Los hijos de las víctimas del incendio de Riotinto acusan a la Junta de no evacuar a sus padres

La familia del matrimonio fallecido denuncia la falta de medios y una “desatención negligente” · Piden la declaración de la ex consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves

CUENCA MINERA. La representación jurídica de los hijos del matrimonio fallecido en el catastrófico incendio de Riotinto, registrado el 27 de julio de 2004 y que arrasó 35.291 hectáreas de masa forestal de las provincias de Huelva y Sevilla, ha solicitado la declaración de la ex consejera de Medio Ambiente Fuensanta Coves, a la vez que cita la “responsabilidad subsidiaria” de la Junta de Andalucía en el caso. En el escrito de acusación provisional, donde se relatan los episodios acaecidos aquel funesto día, se piden 28 años de prisión para el presunto autor del fuego, Emilio Perdigón (la Fiscalía pide 26) y se apunta que “resulta evidente, por los lamentables resultados del siniestro, que no se articularon los medios adecuados, no sólo para minimizar la magnitud del mismo, sino para haber evitado la muerte de las dos personas”. Hasta el momento, el único acusado ha negado la autoría del incendio: “Me siento un cabeza de turco”, declaró a Huelva Información al conocer las primeras peticiones del Ministerio Público.

El documento indica que los fallecidos “no fueron avisados ni desalojados de su vivienda, aun teniendo conocimiento la Administración de su localización”. Recoge, además, que el atestado de la Guardia Civil “detalla el lamentable estado en el que se encontraba la zona de origen del incendio, en los aledaños del camino posterior de los chalets de la barriada riotinteña de Los Cantos”. De hecho, la inspección ocular manifestaba que todo el terreno del pinar se hallaba cubierto por una amplia acumulación de pastos y de restos vegetales de podas y cortas de césped de los adosados próximos. La defensa de las víctimas, por tanto, considera “acreditado” que la Junta de Andalucía “obvió las competencias que tiene delegadas por el Gobierno central en materia de prevención, extinción y lucha frente a los incendios forestales”.

Aunque dirige la mirada de un modo directo hacia Emilio Perdigón, a quien imputa un delito de incendio forestal, con peligro para la vida o integridad física de las personas, y otros dos de homicidio imprudente, la representación legal de la familia de las víctimas de las llamas añade que la Administración autonómica es “responsable civil subsidiario”. En primer término, según recoge el escrito, porque la tragedia “acontece en un marco geográfico sometido al control de la Junta”; y, por otro lado, porque sus dirigentes infringieron los reglamentos y disposiciones de la autoridad en relación con la comisión del hecho”. En la misma línea, establece que “si la Junta hubiese cumplido con las competencias que tiene atribuidas en la materia y hubiese observado y aplicado la normativa específica existente en relación a la prevención, extinción y lucha frente a los incendios forestales, éste no hubiese alcanzado las proporciones constatadas, ni hubiese derivado en el fallecimiento del matrimonio ni en los ingentes daños que figuran en la causa”.

Bajo estas premisas, la acusación particular, ejercida por los letrados Máximo Sabugal, Antonio Rubio e Inmaculada Morgado, considera que la Administración ha “desatendido negligentemente sus obligaciones en materia de prevención y extinción del incendio”. Un punto en el que agrega, como ejemplo, que “las convocatorias para la celebración de los concursos destinados a la adjudicación de los contratos de obra de cortafuegos en la provincia de Huelva no fueron publicados hasta después del incendio”. También hace especial hincapié en que “la convocatoria para la concesión de ayudas para prevención y lucha contra incendios forestales correspondientes al año 2003 no fue resuelta hasta junio de 2005”.

En resumen, el texto expone el “funcionamiento anormal del servicio público” o un “cumplimiento anormal de las funciones propias de la Junta de Andalucía”. Señala la ausencia de planes de ordenación de los recursos naturales en las zonas quemadas y la no adopción de las medidas propias para una zona calificada como de alto riesgo, así como la falta de una planificación tendente a la defensa frente a los incendios forestales y la carencia de planes locales de emergencia contra fuegos. De igual modo, se resalta la “convocatoria retardada” para la contratación de las labores de prevención y la ausencia de un Proyecto de Ordenación de Montes en los campos públicos quemados, que constituyen más de la mitad de la superficie total afectada. Todo, para concluir que “una vez iniciado el incendio, la Junta no actuó de forma adecuada para su extinción”.

* Huelva Información.