La mayoría de la Comisión Liquidadora de MRT cede los derechos mineros a Emed

La carta de no oposición a la transmisión legal obliga a la Junta a tomar la decisión final sobre el proyecto · Las movilizaciones de UGT, la empresa, las firmas del PP y la Plataforma Social liderada por los alcaldes desatascan el proceso

CUENCA MINERA. Emed Tartessus está ya en posesión de la cuarta firma de los miembros de la Comisión Liquidadora de MRT que requería la Junta de Andalucía para aprobar la transmisión de los derechos mineros y poder continuar con el proceso de reapertura de la línea del cobre. Así se lo anunció ayer la empresa de capital chipriota a la Plataforma de Apoyo a la Minería constituida por los alcaldes de los siete municipios de la Cuenca, cinco organizaciones empresariales de la comarca y los sindicatos CCOO y UGT. De esta forma, la carta de no oposición exigida por la Administración autonómica como requisito imprescindible ya cuenta con las rúbrica de la mayoría absoluta de los representantes legales de los acreedores de la extinta compañía, en concreto con las de Narciso García, Joaquín Arbona, Jorge Díaz del Río y, el último en estampar su sello y presidente de la Comisión, Tomás López, según confirmaron fuentes del proceso.

La Junta, una vez cumplida su última exigencia, está ‘obligada’ a abordar el estudio definitivo de viabilidad del Proyecto Río Tinto (PRT) presentado por la multinacional Emed Mining. Un nuevo escenario que se produce después de las múltiples movilizaciones de UGT, las jornadas informativas de la empresa minera, la campaña de recogida de firmas emprendida por el PP en los mercadillos de los pueblos de la Cuenca y la reciente constitución de la plataforma social promovida desde el PSOE después de que sus dirigentes locales fueran acusados de pasividad, silencio cómplice y falta de liderazgo por cada vez más agentes de la zona. La primera voz la alzaron los propios trabajadores de Tartessus, al exigir al Gobierno andaluz un compromiso firme con la mina en la tierra con más paro de la geografía onubense. El delegado de UGT en Emed José Antonio Anguera y el portavoz de FIA-UGT, Andrés Tomás Ramos, advertían que la Administración autonómica ya no tenía motivos para dilatar la decisión final sobre la reactivación o no de la explotación.

Luego, el Partido Popular comenzaría su colecta de firmas a un texto a favor de la mina entre la ciudadanía, culminada, según los datos aportados por el portavoz provincial de la formación conservadora, Guillermo García de Longoria, con la suscripción de unas 2.500 personas. En paralelo, el Gabinete Garrigues aseguraba en un estudio que Emed Tartessus, en términos legales, ya estaba en disposición de los derechos mineros, incluso, sin la cuarta firma, pues éstos ya fueron transferidos en su momento desde la Comisión Liquidadora de MRT a Mantesur Andévalo. La conclusión fue clara: “La Junta de Andalucía se extralimita”. Y, en medio de este paisaje reivindicativo, se presentaban más de tres mil currículos de habitantes de la comarca para trabajar en la mina al mismo tiempo que el cobre cotizaba al alza, hasta alcanzar los 8.300 dólares por tonelada (en el instante del cierre se suspiraba por una valoración de 1.500 dólares).

Ante este panorama nadie podía quedarse de brazos cruzados. La Cuenca necesitaba empleo con urgencia para sobrevivir hasta la irrupción material de los proyectos (ya aprobados) por los que, en realidad, pasa su diversificación real, su futuro a largo plazo: la conversión en autovía de las carreteras N-435 (San Juan del Puerto-Badajoz) y A-461 (El Campillo-Santa Olalla del Cala) y el Parque Empresarial y Tecnológico. Por ello, desde las filas socialistas se optó, como último tren para no perder de manera definitiva su credibilidad en plena carrera hacia las reñidas Elecciones Municipales de 2011, por la creación de la Plataforma de Apoyo a la Minería. Las reuniones de este foro con las distintas partes implicadas (Junta de Andalucía, Emed Mining y Comisión Liquidadora de MRT) a lo largo de las últimas semanas ha resultado, en palabras del vicepresidente del Consejo y Director de Relaciones Institucionales de la empresa, Fernando Fernández Torres, determinante para la consecución de la anhelada firma que faltaba en la carta de no oposición.

Fernández Torres pide ahora a la Junta “celeridad” en la concesión administrativa de los derechos mineros para que la línea del cobre se ponga en marcha cuanto antes. El documento con el sello, en forma de luz verde, de Tomás López ya está, incluso, en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. La noticia fue recibida con gran satisfacción por el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera, Vicente Zarza (PSOE). El también alcalde de Zalamea la Real afirmó que es un premio a las presiones ejercidas desde la Plataforma “sin hacer demasiado ruido mediático”, en clara alusión a la “oportunista” iniciativa del PP por los pueblos de la comarca. Zarza aseveró, no obstante, que el trabajo no ha concluido y que no cesarán en su empeño de exigir agilidad a la Junta y a Tartessus; eso sí, “siempre bajo el cumplimiento de todos los plazos que marca la legislación y sin perder de vista las máximas garantías técnicas, socioeconómicas y ambientales”. Y es que no está todo hecho. Ahora queda solventar los escollos de Construcciones Zeitung y Rumbo 5.0, cuyos terrenos bloquean el proyecto y añaden riesgos a la gestión de las presas mineras, bajo vigilancia.

Emed Tartessus sólo posee el 34% de las presas mineras

Ya en el mes de octubre se hacía patente el problema de la titularidad de las balsas mineras, cuando, ante el expediente abierto a Emed Tartessus por la Agencia Andaluza del Agua, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, por vertidos de aguas ácidas, la empresa de capital chipriota alegaba, por medio de un recurso, que sólo es propietaria del 34 por ciento de las presas de estériles de la zona. El 66 por cierto restante está en manos de las sociedades Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung, adjudicatarias de distintas fincas subastadas en el proceso de liquidación de la extinta MRT. Un punto en el que, a pesar de ello, el director general de la filial de Emed Mining, William Enrico, aseguraba que “estamos llevando a cabo el mantenimiento de las instalaciones para proteger la seguridad pública”. Al margen de este expediente, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, también ha instado a Construcciones Zeitung y a Rumbo 5.0 a mantener la seguridad de las presas de su propiedad. Una prueba clara del limbo jurídico en el que se hallan en la actualidad las balsas de Aguzadera, Cobre y Gossan. Algo que, en la práctica, traba su gestión, al pertenecer a tres propietarios distintos con intereses encontrados.