El doble mensaje de Emed “obstaculiza el proceso de reapertura de la mina”

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia no entiende las críticas de la compañía en el marco existente de cooperación y el acuerdo de las partes para agilizar la tramitación del proyecto

CUENCA MINERA. La Junta de Andalucía, tras valorar como positiva la reunión que mantuvieron el jueves en Sevilla responsables de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (con la secretaria general de Desarrollo Industrial, Isabel de Haro, a la cabeza) con los presidentes de Emed Mining, Ronnie Beevor, y de su filial, Emed Tartessus, Harri Anagnostaras-Adams, espetó ayer que no entiende el doble mensaje de la compañía. “Su actitud sólo consigue obstaculizar el proceso de reapertura” y los trabajos que ambas partes desarrollan de manera conjunta para ese fin, “al ofrecer una imagen de descoordinación de la propia empresa”.

Este malestar de la Administración autonómica descansa en el hecho de que, en paralelo al tono de cooperación y el acuerdo suscrito por ambas partes para agilizar la ineludible tramitación del proyecto, el vicepresidente de Tartessus, Fernando Fernández Torres ofreciera una rueda de prensa para verter “informaciones incorrectas” con las que se acusaba a la Junta de poner trabas a la anhelada puesta en explotación de la línea del cobre. Algo similar ocurrió en marzo con el encierro de trabajadores de Emed en Pozo Alfredo, que se producía al mismo tiempo que se afrontaba el último paso para liberar los derechos mineros, secuestrados hasta entonces por la Comisión Liquidadora de MRT y su ex gestor Carlos Estévez.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia recuerda, en este sentido, que fue el Gobierno andaluz el que en marzo logró desenredar esa compleja maraña jurídica que envolvía a la mina de Río Tinto. Algo a lo que une que en abril solicitó la presentación de la documentación necesaria para comprobar que el proyecto cumple todos los requisitos legales, ambientales, económicos y laborales y que no recibió ésta hasta el pasado día 1 de septiembre, cinco meses después. Por tanto, bajo el punto de vista de la Junta de Andalucía, no es comprensible el requerimiento de “más agilidad” lanzado por Tartessus a través de Fernando Fernández Torres.