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Pablo Pineda

Cerrojo a las asociaciones

PA y PP votan en contra de la moción con la que el PSOE pretendía preservar el derecho de las entidades locales a ver subvencionadas las licencias de obras y las exenciones de pago de luz y agua

EL CAMPILLO. PA y PP, desde la suscripción de su alianza en El Campillo, presumen, incluso, como sostienen desde la Casa del Pueblo, “alardean”, de su “denodado” apoyo a la participación, de la apertura de sus oídos a la ciudadanía, de su colaboración fluida con todas las organizaciones sin ánimo de lucro que contribuyen al bienestar social del núcleo minero. “Lo dicen a boca llena, pero son palabras vacías”, sentencia el PSOE, para quienes la única voz real que, en la práctica, pronuncia el conservador equipo de Gobierno que conforman es un “rotundo no a las asociaciones que clama al cielo”. Así, añaden, “lo han demostrado, tanto en la calle, con desproporcionados ataques a algunos colectivos”, como en el seno del debate político, dentro del Ayuntamiento”, donde el pasado 12 de julio votaron en contra de la moción con la que el Grupo Municipal Socialista perseguía “preservar los derechos más que consagrados de unas entidades que siempre dan, en forma de dinamización sociocultural, a nuestro pueblo mucho más de lo que pueden recibir del Consistorio”.

La medida central de la propuesta era el restablecimiento de la subvención concedida durante los más de 30 años de la actual etapa democrática a todas las asociaciones locales para sufragar el coste íntegro de las licencias de obras de sus sedes sociales. La meta del PSOE era que este acuerdo se aplicara, además, con carácter retroactivo para reparar el daño causado a la Peña Barcelonista ‘Camp Barça’, obligada a pagar 1.365 euros al negarle el equipo de Gobierno PA-PP esta ayuda histórica (ahora, además, le imponen una multa de 3.000 euros -reducibles hasta 750 euros- por trabajar un solo día, después de que le paralizaran la construcción, según testifica su presidente, Miguel Saavedra, con el permiso expreso del alcalde, Francisco Javier Cuaresma, para evitar que la llegada de lluvias causara perjuicios a las viviendas colindantes). La decisión sienta, a juicio del PSOE, un “precedente peligroso”, en la medida en que, si no se actúa bajo el mismo criterio con todo el tejido asociativo campillero, “podrían incurrir en un posible caso de prevaricación”. Todo apunta, en consecuencia, como teme la formación del puño y la rosa, que esta aportación económica desaparecerá para todas las entidades.

El viceportavoz de los socialistas, Pablo Pineda, calificó este “portazo” a la participación como “un gran error”, en la medida en que esa ayuda otorgada hasta ahora por las corporaciones precedentes, “al primar la adquisición de locales en propiedad por parte de las asociaciones” (decisivo para su consolidación y, por ende, para la perpetuación de su actividad en el pueblo), favorecía que el Ayuntamiento dispusiera de más espacios municipales libres para su cesión a otros colectivos. Pineda, que rogaba a populares y andalucistas (en especial, a estos últimos, “que decís que sois de izquierdas”) que reflexionaran antes de emitir su voto contrario, les recordaba que, sin esas subvenciones, quizás hoy no existirían o tendrían una dimensión mucho menor dos de los principales yacimientos de empleo con los que cuenta en la actualidad no sólo El Campillo, sino la Cuenca Minera: la unidad de estancia diurna que gestiona la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) y la amplia red de centros para la integración de personas con discapacidad intelectual de Aspromin.

Nada cambió. El sentido del voto de PA y PP permaneció intacto: “no”. Alegaron, en boca del andalucista José Manuel Rodríguez, que no había ningún reglamento que estableciera esa línea de apoyo económico y se escudaron en la declaración de Utilidad Pública de Aspromin y AFA como un posible salvoconducto para no cobrarles esas tasas urbanísticas. El veto se extendió luego al resto de puntos de la iniciativa, con la que los socialistas pedían que se ratificara la exención de pago de los recibos de luz y agua a aquellas entidades que disfrutaban de la misma en los locales municipales y la asignación de un Fondo Municipal de Subvenciones dirigido a estos colectivos (con prioridad de aquellas acciones cuya proyección abarque a un mayor sector de la población o vayan dirigidas a colectivos dependientes o en riesgo de exclusión). Todo ello, unido al fomento, desde la Corporación local, de la colaboración entre las organizaciones, sobre todo, entre las que comparten objetivos, y el impulso de la figura del Concejal Nº 12, para abrir a la ciudadanía la oportunidad de participar en los plenos.

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