Riotinto debe abrir, puede abrir, tiene que abrir

La inactividad de la minería está teniendo un coste social insoportable e injusto: tasas de desempleo por encima de la media andaluza, el comercio colapsado por la caída del consumo, pesimismo social...

Ricardo Gallego Pajares, vicepresidente de MRT y representante de la sindicación de las acciones de los mineros-accionistas

CUENCA MINERA. La inactividad de la minería en Riotinto está teniendo un coste social insoportable e injusto: tasas de desempleo por encima de la media andaluza, el comercio colapsado por la caída del consumo, pesimismo social que fragmenta la necesaria unidad reivindicativa para exigir los derechos que otorga la Constitución, la credibilidad de las instituciones políticas y sindicales bajo mínimos... Una sociedad comarcal que el paro está erosionando con unas consecuencias futuras imprevisibles, pero muy negativas.

Un breve recordatorio. Riotinto es la mina en explotación (ahora en stand by) más antigua del mundo. En 1873 los ingleses compran la mina y la explotan hasta 1954, que pasa a capital español. Los avatares societarios se suceden para recalar en manos del grupo norteamericano Freeport McMoran, que inicia su cierre y se evita éste con la creación de una Sociedad Anónima Laboral donde los trabajadores intentan vivir continuando la explotación minera. La crisis de los metales básicos de los años 1998 y siguientes llevó al cierre a centenares de minas de todo el mundo. En Huelva, la SAL de Riotinto y la multinacional Navan en Sotiel, Nueva Tharsis. La suspensión de pagos y posterior liquidación de sus bienes patrimoniales fue la consecuencia de la caída abisal de los precios internacionales de los metales.

Pero el tiempo ha cambiado. Si en ésos años la caída fue abisal, en éstos la subida es cósmica. Sirva de comparación que en 1998 el cobre cotizaba oscilando entre 1.400-1.500 dólares la tonelada frente a la cotización actual, que lleva años cotizando entre 7.000-8.000 dólares la tonelada. O sea, lo que antes era una ruina hoy es un soberbio negocio. Esa riqueza está ahí y corremos el riesgo de que desaparezca cuando las cotizaciones bajen. Tasas de desempleo del 50 por ciento están asolando a la Cuenca. Especuladores y farsantes también. El derrumbe de las coordenadas identitarias de la Cuenca es un hecho. La nula actividad económica está pidiendo a gritos una reactivación y ésta sólo puede venir de la apertura de la actividad minera de Riotinto.

La Administración y los actores sociales deben formar un equipo que (en el marco de la Ley) objetivice la apertura de la mina como única posibilidad de salvación comarcal. Esta necesidad no puede hacernos olvidar los intereses torticeros y cruzados que existen, impidiendo hasta ahora la apertura, ni tampoco la lentitud jurídica que conlleva el retraso en la toma de decisiones e introduce un plus de inseguridad en el riesgo de la inversión. La angustia social que se vive en la Cuenca exige una toma firme de decisiones inmediatas, lícitas y legítimas, encaminadas a la apertura de la explotación minera en el marco de la Ley.

Entendemos (los trabajadores, accionistas mayoritarios en el capital social de MRT) que el nuevo Gobierno andaluz debe trabajar para abrir Riotinto en tres frentes: derechos mineros, solución medioambiental y eliminación de interferencias espurias. Los recursos naturales forman parte de la soberanía nacional, son de todos: minerales, agua, aire… En 1873 el Estado Español, arruinado (como ahora) vendió Riotinto (suelo y subsuelo) al arrogante colonialismo inglés. O sea, Riotinto es un caso excepcional en la minería, su explotación no ha sido por concesión estatal (como todas las minas), sino por propiedad del subsuelo. Estos derechos mineros, hoy, todos se los piden a la Junta. Pero nadie puede dar lo que no tiene, lo que no es suyo. La Junta de Andalucía, en este caso, está actuando con la prudencia que debe hacerlo una Administración seria y consecuente. Saben que una decisión que puede ser calificada como prevaricación puede tener consecuencias penales tanto en políticos como en funcionarios, amén de serias repercusiones económicas.

En la subasta de la Unidad Industrial de MRT, la Comisión Liquidadora vendió los derechos mineros, haciendo caso omiso de la oposición de la Administración, la cual consideró nula esa parte de la subasta, y esos derechos siguen registrados a nombre de MRT. Mantesur (hipotético comprador) llevó a los tribunales la decisión denegatoria de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a la Junta de Andalucía y a los trabajadores que se adhirieron a la posición de la Administración. Mantesur, no conforme, envió su apelación al Tribunal Supremo, y allí se encuentra la causa. Luego, hasta que el Tribunal Supremo falle, los tan traídos y llevados derechos mineros están en la reserva, y una decisión administrativa inadecuada e improcedente puede condenar la explotación minera a su paralización durante larguísimo tiempo por intervención de los tribunales a petición de las partes torticeras.

