotinto y La Granada de Riotinto, donde sus regidores, Fernando Pineda (PSOE), José Manuel Delgado (PSOE) y Salud del Carmen Moreno (PP), no volverán a encabezar las listas de sus respectivos grupos. Diferente es la situación de Zalamea la Real, donde, aunque su alcalde, Marcos García, liderará de nuevo el proyecto de IU, la transformación se ha producido en el seno del Partido Socialista, con el retorno de Vicente Zarza, en sustitución de Rosario Mateo. Escasas son, en cambio, las variaciones en Nerva, Campofrío y Berrocal. 

El foco de la atención se ciñe con especial énfasis en torno a los posibles resultados de la localidad zalameña, donde las quinielas previas no aciertan a garantizar el mantenimiento en el poder del izquierdista Marcos García, quien gobierna desde los anteriores comicios de 2003 gracias al apoyo obtenido del único edil del PP durante el pleno de constitución de la Corporación municipal. Tras alcanzar en las urnas la cifra de cinco concejales, la misma cantidad que el partido que dirigía el Ayuntamiento desde la restauración del sistema democrático, aunque con un rédito de cien votos menos, Marcos García accedía a la Alcaldía bajo la siembra de una crisis en el pacto de progreso suscrito por las direcciones provinciales de PSOE e IU, y en detrimento de la anterior candidata socialista, Rosario Mateo. 

Con el fin de recuperar el mando de Zalamea la Real, vuelve a comandar los ideales socialistas el anterior regidor del municipio, Vicente Zarza, quien hace cuatro años anunció su relevo en el cargo tras ganar en 1999 con el 64,17 por ciento de los votos. Una mayoría aplastante que actúa como su mejor aval ante la proximidad del 27-M. No obstante, en aquella ocasión no era Marcos García el candidato de la coalición, circunstancia a la que hay que sumar la ventaja que siempre confiere el hecho de afrontar unas elecciones desde el sillón del gobierno. 

La igualdad también caracterizó el desenlace de las últimas elecciones municipales en una Nerva sumida en una enconada fragmentación social, con un pueblo que vivía los últimos coletazos de la división entre el ‘sí’ y el ‘no’ al vertedero. La renta de un 46,11 por ciento de los votos (un total de 1.867) lograda por el PSOE apenas superaba, pese a otorgar una ajustada mayoría absoluta al grupo socialista, los 1.656 apoyos recibidos por el Grupo Independiente de Nerva, Giner (un 40,9 por ciento de los votos escrutados). Aunque entre Giner, IU (258 votos, el 6,37 por ciento) y PP (228 votos, el 5,63 por ciento) sumaban mayor cantidad de votos que la candidatura del PSOE, Eduardo Manuel Muñoz fue ratificado sin necesidad de alianzas de gobierno, al no conseguir IU y PP ningún edil. Siete cayeron del lado socialista y seis (uno más que en 1999, en detrimento de los populares) dejaron a los independientes al borde de la victoria. 

Una vez más emerge el  actual portavoz del Giner en el Ayuntamiento de Nerva, Domingo Domínguez, como el principal rival político de Muñoz en un municipio en el que la renovación de la lista de IU, con el joven Óscar Collado a la cabeza, y la aparición en escena de una formación del PA, liderada por Rafael Betanzos, puede convertir a alguno de estos partidos minoritarios en la llave del poder. Bastaría con que el PSOE perdiera uno de los siete concejales de los que dispone en el presente mandato en beneficio de IU o PA para que resultara necesaria la certificación de un pacto de gobierno. En cambio, si fueran los independientes los destinatarios de esa hipotética acta, Domínguez sería investido con mayoría absoluta.   

