Cuenca Minera

La Junta pasa al contraataque y mete al PP en el caso del ERE de Río Tinto

Mar Moreno exige explicaciones a Zaplana, Arenas y Zoido tras difundirse la participación del Gobierno del PP en el expediente de la mina de 2003

CUENCA MINERA. Tras dos semanas de presión, la Junta de Andalucía encontró ayer aire en el caso de las falsas prejubilaciones detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE). Si desde hace días el PP exigía explicaciones por las responsabilidades políticas que tenían en la tramitación de estos ERE no sólo los consejeros de Empleo, sino también el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como responsable de los asuntos económicos, los populares han visto ahora cómo el caso se ha revuelto contra ellos en uno de los ERE puestos bajo sospecha, el de Minas de Río Tinto en 2003.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, indicó el lunes que su departamento revisará el plan de extinción de contratos tramitado por la Junta de Andalucía e inspeccionado entonces por el Ministerio de Trabajo que presidía el popular Eduardo Zaplana. El contraataque de la Junta entromete al entonces delegado del Gobierno en Andalucía, el actual candidato a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y al propio Javier Arenas como ministro de Administraciones Públicas.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, exigió ayer explicaciones al PP después de acusar a la Junta de falsear edades y coeficientes reductores, cuando ahora resulta que “nos encontramos ante el cazador cazado”. El líder de los populares andaluces, Javier Arenas “calificó de espeluznante la manipulación de los coeficientes y ahora resulta que este expediente era responsabilidad absoluta del Gobierno del PP, siendo ministro de Trabajo Eduardo Zaplana y delegado del Gobierno en Andalucía y mediador con los trabajadores Juan Ignacio Zoido, actual candidato a la Alcaldía de Sevilla”, denunció.

Zoido, según la Junta, fue el responsable político que mantuvo todas las reuniones con los sindicatos y “validó”, a instancias del Ministerio, las listas de prejubilados y los trabajadores que aportaban los sindicatos sobre un ERE que financiaron el Estado y la Junta. Por ello, la consejera opinó que si Arenas consideró espeluznante este caso, como dijo en unas declaraciones públicas la semana pasada, “confío en que estime espeluznante también la gestión de Zoido y Zaplana”. El PP “está disparando a todo lo que se mueve, pero en este caso se ha disparado a sí mismo, en su lamentable juego de intentar mancharlo todo”, censuró Moreno.

El secretario general del PP, Antonio Sanz, avanzó horas más tarde que su formación emprenderá acciones legales contra el vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, que realizó la misma denuncia en el Senado, y contra la consejera Mar Moreno, por “involucrar de manera zafia e injuriosa” a los tres dirigentes del PP. En declaraciones a Europa Press, Sanz, consideró “de chiste” que el PSOE pretenda que los andaluces se crean que fueron Zoido y Zaplana “quienes colaron a intrusos socialistas en los ERE”.

A. Fuentes / Agencias / Huelva Información

El fichaje de Domingo Domínguez abre una crisis en el PSOE de Nerva

Dimite la Ejecutiva local a excepción de su secretario general, Eduardo Muñoz · El delegado de Empleo tutelará la fusión entre socialistas e independientes · El Giner quedará extinguido

NERVA. La Ejecutiva de la Agrupación Municipal del PSOE de Nerva ‘Curro López Real’, a excepción de su secretario general, el ex alcalde y delegado de Empleo en Huelva, Eduardo Manuel Muñoz, presentó ayer su dimisión por discrepancias en las formas empleadas por la dirección provincial del partido del puño y la rosa para elegir al regidor de la localidad minera, el independiente Domingo Domínguez (Giner) como su candidato de cara la cita con las urnas del próximo 22 de mayo. Una incorporación que, por el contrario, una vez consumada, refuerza a los socialistas en el partido judicial de Valverde del Camino ante un previsible avance del PP en su asalto a la Diputación Provincial de Huelva.

Ningún miembro de la Ejecutiva nervense, ni tan siquiera su secretario general, atendieron a los medios de comunicación. Se limitaron a una escueta nota en la que aclaraban que “el pasado día 15 de febrero, tras mantener una reunión con el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, los miembros de la Ejecutiva local presentaron las respectivas dimisiones de sus cargos por discrepancias con la decisión tomada por la Dirección provincial de proponer y apoyar la candidatura a la Alcaldía de la localidad del actual alcalde del Giner, Domingo Domínguez Bueno, saltándose así el protocolo normalizado de elección de candidaturas que debería pasar por la aprobación de la Asamblea Local”.