Pero, ¿podemos hacer algo para liberar el uso de esos derechos mineros? Podemos. La sentencia del Tribunal Supremo va a poner los derechos mineros en dos posibles y únicas manos: MRT o Emed Tartessus. Para acortar los plazos, nosotros, accionistas mayoritarios de MRT, proponemos ceder a la Junta de Andalucía estos derechos para que se gestionen como todas las minas, en régimen de concesión. Emed tiene que hacer esa misma cesión. Con esta medida (MRT y Emed renuncian a cualquier posible derecho a favor de la Junta de Andalucía) se da la seguridad jurídica necesaria tanto para el posible inversor como para la propia Administración, tomando un considerable atajo a la larga espera del fallo del Tribunal Supremo, y se restituye ese trozo de soberanía que en 1873 se nos quitó. O sea, el subsuelo vuelve a ser de todos los españoles.

La solución rápida de los derechos mineros está en la decisión de Emed Tartessus: vayamos ambas partes (MRT y Emed), cedamos esos derechos y renunciemos a exigencias futuras dimanadas del fallo del Tribunal Supremo. En esta situación, la Administración puede otorgar la concesión minera sin dilación. La gestión medioambiental tiene una importancia crucial para el mantenimiento de la actividad minera. Esta actividad sólo es posible con una rigurosa gestión protectora del medio que valide la actividad minera como una actividad integradora de un desarrollo armonioso, protector y no agresivo con su entorno.

La rotura de la presa de residuos de la multinacional Boliden en Aznalcollar fijó el límite de permisividad administrativa. La contaminación del Guadiamar a las puertas de Doñana nos puso en el escaparate europeo. En España, Boliden sale de rositas. Los españoles nos gastamos más de 200 millones de euros en la limpieza del cauce del río y en protección social; y una mina que podría estar dando un empleo similar al de Riotinto cerrada para siempre; y ello sólo por la ambición del capital en minimizar inversiones y costes operativos.

Para sumar opiniones negativas contra la minería, no hace mucho en Hungría la rotura de una balsa de residuos mineros puso en jaque al Danubio. De todos estos hechos se desprende que tenemos que proteger la actividad minera en Riotinto con decisiones rigurosas sobre la protección del medio circundante. Un solo error parecido al de Boliden y cierra Riotinto para siempre. La apertura de la explotación minera exige una atención especial en: a) tratamiento de los residuos del concentrador, b) tratamiento de las aguas contenidas en las Cortas de Cerro y Atalaya.

a) Residuos del concentrador: La actividad de Riotinto es producir concentrados de cobre. Se toma un mineral con 5-6 kilos de cobre en cada tonelada y se transforma en un concentrado de, aproximadamente, 230 kilos de cobre por tonelada. Este proceso genera de cada 100 toneladas de mineral tratado unas 97 toneladas de residuos que hay que evacuar a las presas de residuos. Ése es el proceso de todas las minas. Antes del desastre de Aznalcóllar estos residuos iban mezclados con abundante agua a las presas de residuos. El análisis de las causas de la rotura de la presa de Boliden, amén de sofisticadas teorías para evitar pagar, llevó a la Administración en su sección de Minas a considerar que si no hubiese existido agua en los residuos de Aznalcóllar la presa no se hubiese roto. O sea, si los residuos se depositan secos, sin agua, el peligro de rotura y contaminación desaparece casi totalmente. Es lógico, por tanto, que las administraciones tomen medidas preventivas que eviten un, hipotético, desastre. La apertura de otras explotaciones sigue este conservador y preventivo medio de deposición de residuos secos en las presas.

El peligro de rotura de las presas en Riotinto es inexistente. El formidable proyecto de presas dirigido por Fernando Pla y el correctísimo control y mantenimiento de las presas de residuos realizado durante cuarenta años lo avalan. Durante todo este tiempo no ha existido ni un solo accidente medioambiental en las presas de Riotinto. Podemos decir que el peligro de rotura es nulo. Pero no podemos decir lo mismo del peligro de desborde por coronación. Este desborde sólo es posible si, habiendo agua, la gestión de las presas es inadecuada, negligente y escasa en la aportación económica para su mantenimiento.

