El valor social de la izquierda

Un repaso a los últimos cuatro años, al periodo legislativo abierto tras las elecciones generales y autonómicas del 14 de marzo de 2004, basta para palpar las notorias diferencias que separan a la izquierda de la derecha, a la ideología socialista de la ‘popular’ o ‘populista’. El servicio al conjunto de la ciudadanía, a las clases obreras, a los colectivos más desfavorecidos, emerge con claridad como la razón de ser, como la piedra angular en torno a la que giran las iniciativas de la izquierda proletaria, la que se sienta junto al pueblo y sus problemas. Frente a ello, la satisfacción de intereses particulares ante cualquier incipiente expectativa de bienestar social global, la reacción arcaica ante toda solidaria tentativa de reducción de la brecha que separa a ricos y pobres en busca de la igualdad, la justicia y la plena libertad, de eliminación de las clases sociales, es lo que define a una derecha que, al igual que en tiempos pasados ya olvidados, sólo persigue mantener maniatadas a las masas. Y todo con el único fin de conservar sus privilegios ante la palabra más temida por ellos: Progreso.

La consensuada reforma laboral emprendida por el Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, dirigida a incentivar la contratación indefinida y, en consecuencia, a la minimización de la precariedad, de la temporalidad que tanta incertidumbre siembra sobre los trabajadores, contrasta con aquel angosto ‘decretazo’ que durante el último Gobierno del PP sacó a cientos de miles de obreros a las calles de todo el país para rebelarse contra una medida que los desterraba al desamparo más angustioso. La reducción de derechos en favor de los intereses de la patronal, a la que, en realidad, representa el partido que encabezan hoy Mariano Rajoy, en Madrid, y Javier Arenas, en Andalucía, era la meta última y única de una medida ejecutada en 2002 por mediación de un Real Decreto-Ley  para evitar el debate en el foro donde se debe dirimir el futuro del país, el Parlamento. El propio Tribunal Constitucional sentenció la inconstitucionalidad de una iniciativa que chocó con una huelga general.

Pero no es ésa la única huella del rancio conservadurismo que define a un PP que, incluso, cierra las puertas a sus líderes más liberales (caso del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no incluido en la lista de los populares al Congreso de los Diputados en una controversia en la que impuso su intolerancia el ala más extrema de la derecha española, la misma en la que se sitúa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre). Su inicial falta de predisposición a la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia, uno de los más ambiciosos proyectos puestos en marcha en los últimos tiempos, en la medida en que amplía hasta límites sin precedentes el catálogo de derechos sociales conseguido tras siglos de lucha, apunta sobre el tapete de la política nacional la indiferencia del PP con respecto a las necesidades de los más débiles. Sólo el fuerte, el poderoso, importa a una derecha defensora del más atroz capitalismo, de una economía de mercado basada en la competitividad, nunca en la solidaridad y la humanidad, que, incluso, se doblegó a los propósitos imperialistas estadounidenses en su, tal y como lo dictaminó la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), ilegal invasión de Iraq.

La oposición a la plena igualdad entre hombres y mujeres, el rechazo a la unión de derecho entre personas de un mismo sexo, la utilización desesperada del terrorismo y sus víctimas como arma electoralista y arrojadiza contra el Gobierno socialista, la crispación frente a la construcción, son otras de las muchas manifestaciones de un PP contrario a todo lo que suponga un cambio del estado actual de las cosas. El retorno a lo antiguo es su ideal, su utopía. La restauración del reaccionario poder político de la Iglesia, de la posibilidad de influencia, de injerencia de la misma en la edificación del devenir de un Estado laico, plural, multicultural, subyace, en este sentido, como una de sus metas implícitas. Un punto en el que no se puede obviar el, tan anhelado por el PP, cierre de fronteras, algo demostrado de un modo fehaciente por aquella ya suprimida e inconstitucional Ley de Extranjería aprobada por el Gobierno de José María Aznar que limitaba la libertad de los inmigrantes hasta el punto de negarles, incluso, derechos fundamentales como los de reunión y asociación.

El riesgo que conlleva el regreso al poder de la derecha, la que representa el PP, la única formación que parte con alguna opción real de gobierno frente al PSOE de cara a la inminente cita con las urnas del 9 de marzo, hace necesaria la participación masiva del electorado de izquierdas, así como la concentración de su voto útil en torno a los proyectos de José Luis Rodríguez Zapatero, a nivel nacional, y Manuel Chaves, en la esfera regional. Sólo así será viable una mayoría suficiente para que la izquierda pueda profundizar, durante la próxima legislatura, en unas mejoras sociales que permitan extender aún más los principios de libertad, igualdad y solidaridad.