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Pablo Pineda

Cuenca Minera

La Junta aprueba una inversión de 18 millones para la depuradora de Nerva-Riotinto

Las obras, financiadas con cargo al Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas, tienen un plazo de ejecución de 33 meses y generarán 266 empleos

CUENCA MINERA. El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 18,05 millones de euros para la licitación del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales urbanas (EDAR) y el sistema de agrupación de vertidos de Nerva-Riotinto, unas instalaciones que darán servicio a los 16.000 habitantes de los municipios de El Campillo, Nerva y Minas de Riotinto, así como de las pedanías de Las Delgadas y Monte Sorromero (Zalamea la Real). Las obras, financiadas con cargo al Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas y declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma, tienen un plazo de ejecución inicial de 33 meses y generarán 266 empleos, de los que 254 corresponden a la fase de obra y 11 a la de mantenimiento.

La EDAR de Nerva-Riotinto contará, según informan desde la Junta de Andalucía, con avanzadas tecnologías de aireación prolongada, sistema biológico de depuración basado en cultivos de bacterias que consumen la materia orgánica. Sus instalaciones estarán diseñadas para limpiar las aguas residuales de una población máxima de 17.313 habitantes, con una capacidad de tratamiento de 4.722 metros cúbicos diarios y los correspondientes fangos. Además de la estación, que se construirá en el antiguo paraje minero de Zarandas (Nerva), los trabajos incluyen el despliegue de 21,5 kilómetros de colectores que transportarán las aguas residuales desde los distintos puntos de vertido. Esta inversión se suma a otro proyecto ya en ejecución en la Cuenca Minera como el de la EDAR y el sistema de concentración de vertidos de Berrocal (2,58 millones).

Mil personas firman contra la Zona ORA de Riotinto en menos de 10 días

La entrada en vigor de la Ordenación y Regulación del Aparcamiento reactiva la oposición social a la medida

CUENCA MINERA. La entrada en vigor de la Zona ORA en las calles aledañas al Hospital Comarcal de Minas de Riotinto, que es una realidad desde el pasado 17 de octubre, ha reactivado la fuerte oposición social que esta medida del Ayuntamiento de la localidad generó en el conjunto de la Cuenca Minera, la Sierra y el Andévalo. Además de la concentración de protesta secundada este martes 25 de octubre por cerca de 200 trabajadores del centro hospitalario, de la que ya se hizo eco el diariodehuelva.es, la nueva Ordenación y Regulación del Aparcamiento ha provocado que hasta mil personas estampen su firma contra esta medida en menos de diez días.

Ése es el balance que deja por el momento la campaña emprendida a través de change.org, donde el “colectivo de damnificados”, formado por los propios empleados del hospital y cualquier ciudadano que tenga que acudir al centro sanitario a visitar a un familiar o amigo, solicitan a la alcaldesa de la localidad, Rosa Caballero, que reconsidere la medida y retire la aplicación de la Zona ORA.

Mediante esta campaña, los promotores advierten de que, dado que el hospital es “muy precario” en plazas de aparcamiento dentro de sus instalaciones, tanto familiares de pacientes ingresados como personas que acuden a Consultas Externas o a Urgencias, además del personal que trabaja en dicho centro hospitalario, se ven obligados en su mayoría a aparcar en los alrededores del hospital, casi en su totalidad catalogados como Zona Verde en la nueva Ordenación y Regulación del Aparcamiento, con un coste de 4 euros por 7 horas de estacionamiento, que es el tiempo máximo permitido, lo que supone, tanto para el personal sanitario como para familiares de pacientes con varios días de estancia en planta, un desembolso de unos 20 euros semanales.

“No parece que permitir una estancia en una misma plaza de aparcamiento durante 7 horas (previo pago del importe correspondiente), más las horas que transcurren desde las 15 horas hasta las 8 del día siguiente (en este caso gratuitas), si se tiene un familiar ingresado o se trabaja un turno de 24 horas continuadas, vaya en la linea de conseguir una verdadera regulación de aparcamiento que favorezca la rotación de los vehículos en las plazas de aparcamiento, sino que más bien parece que tenga un mero afán recaudatorio”, denuncian, al tiempo que indican que lo “razonable” es “aplicarla, como ocurre en la mayoría de localidades, en las zonas del centro, donde agilizar el aparcamiento dinamiza el poder realizar gestiones y el acceso a los comercios”, añaden.

