La población extranjera censada en los siete municipios de la comarca se ha multiplicado por 5,6 en la última década. La mayor parte procede de Bulgaria (34,05 por ciento) y Rumanía (23,78 por ciento)
CUENCA MINERA. Si bien la población de la Cuenca Minera ha experimentado un acuciado retroceso en las dos últimas décadas, como consecuencia directa del clima de crisis socioeconómica establecido por el cierre de la línea del cobre, la paulatina llegada de inmigrantes emerge como un agente atenuante del grave problema que el éxodo rural representa para la subsistencia de la zona. Los negativos registros de los veinte últimos años, en los que una disminución progresiva del número de habitantes ha reducido en un 20,31 por ciento los 21.975 ciudadanos que constituían los padrones municipales de la comarca en 1986, se han visto suavizados en los ejercicios 2005 y 2006, gracias, en parte, a un cambio de tendencia que se ha traducido en la cada vez mayor entrada de extranjeros. Un fenómeno, el de la inmigración exterior, que, de ser testimonial, de pasar desapercibido para la Cuenca en su conjunto, empieza a adquirir un grado significativo.
El mantenimiento de las cifras de población de la comarca por encima de los 17.500 vecinos en los dos últimos años (los 17.810 habitantes que cerraron 2004, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, INE, apenas habían bajado a 17.511, un 1,67 por ciento, al finalizar 2006) guarda relación, en buena medida, con la expansión de la cantidad de inmigrantes afincados en la zona. Mientras que los 33 extranjeros censados en 1996 tan sólo habían crecido hasta los 50 en 2004, el año 2005 concluyó con un total de 117, ampliados hasta los 185 en 2006, de modo que, aunque en los últimos diez años la incidencia de la inmigración se ha multiplicado por 5,6, es a partir de 2005 cuando este fenómeno cobra un mayor protagonismo.
Bulgaria y Rumanía se consolidan, en este sentido, como la principal fuente de nuevos residentes de la Cuenca Minera, hasta el punto de que absorben el 57,84 por ciento del total de extranjeros asentados en la zona. Entre El Campillo (26), Minas de Riotinto (16), Nerva (16) y Zalamea la Real (5) se contabilizan 63 búlgaros. La población rumana (44), por su parte, se concentra en los términos zalameño (33) y, en menor medida, riotinteño (11). Un grupo de 36 personas oriundas del resto de países de la Unión Europea; 29 americanos, de los cuales 9 son colombianos (6 de ellos habitan en Zalamea la Real), y 6 africanos completan el censo de extranjeros de la zona, en blanco en los casos de Berrocal y La Granada de Riotinto.
Al margen de estos registros, la Cuenca Minera cuenta, durante los ocho o nueve meses de la campaña agrícola, con un contingente de jornaleras procedentes de Polonia empleadas, bajo la modalidad de contratación en origen, en las tareas de recolección de cítricos de la empresa Río Tinto Fruit. Este grupo de personas, formado por unas 50 temporeras en 2005 y alrededor de 100 en 2006, asciende a 150 en la presente temporada. Una circunstancia que deriva en la convivencia y la participación en la vida cotidiana de la comarca de más de tres centenares de ciudadanos foráneos.
La trascendencia de la integración de extranjeros en los municipios mineros adquiere tal nivel en la lucha contra la despoblación que, en algunos casos, ha favorecido, de manera determinante, no sólo la paliación del éxodo, sino, incluso, algún esporádico incremento de los números del padrón de las localidades en las que este fenómeno tiene una mayor incidencia: El Campillo y Zalamea la Real, donde los inmigrantes representan el 1,8 por ciento y el 1,65 por ciento de la población de forma respectiva. Estos núcleos mineros vieron cómo el tránsito de 2004 a 2005 vino acompañado de un aumento ligero, pero excepcional, de sus habitantes. Los 2.293 campilleros con los que se clausuró el ejercicio 2004 eran 2.318 al cerrarse 2005, un 1,09 por ciento más. Y los 3.523 zalameños de 2004 eran 3.547, un 0,68 por ciento más, un año después. Una evolución positiva que se produce en el preciso instante en el que empieza a ser más patente la llegada de inmigrantes. Los 12 que residían en El Campillo pasaron a ser 23 y los 12 asentados en Zalamea la Real rozaban ya el medio centenar.
