Trabajadores de Emed se vuelven a encerrar para reclamar los derechos mineros

UGT y CC.OO desautorizan una protesta que tampoco entienden PSOE e IU ante el acuerdo unánime de la Plataforma por la Apertura de la Mina sobre el calendario establecido para la tramitación de las autorizaciones

CUENCA MINERA. Todos sabían que iba a ocurrir. Sólo faltaba saber la fecha y el lugar. Pero era un secreto a voces que trabajadores de Emed Tartessus, la empresa que pretende reactivar la mina de Río Tinto, iban a protagonizar un encierro en plena campaña de las Elecciones Autonómicas del 25-M para reclamar a la Junta de Andalucía la concesión, “de una vez por todas”, de los derechos mineros a la filial de Mining. Ya ocurrió en la víspera de los comicios municipales del 22 de mayo de 2011 (cuando un grupo se recluyó a más de 200 metros de profundidad en un túnel abandonado, el 14-calle, de Pozo Alfredo) y ha vuelto a suceder ahora, ante una nueva cita con las urnas. Cuatro miembros de la plantilla llevan desde la mañana del pasado lunes en el interior de una casucha de madera construida en 2007 en el piso 10 de la emblemática Corta Atalaya para el rodaje de la película El Corazón de la Tierra. Allí permanecerán “de manera indefinida”, como expresa su portavoz, Andrés Tomás, “hasta que vean cumplidas sus reivindicaciones”.

UGT y CC.OO ya se han pronunciado. Desautorizan la medida de presión, con la que tampoco conectan PSOE ni IU en la Cuenca Minera, dada la existencia del acuerdo unánime de la Plataforma por la Apertura de la Mina (integrada por los siete alcaldes -tres del PSOE, dos de IU, uno del PP y otro del PA- los sindicatos y cinco organizaciones empresariales de la comarca) sobre el calendario establecido por la Administración andaluza para la tramitación de las autorizaciones pertinentes. El responsable de la Federación de Industrias Extractivas de CC.OO en Huelva, Antonio Marcos Romero, fue tajante: “hasta hace quince días todos estábamos contentos y ahora deciden encerrarse de forma unilateral”. El secretario provincial de la Fitag-UGT, Luciano Gómez, aseguró, en la misma línea, que, “hoy por hoy, no existen razones suficientes para llevar a cabo una medida tan drástica”.

Luciano Gómez invitó a la empresa que encabeza Harry Anagnostaras a explorar con la Junta de Andalucía, que resuelve en estos momentos, como le pidió la propia Plataforma, la Autorización Ambiental Unificada (AAU) “con la máxima celeridad posible” (el compromiso es que la AAU, -para la que Emed entregó la documentación preceptiva a la Delegación Provincial de Medio Ambiente el pasado 17 de febrero- y la entrega de los derechos mineros puedan ser viables a finales del mes de septiembre), otras posibilidades que permitan la transmisión de los derechos. Pero fue más allá, al aconsejarle que inicie los programas de formación necesarios, ya que, según los tiempos marcados, puede casar su finalización con el arranque de la actividad. “Que la mina va a abrir es un hecho incuestionable y todo el trabajo que adelante redundará en el beneficio de todos”.

Estas últimas palabras se producen después de que Emed Tartessus desestimara una oferta de la Consejería de Empleo para impartir cursos para 600 personas financiados al cien por cien por la Administración autonómica bajo un presupuesto de 3,5 millones de euros. Sólo reclamaba a cambio un compromiso de contratación del 60 por ciento, es decir, de 360 trabajadores, al término de los mismos, y con la posibilidad de una prórroga, incluso, si en ese instante aún no se podía reabrir la mina. La compañía de capital chipriota supeditó esta ayuda a recibir primero los derechos de explotación. Un rechazo que alimentó las sospechas sobre sus intenciones reales y el temor a que su meta no fuera otra que una presunta venta de las acciones cuando su valor se disparara gracias a la concesión de los derechos para decir, a continuación, “¡Bye-bye!”.

