Obligan a Camp Barça a pagar 1.365 euros por la licencia de obra de su sede

El Ayuntamiento niega la subvención del permiso urbanístico a una asociación por primera vez en la actual democracia · PA y PP sientan un peligroso precedente, pues si no actúan igual con el resto, alerta el PSOE, incurrirían en un posible caso de prevaricación

EL CAMPILLO. El Ayuntamiento de El Campillo, dirigido por la alianza PA-PP, obliga a la Peña Cultural Barcelonista Camp Barça a abonar 1.365 euros en concepto de la licencia urbanística de su sede tras negarle la subvención para sufragar el coste de la misma. La acción ha sido calificada por el grupo socialista como “insólita”, al ser la primera vez en la historia de la actual etapa democrática que el Consistorio no aprueba, en paralelo a la tramitación de un permiso de obras a una asociación, una ayuda por su coste íntegro. Desde la Casa del Pueblo, además, apuntan que, con ello, se sienta un precedente “muy peligroso”, pues “si no actúan igual con el resto de colectivos sociales incurrirían en un posible delito de prevaricación”.

La decisión, a juicio del PSOE, si no es rectificada por el equipo de Gobierno, abre la puerta, por tanto, a dejar al margen de estas subvenciones, “más que consagradas tras 33 años de vigencia”, a la totalidad del tejido asociativo de la localidad. Muchas de estas ayudas son millonarias. Sin ellas, incluso, quizás no habría sido factible el desarrollo de proyectos como los de la Unidad de Estancia Diurna para Enfermos de Alzheimer Teresa Sousa Prieto que gestiona AFA-El Campillo o las constantes ampliaciones de los centros de Aspromin, que, a día de hoy, se erigen en los principales yacimientos de empleo del municipio.

La medida se ha producido después de que el Partido Popular acusara en marzo a la Peña Cultural Barcelonista Camp Barça de haber recibido tratos de favor de la anterior Corporación Municipal por “amiguismos políticos” e insinuara que el edificio adquirido como sede por esta asociación es propiedad de su presidente, Miguel Saavedra Espinosa, cuando hay un contrato privado firmado por los socios que certifica que el titular del local no es otro que la peña. El ataque, plasmado en el boletín de la formación que encabeza en el núcleo minero la primera teniente de alcalde, Manuela Caro, ha sido calificado desde el PSOE como un verdadero atentado contra la entidad y una lapidación pública de su representante legal. “Han pisoteado, en sentido literal, su dignidad”, al imputarle, “de manera indirecta y gratuita”, un presunto caso de estafa.

Los hechos, bajo la óptica de los socialistas, constituyen una persecución en toda regla. El PP denunciaba que la reforma de la sede de Camp Barça se ejecutaba sin el visado de un arquitecto y que el Ayuntamiento había ordenado, por ello, su paralización. Sin embargo, como afirman desde la asociación, el propio edil de Urbanismo, el popular Luis Eduardo Delgado, había dirigido y asesorado a la entidad sobre los trabajos después de que se le encargara a él mismo, como técnico, la redacción del proyecto. Cosa que, al final, no pudo hacer por el código deontológico de su Colegio Oficial, que establece la incompatibilidad de sus funciones profesionales con las de concejal.

La peña barcelonista alega, en esta línea, que el propio Delgado fue quien sugirió la modificación de las actuaciones previstas en la primera licencia (subvencionada por la anterior Corporación) con el objetivo de dotar de mayor seguridad al edificio. Todas ellas, aseguran, están incluidas, además, en el proyecto elaborado por el arquitecto contratado, acto seguido, por la entidad. La obra, en consecuencia, seguía su curso. Así se le hizo saber al Pleno del Ayuntamiento desde la oposición socialista a petición de la Junta Directiva. La reacción de la primera teniente de alcalde, la conservadora Manuela Caro, lejos de reconocer el error, fue amenazar a la asociación con una multa de hasta 3.000 euros que, al parecer, no ha prosperado por un fallo en las fechas.

Otros damnificados

El PSOE de El Campillo contabiliza más damnificados de la “actitud déspota de un equipo de Gobierno PA-PP que, al contrario de lo que propugna el lema de todos los campilleros, Unidos Laboramos, parece decidido a embestir contra todo lo que, para ellos, huela a rojo”. Para los socialistas, populares y andalucistas han sometido a un “severo escarnio público” a vecinos a los que, según estos últimos, se les ha permitido un “uso indebido” de terrenos municipales para “ampliar sus jardines”, cuando lo único que ha habido es “un error sólo imputable al Ayuntamiento en una zona pendiente de urbanizar que el propio afectado quiso y quiere subsanar”. Quienes lo denuncian, según fuentes cercanas a los afectados, no le dan respuesta a sus escritos y le proponen que acometa una obra que no corregiría la irregularidad.

Desde la Casa del Pueblo advierten de que “también han dirigido sus dardos hacia trabajadores municipales”. A uno de ellos, un funcionario que se acogió a su derecho de segunda actividad tras ejercer durante años como jefe de la Policía Local sin reclamar el complemento económico correspondiente, “le acusan de ser conserje con el sueldo de jefe del Cuerpo de Seguridad municipal y vulneran sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, al ventilar de manera pública un conflicto y su petición de que se cumpla su convenio colectivo. Una “posible situación de acoso laboral” que “puede que se repita en el caso de otros miembros de la plantilla del Consistorio a los que se ha dejado durante meses cruzados de brazos mientras se contrataba (con la duplicidad de gasto que conlleva) a servicios externos para acometer las funciones que tenían asignadas”, espetan los socialistas.

El PSOE se compromete a crear un fondo de compensación para asociaciones discriminadas

Los socialistas presentan una moción al Pleno para exigir que se respeten los derechos adquiridos por las entidades sin ánimo de lucro y el fomento de la participación

El grupo municipal socialista baraja varias respuestas a lo que consideran “ataques impropios de unos representantes políticos serios con la responsabilidad de gobernar una Administración local” contra el asociacionismo. La primera es la presentación de una moción al Pleno del Ayuntamiento de apoyo a la participación que exige que se respete el derecho adquirido durante 33 años por todas las entidades sin ánimo de lucro de El Campillo a recibir una subvención por el valor íntegro de las licencias de obras para la ejecución de sus proyectos. Si PA y PP votan de forma favorable ya nunca podrá darse una circunstancia como la sufrida por la Peña Cultural Barcelonista Camp Barça, la cual, a su vez, tendría que recibir esa ayuda que le eximiría de afrontar ese pago de 1.365 euros. Si, por el contrario, la alianza nacionalista-popular veta la iniciativa, el PSOE asumirá, en su próximo programa electoral, el compromiso de crear un fondo de compensación destinado “a devolver el dinero sustraído a las asociaciones y restaurar así los derechos vulnerados”.