Para los ex miembros de la histórica Ejecutiva local nervense, “este tipo de imposiciones desvirtúan el sentir demócrata del socialismo”, algo que no estaban en disposición de aceptar, de modo que “la única salida que nos han dejado es abandonar nuestros cargos y no participar de esta imposición más acorde con otros tiempos”, concluye el escrito. Entre los dimisionarios se encuentran la presidenta de la Agrupación local, Francisca Delgado; la vicesecretaria general, Eva Fernández; la secretaria de Organización, María Elia Alonso; el secretario de Comunicación, Fernando Gómez, y el secretario de Administración, Ricardo Moreno. Todos, salvo la presidenta, concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Nerva.

Bajo este contexto, todo parece indicar que el siguiente paso, con Eduardo Manuel Muñoz como único miembro de la Ejecutiva municipal del PSOE, será el nombramiento de una gestora que intente reconducir la situación y prepare a fondo unas elecciones en las que, según las últimas encuestas realizadas en la localidad minera, los socialistas recuperarán la Alcaldía por mayoría absoluta con Domingo Domínguez como cabeza de cartel y el Grupo Independiente de Nerva (Giner), ya extinguido. En Nerva hay opiniones para todos los gustos, desde los que ven en esta dimisión la oportunidad que se perdió tras la derrota en los comicios municipales de 2007 para renovar el partido con ideas y gente nueva hasta quienes alaban y dignifican la postura tomada por los dimisionarios.

En cualquier caso, esta situación no deja a nadie indiferente. Entre los primeros destacan las voces que se expresan en los foros del municipio minero que veían al partido totalmente fragmentado, dividido y con profundas heridas desde hace años, debido, entre otras cuestiones, a la falta de diálogo, el nulo fomento de la participación, una escasa amplitud de miras y perspectivas de futuro, opacidad en la gestión y mínimo ejercicio de autocrítica. En lo que sí están todos de acuerdo es en que la gestión de esta crisis no ha sido la más adecuada por parte de la Ejecutiva provincial del PSOE, que culminará con la candidatura oficial de Domingo Domínguez por parte de las filas socialistas.

Juan A. Hipólito / Huelva Información

UGT anuncia “buenas noticias” sobre la mina tras entrevistarse con Mario Jiménez

Los trabajadores exigen en el Parlamento la reapertura de la explotación

CUENCA MINERA. Los trabajadores de Emed Tartessus se desplazaron ayer hasta el Parlamento de Andalucía, en Sevilla, para exigir por enésima vez más la reapertura de la mina de Río Tinto. Si hace una semana llevaron sus reclamaciones a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, ahora lo hacen ante las puertas de la Cámara autonómica.

Representantes del colectivo, formado por unas ochenta personas entre operarios de la multinacional minera y algunos vecinos de la comarca, mantuvieron un encuentro con el secretario general del PSOE de Huelva y portavoz del grupo parlamentario socialista, Mario Jiménez, y con su compañera de escaño, Susana Rivas Pineda. Una entrevista de la que salieron con optimismo, según puso de manifiesto el secretario de la Federación de Industrias Afines FIA-UGT, Andrés Tomás Ramos, porque “Jiménez nos ha dicho que en una semana habrá buenas noticias”.

El ugetista aseguró, en esta línea, que el portavoz socialista en la Cámara andaluza y líder del PSOE onubense “nos confirmó que se está trabajando en el tema y las gestiones van dando sus frutos. Ahora nos pide una semana y aceptamos el beneficio de la duda en ese tiempo, aunque estaremos vigilantes, y si ese trabajo no llega a buen puerto y no se consigue la vía libre al proyecto continuaremos con nuestras movilizaciones”.

El pasado lunes finalizó el plazo dado por la Junta de Andalucía a la Comisión Liquidadora de MRT, S.A. para que se pronunciara de forma colectiva sobre la no oposición a la transmisión de los derechos mineros a Emed Tartessus. Un punto en el que Andrés Tomás Ramos recordó que la Administración autonómica pidió primero una cuarta firma “y cuando se consiguió exigió un nuevo documento firmado”. El sindicalista criticó el silencio de la Junta y subrayó que si ahora se consigue será el momento para que la empresa demuestre su solvencia técnica y financiera.

Desde la UGT aseguran, en este sentido, que la reapertura de la mina es la única tabla de salvación “para una comarca como la Cuenca Minera, que soporta tasas de paro cercanas al 50 por ciento”. Y Emed Tartessus apunta con insistencia a las malas artes del ex director general de MRT Carlos Estévez como origen de los intentos de bloqueo al Proyecto Río Tinto.

