Otros municipios adoptan medidas del Plan Social vetado por PA-PA en El Campillo

Aracena reserva 111.000 euros para contratar a personas en dificultades · Huelva permite conmutar el pago de multas por servicios a la comunidad

EL CAMPILLO. Municipios como Aracena (dirigido por el PSOE) o Huelva capital (regida por el PP) han adoptado este año algunas de las medidas que incluía el Plan Social de Empleo y Vivienda propuesto el pasado mes de diciembre por el grupo socialista en el Ayuntamiento de El Campillo y vetado por la alianza de Gobierno andalucista-popular por considerarlo “inviable”. Ese documento planteaba ideas como la oferta de un empleo eventual de tres ó cuatro meses para alguno de los miembros de aquellos hogares que agoten las distintas prestaciones del paro y la posibilidad de que familias con escasos recursos conmuten el pago de tasas municipales o multas por servicios a la comunidad.

La formación del puño y la rosa añadía a estos puntos la constitución de una figura similar a la de una Empresa Municipal de la Vivienda. Ésta se encargaría, bajo las previsiones de los socialistas, de la ejecución, con mano de obra local y de un modo progresivo (en consonancia con los datos del Registro Municipal de Demandantes), de las 80 VPO que está en disposición de albergar el suelo urbanizado para tales fines en el anterior mandato. Algo que se vería complementado, además, por la elaboración de un Inventario de Viviendas Vacías para, desde la colaboración público-privada, fomentar el alquiler, en especial, entre la población joven.

Las dos primeras iniciativas, con ligeras variaciones, empiezan a realizarse en otros rincones del mapa onubense. La serrana Aracena ha reservado en sus Presupuestos de 2012 una partida de 111.000 euros para contratar durante seis meses a 23 personas con dificultades económicas (un ingreso de menos de 1.000 euros mensuales por unidad familiar; 1.400 en el caso de familias numerosas) y la Huelva, bajo el bastón de mando del popular Pedro Rodríguez, ha instaurado la opción de evitar el pago de multas a cambio de trabajos sociales (cinco horas por cada 30 euros de sanción). Unos hechos que, desde la óptica del PSOE de El Campillo, evidencian que “no se trataba de ninguna utopía ni de la locura de ningún rojo iluminado”.