El PSOE denuncia la contratación de peones sin alta en la Seguridad Social

Los socialistas apuntan que no se trata de un hecho aislado, ya que “PP y PA también han presionado a una taquillera de la piscina para que firme su baja voluntaria”

EL CAMPILLO. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de El Campillo acusa al equipo de Gobierno PA-PP de “atentar contra los derechos de los trabajadores” de manera “reincidente” en sus primeros 100 días de mandato. El PSOE sustenta su denuncia en la presunta contratación de tres peones para las tareas de preparación de las fiestas de julio sin darlos de alta en la Seguridad Social. Una “ilegalidad” que, como expresa la portavoz municipal del puño y la rosa, Susana Rivas Pineda, no queda en un hecho aislado, pues, al mismo tiempo, la alianza popular-nacionalista “presionó” a una taquillera de la piscina que se encontraba de baja médica, aquejada de un fuerte estado de ansiedad, “para que firmara la renuncia voluntaria a su relación laboral con el Consistorio”.

Ambas situaciones fueron abordadas en el último Pleno, donde, con respecto al primer caso, tanto el alcalde de El Campillo, Francisco Javier Cuaresma (PA), como la primera teniente de alcalde, Manuela Caro (PP), arguyeron de manera insistente que “hemos actuado, exactamente, como la anterior Corporación”, sin aclarar si era cierto o no que esos tres campilleros hubieran desempeñado sus funciones sin un contrato de trabajo. Sin embargo, según interpretan desde la Casa del Pueblo, “quedaron retratados” con la frase del portavoz andalucista, José Manuel Rodríguez, quien dijo, textualmente, que “pongo en duda que el anterior equipo de Gobierno (el que encabezaba la socialista Encarnación Palazuelo) los diera de alta”. Una prueba, para los socialistas, “fehaciente” de que “ellos no lo han hecho”.

Al PSOE, no obstante, “le consta” que durante la última legislatura “sí se dio de alta en la Seguridad Social a los operarios que desarrollaron las labores de limpieza, montaje y reparto de programas en las fiestas de julio”. Uno de ellos, incluso, está contrastado, sufrió un esguince en un pie mientras desempeñaba sus funciones y, gracias a contar con un contrato en regla, no quedó desamparado y pudo beneficiarse de las prestaciones de una baja. Por consiguiente, “la actitud no ha sido la misma”. De hecho, nunca hasta ahora se habían denunciado este tipo de prácticas por parte de los trabajadores, aunque “tampoco hubiera sido eso una excusa, pues los errores del pasado nunca pueden servir de autorización para que se repitan en el presente”, espeta Susana Rivas Pineda. “Es más, si se producían, la pregunta es por qué la oposición no lo sacó a la luz”.

El asunto de la taquilla de la piscina municipal, por su parte, “evidencia”, máxime si se une con el anterior, una “total ausencia de sensibilidad social en las dos fuerzas de la derecha que dirigen el Ayuntamiento”. Bajo el punto de vista de los socialistas de El Campillo “es inadmisible que se coaccione a una trabajadora que, por circunstancias personales, atraviesa por un delicado momento anímico para que rubrique su renuncia”. Le llegaron a decir, según han desvelado fuentes cercanas a la víctima, que tenía que hacerlo porque ellos no podían contratar a un sustituto si ella tramitaba la baja médica y que su compañero “iba a reventar” si había de hacer frente a los turnos de los dos. Por tanto, “se puso entre la espada y la pared a una joven sin capacidad para pensar” en esos instantes debido al estado de shock en el que se hallaba.

El desenlace: perdió su empleo, su derecho a percibir su salario durante el tiempo que durara su incapacidad y la posibilidad de cobrar el paro. Unos perjuicios que no le explicaron a ella, sino, según reconocieron PA y PP en el Pleno, a su madre. Algo que las partes afectadas niegan con rotundidad, al afirmar que “nadie nos esclareció las consecuencias de esa firma”, como la alegación de los populares y andalucistas de que fuera la propia taquillera la que, con la mediación de su progenitora, solicitara la documentación para la renuncia voluntaria. Para el PSOE, “la calidad humana de conservadores y nacionalistas ha quedado en entredicho”, pues, “han primado el interés económico sobre el bienestar de la ciudadanía”. Y ello, pese a que, como recuerdan, el coste de una baja médica es sufragada, casi en su totalidad, por la Seguridad Social.