En vigor desde el 17 de octubre

La nueva Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública entró en vigor el lunes 17 de octubre, aunque el Ayuntamiento de la localidad estableció una exención de pago durante los primeros 15 días, por lo que no será hasta el próximo 1 de noviembre cuando los usuarios tengan que pagar por aparcar en las zonas afectadas.

Así lo anunció el propio Consistorio riotinteño en un comunicado en el que, además, confirmó el elemento más polémico de esta Zona ORA: los aparcamientos son gratuitos “para quienes estén empadronados en Minas de Riotinto y paguen el impuesto de vehículos en este municipio”, una medida que la plataforma que se creó contra la implantación de la Zona ORA consideró inconstitucional, pues discrimina a los usuarios del hospital en función del municipio al que pertenecen, lo que a su vez, a su juicio, puede incumplir el artículo 14 de la Constitución, que establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La vigencia de la Zona ORA se inicia después de que el Ayuntamiento de Minas de Riotinto aprobara en Pleno, el pasado 9 de septiembre, el contrato de la Gestión del Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública, una medida que salió adelante con el voto a favor del equipo de gobierno del PP pese al rechazo que esta iniciativa ha provocado en el conjunto de las organizaciones sociales y políticas de la comarca, incluido el PP de algunos municipios. Su implantación cuenta también con la oposición del Defensor del Pueblo Andaluz.



Un concejal del PSOE de Zalamea dimite por la abstención en la investidura de Rajoy

Un concejal del PSOE de Zalamea dimite por la abstención en la investidura de Rajoy

Carmelo Conde anuncia que deja sus cargos institucionales y orgánicos en el partido por “diferencias con la decisión tomada por el Comité Federal”

CUENCA MINERA. La decisión del PSOE de facilitar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ya ha tenido consecuencias drásticas en el seno de las instituciones onubenses y de la familia socialista de Huelva. Un concejal del PSOE de Zalamea la Real, Carmelo Conde, ha anunciado su dimisión como concejal y su renuncia a los cargos orgánicos que posee en el partido por discrepancias con la decisión adoptada este sábado por el Comité Federal.

Conde dio a conocer su próxima dimisión este mismo domingo a través de las redes sociales. “Quiero hacer público que sobre las 15.10 de este día de hoy comuniqué al secretario general del PSOE local de Zalamea y a la vez portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Zalamea la Real mi dimisión de los cargos que puedo poseer tanto a nivel orgánico como a nivel institucional como miembro del Partido Socialista Obrero Español”, anuncia el todavía edil socialista, tras lo que deja claro que su renuncia “se debe únicamente a diferencias con la decisión tomada por el comité del partido” de abstenerse en la próxima investidura como presidente de Mariano Rajoy.

El concejal dimisionario, que presentará su renuncia en las oficinas del Ayuntamiento “en breves días”, aclara a continuación que su decisión “nada se debe a que haya confrontación alguna a nivel local” y que “por lo tanto apoyo al grupo municipal socialista en su apuesta por tener la Zalamea que todos nos merecemos”. Por último, Carmelo Conde anima a sus compañeros a seguir “adelante” en esa tarea, al tiempo que asegura que “yo seguiré haciendo socialismo siempre a nivel personal”.

Víctor Pineda / Diario de Huelva

Y la Zona ORA se hizo realidad en el entorno del Hospital de Riotinto

Y la Zona ORA se hizo realidad en el entorno del Hospital de Riotinto

El Ayuntamiento establece una exención del pago hasta el 1 de noviembre y confirma que el aparcamiento será gratis para los empadronados en la localidad

CUENCA MINERA. Y la Zona ORA en las calles aledañas al Hospital Comarcal de Minas de Riotinto se hizo realidad. La nueva Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública entraba en vigor el pasado lunes 17 de octubre, aunque el Ayuntamiento de la localidad ha establecido una exención de pago durante los primeros 15 días, por lo que no será hasta el próximo 1 de noviembre cuando los usuarios tengan que pagar por aparcar en las zonas afectadas.