A favor del Giner juegan las sospechas existentes sobre irregularidades en las cuentas municipales de los ejercicios 2003 y 2004, investigadas, tras la denuncia de los independientes y un informe de la propia Intervención del Consistorio, por el Tribunal de Cuentas, así como la decisión del equipo de Gobierno socialista de sacar a concurso la gestión del suministro de agua en Nerva y la posterior contratación de la empresa Aqualia, a pesar de que se trata de una competencia transferida a la Mancomunidad de la Cuenca Minera, donde la adjudicataria del servicio es Giahsa. Una acción, esta última, sobre la que se cierne la sombra de una presunta satisfacción de intereses económicos ante las deudas que ahogan a las arcas del Ayuntamiento. Sin embargo, el grupo de Domingo Domínguez tendrá que solventar la supuesta pérdida de credibilidad que pudo alimentar, al menos, entre sus votantes ‘anti-vertedero’, al pactar con el PSOE la formación de un Gobierno de integración que contribuyera a cicatrizar de forma definitiva las heridas abiertas durante la gestión del anterior alcalde, el socialista José Villalba, y, en consecuencia, sentar las bases de un clima de paz social. Un acuerdo que, meses después, se rompió para reactivar una combativa labor de oposición entre los independientes, quienes, como motivo de su marcha, alegaron el incumplimiento, por parte del equipo de Muñoz, de las condiciones medioambientales (centradas en la creación de una efectiva comisión de seguimiento del vertedero, con participación de ecologistas, vecinos, técnicos y otros agentes sociales), de empleo y de dotación presupuestaria de cada una de las áreas municipales interpuestas por el Giner. 

Grandes similitudes presenta la batalla política en las localidades de El Campillo y Minas de Riotinto, donde los dirigentes socialistas que han ocupado la Alcaldía en los últimos dos mandatos, Fernando Pineda y José Manuel Delgado (el primero ya había dirigido el municipio campillero en las tres primeras legislaturas del actual sistema democrático), desestimaron someterse a la reelección. El regidor riotinteño, incluso, presentó su dimisión hace ya varios meses para dejar su puesto a la hasta entonces teniente alcalde y actual candidata del PSOE, Nuria Hernández. Lo mismo pretendía hacer su homólogo de El Campillo, aunque sus compañeros de formación le pidieron que agotara los cuatro años y fueran los ciudadanos los que decretasen, a través del voto, su relevo por Encarnación Palazuelo, primera teniente alcalde y aspirante socialista.  

Palazuelo afronta el asalto a la Alcaldía de El Campillo con dos nuevos oponentes en PA e IU, cuyos candidatos de 2003, Sonia Ruiz y Luisa Guerrero, han dejado, de manera respectiva, su lugar a Francisco Javier Cuaresma (segundo en la lista andalucista de hace cuatro años y ex presidente de la Hermandad de la Santa Cruz de El Campillo) y Álvaro Romero, quien, a sus 23 años, tendrá que solventar el obstáculo de su inexperiencia con la ilusión propia de la juventud. La independencia de sus integrantes es el principal escollo que deberá soslayar un PA que se define en la comarca como un “grupo de izquierdas”. De hecho, algunos de sus miembros reconocen que su adhesión a las siglas andalucistas vino determinada en 2003 por las dificultades que entrañaba la fundación de un partido independiente. Cuaresma, incluso, ya formó parte de listas de IU en el pasado. En este sentido, ante la incertidumbre propiciada por las variaciones, el reto de los socialistas pasa por conservar la mayoría absoluta, cifrada en 6 concejales (en la actualidad, disponen de 7, frente a los 4 ediles que se reparten de forma equitativa en el Consistorio los andalucistas y la coalición). Un objetivo que responde al acentuado carácter anti-PSOE que profesan las agrupaciones locales de PA e IU, lo cual hace presagiar una probable alianza entre ambos grupos para desbancar a los socialistas del gobierno en el hipotético caso de que éstos perdieran dos concejales con respecto a 2003. 

En Minas de Riotinto, donde el PSOE, con 6 ediles (mayoría absoluta), apenas aventaja en uno a los tres grupos de la oposición (IU, PA y PP) tras cosechar una victoria en 2003 sustentada por el 52,72 por ciento de los votos, Nuria Hernández deberá lidiar con la crisis económica de un Ayuntamiento que, durante el presente mandato, ha atravesado serias dificultades a la hora de pagar las nóminas de sus trabajadores, debido a la ausencia de ingresos motivada por la inactividad del suelo embargado a la mina. Una circunstancia que, en unión con otras, desgastó al ya ex alcalde José Manuel Delgado. La incógnita está en la reacción de los ciudadanos ante la nueva candidata, aunque determinadas corrientes de opinión sostienen que habría sido la continuidad de su predecesor la que habría supuesto un mayor riesgo para el PSOE en su meta de mantener la dirección del pueblo riotinteño. De hecho, en 2003, tras la reducción de la Corporación de 13 a 11 concejales, causada por el descenso de población, el grupo socialista ya perdió un representante, al mismo tiempo que su porcentaje de votos bajó 1,44 puntos porcentuales para acercar en exceso al PSOE a la frontera que separa la mayoría absoluta de la simple. 

