El cierre de Tubespa, junto al anterior cerrojazo de Nature Pack, dos de las empresas que abanderaban la primera diversificación, acrecienta la desesperanza entre la población
Los agentes sociales ven en la urgente reapertura de la mina la única vía de escape para evitar que los desdobles de la N-435 y la A-461 y el Parque Empresarial y Tecnológico se asienten sobre un desierto
La población de la comarca, con alrededor de dos millares de parados, lamenta el “silencio cómplice” de los alcaldes, a los que se acusa de anteponer los intereses partidistas a los de los ciudadanos
CUENCA MINERA. La Cuenca Minera de Río Tinto, tras dejar atrás su etapa dorada, esos ya remotos años de esplendor con olor a cobre, languidece sin remedio. Los pilares de aquella primera diversificación socioeconómica que se vio truncada por el Plan Esquila, por la romántica, pero inviable, adquisición de la mina por quienes la trabajaban, se resquebrajan para acrecentar la desesperanza entre una población ya de por sí desprovista de toda fe. El cierre de Tubespa, acordado por el Consejo de Administración de su propietario, la Caja de Ahorros Cajasol, unido al alevoso cerrojazo dado en su momento a Nature Pack por el ‘pirata’, ya capturado, Josep Xicola (el que también fuera gestor de Fincas Corral) después de comprarla por la irrisoria cantidad de un euro para dejar en la calle a 58 personas, no sólo supone para la comarca la sangrienta pérdida de otros 69 puestos de trabajo, sino también un argumento sólido que acentúa la pérdida de confianza en las “eternas promesas” de las administraciones y, de forma colateral, en los propios alcaldes, la inmensa mayoría socialistas (seis de siete), de la zona.
La caída de esas dos entidades, que, desde finales de los 80, junto a la tampoco a salvo de la incertidumbre Río Tinto Plásticos y la firma citrícola Río Tinto Fruit, abanderaban el sueño de esta tierra de huir del monopolio de la línea del cobre, ha hecho mella en la moral de la población, que, en paralelo, se pregunta dónde están los dirigentes de los siete municipios que constituyen la Mancomunidad que preside el regidor de Zalamea la Real, Vicente Zarza (PSOE). Los propios operarios de Tubespa, mientras permanecían acampados en la Gran Vía de la capital onubense, a las puertas de la Diputación Provincial, lamentaban la falta de calor recibida de sus representantes más directos, los que gobiernan sus ayuntamientos. “La disciplina de partido hace que antepongan los intereses de las siglas a las que pertenecen al sufrimiento del obrero”, comentaban. El aliento de un simple saludo, de una muestra pública de preocupación, por ligera que fuera, les habría bastado. Sólo necesitaban saber que no estaban solos. Pero ese apoyo no llegó y tuvieron que levantar el campo con la carta de despido bajo el brazo. Eso sí, al menos, lograron un pacto por el que Cajasol les abonará 45 días de salario por año de contrato y una indemnización de 12.000 euros, así como el “compromiso” de mantener las instalaciones de cara a la posible llegada de algún inversor.
El contexto de la comarca, con 2.209 parados (entre sus 17.249 habitantes), según los datos oficiales de octubre, inscritos en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la espera de una oferta de trabajo, es, por tanto, desolador, hasta el punto de que ya nadie cree en esas infraestructuras tildadas hasta la extenuación de “salvadoras”. Los plazos de la conexión con el Puerto de Huelva y la Ruta de la Plata a través del desdoble de la N-435, complementada por la también aprobada conversión en autovía de la A-461 (El Campillo-Santa Olalla del Cala), se han dilatado ya demasiado. Tras más de dos décadas de reivindicación, aún no hay fechas. Lo mismo cabe decir del anhelado Parque Empresarial y Tecnológico de la Cuenca Minera, sobre el que, de momento, sólo se conoce el emplazamiento, un espacio de 35 hectáreas del término municipal de El Campillo situado entre el margen derecho de la A-461, a la altura de la gasolinera de Minas de Riotinto, y el paraje de El Zumajo, pero no el día de la colocación ni de la última ni de la primera piedra. La hemorragia es tan profunda que muchos temen que esos proyectos tan demandados acaben por asentarse sobre un desierto, sobre un cementerio de bellos tonos rojizos.
