PA y PP trazan un Plan de Ajuste que destruye empleo y sube tasas e impuestos

El objetivo del equipo de Gobierno es recibir un crédito de 114.330 euros para el pago a proveedores que tendrá que devolver en 10 años al 5% · El PSOE vota en contra de unas medidas que no están justificadas en uno de los ayuntamientos “más saneados de Andalucía” · Susana Rivas advierte de que hay alternativas para que no sean los más débiles quienes paguen

EL CAMPILLO. PA y PP han trazado en el Ayuntamiento de El Campillo un Plan de Ajuste que contempla, entre otros apartados, destrucción de empleo (no hay despidos, pero se coarta la contratación), la externalización o privatización del servicio de guardería y subidas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en la tasa de las licencias urbanísticas, así como una mayor fiscalización del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). Unas medidas que vendrán acompañadas por el aumento del precio de los bonos y las entradas de la piscina y de las cuotas de alquiler de las instalaciones deportivas municipales, así como de una considerable reducción de las partidas reservadas al Área de Cultura y Festejos. El objetivo, la obtención de un crédito de 114.330 euros del Plan de ayuda para el pago a proveedores diseñado por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy y que el Consistorio tendrá que devolver a un interés del 5 por ciento (el Banco Central Europeo ha entregado el dinero a la banca española al 1 por ciento) en 10 años, con dos de prórroga.

El primer capítulo que se verá afectado es el de gastos de personal. La poda implicará que, ya desde este próximo verano, no se contrate a nadie para la taquilla de la piscina municipal (se pierden dos puestos de trabajo de 28 horas semanales cada uno durante dos meses y medio). Con ello, las arcas del Consistorio ahorrarán 6.248 euros. Asimismo, el coste de los bonos y las entradas, que permanecía inmóvil desde su inauguración en 2003, se encarecerá un 10 por ciento. El reto es que el servicio se autofinancie. En la misma línea, el Ayuntamiento no cubrirá las plazas de los tres empleados públicos que se jubilarán entre 2015 y 2016, de modo que la plantilla municipal adelgazará (sus miembros tendrán que asumir una mayor carga de trabajo). Las cuentas se liberarán así de otros 95.000 euros. PA y PP defienden que no se despide a nadie, mientras que, desde el PSOE replican que, en cambio, sí se destruye y se deja de crear empleo, “precisamente, cuando más falta hace”.

La guardería es otra de las damnificadas. La alianza popular-nacionalista ha aprobado la externalización del servicio a través de dos posibles vías: un convenio con la Junta de Andalucía o la privatización de su gestión. Esto se saldará con una inevitable multiplicación de la simbólica cuota mensual de 18 euros que, desde los años 90, pagan los padres por la plaza de su hijo. Hasta ahora, la contratación de un monitor y un cuidador suponía a la Administración local un desembolso de 14.500 euros. Las tasas de los usuarios sufragaban 3.360 euros de esa partida. No es éste el único gravamen que soportarán los bolsillos de los campilleros a la hora de utilizar las instalaciones municipales, pues el equipo de Gobierno también incrementará en un 10 por ciento el precio del alquiler del campo de fútbol o las pistas de tenis. El presupuesto de Cultura y Festejos, por su parte, cae en 36.000 euros para quedarse en unos 50.000 euros.

La presión tributaria sobre la ciudadanía también se intensifica. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ascenderá en El Campillo un 4 por ciento sobre lo previsto para los años 2012 y 2013. Éste es el canon extra que establece el decreto con el que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) impone subidas excepcionales de este recibo para hacer frente al déficit público. Un aumento de la contribución que se une al ya fijado por la revisión catastral acometida en 2011 y que se implantará de manera progresiva hasta el año 2021. Todavía hay más, el Ayuntamiento espera cobrar 1.200 euros más en 2012 y 2.400 más en 2013 por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) tras la encomienda de su gestión al Registro de la Propiedad de Valverde del Camino. En último término, la tasa de las licencias urbanísticas pasará del 1,2 al 2 por ciento del presupuesto total de la obra a ejecutar, es decir, un 66,67 por ciento más cara.

Otras formas de hacer las cosas

Éstos son los recortes con los que el equipo de Gobierno que encabezan el andalucista Francisco Javier Cuaresma y la popular Manuela Caro, en forma de reducción de la plantilla municipal, de un mayor afán recaudatorio y de eliminación o adelgazamiento de los servicios públicos locales, cumple las condiciones establecidas por la Administración central, que exige el uso de la tijera como garantía de devolución del préstamo. Ante la unión de los ediles de PA y PP, el grupo socialista, aunque votó en contra, no pudo frenar esta batería de medidas de contención que redundará en una “pérdida manifiesta de la autonomía no sólo económica, sino también política” del Ayuntamiento. “Quedará, durante un periodo de 12 años, en manos de la intervención del Estado”, que, por tanto, “estará en disposición de exigir mayores sacrificios a la ciudadanía campillera”. En definitiva, “se condena e hipoteca” no sólo a la actual Corporación, sino también a las dos siguientes, a juicio del PSOE, “sin nada que lo justifique, pues, por mucho que traten de ocultarlo, han heredado uno de los consistorios más saneados de toda Andalucía, como lo certifican, incluso, algunos informes firmados por el propio alcalde”.

La máxima representante del puño y la rosa en el Ayuntamiento, Susana Rivas, lamentó que, “una vez más”, no se contara con la oposición para consensuar un Plan de Ajuste “que se nos ha explicado en diez minutos” y escuchar otras opciones. Rivas reconocía que, de no llevarse a cabo alguna acción, el Gobierno de Rajoy podría congelar la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) y que, con eso, podría peligrar el pago de las nóminas. Ahora bien, añadía que “hay otras formas de hacer las cosas, sin que, como siempre, tenga que ser la ciudadanía la que pague”. Apuntó posibles alternativas: que el alcalde renuncie o se baje su sueldo de 33.936 euros brutos al año o la petición de un crédito para el pago a proveedores al margen del Plan de Rajoy, como ha hecho, por ejemplo, Berrocal. El portavoz de los nacionalistas, José Manuel Rodríguez, espetó que “este plan nos viene impuesto desde arriba, estamos atados de pies y manos”. Desde la bancada socialista le invitaron a un golpe de rebeldía, puesto que “sí estáis sometidos, pero al PP de El Campillo”.