Estévez acumula 18 demandas por su actuación en la mina de Río Tinto

Emed culpa al ex director general y gran liquidador de la explotación del retraso del proyecto · La Comisión Liquidadora, Zeitung y Rumbo comparten techo en Sevilla

CUENCA MINERA. Se estrecha el cerco sobre “las mafias” que, como aseveró el secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, en el acto de presentación de Susana Rivas Pineda como candidata a la Alcaldía de El Campillo, tratan de bloquear la reapertura de la línea del cobre. Las causas que acumula el ex director general y gran liquidador de MRT, S.A., Carlos Estévez, y el no funcionamiento de la Comisión Liquidadora de la extinta compañía, abre una puerta jurídica a la ansiada recuperación de las licencias de explotación del subsuelo de Río Tinto.

En esta posibilidad trabajan de manera conjunta los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y de Emed Mining después de que la pasada semana el Gobierno autonómico desvelara que la filial de la sociedad de capital chipriota Emed Tartessus, en su pretensión de poner en marcha el Proyecto Río Tinto, no es propietaria aún de los derechos mineros, a juicio de la Administración, esenciales para extraer los metales que yacen bajo su misma propiedad en la denominada Unidad Industrial de la explotación a cielo abierto de Río Tinto.

La concesión y autorización, según la Junta, pertenece a la Comisión Liquidadora de MRT, SA, seis personas que, hasta el momento, tienen en sus manos el futuro de una multimillonaria inversión y que deben firmar, o no, una carta de no oposición a la transmisión de los derechos mineros. Para ellos, y también para Emed, se acerca el día D del plazo dado por la Junta a una rúbrica que determinará, o bien el inicio de un negocio; o, por contra, la declaración de hostilidades en el teatro minero mundial. Los mercados ya miran con asombro la complejidad de iniciar inversiones en un sector en el que la tonelada de cobre alcanza los 9.400 dólares.

Esta firma, junto con el desguace de la Unidad Industrial, que benefició a dos promotoras inmobiliarias, Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung, puede cocerse en una misma sede, pues el trío comparte edificio en Sevilla. La misma ciudad que ampara al factótum de la mina de Río Tinto, Carlos Estévez, blanco de todas las miradas y al que se dirigen ahora todas las posibilidades de reapertura de la antiquísima explotación minera. Hace más de una década lideró el troceo de la Cuenca ante la quiebra y las deudas acumuladas por la compañía.

Hay quien dice que si Estévez se hubiera dedicado a hacer el bien, hoy tendría un monumento en el corazón de la comarca, pero le critican que tomara el camino del mal. Y nadie le paró los pies, ni el Gobierno ni la Justicia. La empresa minera ha confirmado que “un total de 18 demandas y querellas hay interpuestas por Emed y otros perjudicados contra Carlos Estévez, sus socios, sus presuntos testaferros y el entramado de sociedades bajo cuyo paraguas ha desarrollado sus actividades en la última década”.

Estas acciones son estudiadas y tramitadas ahora en distintas instancias, desde juzgados de instrucción comarcales hasta el Tribunal Supremo, todos por presuntos delitos de diversa calificación: apropiación indebida, estafa, delito societario, obstrucción a la justicia, falsificación documental, difusión de información confidencial, fraude en suspensión de pagos, impagos a la Seguridad Social... Algunas, con penas de prisión; y otras, con periodos largos de inhabilitación para el ejercicio que más le gusta, la intermediación minerometalúrgica. De entre todas ellas, según Emed Tartessus, sobresalen aquellas en las que está demandada la Comisión Liquidadora de MRT, y afectados las personas que la componen.

Una de las causas, presentada hace ocho meses en el Juzgado de Valverde del Camino, permitiría averiguar la supuesta irregularidad de la suspensión de pagos de MRT, cuya liquidación, aparentemente, no se ha efectuado, al no haber presentado la Comisión cuentas ni haber respetado el orden de preferencia de los distintos acreedores, tal y como marca la actual normativa.

Pero también hay otro litigio en el Juzgado número 13 de Sevilla, desde hace casi un año, por la cesión de los derechos mineros, cuya audiencia previa ya está fijada para el próximo 6 de abril. En ella se pide que el Juzgado sustituya a la propia Comisión Liquidadora en su obligación de no estorbar en la cesión administrativa de los derechos mineros a favor de Emed Tartessus, por haber manifestado ésta documentalmente su voluntad de no ejercer como tal.

Y en el Juzgado número 24 de Sevilla hay otra contra MRT y los miembros de su Comisión Liquidadora sobre la deuda de la Seguridad Social que, a pesar de las varias liquidaciones efectuadas, no se ha visto reducida, y a la totalidad de la cual ha tenido que subrogarse Emed Tartessus, convirtiéndose así en deudor solidario junto con MRT. Otra de las denuncias curiosas es la presentada en septiembre de 2010 por estafa, al haberse vendido a Emed una concesión de aguas ya caducada. El juicio está señalado para el 30 de marzo próximo.