Un futuro difuso se divisa en el horizonte del 27 de mayo en La Granada de Riotinto, donde la anunciada retirada de la popular Salud del Carmen Moreno abre las puertas del poder al PSOE, mientras que en Berrocal, las ayudas recibidas en respuesta al devastador incendio que en el verano de 2004 arrasó el sector del corcho y el patrimonio medioambiental de la localidad pueden jugar un papel determinante en la reelección del socialista Juan Jesús Bermejo, quien en los anteriores comicios, en detrimento del PP, alcanzó el bastón de mando del Consistorio merced a un pacto con IU. En cambio, ningún atisbo permite vaticinar posibles sorpresas en Campofrío, donde José Julio González (PSOE) parte como favorito para alzarse con el gobierno local después de que en 2003 obtuviera 5 de los 7 representantes municipales. 

Una comarca a la espera de proyectos que reactiven la diversificación

 La Cuenca Minera, en su anhelo de hallar el camino hacia un desarrollo que le permita olvidar el periodo de crisis abierto por la clausura de la actividad minera, afronta el inicio de un nuevo mandato con un programa de reivindicaciones similares a las que marcaron el arranque del periodo de gobierno municipal inaugurado en 2003. Entre ellas, el desdoble de la carretera N-435, la recuperación de suelo para la creación de un polígono industrial comarcal capaz de albergar a empresas de grandes dimensiones y un centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que permita la consolidación de la emergente industria del plástico, instalada en la comarca en el contexto de la primera diversificación socioeconómica de finales de los años ochenta. No obstante, las expectativas, al menos, en cuanto a la urgente necesidad de mejora de las comunicaciones, sin la cual resulta inviable la reindustrialización de la zona, son positivas, ya que desde el acceso al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 existe un compromiso por parte del Gobierno central para la conversión en autovía de la carretera que une Huelva con Badajoz, aunque la ejecución del proyecto aún carece de plazos concretos. 

La desidia política marca el mandato en la Mancomunidad   

CUENCA MINERA. Un mandato difícil, con un ambiente viciado por la tendencia al individualismo de los municipios coaligados en torno a la Mancomunidad de la Cuenca Minera. Bajo estas notas pueden englobarse los últimos cuatro años de una institución que encuentra, al estrellarse contra esta realidad, un importante obstáculo para erigirse como el garante de la unidad que requiere la comarca, en su búsqueda de soluciones a la problemática socioeconómica que acucia a la zona desde el cierre de la actividad minera. Diversos episodios acontecidos desde 2003, con los diferentes grupos políticos como protagonistas, evidencian lo que ha sido definido por los propios dirigentes de la comarca como una actitud localista que frena el desarrollo de la Cuenca en su conjunto. 

Entre estas circunstancias aparecen las habituales ausencias de los representantes de PP y PA en los plenos del organismo comarcal, que, más allá de un suceso aleatorio motivado por algún imprevisto, se han convertido en una constante, sobre todo, en lo que se refiere a la única vocal andalucista, la portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de El Campillo, Sonia Ruiz, que apenas ha acudido a 3 de las 21 sesiones plenarias celebradas en la Mancomunidad en la presente legislatura. Un hecho que, en el marco de un PA que propugna una apuesta decidida por el ámbito comarcal, pone de manifiesto el carácter independiente de quienes configuran la lista de este partido, al menos, en el municipio campillero.  

No resulta mucho más positiva la participación de los seis miembros del Partido Popular, en la medida en que hasta en 12 ocasiones ha quedado vacía la totalidad de sus asientos en los plenos del ente supramunicipal. Incluso, dos de los tres vocales populares procedentes de La Granada de Riotinto, María Dolores Expósito y Manuel Ceferino Vázquez, no han acudido a ninguna convocatoria. La alcaldesa de esta localidad, Salud del Carmen Moreno, por su parte, sólo ha estado presente en 6 sesiones plenarias, las mismas que la líder de la oposición en Berrocal, María Dolores García, y sólo una menos que el otro vocal del PP berrocaleño, Luis Daniel Romero, quien, tras presentar su dimisión a mediados del actual mandato, no fue sustituido por ningún compañero de filas. El representante de los populares valverdeños, un municipio que sólo es componente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera en aquellos temas relacionados con la gestión del agua, sólo apareció en 2 de los 17 plenos en los que fue requerida la participación de la Corporación andevaleña. 

