Una auditoría ruinosa

La última iniciativa de los ediles andalucistas que configuran el Grupo Mixto del Ayuntamiento de El Campillo, en la que instaban al equipo de Gobierno a contratar a una empresa externa y de “reconocido prestigio” para la realización de una auditoría de las cuentas municipales del periodo 1999-2007, emerge como un claro ejercicio de irresponsabilidad política. La explicación, su falta de escrúpulos a la hora de exigir una medida que, de llevarse a efectos, comprometería las acciones cotidianas de la gestión municipal, puesto que absorbería una partida, según fuentes expertas, de entre 15 y 20 millones de las antiguas pesetas de las austeras arcas públicas propias de un pueblo pequeño. Una acción que, en consecuencia, derivaría en el estancamiento, en la parálisis de proyectos de pequeña índole, pero, al mismo tiempo, esenciales, de vital importancia y, además, muy valorados por una ciudadanía que reivindica la ejecución de los mismos. Algunos ejemplos, las obras en las calles, la reposición de mobiliario urbano dañado o los servicios de limpieza, sin olvidar la celebración de las fiestas que permiten a los campilleros evadirse durante unas horas, mediante la inmersión en el ocio y el gozo colectivo, de la pesadumbre de una rutina marcada por el estrés laboral de una tierra en crisis.

Introducir un obstáculo más en el ya de por sí mermado proceso hacia el desarrollo de El Campillo –inmerso en un complejo y espinoso camino hacia su diversificación social y económica ante la carencia de suelo industrial que sufre la Cuenca Minera en su conjunto, debido, sobre todo, a los embargos sufridos en su momento por la empresa minera– no puede ser considerado nunca como un fenómeno justificable por un superficial desajuste en los plazos. Sólo la existencia de sospechas fundadas sobre presuntos casos de malversación de fondos, irregularidades en las cuentas o despilfarro de capital haría no sólo pertinente, sino también imprescindible, la solicitud de una auditoría externa que arrojara luz sobre la oscuridad de las arcas municipales. En cambio, la presentación de las liquidaciones de los distintos ejercicios a la Cámara de Cuentas de Andalucía con un retraso de meses y la aprobación de los presupuestos de un año una vez avanzado el mismo no aportan argumentos fehacientes para el sacrifico que supone una inversión de tales dimensiones. Y máxime cuando se trata de una realidad achacable a la práctica totalidad de los consistorios, no sólo a los onubenses, sino también a los andaluces y españoles.

Es inviable e, incluso, símbolo de insensatez, exigir ese cumplimiento escrupuloso de los tiempos marcados a un Ayuntamiento sin capacidad técnica para ello cuando administraciones locales que disponen de la fuerza económica que otorga una población de decenas de miles de habitantes, con personal dedicado, casi en exclusiva, a esas materias, se ven desbordados hasta el punto de no conseguir tampoco licenciarse en esa asignatura. Controlar a quienes ostentan el poder es la función de la oposición, ésa es la labor que le encomienda la democracia, pero debe basarse, en todo instante, en la huida de las siempre atractivas garras de la demagogia. La duda: ¿Por qué una auditoría de los dos últimos mandatos? ¿Por qué no incluir el periodo de gobierno de IU (1995-1999), cuando las dilaciones no sólo eran de meses, sino de años?