Algo similar ocurrió en Nerva entre 2005 y 2006, un incremento de la población en 11 personas paralelo a la aparición de 20 nuevos foráneos en los registros del padrón de la localidad. Sin embargo, el caso de Berrocal es opuesto, ya que, entre esos mismos dos cursos, vio incrementado su tamaño en 6 habitantes, lo que supone una tasa de crecimiento del 1,62 por ciento, sin ser objeto de la llegada de extranjeros. Un dato que añade a las causas directas de la paliación de la despoblación otros factores como los incentivos a la cultura emprendedora o las políticas de desarrollo rural desarrolladas en la zona, sobre todo, como compensación por los trágicos incendios que asolaron la comarca en el verano de 2004.
Otro pueblo como Minas de Riotinto, sin beneficiarse de ningún aumento del número de habitantes, ha tornado en los dos últimos años una situación que, a nivel local, parecía insostenible, puesto que entre 1996 y 2006 había perdido 811 vecinos, un 15,56 por ciento. La suma de 40 inmigrantes a los 6 que vivían en su término municipal al cierre de 2004 ha contribuido a ralentizar un éxodo medio, sobre la base de los diez últimos ejercicios, cifrado en 80 habitantes al año, hasta el punto de sufrir entre 2004 y 2006 la marcha de 108 personas (54 por curso, casi la mitad de la media de la última década).
La duda radica en si las próximas actualizaciones demográficas del INE certificarán esta evolución tendente a una creciente inclusión de inmigrantes en los padrones municipales de los pueblos mineros o si, por el contrario, queda frenada o mitigada su incidencia en la lucha contra la despoblación. De las propias previsiones de la empresa Río Tinto Fruit, que vislumbra que, en un futuro no muy lejano, la práctica totalidad de los recolectores de cítricos provendrán del exterior de las fronteras nacionales, ante la dificultad de hallar mano de obra dispuesta a desempeñar las labores propias del campo, se desprende, sin olvidar la plena integración de países como Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea, que el fenómeno de la inmigración se puede generalizar a corto plazo.
Una población en progresivo envejecimiento desde la decadencia de la mina
El envejecimiento de la población se erige en un efecto ineludible en aquellas zonas azotadas por un contexto de crisis socioeconómica. Así lo pone de manifiesto la evolución registrada en la Cuenca Minera, donde, en los últimos diez años, el colectivo de mayores de 65 años de edad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha pasado a representar al 22,34 por ciento de los habitantes de la comarca, cuando en 1996 englobaba al 20,11 por ciento. Más significativo es el dato si se comparan las cifras absolutas. Mientras el número total de habitantes de la zona ha decrecido desde 1996 un 9,44 por ciento, desde 19.336 vecinos hasta 17.511, la cantidad de personas con más de 65 años, lejos de verse reducida, se ha incrementado hasta llegar a los 3.912 ciudadanos, 24 más. En paralelo, como consecuencia de la falta de expectativas, una disminución del sector de menores de 30 años, el mismo que, tras abarcar al 38,5 por ciento de la población minera hace una década, constituye hoy el 32,94 por ciento de los residentes de la Cuenca.
A nivel local, es Berrocal el municipio que sufre, en mayor medida, la embestida del éxodo rural, hasta el punto de que, muy lejos de la media del resto de la comarca, la población con edades comprendidas entre 0 y 30 años apenas asciende al 19,89 por ciento de sus habitantes, con sólo 9 menores de 10 años. El índice de juventud del resto de localidades, a excepción de La Granada de Riotinto, donde los jóvenes conforman el 27,93 por ciento de su padrón, oscila en torno a la media, desde el 34,36 por ciento de Minas de Riotinto al 31,77 por ciento de Zalamea la Real. De igual modo, en los núcleos de mayor tradición minera (Nerva, Minas de Riotinto y El Campillo) se detecta un mayor número de personas en el intervalo de edad comprendido entre los 45 y los 49 años, el mismo en el que se inserta el grueso de los mineros beneficiarios del plan de prejubilación desarrollado por la Junta de Andalucía tras el cierre de la línea del cobre.
