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Pablo Pineda

Un TC que desahucia a la Constitución

El Tribunal Constitucional (TC) suspende la Ley Andaluza Antidesahucios, la Ley de medidas para asegurar la función social de la vivienda, ese derecho a la dignidad que la propia norma suprema del Estado nos concede a todos los ciudadanos y que hasta el propio Alto Tribunal que ha de velar por su cumplimiento nos niega, nos arrebata, ahora. El TC, con esta medida ante la que sólo queda la desobediencia, lo que viene es a desahuciar a la democracia, a desahuciar a todo atisbo de igualdad y a toda esperanza de libertad, a desahuciar a la justicia del seno de ese poder que la imparte, que se presupone que la imparte.

Las desahucia, si es que las había, si es que quedaba algo de ellas. El camino, por tanto, sólo es uno: abortar (y sin el permiso del más retrógrado ministro de Justicia, del ‘progresista’ Alberto Ruiz-Gallardón) este sistema cosido por mercaderes a la medida de sus intereses económicos, abortarlo antes de que siga su imparable engorde, ahora, bajo el alimento de esta crisis ideada para ello. Porque no es a los débiles a los que hay que desahuciar, porque son otros, la opulencia de otros, los que sobran, porque son ellos los culpables y, en consecuencia, los que han de sufrir la condena. Una condena justa, muy justa. Una condena impuesta por la Humanidad.

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