La Mancomunidad entra en 'stand by' con una deuda de 350.000 euros con la plantilla

Los trabajadores culpan a los responsables políticos de la desaparición del organismo supramunicipal · El presidente exige a los ayuntamientos que abonen las cuotas que tienen pendientes

CUENCA MINERA. Los cinco trabajadores que aún quedan en la Mancomunidad de la Cuenca Minera, después de que la mitad del personal laboral demandara al organismo supramunicipal por impago de sus nóminas desde noviembre de 2011 y se fueran al paro para cobrar, al menos, el desempleo, denunciaron el pasado lunes a las puertas de la institución el cierre inminente de la misma, previsto, según exponen, para el viernes. La ex presidenta del comité de empresa, ya disuelto, Mari Carmen Sánchez (UGT), no dudó en hacer responsables de esta situación a los políticos que han pasado por la entidad, de la que forman parte los siete municipios de la comarca (Nerva, Minas de Riotinto, El Campillo, Zalamea la Real, Campofrío, La Granada de Riotinto y Berrocal) a lo largo de sus más de 20 años de existencia.

Mari Carmen Sánchez aseguró que, “si desde un principio todos los ayuntamientos hubieran cumplido con sus respectivas cuotas como socios nada de esto hubiera ocurrido”. Lo aseveró bajo el argumento de que las escuelas taller y talleres de empleo son iniciativas que vienen financiadas al cien por cien y los diferentes programas de orientación laboral y ayuda a la mujer tienen “un alto porcentaje de subvención. Pero, “han sido incapaces de cumplir con sus compromisos”, insistió.

A las puertas de la Mancomunidad se encontraban los cuatro trabajadores que formaban parte de los programas de Andalucía Orienta y la Unidad de Empleo a la Mujer (Unem), que se quedaron sin sus puestos de trabajo el verano pasado, así como varias decenas de alumnos y monitores de diferentes escuelas taller a los que se les deben alrededor de 200.000 euros de la nómina de noviembre del año pasado. También participaron en la protesta varios militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la Cuenca Minera. Algunos de los ex alumnos de las políticas activas de empleo afectados por el impago son militantes de este nuevo sindicato, recientemente implantado en la comarca.

El detonante de esta nueva movilización, custodiada por un fuerte dispositivo de la Guardia Civil, ha sido el pago de las mensualidades correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de este año a los trabajadores que aún permanecen en la Mancomunidad, aunque sea tan sólo por unos días. Para el portavoz de los ex trabajadores, Manuel Cheren, se trata de una inmoralidad e ilegalidad que no están dispuestos a consentir. “Éste no es un acto de protesta para enfrentarnos a los compañeros que han cobrado, sino contra quienes han permitido que cobren unos cuantos, estando 200 personas sin cobrar desde noviembre de 2011. Se trata de un acto en el que exigimos a los representantes políticos que acaben de una vez por todas con esta situación”, aclaró.

Los ex trabajadores de la Mancomunidad exigen al presidente del ente, el también alcalde de Berrocal, Juan Jesús Bermejo (PSOE), la convocatoria de un Pleno en el que se diseñe un calendario de pago “digno”, y se reparta la deuda pendiente con los trabajadores, superior a los 350.000 euros, entre todos los consistorios que componen el organismo supramunicipal. También exigen que se respete la legalidad y, por tanto, el pago de las nóminas según la antigüedad de las mismas, así como que la deuda con los trabajadores se trate igual que la de la Seguridad Social.

“No cierra para poder gestionar el pago de las nóminas y la deudas con proveedores”

El presidente de la Mancomunidad, el socialista Juan Jesús Bermejo, tras reconocer la culpa de todos aquellos alcaldes que han pasado por la institución en sus más de veinte años de historia sin tomarse en serio el abono de las cuotas como socios, señaló que el órgano supramunicipal “no va a cerrar para poder gestionar el pago de las nóminas y las deudas pendientes con los proveedores y los bancos”. Por ello no se va a liquidar la entidad, aunque se hayan rescindido los contratos con casi el cien por cien de los trabajadores, aclaró, para resolver los pagos pendientes, “con la prioridad de las nóminas de los empleados y las facturas acumuladas con los proveedores locales”.

En este sentido, para saldar la deuda, el también regidor de Berrocal exige a sus homólogos del resto de la comarca que cumplan con los compromisos adquiridos en las últimas reuniones, incluidos los ayuntamientos de El Campillo (PA-PP) y Minas de Riotinto (PP), que no realizan ninguna transferencia económica a la Mancomunidad desde que arrancara el actual mandato. “Ahora, entre todos, sin excepción, tendremos que sufragar el coste de lo que se debe”, puntualizó.

El objetivo, advirtió el presidente, “es no generar más deuda y estudiar el futuro de la Mancomunidad”, Éste es, según anunció, el acuerdo alcanzado con los alcaldes de los siete municipios que componen el organismo. “Vamos a trabajar para que cada uno cobre lo que se le debe”, sentenció. Una meta sobre la que volvió a incidir en que, para cumplirla, “es fundamental que Minas de Riotinto y El Campillo paguen los más de 80.000 euros que deben en lo que llevamos de legislatura de sus cuotas por formar parte del órgano supramunicipal”.

Juan Jesús Bermejo precisó que, mientras los consistorios de La Granada de Riotinto (IU), Zalamea la Real (IU), Berrocal (PSOE), Nerva (PSOE) y Campofrío (PSOE) “están al día en sus pagos”, Minas de Riotinto debe 46.552 euros, el 62 por ciento de lo que le corresponde pagar desde septiembre de 2011; y El Campillo, 33.928 euros, el cien por cien de los pagos que debía haber efectuado desde esa misma fecha. El máximo dirigente de la Mancomunidad indicó que, “con el dinero que estos dos municipios deben, se podría hacer frente al pago de gran parte de las nóminas pendientes a los trabajadores, dando preferencia a las más antiguas”.

El mandatario berrocaleño adelantó que la Mancomunidad da, en estos momentos, los pasos necesarios para imponer el abono de esas cuotas. Algo para lo que se barajan varias fórmulas que pasan por el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Huelva o mediante la intervención directa en los impuestos estatales y autonómicos que reciben ambos consistorios”. La situación, a su juicio, es desesperada, por lo que estas medidas se aplicarán a todos los ayuntamientos en el preciso instante en el que dejen de respetar sus compromisos.