La Junta desbloquea la cesión de los derechos mineros de Río Tinto

Exige a Emed Tartessus garantías sociales “suficientes” para asumir en exclusiva las compensaciones ante posibles periodos inactivos

CUENCA MINERA. Se confirmaron las previsiones. Las anunciadas “buenas noticias” sobre la maraña jurídica-administrativa que envolvía el proceso de reapertura de la línea del cobre de Río Tinto son ya una realidad. El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha confirmado este lunes el desbloqueo de la cesión de los derechos de explotación de la mina, cuya representación ostenta la Comisión Liquidadora de la extinta MRT, SA.

Ávila ha realizado esta afirmación tras mantener una reunión, adelantada varios días en el marco del encierro de cuatro operarios en el túnel 14-calle de Pozo Alfredo, con el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real, Vicente Zarza, y el resto de regidores de la comarca. Un encuentro en el que ha participado la parlamentaria andaluza Susana Rivas Pineda, también candidata socialista a la Alcaldía de El Campillo.

El consejero ha subrayado el “interés manifiesto” de la Junta de Andalucía en el desarrollo de la minería metálica, constituida como un conjunto de “yacimientos tradicionales importantes que dejaron de explotarse por la caída de su rentabilidad y que ahora se replantea su reactivación”. Un punto en el que anota el aumento del precio del cobre y el descenso de los costes procurado por las mejoras tecnológicas.

Sin embargo, en esta misma línea, ha advertido que en Río Tinto el proceso para la regularización es “más complejo”, en la medida en que, como ha recordado, los derechos están en manos de la Comisión Liquidadora de MRT, SA, la cual “no ha facilitado esta situación”, mientras que Emed Tartessus, dueña de la mayoría de los terrenos, solicita su explotación.

Ávila ha explicado que la normativa minera demanda, en primer lugar, la acreditación legal del interesado que permite evaluar la solvencia técnica y económica de un proyecto minero viable. En este caso, Emed Tartessus, cuyo proyecto prevé unos 1.500 empleos, de los que 450 son directos, ha requerido “en numerosas ocasiones la conformidad de la citada Comisión Liquidadora como actual titular de los derechos, sin que ello fuera posible y mostrando ésta una obstaculización continuada en el proceso”.

El pasado 1 de febrero de 2011 la Junta instó a la Comisión a que se pronunciase sobre este asunto, “entendiendo que no había posibilidad de entendimiento entre las partes y que hay una responsabilidad de la Administración sobre el dominio minero”. Ante esta solicitud y tras el análisis de los escritos recibidos, la Junta concluye que se puede continuar con el procedimiento de transmisión de derechos”, sentencia Ávila, que asevera que la Comisión no ha respondido “en tiempo y forma”.

Tras este paso, los trámites de autorización continúan con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales, y el análisis económico del proyecto presentado, que, además, deberá analizarse por parte de diversos organismos especializados.

Los avales antes de iniciar los trabajos de reapertura

Del mismo modo, los avales de restauración y garantías sociales correspondientes deberán ser depositados de forma previa a la autorización del inicio de los trabajos de reapertura, cuyos trámites se llevarán a cabo de forma “ágil y rigurosa”, según las palabras del consejero de Economía, Innovación y Ciencia. “La puesta en marcha de la actividad minera deberá realizarse con todas las garantías técnicas de seguridad y de protección ambiental, y cumpliendo los requisitos marcados por ley”, señala Ávila.

En este sentido, deja clara la “especial importancia” de estos avales de carácter social, ya que la viabilidad de este yacimiento, “que está muy explotado y es de baja ley”, estará fuertemente condicionada por las oscilaciones de precios en el mercado de los metales, por lo que es probable que experimente periodos de actividad y de cierre”. Hay que tener en consideración que cuenta con un 0,5 por ciento de cobre, frente al 6,6 por ciento de Cobre Las Cruces o el 1,7 por ciento de Aguas Teñidas. La Junta exigirá, de este modo, a la empresa garantías sociales “suficientes para que ésta asuma en exclusiva las correspondientes compensaciones en los periodos de inactividad”.

El consejero ha afirmado que se está en el “momento oportuno” y que desde la Junta de Andalucía se ha apoyado el desarrollo de esta minería, con proyectos como el de Aguas Teñidas en Huelva o Cobre Las Cruces (CLC), en Sevilla, que suponen unos 1.500 puestos de trabajo y más de 1.000 millones de euros de inversión.

“Como agua de mayo”

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real, el socialista Vicente Zarza, ha subrayado el trabajo realizado para solucionar una situación “que se enquistaba en la comarca” y que ha llegado “como agua de mayo” para poner en marcha iniciativas que impulsen la zona a corto plazo.

Zarza ve así un día “importante” para la zona y apuesta por dar el espaldarazo un proyecto que “ilusiona” y que pondría en explotación una mina “a la que la actividad de la Cuenca ha estado siempre ligada”. “Es una iniciativa vital para reactivar la comarca y hay que reconocer el esfuerzo de la Junta de Andalucía”, insiste el regidor zalameño, que recuerda que la situación ha sido provocada desde el sector público y no desde la Administración.

“Con el precio del cobre, era incongruente que el entramado jurídico impidiera dar el pistoletazo para que la empresa demostrara su solvencia”, añade Zarza, que espera que esta nueva situación deje “satisfechos” a todos los sectores. En este marco, esta tarde la Mancomunidad mantendrá una reunión con industriales, comerciantes y sindicatos para plantearles esta nueva situación.

Huelva Información