En cuanto al bando socialista, la media de asistencia de los 15 vocales que configuran su grupo comarcal roza el 90 por ciento. Un promedio que desciende, no obstante, al sumar los tres miembros del PSOE de Valverde del Camino, que han faltado al 53 por ciento de las citas. Diecisiete faltas han sumado los tres integrantes de IU, los zalameños Marcos García (6) y Vicente García (5) y el riotinteño Mariano Terán (6), cifra a la que se agregan las 23 ausencias de los dos vocales valverdeños de la coalición, Rogelio Borrego (sustituido después por el teniente alcalde Francisco Rodríguez Donaire) y María Dolores Romero. Los dos representantes del Grupo Independiente de Nerva (Giner), Domingo Domínguez y Carmelo Domínguez, no han intervenido en dos y tres sesiones de forma respectiva. 

Al margen de este caso de supuesta desidia política, también fue objeto de críticas la posición tomada por el presidente de la Mancomunidad y ya ex alcalde de Minas de Riotinto, el socialista José Manuel Delgado, ante el inicio, en diciembre de 2005, de un proceso de subastas de los terrenos embargados a la extinta compañía Minas de Río Tinto (MRT) S.A.L. Ante la oportunidad que suponía la posibilidad de recuperar esa superficie para solventar la carencia de suelo industrial que azota a la Cuenca Minera, resultaba incomprensible la no convocatoria por su parte del Consejo comarcal para el Desarrollo Social y Económico, solicitada con insistencia por alcaldes, sindicatos y empresarios. Al final, el asunto se zanjó con el compromiso por parte de la dirección provincial del PSOE de controlar las ineludibles ventas públicas para evitar que el patrimonio minero cayera en manos de especuladores sin proyectos de interés para la zona. 

La adjudicación del suministro del agua por parte del Ayuntamiento de Nerva (PSOE) a Aqualia a través de un concurso público, pese a tratarse de una competencia mancomunada, o la decisión del Consistorio de Zalamea la Real (IU) de solicitar un taller de empleo al margen del ente supramunicipal, encargado de la gestión de este servicio, constituyen otros ejemplos que avalan la tesis que señala la existencia de una exigua colaboración entre los pueblos mineros en pro de su bienestar socioeconómico. 

Las dos versiones de IU 

El contexto político inaugurado a partir de las elecciones municipales de 2003 en torno al pacto de progreso suscrito por PSOE e IU ha suscitado, en ocasiones, a lo largo del mandato que se aproxima a su fin, un verdadero dilema entre los representantes de la coalición izquierdista en la Mancomunidad de la Cuenca Minera. Una situación alimentada por las diferentes alianzas formalizadas tras los comicios de aquel 25 de mayo, cuando los socialistas de Valverde del Camino mantuvieron el gobierno de este municipio gracias a un acuerdo con IU, mientras que en Zalamea la Real, el izquierdista Marcos García, cuya lista fue menos votada que la del PSOE, era investido como alcalde merced al apoyo del edil del PP en el pleno de constitución de la nueva Corporación. Estas estrategias antitéticas han incidido de forma clara en el ente comarcal (al que el Consistorio valverdeño tiene transferidas las competencias en materia de agua) ante los puntos del orden del día que escapaban a la unanimidad propia de aquellos que eran llevados a las sesiones plenarias como meros trámites. Así, por ejemplo, el 19 de enero de 2005, a la hora de aprobar el incremento de las tasas de consumo de agua en respuesta a la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC), los vocales de IU procedentes de la localidad andevaleña se abstuvieron después de que su portavoz, Francisco Rodríguez Donaire, aseverara que si hubiera sido necesario para su ratificación habría votado a favor. Sus compañeros de filas de Zalamea la Real, en cambio, se opusieron de forma tajante a la modificación de los precios.