Así lo ha anunciado el propio Consistorio riotinteño en un comunicado en el que, además, confirma uno de los elementos que ha provocado mayor rechazo en el conjunto de los agentes sociales, económicos y políticos de la Cuenca Minera, la Sierra y el Andévalo, comarcas que tienen al Hospital de Riotinto como centro hospitalario de referencia. El Ayuntamiento ha indicado, en efecto, que los aparcamientos serán gratuitos “para quienes estén empadronados en Minas de Riotinto y paguen el impuesto de vehículos en este municipio”, una medida que la plataforma que se creó contra la implantación de la Zona ORA consideró inconstitucional, pues discrimina a los usuarios del hospital en función del municipio al que pertenecen.

En el mismo comunicado, desde el Consistorio explican que habrá tres zonas gratuitas para todos los usuarios, ubicadas frente a la cafetería Época, frente a la clínica Clavijo y en la calle Pozo Alonso. Asimismo, indican que el Ayuntamiento se encargará de gestionar gratuitamente el certificado de bonificación para los empadronados en el municipio que paguen el impuesto del vehículo en la localidad. El horario de pago será de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas y el coste será de 1,5 euros al día y de seis euros a la semana.

La entrada en vigor de la Zona ORA se produce después de que el Ayuntamiento de Minas de Riotinto aprobase en Pleno, el pasado 9 de septiembre, el contrato de la Gestión del Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública, una medida que salió adelante con el voto a favor del equipo de gobierno del PP pese al rechazo que esta iniciativa ha provocado en el conjunto de las organizaciones sociales y políticas de la comarca, incluido el PP de algunos municipios. La implantación de la Zona ORA cuenta también con la oposición del Defensor del Pueblo Andaluz y su legalidad fue puesta en cuestión por la Fiscalía, que admitió a trámite una denuncia contra esta medida.

La Junta abre otro expediente sancionador a Atalaya Mining por elevadas emisiones de polvo

La densa polvareda que la Consejería de Medio Ambiente detecta en las instalaciones afecta al transporte interno y a la población colindante · Puede acarrear una multa de 240.000 euros

CUENCA MINERA. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado de oficio un procedimiento sancionador a Atalaya Mining (antes Emed Tartessus) por la “continua” producción y emisión de polvo en el interior de las instalaciones de la mina, que ha llegado incluso a afectar a la población. Desde la Junta de Andalucía se valora que los hechos pueden ser constitutivos de una posible infracción que califican de grave en materia de gestión de la calidad ambiental, lo que puede acarrear una sanción cuyo importe oscila entre los 24.051 y los 240.000 euros.

En la resolución, la Administración autonómica detalla que la posible infracción se constata al comprobar la emisión “difusa y densa” de una capa de polvo hacia el exterior de las instalaciones mineras el pasado 7 de julio. Eso provoca que la polvareda, además de afectar a la población, llegue a incidir en la seguridad de los camiones que circulaban por el interior del recinto, debido a la “escasa visibilidad” que se generó en la zona de actuación.

En el procedimiento sancionador se apunta también al incumplimiento del condicionado de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), después de comprobar que “no se implementan las medidas suficientes” para evitar o prevenir las emisiones difusas de polvo derivadas de la actividad en las instalaciones. La empresa, a la que se le comunicó el inicio de la instrucción el pasado viernes 23 de septiembre, cuenta con un plazo de quince días después de recibirla para aportar la documentación, informes y alegaciones que estime oportunos y, en su caso, proponga, incluso, más pruebas.

Dos expedientes en una semana

El proceso que se abre a la filial de Emed Mining llega sólo ocho días después de que la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo le abriera un expediente sancionador por cuatro “graves” incumplimientos en materia de seguridad en la mina de Riotinto. Por ello, la Junta requiere a la compañía que adopte “las medidas de prevención necesarias para evitar la generación y puesta en suspensión del polvo depositado en la explotación”, en concreto, en las operaciones de carga y vertido de estériles a la escombrera sur, donde considera que, además, existe peligro de caída y vuelco en las operaciones de vertido al no haber barrera alguna.

La tercera infracción de ese expediente se refiere al incumplimiento del plan de vertido en la construcción de esta escombrera, al construirse un segundo banco sin finalizar el inferior, mientras que la cuarta señala que los taludes adoptados no se han justificado en los necesarios estudios geotécnicos de estabilidad. Estas vulneraciones, a juicio de la Administración autonómica, suponen un riesgo para las personas y el medio ambiente y pueden sancionarse con multas de hasta 300.000 euros.