No podemos olvidar que hoy las presas tienen varios dueños que se dificultan entre sí el correcto mantenimiento de presas. Tal es así que hay abierto un expediente sancionador por importe de doce millones de euros a causa de vertidos de aguas contaminadas a cauce público. Si esto es así con la mina parada, ¿qué puede pasar cuando haya un trasiego de millones de metros cúbicos? Es natural, razonable y comprensible que la Administración sea exigente con el cumplimiento de “peligro cero” para el medio ambiente circundante. Por lo tanto, el tema de la deposición de los residuos necesita una solución segura porque un solo accidente cierra Riotinto para siempre. Hemos de proteger nuestra fuente de riqueza y empleo, con técnicas adecuadas al nivel tecnológico actual y con la financiación suficiente para operar los residuos de forma impecable y totalmente segura para el entorno que nos circunda.

b) Tratamiento de aguas de las Cortas de Cerro y Atalaya: En estos momentos existen varios millones de metros cúbicos de aguas ácidas acumuladas en los huecos de Cerro Colorado y Corta Atalaya-Alfredo. Esta agua tiene una considerable acidez y han ido lixiviando metales pesados de tal suerte que tienen un amplio contenido en hierro, cobre, zinc, plomo, arsénico, mercurio… y muchos otros metales en menores proporciones. Las aguas de Cerro, es necesario evacuarlas para iniciar las labores mineras de explotación; y parece evidente que no pueden enviarse a cauce público tal cual. Nos preguntamos qué va a hacerse con esta agua. La Cuenca necesita una explicación de la Administración sobre cómo se piensa evacuar este ingente volumen de ácidos metálicos. En Corta Atalaya y Alfredo, más de lo mismo. Aguas de la misma composición que la de Cerro. En este caso su desagüe no es necesario para la actividad minera, pero sí para evitar que esta joya arqueológica de la minería del siglo XX se derrumbe.

Mientras existía la SAL, el mantenimiento de Alfredo y Corta Atalaya se cumplía escrupulosamente. Vencidos los trabajadores se abandonó el bombeo de Alfredo y con ello el sistema de evacuación de aguas de lluvia, que, al no hacerse, con el tiempo se ha convertido en estas aguas ácidas llenas de metales. También nos preguntamos: ¿La Administración autorizó el cese del bombeo de Alfredo? Si lo hizo, debe buscar solución para depurar esta agua; si no lo autorizó, debe aplicar todo el peso de la Ley (penal, si es necesario) para quienes teniendo o habiendo tenido la obligación de conservar este patrimonio han permitido este atentado contra nuestra historia y nuestra cultura.

Resumimos: esta agua hay que enviarla fuera de estos huecos para poder trabajar y se nos debe explicar cómo. Si se autoriza una simple evacuación al río podemos tener tal presión interna y externa que eche el cerrojo a Riotinto. En su día, la Junta de Andalucía utilizó un testaferro para cerrar Riotinto. Rechazó el Plan Laguna y se enrocó en el cierre definitivo de Riotinto como castigo a los díscolos mineros no afines a sus políticas ni a sus métodos sindicales. De aquellos polvos, estos lodos: paro total en la comarca. El Plan Laguna (plan presentado por los trabajadores y llamado así por ser el nombre de nuestro último director y planteado por él) conllevaba el cierre de la actividad minera en aquellos tiempos de bajo precio del cobre y los trabajadores al paro, para reiniciar cuando los precios del metal fuesen competitivos. No fue posible, y la mina y su extensísimo patrimonio pasó a ser devorada por los carroñeros.

La pésima gestión de la Comisión Liquidadora ha sido tal que los acreedores no han cobrado ni un céntimo de un patrimonio (auditado por los interventores judiciales) que duplicaba el pasivo deudor. Al olor del negocio fácil, barato, y con la aportación de ex políticos conseguidores se troceó el esquema industrial que posibilitaba la actividad de la minería: derechos mineros con unos dueños, instalaciones industriales de otros y unos terceros dueños de las presas. Un batiburrillo de intereses que intenta chantajear a toda la Cuenca sabiendo la enorme necesidad de empleo que hay.

Los trabajadores, las familias de la Comarca Minera no pueden ser rehenes de aquellos que intentan obtener enormes cantidades de dinero como fruto del descuartizamiento, a precio simbólico, que han operado sobre las Minas de Riotinto y sobre las necesidades de sus gentes. La minería es una actividad de utilidad pública. La Administración debe velar por los derechos del común ante la agresión del chantaje. La Administración tiene recursos legales para expropiar a todo aquel que se oponga de forma torticera a la apertura de la mina. El nuevo Gobierno debe liderar con firmeza la gestión para la explotación de la mina. Los ejemplos de Rumasa antaño y de Bankia hoy ilustran la necesidad de la acción administrativa, apoyándose en la Ley, para tomar decisiones firmes, sólidas, que conduzcan a conseguir actividad industrial rentable en lo económico y social.

Riotinto debe abrir, puede abrir, tiene que abrir.