Según la letanía de denuncias que maneja la multinacional, las que afectan más directamente al antiguo director de la Mina, Carlos Estévez, son las presentadas, respectivamente, ante los juzgados 5 y 19 de Instrucción de Sevilla. La primera, admitida a trámite, es por un presunto delito de apropiación indebida y otro delito societario, por pagos realizados por éste cuando Emed Mining se hizo cargo de la mina. La segunda, por difusión de información privada de la empresa.

P.P.O. / Rafael Moreno

Emed carece aún de los derechos para extraer el cobre de Riotinto

La Junta advierte que en las escrituras consta MRT SA como propietaria legal · La multinacional sólo puede operar hoy en la superficie minera · La Administración dice que no puede autorizar la concesión

CUENCA MINERA. Emed Mining y su filial Emed Tartessus son los propietarios de gran parte de los terrenos que ocupa la explotación minera de Río Tinto. Así lo pone en las escrituras. Pero ¿podrían explotar los tajos, las cortas y extraer mineral de las entrañas de la Cuenca Minera? Hoy por hoy resulta imposible. Sólo pueden trabajar en superficie y el cobre está bajo tierra. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, confirmó ayer que Emed no es propietaria del subsuelo, pues, para ello, le hace falta obtener y escriturar a su nombre los derechos mineros (en manos de los seis miembros de la Comisión Liquidadora), la concesión y la autorización de la Administración autonómica. Ésta no puede darle el sí porque los derechos administrativos aún constan en los registros a favor de la última concesionaria, MRT SA, la heredera surgida de la empresa Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral (MRT SAL), que llegó a ser y es propiedad de algunos de los 600 trabajadores que operaban allí hace más de diez años.

De nada sirve que la empresa diga que posee los derechos mineros porque la mayoría de la Comisión Liquidadora se los ha traspasado debido a que a la Junta no le consta en ninguna escritura. Emed confirmó en una reunión con los alcaldes que cuatro de los seis miembros de este organismo firmaron una carta de no oposición a la transmisión de derechos mineros: Narciso García, Joaquín Arbona, Jorge Díaz del Río y Tomás López. El Gobierno andaluz ha solicitado, en este punto, una nueva aclaración por si dos de los firmantes en 2008 se han echado atrás. Y pide que la declaración sea mancomunada. Retrotrae la propiedad a MRT SA, lo que acerca los títulos al denostado y perseguido por la Justicia Carlos Estévez, el gran liquidador de los activos de la compañía minera. Entonces, hace una década, nadie la quiso. La tonelada de cobre valía poco menos de 1.400 dólares. Ahora, cotizando a 9.400 dólares, todo son pretendientes.

La Administración se agarra a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 24 de noviembre de 2008 que avaló su autoridad para permitir o no el uso del dominio público en lo referente a los yacimientos mineros. Jiménez reconoció que el representante legal de la Comisión, Jorge Díaz del Río, también debe demostrar mediante escritura pública que es quien dice ser; es decir, representante acreditado de la Comisión. Ni que decir tiene, en consecuencia, que a estas alturas la Junta no se fía de nadie ni de los pasos dados. Curioso. La Comisión Liquidadora le endosó a la Junta la decisión reclamándole a finales del verano que dictara una resolución, una hoja de ruta para el proyecto, y ahora es la Junta la que le rebota la petición. Manuel Alfonso Jiménez sentencia, en esta línea, que el Proyecto Río Tinto, que daría empleo a centenares de personas y ante el que hasta 3.200 desempleados han enviado su currículum a Emed Tartessus, carece aún de la obligada “solidez jurídica” por las disputas entre las partes y las carencias de los nuevos aspirantes a reabrir la mina.

La otra pata del proyecto que pisa arenas movedizas es el concepto de multipropiedad de la unidad industrial y las balsas de residuos mineros. Hace justo un año, Huelva Información adelantó que la herencia dejada por la subasta pública de los terrenos de Minas de Río Tinto, debido a las deudas acumuladas con la Seguridad Social, se había convertido en el mayor obstáculo. En ese desguace, las promotoras sevillanas Rumbo 5.0 y Zeitung se hicieron con varias fincas esenciales para el laboreo minero, la viabilidad del proyecto y la seguridad de la explotación. Rumbo adquirió en 2005 una finca de 1.200 hectáreas por 2,8 millones de euros, en Minas de Riotinto y El Campillo. Luego dio la cara Vía del Atlántico y Construcciones Zeitung. Hoy piden 60 millones de euros para vender sus terrenos comprados a precio de saldo.