El expediente se abrió tras una inspección que se llevó a cabo el día 1 de septiembre, en la que se comprobó que en las operaciones de carga y vertido de estériles a la escombrera sur de la mina se genera y pone en suspensión gran cantidad de polvo “sin que se adopte ningún tipo de medida preventiva como el riego de materiales o plataformas de descarga” para minimizar dicho riesgo.

Ana Vives Casas / Huelva Información

La AMHPH aspira a la digitalización de archivos municipales para impulsar la verdad

La asociación ofrece su colaboración a los ayuntamientos de la provincia para facilitar la investigación, organizar actividades y cumplir la Ley de Memoria

CUENCA MINERA. La Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva (AMHPH) aspira a la digitalización de los documentos de los archivos municipales para impulsar la investigación sobre la Segunda República, la Guerra Civil y la posterior represión de la dictadura y dar así un “paso decisivo” hacia la verdad y la justicia mediante la dignificación y la reparación moral de las víctimas del genocidio franquista, tanto los asesinados como sus viudos y sus huérfanos. Con este fin, la entidad, constituida en noviembre de 2014, ha remitido una carta a los ayuntamientos de toda la geografía onubense para ofrecer “su máxima colaboración” con la mirada puesta en la firma de convenios específicos que amplíen el recorrido ya iniciado en su día por la Diputación Provincial de Huelva, “pionera y referente” en esta materia con la catalogación de 3.092 procedimientos que se conservaban en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla y que comprenden a 6.254 procesados y 247.415 legajos ahora de fácil acceso gracias a las nuevas tecnologías.

El presidente de la AMHPH, el también exalcalde de El Campillo Fernando Pineda Luna, ha aprovechado la misiva, además, para recabar las actividades relacionadas con la difusión de los hechos acaecidos a raíz del golpe militar del 18 de julio de 1936 en las que puedan estar interesados los distintos consistorios de la provincia ante la proximidad de la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Esta cooperación, de hecho, como recuerda el escrito, se hace “indispensable” para acceder a estas ayudas, en la medida en que se tramitarán directamente a través de las asociaciones memorialistas, sin olvidar, añade, el complemento económico de un inminente nuevo acuerdo con la Diputación Provincial de Huelva para la realización de jornadas, conferencias, mesas redondas, testimonios de vida, exposiciones...

Verdad, justicia y reparación

La AMHPH también ha tendido la mano a los consistorios de Huelva para asesorarlos de cara a la aplicación de la normativa legal sobre Memoria Histórica en cuanto a la supresión de denominaciones filofascistas de plazas, calles y edificios públicos, de nombramientos de hijos adoptivos o predilectos y de otros reconocimientos personales o colectivos similares que aparezcan en las actas municipales. Una acción “imprescindible e inaplazable” que la organización desarrollará en paralelo a la elaboración, sobre la base del contacto fluido con los municipios, de la relación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de un mapa onubense por el que se expanden hasta 120 fosas comunes en las que yacen “bastantes más” de 6.000 represaliados. La exhumación es, en este punto, otra de las prioridades, por lo que la asociación planteará a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía aquellas iniciativas que los ayuntamientos le trasladen como “más urgentes”.

Alcaldes de la Cuenca se rebelan contra el “escaso” empleo local de la mina de Riotinto

Denuncian que la repercusión laboral en sus pueblos es muy pobre

CUENCA MINERA. Alcaldes de la Cuenca Minera han mostrado su malestar e indignación por el “escaso” empleo que la mina de Riotinto genera en sus municipios. Consideran que la repercusión laboral de la actividad en sus pueblos es muy pobre y que la contratación de personal de fuera de la comarca es excesiva. Según los datos aproximados que ha podido recopilar el diariodehuelva.es, el número de empleados de la comarca, formada por los municipios de Nerva, Minas de Riotinto, Zalamea la Real, El Campillo, Campofrío, Berrocal y La Granada de Riotinto, no supera el 40 por ciento de la plantilla total, pues no llega a 200 de los poco más de 500 trabajadores que trabajan en el yacimiento de cobre, entre contratados directamente por Atalaya Mining (antigua Emed Tartessus) o por empresas subcontratadas.

