El césped artificial del Francisco Valero Rojas está pagado

PA y PP incluyeron en la presunta deuda del Ayuntamiento 450.000 euros de la modernización del campo de fútbol · El PSOE aclara que sólo ha habido un retraso en la llegada del dinero por la capitalización de Giahsa

EL CAMPILLO. El PA y el PP, desde su llegada al Gobierno municipal, insisten en la “lamentable” situación económica heredada de la anterior Corporación. Su primera acción, en este sentido, fue el anuncio de una supuesta deuda de 1,8 millones de euros acompañado de acusaciones de falta de control, desajustes en los gastos, obligaciones inexistentes, subvenciones reclamadas por las administraciones, impagos a proveedores, obras inacabadas y sin financiación... Entre esa cifra presentada como “catastrófica” incluían 450.000 euros del césped artificial implantado en el campo de fútbol Francisco Valero Rojas. Una obra que, en cambio, está ya pagada y justificada. “El tiempo pasa y se empieza a esclarecer una estrategia de manipulación de la información para confundir a la ciudadanía y eximirse de toda responsabilidad o, lo que es lo mismo, populares y andalucistas no dejan de hacer oposición desde el Gobierno”, sostiene el PSOE.

El grupo socialista aclara que la única incidencia real sobre esa partida radica en que se ha producido un retraso en el ingreso de ese dinero en las arcas municipales procedente desde Giahsa. Los 450.000 euros, que, al parecer, tenían que haber llegado en mayo de 2011, no han aterrizado en El Campillo hasta principios de marzo de 2012 a causa del proceso de capitalización de esa empresa pública. El PA sabía que el pago de la actuación del césped artificial estaba asegurado, pues estaba en la oposición cuando, en el anterior mandato, se aprobó su financiación con esa aportación extra que tenía que abonar al Ayuntamiento la entidad que gestiona el agua y la basura en el término salvocheano. “Hasta votaron a favor en el Pleno para ahora, en un ejercicio de irresponsabilidad, olvidarlo para atacar al PSOE”, sentencian desde la Casa del Pueblo. Esto, para la dirección local del puño y la rosa, “aumenta la gravedad de la mentira”, pues, “lejos de ser fruto de la ignorancia, circunstancia que podría actuar como atenuante de la culpa, está lanzada, perpetrada, a sabiendas de que lo es”.

La herencia

Dentro de este baile de cifras, ya resultaba ilustrativo  el documento elaborado por la Secretaría-Intervención para la solicitud de la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) abierta por el Gobierno de Zapatero para el pago de facturas pendientes a pequeñas empresas y autónomos y que exigía unas estrictas condiciones de saneamiento económico a las corporaciones locales. El Campillo cumplía los requisitos y ha recibido 75.831,08 euros. Ese informe favorable, firmado por el alcalde, Francisco Javier Cuaresma, garantizaba que “el capital vivo de las operaciones vigentes a corto y largo plazo asciende a la cantidad de 627.362,99 euros”, cuantía que representa “el 50,87 por ciento sobre los recursos corrientes liquidados del último ejercicio”. Un porcentaje que, como reconocía el propio escrito, está muy lejos del 110 por ciento que marca la normativa para que sea precisa la autorización expresa de la Comunidad Autónoma de Andalucía a un préstamo.

El último capítulo es el crédito de 132.885,22 euros que El Campillo (a cambio de un ajuste presupuestario que impone recortes en empleo, subidas de tasas e impuestos y la externalización o privatización de la guardería) va a recibir del Plan de ayuda para el pago a proveedores del Gobierno de Rajoy. De esta cantidad, sumada a la del préstamo del ICO, se deriva que la deuda con proveedores ascendía a 208.716,30 euros. Todas las facturas, a excepción de una de abril de 2010, datan, según inciden desde las filas socialistas, del ejercicio 2011. Gran parte de ellas se adentra, incluso, en el segundo semestre, cuando ya eran PP y PA quienes dirigían el Consistorio minero. Unos datos que, a juicio del PSOE, “desmontan la táctica de la herencia como excusa de la parálisis total que sufre nuestro pueblo desde que se firmara el pacto entre populares y nacionalistas”.

Desde la Casa del Pueblo esgrimen más argumentos. El propio Plan de Ajuste aprobado ahora contabiliza que la deuda viva (créditos bancarios a largo plazo) de las arcas municipales al cierre de diciembre de 2011 era de 621.970 euros (en octubre era de 557.635,74), una cifra muy alejada de esos 1,8 millones de euros que denunciaban los actuales dirigentes. Pero es que los números del Ministerio de Economía y Hacienda ya certificaban en torno al verano de 2011, cuando PP y PA accedieron al poder, que sólo diez pueblos de Huelva no debían nada al Estado. El Campillo era uno de esos pocos elegidos o alumnos aventajados. Otros, como Lepe, tenían que devolver 942.192 euros. Los municipios de la provincia, sin contar la capital, habían de reintegrar en su conjunto 14,85 millones de euros. El Gobierno de España también anotaba que, al término de 2010, la deuda por habitante de la vieja Salvochea era de apenas 257 euros cuando la media de la provincia era de 831.