Emed asegura que Estévez quiere dinero para solventar la reapertura de la mina

El ex director, dispuesto a mediar con la comisión y los propietarios

El antiguo director de la mina de Río Tinto y miembro de la Comisión Liquidadora ha vuelto a proponer a Emed Tartessus, empresa encargada de la explotación de cobre, la resolución a cambio de dinero de todos los obstáculos que traban el proyecto, según ha manifestado la filial del grupo chipriota Emed Mining Public Limited. La compañía criticó, en este sentido, que Estévez se haya ofrecido “por dinero” a solventar los problemas que rodean a la puesta en marcha del proyecto, tales como la reunión de las firmas de los representantes de los acreedores, el escollo con los propietarios de los terrenos y los trámites administrativos.

Bajo las informaciones publicadas por la empresa en su último boletín, la Junta de Andalucía requiere una mayoría de los seis miembros que conforman la Comisión Liquidadora de MRT SA para establecer una “no oposición” sólida en términos legales para la reapertura de la mina. Sin embargo, de los seis miembros de la comisión, “sólo dos actúan de forma independiente y constructiva” en apoyo a la meta de reabrir la línea del cobre, en contra de la posición tomada por Carlos Estévez. Los demás, tal y como especifica la compañía, “aparentemente, apoyan las posturas mantenidas por Estévez, quien es objeto de múltiples querellas criminales, algunas de ellas emprendidas por Emed”.

La empresa recordó que, en su momento, ya cuatro miembros de la Comisión Liquidadora firmaron cartas de “no oposición” por separado, lo que conformaba una mayoría, pero desafortunadamente, interferencias en el proceso han hecho, supuestamente, a la Administración requerir una clarificación y a día de hoy, Emed no ha recibido ninguna resolución en firme”. La empresa aseguró, no obstante, que la transmisión de los derechos de propiedad del subsuelo está correctamente registrada, según el Derecho Civil y que la Administración necesita aprobar dicha transmisión para permitir la explotación de esos derechos.

La reapertura de la mina de Río Tinto “puede ser un proyecto crucial para el desarrollo económico de Huelva y Andalucía, generando importantes expectativas en una sociedad que sufre la peor crisis de las ultimas décadas”, algo por lo que la compañía incide en la urgencia de que todas las partes que componen este embrollo “han de actuar responsable y diligentemente para asegurar los avances que sirvan al objetivo común de la reapertura de la mina”. El interés general y el presente y el futuro de una tierra cansada de especuladores, así lo merecen.

Rafael Moreno / Huelva Información

El alcalde de Nerva lanza que el rechazo a los residuos europeos es “general”

La admisión de desechos industriales procedentes de la UE no estaba contemplada en 1995

CUENCA MINERA. El vertedero de Zarandas sigue en el foco de todas las miradas. Tras la polémica suscitada por la autorización de la entrada de 80.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de Italia para el año 2011 (con anterioridad se había dado luz verde a otras 8.000), acrecentada por el vuelco de un camión que transportaba 4.000 kilos de nerofumo el pasado lunes en la carretera A-476, a pocos kilómetros del embalse del Jarama, el alcalde de Nerva, Domingo Domínguez (GINER), reconoce el rechazo generalizado de la población a la llegada de estos desechos. Al margen de que la libre circulación de este material esté permitida por la Unión Europea (UE), es algo que no estaba contemplado en el origen del complejo medioambiental que gestiona Befesa, cuando se aceptó su implantación en el núcleo minero allá por 1995. Algo que, según el regidor, coloca a las instalaciones en una situación “extraña”.

Domínguez pide, en este sentido, después de que en su momento declarara que el aterrizaje en Nerva de residuos del exterior era “un debate asumido”, que se extremen las precauciones en el transporte de los mismos, para evitar nuevos accidentes que deriven en la contaminación del entorno natural. Un punto en el que el director general de Befesa, Santiago Ortiz, anota que los residuos que llegan a la planta lo hacen tal y como exige la Ley. No obstante, al parecer, según la misma, los vehículos que acarrean desechos tóxicos pueden transitar por carretera con una carga de 25.000 kilos a bordo y la única protección de un toldo. Para Befesa, además, el hecho de que en el último año “sólo” se produjeran tres accidentes es una prueba de “efectividad”, al situarse el índice de siniestralidad en el 0,02 por ciento de los 20.000 movimientos efectuados.