El alcalde de Zalamea la Real, Marcos Toti (IU), tiene claro que “no estamos satisfechos” por el empleo que se está generando ni en el conjunto de la comarca ni en su pueblo, de donde son entre 20 y 25 trabajadores de la mina. “No se da opción a las empresas de la zona”, asegura, al tiempo que critica que Atalaya no facilita la contratación de empresas locales porque “no hace un esfuerzo” en separar las actuaciones para las que necesita subcontratar algunos trabajos o servicios, de ahí que muchas empresas locales no cumplan los requisitos para trabajar en la mina, explica. El propio Toti no cree que más del 40 por ciento de los trabajadores de la empresa sean de la comarca. “Aunque desde Atalaya Mining nos dicen que el 80 por ciento son del entorno, ellos por el entorno entienden, yo diría, que la provincia de Huelva entera”, añade.

En la misma línea se ha mostrado la alcaldesa de El Campillo, Susana Rivas (PSOE), la regidora de un municipio que no cuenta con más de 20 personas trabajando en la mina. “Para nada estamos satisfechos y en ningún momento se han cumplido las expectativas”, asegura. De hecho, “mañana cierra la mina y en nuestro pueblo ni lo notamos”, añade. La regidora socialista no considera convincentes las razones que le da la empresa. “Al principio nos dijeron que no había trabajadores con la titulación exigida”, asegura, por lo que “desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento hicimos una evaluación de los puestos de trabajo para ver si eso era cierto”. Una vez realizada, añade, las conclusiones de ese análisis son que “había más de 60 personas con titulación, algunos incluso superior, que están cansados de solicitar a la empresa la posibilidad de acceder a las ofertas de empleo”.

“La actividad minera no se está notando ni laboral ni económicamente en nuestro municipio”, lamenta. Aunque es consciente de que “la recuperación de la actividad minera no iba a solucionar al 100 por 100 los graves problemas de desempleo existentes en la comarca”, la alcaldesa de El Campillo tiene claro que “ni siquiera se ha notado. Es más, tampoco se está consiguiendo el objetivo de fijar la población en el territorio, pues cada vez hay menos habitantes en nuestros municipios”, indica. Por último, Susana Rivas defiende que la empresa “debería tener en cuenta que la reactivación minera supone una nueva degradación para nuestro entorno que puede poner en peligro otras actividades, como, por ejemplo, la patrimonial, que puede ser una de las alternativas de diversificación económica en nuestro territorio, así que como mínimo deberían cumplir con los compromisos adquiridos”, concluye.

Igual de negativa es la valoración que realiza la alcaldesa de Campofrío, Mercedes López (PSOE), quien no cree que en su pueblo haya más de 10 personas trabajando en la mina, y casi todas por una subcontrata de la localidad. “La empresa no está haciendo nada por Campofrío”, apostilla. “Las reuniones que tenemos en la empresa son patéticas. El director se limita a enseñarnos las instalaciones y a decirnos que es normal que la gente no esté satisfecha porque la mina no iba a ser la solución a todos los problemas de paro, pero hay muchos trabajadores de Sevilla y de Badajoz”, lamenta López. La alcaldesa de Campofrío aboga por una mayor contratación de personas de la Cuenca Minera y por la unión de todos los alcaldes de la comarca para que cada municipio tenga el mismo porcentaje de trabajadores en la mina. eder a las ofertas de empleo”.

Por su parte, el alcalde de Berrocal, Juan Jesús Bermejo, lamenta igualmente que “de aquí no se está contratando a nadie”. De hecho, cree que sólo cuatro personas de su pueblo trabajan en la mina, dos contratados directamente por la compañía minera y otros dos por una subcontrata, al tiempo que critica que ninguna empresa subcontratada es de su pueblo. Sobre esta base, Bermejo tiene claro que la incidencia de la mina en su municipio es “muy escasa” y que las expectativas que había con el renacimiento de la mina “no están cubiertas”. El regidor berrocaleño asegura que los alcaldes han pedido en numerosas ocasiones que se tengan en cuenta a las empresas de la zona, pero “nos dicen que no hay empresas preparadas en la comarca”, concluye.