La única vía de escape que emerge en el horizonte más inmediato, hacia el único al que alcanza la vista de una tierra que agoniza, es, en consecuencia, la reapertura de la mina. Así lo exponen los sindicatos y demás agentes sociales de la zona, que alzan la voz, como ya lo manifestara el secretario general de UGT-Huelva, Jorge Puente, para que, de una vez, se disuelvan todas las sombras que planean sobre el proyecto de Emed Tartessus, para que despegue a la mayor brevedad posible. La sentencia es rotunda: sólo con la vuelta, por efímera que resulte, de mineros a los yacimientos de Cerro Colorado, la Cuenca podrá tomar el oxígeno imprescindible para subsistir hasta la irrupción material de las autovías N-435 y A-461 y el Parque Empresarial y Tecnológico. “Los parches en forma de cursos y talleres de empleo ya no dan pan ni para hoy”, vociferan los habitantes de la comarca.
Ésta es la atmósfera que embarga la recta hacia una nueva cita con las urnas, la de las Municipales de 2011, para cuestionar y, por consiguiente, amenazar el liderazgo del socialismo en una Cuenca que siempre ha teñido de rojo el mapa de la provincia de Huelva. El puño y la rosa están en entredicho. Y no porque sus alcaldes sean los únicos culpables de la crisis, sino por su “silencio cómplice”, por su lealtad confundida con sumisión a las directrices marcadas desde arriba. Una actitud que hasta ahora se ha topado con la permisividad de una ciudadanía dormida, aletargada, inmóvil, cuando “la situación socioeconómica invita a la rebelión”. El escenario no puede ser más grave. La prueba, que hasta el propio PSOE, en boca de la parlamentaria Susana Rivas, ha instado a la población a salir a la calle en masa para someter a la máxima presión posible a los “egoístas” componentes de la Comisión Liquidadora de MRT que mantienen el freno a una iniciativa que podría dar empleo a varios centenares de habitantes de una de las comarcas más deprimidas de toda Europa.
Una plataforma como el último tren para reconducir la situación
La recién constituida Plataforma de Apoyo a la Minería por los siete alcaldes de la Cuenca junto a cinco organizaciones empresariales y los sindicatos CC.OO y UGT, emerge como el último tren del PSOE para reconducir una situación que, en plena carrera hacia las Elecciones Municipales de 2011, pone en riesgo la tradicional preponderancia de sus siglas en el poder de la comarca. La puesta en duda de su capacidad para abanderar el ansiado desarrollo, ante la constante pérdida de tejido industrial, ha despertado la conciencia de los dirigentes socialistas de la zona, que, eso sí, con el respaldo de su Dirección Provincial (la propia parlamentaria andaluza, Susana Rivas, invitaba a la movilización), han tomado la determinación de reivindicar, “con tenacidad”, la reapertura de la línea del cobre y de pedir explicaciones a la Comisión Liquidadora por sus trabas al proyecto.
Este nuevo foro, que convivirá con el Consejo Socioeconómico de la Cuenca Minera, supone un radical giro de tuerca en la estrategia diseñada desde el chalé del Conquero, en la medida en que el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, ya veía con recelo la suma de sus alcaldes a la tribuna ciudadana que, con unos fines idénticos y “ajenos a siglas políticas”, trataron de conformar en noviembre de 2008 los trabajadores de empresas en problemas como Nature Pack, Tubespa o Nerva Croissant. Jiménez temía que se tratara de un satélite encabezado por IU, PP o PA para su uso, bajo la máscara anónima de la masa social, como arma arrojadiza contra la Junta de Andalucía. Ahora, a falta de poco más de seis meses para la cita con las urnas, rectifica y avala el deber de los alcaldes de estar en la primera fila, al lado de sus vecinos, de todo pronunciamiento a favor del futuro de su tierra.
