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Pablo Pineda

Un “presunto” Fondo de Emergencia Municipal con un dinero que “no existe”

PA y PP reducen 50 euros la asignación que “no se paga” a los grupos políticos para ayudar a vecinos a adquirir alimentos o pagar recibos con 1.800 euros al año · El alcalde rechaza cobrar 1.400 euros netos para disponer de 15.800 al año

EL CAMPILLO. El PSOE ha criticado a través del último número de su revista que mientras la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva transfieren partidas a El Campillo para empleo, la alianza PA-PP “no aporta nada” a esta lucha desde el Gobierno local. La coalición nacionalista-conservadora, dicen, “se ha limitado” a crear un “presunto” Fondo de Emergencia con una reducción de 50 euros sobre la asignación mensual de 200 euros que recibían los tres grupos municipales. De este modo, las arcas del Consistorio deben contar con un montante de 1.800 euros al año para ayudar a vecinos a sufragar gastos como los recibos de luz y agua o a adquirir alimentos, entre otras cuestiones. Una cantidad que los socialistas definen como “irrisoria”, pues “apenas permitirá llegar a los problemas de una cantidad muy reducida de ciudadanos”. Esto, prosiguen, “en el supuesto caso de que se llegue a poner en marcha, ya que ese dinero no lo recibían las formaciones políticas con representación en el Pleno, al menos, la de la oposición”.

El alcalde, el andalucista Francisco Javier Cuaresma, después de que el PSOE manifestara que era insuficiente la rebaja y que apoyaría que ésta ascendiera a los 200 euros íntegros para así dar cobertura a un mayor número de campilleros, no atendió tampoco una segunda propuesta del grupo socialista. El viceportavoz, Pablo Pineda, le instaba a que se bajara su sueldo en torno a un 30 por ciento para percibir una nómina de 1.400 euros netos más dos pagas extraordinarias, “el salario de un Grupo A, de un licenciado universitario”, apostillaba el número 2 del puño y la rosa, que alegaba que ese “ejercicio de generosidad” permitiría al Ayuntamiento sumar a ese fondo de 1.800 euros alrededor de 14.000 euros más. En total, 15.800 euros para, por ejemplo, contratar durante un mes a 15 desempleados (la liberación del regidor andalucista, de 33.936 euros brutos al año, al incluir los 12.500 euros aproximados de gastos anuales de Seguridad Social, supondrá, en cuatro años, un esfuerzo de alrededor de 186.000 euros a las cuentas municipales).

El antecedente del Plan Social de Empleo y Vivienda

Ya antes, a principios del presente mandato, PA y PP habían rechazado el Plan Social de Empleo y Vivienda con el que el grupo socialista, entre otras medidas, propugnaba la oferta de contratos eventuales de trabajo para aquellas familias con todos sus miembros en paro que hubieran agotado las prestaciones por desempleo o la conmutación del pago de tasas, impuestos o multas por servicios a la comunidad. Todo ello, unido a la constitución de una figura similar a una Empresa Municipal de la Vivienda que, con esa mano de obra local, promoviera la progresiva construcción de VPO sobre la base de los datos del Registro de Demandantes ya creado en la legislatura anterior, así como la elaboración de un Inventario de Viviendas Vacías para, desde la colaboración público-privada, fomentar el alquiler, en especial, entre la población joven. El equipo de Gobierno, entonces, como denuncian desde la Casa del Pueblo, “no quiso” sentarse con la oposición para estudiarlo juntos.

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