El Ayuntamiento inicia los trámites para la expropiación de ‘Los Cipreses’

La liquidación de la extinta MRT, que había cedido su uso al Consistorio, dejó el parque en manos de Construcciones Zeitung, a la espera de la enajenación definitiva por parte de la Seguridad Social

EL CAMPILLO. El Ayuntamiento de El Campillo, una vez aprobado por unanimidad en el último pleno, ha abierto un expediente de expropiación forzosa del Parque Municipal ‘Los Cipreses’, una parcela de 75.180 metros cuadrados calificada como Zona Verde de Especial Protección que, desde la liquidación de la extinta Minas de Río Tinto (MRT) SAL, se hallaba en manos de la sociedad Construcciones Zeitung SL. Ésta la había adquirido, aunque no libre de las cargas de la Seguridad Social, junto a otro paquete de fincas de la localidad, en una licitación anterior lanzada por la caja de ahorros El Monte (actual Cajasol, tras la fusión con Caja San Fernando) para ofertar los bienes que, como acreedor, se había apropiado como forma de cobro de las deudas contraídas por la empresa minera. Su uso público, no obstante, estaba garantizado, como consecuencia de la cesión “vitalicia”, tanto del suelo como del vuelo, concedida al Consistorio por parte de MRT y sus antecesoras, sin olvidar la propiedad municipal de las distintas edificaciones y actuaciones medioambientales realizadas sobre la superficie.

La iniciativa emerge como una alternativa para soslayar el riesgo que suponía acudir a la subasta prevista por la Tesorería General de la Seguridad Social, que, en el marco del proceso de enajenación de los bienes de la antigua MRT, ya había emitido una notificación de embargo sobre el parque. El concurso, donde se habría abierto la puja con un precio de salida de alrededor de 100.000 euros, dejaría en el aire la posible compra del “pulmón verde” de El Campillo por parte de manos privadas con un poder adquisitivo superior al de las arcas municipales. Sin embargo, en el polo opuesto, la hipotética ausencia de competidores del Ayuntamiento habría permitido que ‘Los Cipreses’ pasaran a dominio público por unos 60.000 euros, el 60 por ciento del valor de su tasación.

Desde el equipo de Gobierno han optado, en cambio, como expone la alcaldesa, la socialista Encarnación Palazuelo, por la “prudencia” y la “seguridad”, con el objetivo de evitar que el futuro público del parque quede “hipotecado” por la llegada de inversores con fines especulativos. Aunque también entonces, debido a la condición de ‘Los Cipreses’, según queda estipulado por las ordenanzas de las normas subsidiarias vigentes en el municipio, como “parque urbano destinado a zona verde con dotaciones dirigidas al ocio, el reposo y la mejora de la calidad y salubridad ambiental incluido en la zona 5 de especial protección”, sería factible el inicio de los trámites de expropiación forzosa. El problema radicaría en que, bajo estas circunstancias, el proceso sería “más complejo y dificultoso”, en la medida en que se carecería de la ventaja que supone el actual clima de “buenas relaciones” existentes con la Seguridad Social, que “con total seguridad”, no se daría en el caso de un propietario privado.

En este sentido, Palazuelo garantizó que los contactos mantenidos con la Tesorería General de la Seguridad Social han derivado en un compromiso de esta institución estatal de no reclamar, en la fase de la determinación del justiprecio, una cantidad muy superior a los 60.000 euros con los que un licitador podría adjudicarse la finca en una subasta pública si fuera el único postor. La regidora entiende que con un coste cercano a esa cifra ambas partes saldrían beneficiadas, puesto que la Seguridad Social no dejaría de recaudar, ante la necesidad de ver sufragadas las obligaciones generadas por el impago de la mina, y las arcas municipales no se verían muy perjudicadas. Esto, unido a la promesa de la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, Petronila Guerrero, hecha pública durante su visita oficial a El Campillo, de participar en la financiación de la adquisición, hacía “innecesario”, a juicio de Palazuelo, asumir el riesgo de un concurso público.