El alcalde de Nerva, ante este contexto, anuncia la inminente convocatoria de la Comisión Municipal que analiza el funcionamiento del vertedero. Y es que parte de sus miembros han pedido esta reunión y las redes sociales incluyen en Nerva decenas de mensajes diarios sobre la aceptación de los residuos extranjeros. Un clima en el que el consejero de Medio Ambiente, el onubense José Juan Díaz Trillo, en respuesta a la acusación vertida por el coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez, de “mirar para otro lado”, invita a la calma, tras avalar y garantizar el control de su departamento sobre los desechos tóxicos.

El cruce de mensajes políticos no termina ahí, pues Domínguez también ha catalogado como “lamentable” que se utilice el vertedero con “fines electorales”, en alusión a la visita de la parlamentaria andaluza del PP, Loles López, a la planta, desde donde reclamó a la Junta de Andalucía que impida la llegada de los residuos transalpinos debido a “las dudas existentes”. El regidor nervense, no obstante, daba la bienvenida al PP y le tendió su mano para trabajar “codo con codo”. Con esa voluntad, en forma de gesto democrático, “he admitido al candidato popular a la Alcaldía, Francisco José Gallardo en la comisión del vertedero, sin tener la obligación de hacerlo, pues no cuenta con la representación necesaria”.

El alcalde de Nerva, al que todas las quinielas colocan como el próximo candidato del PSOE de cara a las Municipales del 22 de mayo en Nerva, ha recordado, en última instancia, que el asunto de la ampliación del vertedero se halla en los juzgados y que “será la Justicia la que decida, de manera definitiva, si Befesa tiene derecho o no a la expansión de las instalaciones.

Rafael Moreno / Huelva Información 

Befesa centraliza en Nerva toda la gestión de los residuos tóxicos

El director general de la compañía niega las acusaciones sobre el mal funcionamiento de la planta de Palos, que cerrará en tres meses · Santiago Ortiz dice que IU posee “documentación privada robada”

CUENCA MINERA. El director general de Befesa Gestión de Residuos Industriales, Santiago Ortiz, anunció el pasado martes 25 de enero, el cierre en tres meses de la planta de inertización de residuos industriales de Palos de la Frontera y el traslado de estos trabajos de conversión de desechos peligrosos en inertes y los de valorización hasta el vertedero de Nerva. Algo que hizo al mismo tiempo que la compañía negaba las supuestas ilegalidades cometidas en el proceso de tratamiento de los desechos que han sido llevadas a la Fiscalía por Izquierda Unida, aunque reconoció que la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil se personaron en el centro palermo el 14 de octubre de 2010. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) está a la espera de recibir el informe requerido para, junto a las declaraciones de los operarios de Befesa (todos han sido despedidos), analizar los datos y actuar en consecuencia.

En este punto, Ortiz fue muy crítico con IU, formación que ha cuestionado que la empresa trate como marca la ley determinadas cargas de desechos tóxicos y peligrosos procedentes de Portugal e Italia, a la vez que a la empresa gestora de cometer presuntos delitos medioambientales y de falsificación y estafa por cobrar por trabajos (inertización de residuos) no realizados. El responsable de Befesa dijo que los libros de asiento y de registro “han sido sustraídos” y se preguntó cómo han podido llegar a manos de Izquierda Unida, partido al que acusó de hacer política con el tratamiento de residuos cada cuatro años, en época electoral. En esos escritos documentales se encuentran las entradas y salidas de camiones y cargas de Palos de la Frontera y su destino. Pero, a juicio de Santiago Ortiz, no son válidos, pues “ese libro no es oficial”.

En la documentación entregada por IU a la Fiscalía se concretan ciertas prácticas entre noviembre de 2008 y febrero de 2009 en lo referente a residuos portugueses. En cuanto a los italianos, centra su apunte en julio de 2010. La coalición cree, en este sentido, que los camiones lusos nunca han llevado residuos de Palos de la Frontera a Nerva. Sobre los escombros contaminados de Riccoboni (Italia), Izquierda Unida subrayó que “en los asientos del centro de Palos del 6 de julio de 2010 se comprueba que en 50 minutos entraron 27 camiones con una frecuencia de entrada de 5 minutos”. Para IU, un claro signo de “presunta falsedad”; para Befesa, una tergiversación de la realidad, porque “tanto Nerva como Palos tienen permisos y autorizaciones para tratar los mismos residuos, de modo que esas imputaciones no tienen ningún fundamento”. La compañía añade que “siempre se ha actuado dentro de la más estricta legalidad y hasta ahora la Justicia ha archivado todas las denuncias presentadas por los grupos ecologistas”.

