La coalición PA-PP obvia que el robo de bebés sucedió al amparo del franquismo

Los socialistas, en palabras de su portavoz, Susana Rivas, lamentan que, pese a haber un caso tan cercano en El Campillo, “la derecha juega a la ambigüedad para no reconocer la represión franquista”

EL CAMPILLO. El Grupo Municipal Socialista presentó al Pleno extraordinario celebrado el pasado 22 de diciembre una moción para que el Ayuntamiento de El Campillo manifestara de manera pública su solidaridad con todas las madres y padres víctimas de la trama de robos de bebés y adopciones ilegales que, presuntamente, funcionó al amparo de instituciones hospitalarias y eclesiásticas durante la época del franquismo, así como su apoyo a la investigación de los casos denunciados y el respaldo a medidas que agilicen la identificación y localización de los desaparecidos (Banco de ADN, asesoramiento legal...). PP y PA estaban de acuerdo, pero no en todo. Ambas formaciones querían que se eliminará (de hecho, votaron en contra de ese punto) la alusión a que todo ello ocurrió durante el régimen franquista, y canalizado por Iglesia y hospitales, como un arma de represión, primero, para transformarse, después, en un verdadero negocio de corrupción.

La primera teniente de alcalde, Manuela Caro (PP), hasta dejó entrever que parte de esta controversia tiene su origen en el “bienintencionado paternalismo” de los hospitales de la época, que no enseñaban el cadáver de un bebé a su madre para “ahorrarle” el duro impacto. Éstas, según continuó, al no ver a su hijo muerto, no asimilan la trágica pérdida y se aferran a la posibilidad de que siga vivo. Sin embargo, los datos de la Plataforma de Niños Robados, ligada a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) apuntan que la identidad real de un millón de españoles podría estar falseada debido al escándalo del robo sistemático de recién nacidos durante medio siglo. Se calcula que pudieron ser más de 300.000 los pequeños adoptados de manera irregular desde los 40. Por tanto, los socialistas avalan que “no es éste el caso que explica Caro”. Su portavoz en el Ayuntamiento, Susana Rivas, lamentó, en esta línea, que “la derecha, una vez más, juega a la ambigüedad para, en un ejercicio de cobardía, no reconocer o tapar la represión franquista”. Y ahora “tenían una oportunidad inmejorable para ser valientes en el ámbito local, al haber un caso tan cercano, en nuestro pueblo”.