El desmarque de los sindicatos de esta movilización, así como de socialistas e izquierdistas, no puede desvincularse tampoco de la habitual tendencia de Emed Tartessus a un doble juego en sus relaciones con la Junta, el cual vivió uno de sus capítulos más destacados cuando, a la vez que aplaudía en una reunión en Sevilla el apoyo de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia a la reapertura de la explotación de Río Tinto, su vicepresidente, Fernando Fernández Torres, ponía en duda, en una rueda de prensa desde Huelva, la voluntad del Gobierno andaluz de abrir la mina. Una  “rajada” que llevó a la compañía a anunciar el cese inmediato de su directivo, maniobra que luego se descubrió como un verdadero montaje pactado por ambos, dada la decisión previa de Fernández Torres de marcharse a Mozambique para participar en otro proyecto minero. Esta estrategia de marketing y presión social constante generaliza entre agentes sociales de la comarca la sensación de que es la sombra de la propia firma chipriota la que está detrás del encierro.

No obstante, pese a la “incomprensión” de las centrales sindicales, el presidente del comité de empresa, el ugetista José Antonio Angera, aseveró que, tanto él como sus compañeros Hermenegildo Araujo, José Carlos Sevilla y Jaime García, se mantendrán firmes en su postura: “Queremos la transmisión de los derechos mineros, aunque sea condicionada a todas las exigencias y garantías puestas sobre la mesa por la Administración en materia de seguridad ambiental, económica y social”. Algo a lo que unió también la petición a Emed Tartessus para que ejecute los cursos de formación previstos para el arranque del proyecto. “Es lo único que exigimos. No pedimos más. Estamos cansados de tantas promesas y lo que queremos es ver a esta mina dar trabajo a tanto parado como hay en esta tierra”, concluyó.

Un encierro que vuelve a absorber la campaña electoral

La medida de los trabajadores ha estallado en la Cuenca Minera para hacer girar en torno a ella el grueso de la campaña electoral. Mientras decenas de trabajadores y parados de la comarca que hacen un frente común desde la Plataforma Acción Minera secundaban el encierro con concentraciones en las puertas de Emed y otros puntos de la comarca, como el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, el foro integrado por los alcaldes, los sindicatos y las organizaciones empresariales quedaba en jaque. Los máximos mandatarios de Nerva y Zalamea la Real, el socialista Domingo Domínguez y el izquierdista Marcos García ‘Toti’, mostraban su disconformidad con una protesta que “respetamos, pero que ni entendemos ni podemos compartir”, debido a que “conocen perfectamente los acuerdos alcanzados en torno a unos trámites que se llevan con absoluta transparencia y el máximo consenso”, aclaran.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Berrocal, Juan Jesús Bermejo (PSOE), añadía que “medidas que incitan a coger atajos al margen de la Ley para solucionar determinados problemas no van a ninguna parte. Estamos en la recta final y otros quieren aprovecharlo políticamente”, dardo dirigido al PP. A esta formación se refirió de un modo más directo el nervense Domingo Domínguez, quien apuntilló que “hace un flaco favor a la Cuenca tratando este asunto de forma partidista y saliéndose de los acuerdos alcanzados en el seno de la Plataforma por la Apertura de la Mina”. El zalameño Marcos García ‘Toti’ (IU), además, receló de la eficacia de la acción reivindicativa, porque “es imposible que en quince días se pueda resolver esta situación”. A su juicio, “si la Junta les diera los derechos mineros en dos semanas significaría que nos ha estado engañando todo este tiempo”.

Desde las formaciones de izquierdas se hizo, en consecuencia, un “llamamiento a la responsabilidad y al sentido común” para que “el Partido Popular vuelva a la unidad de acción”, ya que, como recordaba el alcalde socialista de Nerva, “conocen a la perfección los pasos que se dan desde la Plataforma para marcar el ritmo entre Emed Tartessus y el Gobierno andaluz con el objetivo de reactivar la línea del cobre en las mejores condiciones”. Y es que las alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa Caballero (PP), y el regidor de El Campillo, Francisco Javier Cuaresma (PA), respaldan el encierro para, al mismo tiempo, no vislumbrar un desenlace feliz, puesto que “hay demasiados intereses oscuros” que, para ellos, impiden a la Junta transmitir los derechos mineros a la empresa promotora. “No confiamos en que la mina se ponga en marcha bajo un gobierno del PSOE, son demasiados engaños”, denuncian.