El PSOE exige una bajada sustancial en el sueldo de un alcalde “no rentable”

El grupo socialista ha registrado una moción en la que reclama el destino de buena parte de los 33.936 euros brutos al año que cobra Cuaresma a la puesta en marcha de un plan de empleo local

EL CAMPILLO. El primer paso dado por el grupo socialista tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y PA ha sido la presentación de una moción que anule la que fue la primera medida adoptada por la alianza conservadora-nacionalista: establecer un sueldo de 33.936 euros brutos al año para el alcalde, Francisco Javier Cuaresma, un salario, a juicio del PSOE, “desorbitado y, por tanto, irresponsable”. De hecho, así se lo hizo ver en su día al regidor andalucista la propia secretaria-interventora del Ayuntamiento. Desde la Casa del Pueblo exigen una bajada sustancial de esta nómina para destinar esos fondos, “junto al complemento que sea necesario”, a la puesta en marcha de un plan de empleo local que venga a “subsanar algunas deficiencias enquistadas en el municipio”. Entre ellas, según exponen en su último boletín informativo, “una contrastada falta de limpieza de las calles, un pésimo funcionamiento del alumbrado público que ha derivado en que zonas completas, tanto del núcleo de El Campillo como de la aldea de Traslasierra, queden sumidas en la oscuridad absoluta durante periodos indeterminados y una ausencia total de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Rábida, causada por la desaparición de la figura del conserje”.

Los socialistas entienden que esa reducción “no puede ser más urgente”, puesto que “esos desproporcionados emolumentos han traído efectos negativos para la autonomía municipal y para la capacidad del Ayuntamiento para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en unos momentos difíciles como los que se viven a causa de la crisis y el desempleo”. La primera consecuencia de esos honorarios fue, como apuntan, la aprobación por parte del equipo de Gobierno PA-PP de un “severo” plan de recortes de ayudas y de subidas de impuestos y tasas municipales a cambio de un crédito de 132.885,22 euros en el marco del Plan de Pago a Proveedores diseñado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Una decisión que, para el PSOE, “maniataba” al Consistorio y que “no estaba justificada”, en la medida en que la dedicación exclusiva de Francisco Javier Cuaresma costará a las arcas municipales en los cuatro años de mandato alrededor de 186.000 euros (sumados a los 33.936 euros anuales de nómina los 12.500 euros aproximados de gastos de Seguridad Social). “Sin ese desmedido sueldo los campilleros podrían haberse ahorrado el sufrimiento de esos ajustes confeccionados por la sociedad popular-andalucista. No habría sido necesario ese préstamo que hay que devolver en un periodo de 10 años (con dos de prórroga) a un interés del 5,94 por ciento”.

La “irresponsabilidad” de esa liberación, “atribuible al resto de ediles del PA y a los dos del PP, todos cómplices de la misma”, descansa también, según profundizan los socialistas, en su “falta de rentabilidad para El Campillo”. La nómina del alcalde, desde la óptica de la fuerza del puño y la rosa, “no se ha traducido en gestión ni en la llegada de subvenciones ni proyectos que redunden en el más mínimo desarrollo social y económico del pueblo y, por consiguiente, tampoco en una mejora de la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos”. Cuaresma, continúan, “pese a percibir al año 14 pagas más que generosas, se ha limitado en su acción diaria a ver pasar el tiempo, en muchos casos, a pie de obra”. Una obras, recalca el PSOE, “siempre acometidas por las inversiones y los esfuerzos de otras administraciones por aliviar la situación de desesperación que sufren muchas familias, en especial, por los planes especiales de empleo y contra la exclusión social diseñados por la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía frente al maltrato a nuestra tierra del Gobierno del conservador Mariano Rajoy”. Ha quedado “patente”, por tanto, bajo la perspectiva de la oposición, que “la generosidad manifestada por los campilleros a través de ese salario de 33.936 euros brutos anuales no recibe, ni de lejos, la recíproca respuesta del regidor”.

La legitimidad de la mayoría

La reciente ruptura del pacto de gobierno que mantenían PA y PP, con cuatro y dos concejales, frente a los cinco ediles cosechados por el PSOE tras su victoria en las Elecciones Municipales de 2011, y la decisión de la fuerza conservadora que encabeza Manuela Caro de sostener a los nacionalistas en la Alcaldía deja a El Campillo en manos de un partido que “no encarna al sentir mayoritario de la ciudadanía manifestado en las urnas”. Ante esta nueva situación, el PSOE esgrime que la Junta de Gobierno Local, cuya existencia no es obligatoria en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, “carece de legitimidad para tomar decisiones, ya que sólo representa a una minoría”. En consecuencia, “por higiene democrática y para impulsar la transparencia, así como el diálogo y la búsqueda de consensos sobre los aspectos que afectan al conjunto de los campilleros”, se hace imprescindible, a juicio del grupo socialista (que así lo reivindica en una moción registrada ya en el Ayuntamiento), su supresión y el traspaso de sus competencias al Pleno, “para que todas las políticas a desarrollar por el equipo de Gobierno pasen de un modo ineludible el filtro de la única cámara en la que está representada en estos momentos la mayoría y, por consiguiente, la voluntad del pueblo”. Esta medida, según concluyen, “se hace más necesaria aún si se tienen en cuenta las serias sospechas que han sembrado sobre la capacidad de los andalucistas (también de los populares) las palabras con las que la hasta hace poco primera teniente de alcalde justificaba la disolución de su alianza con el PA”.