“No es necesaria la firma de ningún miembro de la Comisión Liquidadora”
Fuentes cercanas al proceso aseveran que los derechos mineros de MRT ya fueron transferidos a Mantesur, a la que, por tanto, ya se los compró Emed Tartessus
La espesa maraña que sumerge a la mina de Río Tinto viene a ensombrecer aún más, si cabe, el futuro de la Cuenca Minera. El proyecto de Emed Tartessus para reabrir la línea del cobre, justificado por la cotización actual de la tonelada de este metal, que el pasado 1 de noviembre alcanzaba en bolsa los 8.330 dólares (en el momento del cierre se suspiraba por una valoración de 1.500 dólares), se halla inmerso, paralizado, en medio de una oscura trama, con actores que, en un marco de despropósitos que roza el esperpento, no están por la labor de hacer ningún favor a una comarca que, mientras tanto, derrama lágrimas de sangre en forma de desempleo. Tres miembros de la Comisión Liquidadora de MRT, dos de ellos vecinos de la zona, como son su presidente, Tomás López, y Fernando Borque, alias ‘El Maño’, acechados por el omnipresente Carlos Estévez, el que fuera gestor de la extinta compañía y componente de la Comisión en calidad de director facultativo, sin voto, aunque parece que sí con voz, rehúsan firmar la transmisión de los derechos mineros (o carta de no oposición) que exige la Junta de Andalucía para emitir su luz verde.
No es ése el único obstáculo. La filial de Emed Mining se ha topado, además, con la opacidad de Rumbo 5.0. y Construcciones Zeitung (esta última, vinculada a Javier Estévez, hermano del susodicho). Ambas sociedades reclamaban a Tartessus unos 60 millones de euros por la venta de las propiedades que envuelven a la mina, vitales por la presencia en las mismas de las balsas de estériles. La compañía que dirige Harry Anagnostaras ofreció 10 millones de euros, un capital “generoso” si se tiene en cuenta que, por ejemplo, Rumbo 5.0. (que aterrizó en la Cuenca representada por el reputado catedrático de Derecho Constitucional Francisco Javier Pérez Royo), sólo se gastó 2,8 millones en la adquisición de las 1.196 hectáreas de uno de los paquetes de fincas sacados a concurso por la Seguridad Social para la enajenación de los bienes de MRT. Y Emed sólo requiere el suelo de incidencia minera.
La Junta de Andalucía, por su parte, no está dispuesta a dejar en el aire ni el más ínfimo fleco en una explotación que le obligó, no sin antes arrojar ingentes cantidades de subvenciones a fondo perdido, a tutelar un plan de prejubilaciones masivas sin precedentes, con los costes que ello conllevó para las arcas públicas. No obstante, bajo el punto de vista de voces muy próximas al conflicto, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia cae en un “exceso de celo” que puede confundirse con “falta de voluntad política”, pues Joaquín Narbona y Jorge Díaz del Río, que ya estamparon su rúbrica sobre el documento de cesión de las licencias en el momento de la irrupción de Mantesur Andévalo, “contaban con un poder notarial que les validaba para ratificar los acuerdos de la Comisión. De este modo, dichos derechos “ya no están en manos de la entidad liquidadora de MRT”.
Pero todo este entramado puede solventarse por medio de otra vía, la de la expropiación por vía de urgencia de los terrenos y el rescate de los derechos mineros, una alternativa “amparada por el interés general”. Desde el Gobierno andaluz aducen, sin embargo, que el proceso podría entrar en un agotador laberinto de recursos que retrasaría hasta seis ó siete años el arranque de la actividad. En cambio, desde la comarca aseveran que, “si la apuesta es firme”, esa acción “puede tramitarse con la máxima celeridad”, como también “se superaron todos los impedimentos jurídicos existentes en su día para prejubilar a mineros que apenas superaban los 40 años de edad”.
La lectura de todo este galimatías parece claro: Junta, Comisión Liquidadora y Emed Tartessus están condenadas a entenderse. Nada debería evitarlo, pues los representantes de los acreedores de MRT ya manifestaron su pretensión de “solucionar el complejo contencioso que rodea a la titularidad de los derechos de explotación del subsuelo de Río Tinto por medio de una mesa de negociación”. La interrogante: qué o cuánto piden como recompensa por su colaboración.
