El Ayuntamiento discriminó a monitores locales con un concurso que ignoraba las bases de la Diputación

PA y PP exigieron la Diplomatura en Educación Física como titulación no mínima, sino única, y favorecieron así, “con un traje que parece hecho a medida”, la contratación de personas de fuera

EL CAMPILLO. Los socios PA y PP debutaron en el Ayuntamiento de El Campillo, en materia de empleo, con la “contratación ilegal” (sin alta en la Seguridad Social) de tres operarios para las labores de montaje y limpieza de la feria, un presunto cambio del orden de preferencia establecido por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para colocar por delante a familiares de miembros de sus listas electorales en los trabajos del PFEA 2011 (antiguo PER), presiones a una taquillera de la piscina para que firmara su renuncia voluntaria y no tramitar así su baja médica y un polémico proceso de selección de cuatro limpiadoras del que quedaron excluidas decenas de personas por no disponer del certificado escolar. Todo ello, como denuncian desde las filas socialistas, sin olvidar su “despreocupación” por la puesta en marcha del comedor escolar y el aula matinal en el CEIP La Rábida o el reciente y reiterado “veto” al Plan Social de Empleo y Vivienda propuesto por el PSOE al Pleno en diciembre. Pero, según espetan desde las siglas del puño y la rosa, no acaba todo ahí: en octubre, populares y andalucistas “sorprendieron” con una convocatoria para cubrir las plazas de dinamizador y monitor deportivos que cada año subvenciona la Diputación Provincial en la que las bases establecidas por el Consistorio “ignoraban” los criterios marcados por el propio ente supramunicipal que financia el proyecto.

El equipo de Gobierno que presiden el andalucista Francisco Javier Cuaresma y la popular Manuela Caro introdujo la obligatoriedad de disponer de la Diplomatura de Educación Física (y, bajo el dictamen de fuentes solventes, no sólo como mínimo, sino como titulación única) para poder optar a dichos puestos. Ambos grupos conservadores discriminaban de esta manera a todos los Técnicos Superiores en Animación de Actividades Físicas y Deportivas, que ni siquiera tenían la oportunidad de presentarse al concurso (aunque luego, por méritos, quedaran fuera). Pero es que, “incomprensiblemente”, según se desprendía del texto, también se coartaba el acceso a los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (carrera universitaria de mayor rango que la Diplomatura). Y lo que, para la ótica del PSOE, es peor: “favorecían la contratación de personas de fuera (para más INRI, vinculadas al PP de otros pueblos de la comarca) para desarrollar unas funciones para las que hay campilleros capacitados tanto por formación académica como por experiencia profesional”.

Unas bases menos restrictivas

La Diputación de Huelva, en el Anexo IV de la Convocatoria de Subvenciones para los Programas Municipales de Deportes, pone como condición, en su punto B.2.9, que la titulación mínima exigida a un monitor es la de Técnico Deportivo para, a partir de ahí, valorar  toda formación académica especializada, desde la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y la Diplomatura de Educación Física hasta Titulaciones de Técnicos de Formación Profesional y Títulos de Grado Superior de Modalidades Deportivas. Similar es el caso del perfil que ha de reunir el dinamizador (Anexo IV, punto C.3.9). Estas directrices no se cumplen en el concurso abierto por el Ayuntamiento, una prueba “irrefutable”, como sostienen en la Casa del Pueblo, de la “injusticia social en la que, otra vez, ha incurrido el equipo de Gobierno PA-PP, que parece especializado, tras sólo seis meses de mandato, en poner trabas e impedimentos a campilleros perfectamente cualificados”.

“Y aún hay más”, apostillan, puesto que fue la propia primera teniente de alcalde, Manuela Caro (PP), la que, en compañía de un solo técnico del Consistorio (el mínimo exigido por la Ley y el propio Reglamento de la Bolsa de Empleo Municipal es de tres), baremó los currículos de los aspirantes, lo que “atenta”, insisten desde el Grupo Socialista, “contra el artículo 60.2 del Estatuto Básico del Empleado Público”, según el cual los políticos no pueden intervenir en un proceso de selección, sino que su posición se reduce a la de meros observadores. Unas enmiendas presentadas por el PSOE al documento que rige la Bolsa y aceptadas por PA y PP en un primer momento. Tampoco acudieron, hecho que lamentan los cinco ediles del puño y la rosa, al Servicio Deportivo Agrupado (SDA) de la Zona Centro para que éste, con su firma favorable, avalara la transparencia de la contratación, ni se habilitó un periodo de alegaciones una vez publicada la lista de elegidos. Unas circunstancias que, lejos de acercarse a la promesa electoral del PP de crear mecanismos de contratación independientes para contrarrestar el “enchufismo” tantas veces imputado a anteriores corporaciones por nacionalistas y populares desde la oposición, “sólo arroja sombras sobre la convocatoria y la sospecha de que pudiera estar teledirigida desde el principio hacia alguna persona en concreto”.