La moratoria de la UE traba la inserción laboral de búlgaros y rumanos
Economía sumergida y mendicidad, únicas alternativas
La integración de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea (UE), hecha efectiva el pasado 1 de enero de 2007, abrió a los ciudadanos de estos países del Este las puertas de España y, en concreto, de la Cuenca Minera. Sin embargo, desde entonces, durante un periodo máximo de dos años (es posible su reducción si la evolución del mercado laboral lo permite), carecen del derecho a la libre circulación de trabajadores. El origen, el periodo transitorio establecido para evitar un efecto llamada que se tradujera en la entrada masiva de una mano de obra imposible de ser absorbida en su totalidad. Una medida preventiva o cláusula de salvaguardia que se ha erigido en una traba para parte de los búlgaros y rumanos afincados en la comarca. Aquellos que con anterioridad a la adhesión de sus países no disponían de autorización para trabajar por cuenta ajena, mientras esperan la conclusión de esa moratoria que en otros estados de la UE asciende a siete años (el Gobierno español apostó por avanzar con la mayor celeridad posible hacia la plena aplicación del acervo comunitario), han caído en la maraña ineludible de la economía sumergida, siempre vinculados al sector agrario, e, incluso, en la mendicidad.
Como explica la vicepresidenta y delegada de las áreas de Igualdad y Bienestar Social y Formación y Empleo de la Mancomunidad, la socialista Encarnación Palazuelo, esta situación ha derivado en un obstáculo para el acceso de este sector de inmigrantes a un puesto de trabajo regularizado o a las iniciativas formativas destinadas a desempleados, tales como talleres de empleo, escuelas taller o casas de oficio. La necesidad de subsistencia, por tanto, ha generalizado la acogida de este colectivo de extranjeros a la contratación irregular, en tareas propias del campo, fuera de las fronteras de la Cuenca Minera. La también alcaldesa de El Campillo relata, en este sentido, que cuadrillas completas salen cada día del municipio minero para no regresar hasta por la noche. Y algunos de los que se quedan, “se dedican a hurgar en los contenedores de basura en busca de todo aquello que les pueda resultar de utilidad”. No se ha detectado, sin embargo, ningún incremento de los niveles de delincuencia, de modo que “la convivencia es plena y pacífica”.
Otro de los problemas detectados, achacables al propio contexto de inestabilidad que los rodea, es su rechazo, o desconfianza, a las ayudas sociales de las que pueden beneficiarse en pro de una integración más efectiva. Aunque sí hacen uso de la Seguridad Social, conscientes de la gratuidad de la atención médica, se muestran, en algunos casos, reacios a recibir información sobre otros campos de asistencia. De igual modo, algunos de los niños se sumergen en el absentismo escolar, faltan a clase, muchas veces, según asevera Palazuelo, “con la complicidad de un profesorado que los ve como un problema, en lugar de como un reto”. Las medidas desarrolladas por parte de las administraciones locales, en esta dirección, se centran en la construcción de un clima de acercamiento, de proximidad, de formación (en especial, en lo relativo al idioma) y asesoramiento sobre ayudas como los, para ellos desconocidos, salarios sociales. Incluso, en el caso de El Campillo, se ha optado por exigir a los menores su matriculación en el colegio como requisito indispensable para poder formar parte de los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol Base. Un aliciente que, en palabras de la alcaldesa, resulta “exitoso” ante el enorme interés que despierta este deporte en la población infantil.
De momento, ya ha transcurrido un año de la integración de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea, por lo que, como máximo, si las condiciones del mercado laboral nacional no lo permiten antes, los residentes de la Cuenca llegados desde estos países sólo tendrán que esperar doce meses más para vislumbrar la apertura del horizonte de esperanza que les otorgará la libertad plena de movimientos como trabajadores. El Gobierno central, junto a los sindicatos y empresarios, tendrá que evaluar en breve los efectos de la aplicación del periodo transitorio y, en función de las conclusiones, acordar su continuidad o finalización. Hasta ese instante, sus alternativas, dentro de la legalidad, se limitan a la posibilidad de ser contratados, sin necesidad de visado, por un periodo temporal igual o inferior a 180 días, tras una solicitud de autorización presentada por el empleador, o a la siempre difusa opción de la conversión en autónomos.
