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Pablo Pineda

El Ayuntamiento de Riotinto acuerda con Endesa la recuperación de la capilla de Bella Vista

El Ayuntamiento de Riotinto acuerda con Endesa la recuperación de la capilla de Bella Vista

La compañía eléctrica cede el uso del templo al Consistorio, que cuenta con una subvención de 51.000 euros del ADR para la restauración de la fachada

MINAS DE RIOTINTO. El principal obstáculo que frenaba la recuperación de la capilla presbiteriana del barrio inglés de Bella Vista ha sido esquivado tras un proceso de más de dos años de negociaciones. La compañía eléctrica Sevillana-Endesa, a través de la firma de un convenio de colaboración, ha cedido al Ayuntamiento de Minas de Riotinto el uso de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La vigencia del acuerdo ha quedado fijada en un periodo de siete años, aunque se reserva al Consistorio la posibilidad de ejercer una opción de compra.

La principal consecuencia de la rúbrica será la rehabilitación del que emerge como uno de los elementos más emblemáticos del legado dejado en la Cuenca por la británica The Río Tinto Company Limited y su posterior aprovechamiento sociocultural. De hecho, para la ejecución de las obras, el Ayuntamiento dispone ya de una subvención de unos 51.000 euros concedida por la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de la comarca minera. Una partida que tendrá como destino la restauración de la fachada exterior del templo. El resto del proyecto (reforma del espacio interior y ajardinamiento) será sufragado por el departamento de Cultura de la Administración autonómica.

La acción llega para solventar el avanzado estado de deterioro causado en la capilla por el abandono al que se ha visto sometida por parte de Sevillana Endesa desde que se la apropiara como forma de cobro de las deudas contraídas por la extinta empresa minera MRT SAL. Una situación que, dentro aún de Bella Vista, se repite en el caso de la Casa Consejo, otro Bien de Interés Cultural que también fue embargado por la compañía eléctrica, y el cementerio protestante, que pasó a depender de la Comisión Liquidadora en el momento de la quiebra de la mina. Estas circunstancias han sido consideradas por los agentes sociales de la zona desde hace años como un claro freno al potencial turístico de la Cuenca en su búsqueda de alternativas al monocultivo del cobre.

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