Santiago Ortiz desvinculó por completo el cierre de la planta palerma de las denuncias de los trabajadores, de la investigación de la Guardia Civil y de la visita de la Inspección de Trabajo. Para Befesa Gestión de Residuos Industriales, la causa del cierre es económica. El director general reconoció que “la situación era ya delicada en 2008, grave en 2009 y muy grave en 2010”. El desplome de la producción industrial del Polo Químico de Huelva, continuó, está relacionada con la generación y tratamiento de residuos. Y al fallo de esta clientela, según sus palabras, se une el parón en la llegada de residuos desde Portugal.

La planta palerma ha pasado de tratar 104.000 toneladas de residuos industriales en 2008 a 28.000 en 2010, una caída del 70 por ciento del negocio. Esto conllevó unas pérdidas de 850.000 euros en 2009 y 1.185.000 euros en 2010. Con esas cifras en el balance, afirmó Santiago Ortiz, Befesa optó por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), finalizado en 2009, y luego por el despido de nueve operarios en 2010. Ahora se elige la última opción, reagrupar el tratamiento de residuos en Nerva. Santiago Ortiz recapituló que antes se le había ofrecido a parte de la plantilla su recolocación en otros centros de España y, “ante su negativa, se optó por rescisiones de contratos con una indemnización de 45 días por año trabajado”. Bajo el punto de vista de Befesa, este conflicto laboral “está en el fondo” de las denuncias formuladas por los trabajadores ante la Guardia Civil.

La gestión y tratamiento de los residuos tóxicos llega a la Fiscalía

IU denuncia ante la Fiscalía y la Guardia Civil el funcionamiento de la planta de Palos y los transportes a Nerva · El escrito apunta presuntas ilegalidades en la inertización de desechos portugueses e italianos

Izquierda Unida puso en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Huelva el pasado lunes 24 de enero un amplio informe sobre el funcionamiento de la planta de inertización que Befesa gestiona en Palos y el traslado de determinadas toneladas de residuos italianos y portugueses hasta el vertedero que la misma compañía tiene en la localidad de Nerva. Bajo la tesis del escrito, esta empresa podría haber incurrido, presuntamente, en la comisión de tres delitos: contra el medio ambiente, falsedad documental y estafa. El primero, por no tratar los residuos tóxicos; el segundo, por falsificar los registros y, el tercero, por cobrar por un trabajo no realizado. Según los hechos puestos en conocimiento del fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, y que también son investigados por la Guardia Civil, “Befesa traslada, en teoría, al depósito de seguridad de Nerva material tratado e inertizado en la planta de Palos de la Frontera sin que una parte de éste haya entrado en esta última instalación y sin que haya sido inertizado (eliminada la condición de peligroso) en la misma”.

El coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez, adjuntó a su escrito de denuncia los libros de asiento, entrada y salida de desechos industriales en los que se desvelan, a su juicio, las supuestas prácticas fraudulentas de la empresa gestora de residuos. El texto subraya que “el procedimiento seguido para llevar a cabo esto ha consistido en el traslado a Nerva, directamente, de una parte importante del material contaminado procedente de la central térmica de Sines (Portugal), cenizas de fuel-oil y de la mayor parte del material procedente de Parma (Italia), escombros contaminados”. “Este material, que era transportado en camiones, una vez que se depositaba en las instalaciones de Nerva, se relacionaba en listados de la planta de Palos de la Frontera en los que se especificaba la matrícula del camión y del remolque, el pliego transfronterizo, el nombre del material, los pesos, la empresa transportista y la fecha del traslado. Todo ello, para hacer constar documentalmente que habían entrado y salido (tratados) de la planta de Palos”, añade el documento.

El escrito de IU concreta las prácticas entre noviembre de 2008 y febrero de 2009 en lo referente a los residuos portugueses; y, en cuanto a los desechos tóxicos italianos, centra su apunte en julio de 2010. Sostiene, además, que Befesa llegó a facturar 61.000 euros por ‘tratar’ 1.200 toneladas procedentes de Italia. La coalición considera que “es de sobra conocido que los camiones de empresas de transporte portuguesas (Evaristo, Bizarro, Duarte, Tremc) nunca han llevado residuos inertes de Palos a Nerva. Es evidente que todos estos datos son ficticios”, mientras que, sobre los escombros contaminados de Riccoboni S.P.A. (de procedencia italiana), subraya que “en los asientos informáticos del centro de Palos del 6 de julio de 2010 se puede comprobar cómo en un periodo de 50 minutos aproximadamente han entrado en la planta 27 camiones, con una frecuencia de entrada, entre algunos, de 5 minutos”. Y en los asientos del 7 de julio aparece que “en diez minutos entraron 20 camiones”.