Víctor Pineda / Diario de Huelva

La Junta levanta la suspensión de los vertidos de lodos en la mina de Riotinto

La Junta levanta la suspensión de los vertidos de lodos en la mina de Riotinto

El Gobierno andaluz encargó un estudio a la Escuela de Ingenieros de Minas de la Politécnica de Madrid que constata las medidas correctoras y la seguridad de las presas del yacimiento

CUENCA MINERA. La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha decretado el levantamiento de la suspensión provisional que mantenía paralizados los trabajos de vertido en las presas del complejo minero de Riotinto por parte de la empresa Atalaya Mining, decisión que se comunicó el martes 3 de mayo a la empresa. Esta decisión, adoptada de acuerdo con los plazos y requisitos establecidos en la Ley de Minas, se alcanza tras obtenerse las conclusiones de un análisis encargado por la Administración autonómica a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid con el propósito de constatar si, en consonancia con lo previsto en la legislación minera, procede elevar la suspensión de provisional a permanente o, por el contrario, levantarla.

En este sentido, como ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, los autores del informe recogen en sus conclusiones dos aspectos que han resultado fundamentales a la hora de adoptar el levantamiento: por una parte, que la empresa ha ejecutado las medidas correctoras inicialmente impuestas con el propósito de reforzar los parámetros de seguridad laboral y medioambiental; y, por otra, que del análisis de la información consultada, de las pruebas realizadas y de lo observado durante la visita, se puede concluir que la modificación efectuada en la concentración de sólidos en la descarga de los estériles de planta no modifica el factor de seguridad de las presas.

Por tanto, y como resultado de la inspección realizada, la Junta de Andalucía ha decidido optar por el levantamiento de la suspensión provisional decretada el pasado día 14 de abril. Sin embargo, apunta la Administración autonómica, esta medida no exime a la empresa de la sanción administrativa correspondiente tras haber vulnerado los artículos 71 de la Ley de Minas y 93 del Reglamento que la desarrolla, que recogen la obligatoriedad de abordar los trabajos de acuerdo a los proyectos y planes de labores aprobados. Ahora, a la luz de las conclusiones que arroja el estudio técnico, empresa y Administración deberán trazar un plan de acción que mantenga los estándares más altos de seguridad laboral y medioambiental.

La detención de los vertidos

La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, como autoridad minera competente, determinaba la paralización temporal de vertidos el pasado mes de abril tras constatar que no se respetaban los porcentajes de solidificación de residuos contemplados en el proyecto de explotación, y que en su momento fueron propuestos por la propia empresa. Como señalaban desde la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo estipulado en el documento, la forma de operar el depósito sería con la sistemática de lodos espesados al 50 por ciento, reduciéndose significativamente la cantidad de agua presente en el mismo y, por tanto, alcanzándose una mayor consistencia y estabilidad de toda la masa de estériles. Por ello, debían acometerse unas inversiones concretas en la maquinaria adecuada para ejecutar, de ese modo, el procedimiento que hace posible esa transformación.

En cambio, en el transcurso de una inspección rutinaria previa a la aprobación del Plan de Labores correspondiente a este curso (los planes de labores se han de aprobar anualmente), la Delegación Territorial pudo certificar que las inversiones previstas en maquinaria no se habían llevado a efecto y que los vertidos a la presa de residuos tenían un grado de solidificación algo superior al 33 por ciento, por consiguiente, inferior al autorizado. Ante este incumplimiento, la Administración autonómica frenaba los trabajos correspondientes a depósitos en presas de residuos y dejaba en suspenso el plazo para resolver y notificar el procedimiento de aprobación del Plan de Labores para el ejercicio 2016.

La Junta de Andalucía, ante ello, remitía un requerimiento a Atalaya Mining en el que le instaba a cumplir inmediatamente lo previsto en la documentación presentada ante para lograr la aprobación del proyecto y lograr de este modo que todo volviera cuanto antes a la normalidad. Se trataba, como matizaban, de una medida temporal que perdería su vigencia, como ha ocurrido ahora, en el momento en el que la empresa ejecutara las acciones comprometidas. No se perdían, de ningún modo, derechos adquiridos ni cesaba la vigencia de las autorizaciones concedidas. Por el carácter claramente reversible de la decisión, de hecho, la Administración autonómica confiaba en una pronta resolución de la situación.