A IU le parece “evidente” la falsedad de estos datos pues “en ninguna ocasión anterior, aparece en los asientos informáticos y en los libros de la empresa la entrada de tal cantidad de camiones”. Otro de los asuntos que llama la atención en el escrito es que “en los asientos de salida del día 6 aparecen 29 camiones que salen de la planta en 22 minutos. O lo que es lo mismo, que los 29 vehículos fueron cargados con una media de 25.000 kilos de material neto cada uno, pesados y documentados, y todo en 22 minutos”. A todo este rosario de datos, IU añade que la planta de Palos se encuentra sin personal de laboratorio desde enero de 2010. “Si tenemos en cuenta que las funciones de dicho personal eran las de analizar las muestras de los residuos que tenían que entrar en la planta y del inertizado que salía de la misma, significa que desde esa fecha se han estado recepcionando los residuos sin control por parte del personal de la misma”.

Rafael Moreno / Huelva Información

Un Plan de Energía Sostenible reducirá un 21% las emisiones de CO2 en la Cuenca

Entre las medidas contempladas, que cuentan con una inversión de 2,4 millones, destacan mejoras del alumbrado público, auditorías energéticas en explotaciones ganaderas o la instalación de calderas de biomasa

CUENCA MINERA. El pleno de la Mancomunidad de la Cuenca Minera aprobó ayer, en sesión extraordinaria y por unanimidad, la puesta en marcha de un Plan Comarcal de Energía Sostenible para dar cumplimiento al compromiso adquirido por los Ayuntamientos que integran la entidad supramunicipal tras su adhesión, a principios de 2009, al Pacto de Gobiernos Locales. El objetivo de este pacto, al que se adhirieron la práctica totalidad de municipios de la geografía onubense menores de 5.000 habitantes, es alcanzar la reducción de un 20 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2020, un reto para el que se cuenta con el apoyo técnico y económico de la Diputación Provincial de Huelva.

La moción, presentada por el grupo socialista, atiende así a la necesidad de promover un plan estratégico común de energía sostenible para la comarca con el fin de hacer frente a los impactos derivados por el cambio climático y para aprovechar las oportunidades que, en paralelo, se deriven de él en busca de municipios más verdes. El Pleno contó con la presencia de la diputada provincial de Medio Ambiente y Energías Renovables, María José Cortil, que explicó las principales características del documento y las líneas de actuación que se van a poner en marcha en la Cuenca Minera, que “contribuirán a la reducción de un 21 por ciento de las emisiones municipales de gases de efecto invernadero”, dijo.

En concreto, estas medidas, que contarán con una inversión hasta el 2020 de 2.356.571 euros, prevén una reducción de emisiones de 14.850 toneladas de CO₂, lo que equivaldría a la plantación de un total de 56.394 árboles, abastecería energéticamente a 3.761 hogares y posibilitaría la generación de 35 empleos. Entre las actuaciones enmarcadas en el plan comarcal destacan las encaminadas al ahorro y a la eficiencia energética, tales como la mejora del alumbrado público, auditorías energéticas en instalaciones ganaderas o la sustitución de calderas convencionales por otras de biomasa. También hay experiencias dirigidas al fomento de las energías renovables, a la movilidad sostenible y a la concienciación y participación ciudadana, que incluye la celebración de jornadas y talleres formativos.

María José Cortil señaló, en este sentido, que la ejecución de este programa no requiere ningún tipo de inversión municipal, permite desarrollar una política ambiental y energética acorde con las directrices de la Unión Europea, ofrece beneficios económicos para los ayuntamientos, contribuye a la generación de empleo local y fomenta la concienciación ciudadana a favor de la reducción de emisiones a la atmósfera, entre otras ventajas. La moción establece, además, el apoyo desde la Mancomunidad a la aplicación de las medidas propuestas mediante la coordinación de las acciones en colaboración con la Diputación y la canalización de las demandas municipales para su inclusión en el plan. Todo ello, junto al traslado del mismo a los consistorios mineros para que lo sometan a debate en sus plenos y puedan dar cumplimiento al compromiso individual adquirido con el Pacto de Gobiernos Locales.

Los grupos políticos de la Mancomunidad facultarán también a la Diputación de Huelva como estructura de soporte y apoyo del pacto de gobiernos locales y, en su nombre, a su presidenta, Petronila Guerrero, para que realice ante la Comisión Europea los trámites oportunos para dar traslado del Plan Comarcal de Energía Sostenible. Un punto en el que hay que recordar que éste convive con iniciativas similares desarrolladas en las comarcas de la Sierra, el Andévalo y el Condado, que, en su conjunto, al calor de una inversión global de 15.544.992 euros, contribuirán a la reducción de 84.619 toneladas de CO₂, lo que equivaldría a plantar 320.000 árboles, abastecería energéticamente a 22.000 hogares y posibilitaría la creación de 230 puestos de trabajo.