Cuenca Minera

Antonio Ávila explica en el Parlamento la situación de la reapertura de la mina

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia responde en la Cámara andaluza a un pregunta oral de la diputada socialista Susana Rivas Pineda, también candidata a la Alcaldía de El Campillo, sobre el Proyecto Río Tinto tras el reciente desbloqueo de la transferencia de los derechos mineros a la compañía Emed Tartessus:

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO, VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. —Gracias, señor Consejero. Señor Núñez, ¿quiere hacer uso de la palabra? Pasamos entonces, a continuación, a la siguiente pregunta con ruego de respuesta oral en Pleno, relativa al apoyo a la comarca minera de Río Tinto, en la provincia de Huelva. Para formular la misma, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rivas Pineda.

La señora RIVAS PINEDA. —Gracias, señora Presidenta. Señor Consejero, conoce usted perfectamente que desde hace ya bastante tiempo el Partido Socialista, conjuntamente con el Gobierno andaluz, viene trabajando por el desarrollo socioeconómico de la Cuenca Minera perteneciente o que se encuentra ubicada en la provincia de Huelva. Muchos son los proyectos que se están poniendo en marcha; sin embargo, entre todos, por su carácter cortoplacista en cuanto a la generación de empleo, destacan los de apertura de las minas de Río Tinto; un proyecto complejo por la dificultad que entraña la actividad minera, y, por tanto, en el que es fundamental, como usted bien  sabe, el cumplimiento de todos los requisitos legales.

Por todo ello, señor Consejero, resulta cuanto menos curioso escuchar alegatos como los que esta mañana estamos escuchando en el Pleno de esta Cámara, alegatos procedentes de la bancada del Grupo Popular, que una vez más se colocan el traje de salvadores de la patria, de la derecha más rancia, creyendo de esta manera que van a engañar a la ciudadanía andaluza. Pero mi gente, la gente de la Cuenca Minera no olvida, y aún recuerdan cuando el PP gobernó este país, cómo nos dejaron en el más absoluto de los abandonos; recuerdan cómo se olvidó el PP de la minería metálica, y todas las ayudas del Estado fueron a parar a la minería del carbón; o cómo el señor Arenas se hacía fotos repartiendo talleres de empleo únicamente por los pueblos gobernados por el PP; o cómo la única ayuda extraordinaria que llegó por parte del Estado fue la concesión del crédito del ICO, préstamo que hemos tenido que devolver con intereses, dejando hipotecado el futuro de esta comarca. Y no contentos con todo esto, señor Consejero, ahora se dedican a tratar de delincuentes a los cerca de 20.000 ciudadanos que viven en esta comarca.

En fin, señor Consejero, mientras tanto, nosotros a lo nuestro, a seguir trabajando conjuntamente, como he dicho al principio, con la plataforma por el desarrollo de la Cuenca Minera para devolver la esperanza a esta comarca. Por todo ello, nos gustaría conocer cuál ha sido la labor que ha realizado el Consejo de Gobierno en todo este proceso de reapertura de las minas de Río Tinto, y qué resultados se espera obtener en un futuro. [Aplausos.]

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO, VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. —Gracias, señora Rivas. Señor Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, su señoría tiene la palabra.

El señor ÁVILA CANO, CONSEJERO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA. —Gracias, Presidenta. Señoría, el Gobierno andaluz, y en este caso, además, usted lo sabe bien, ha llevado a cabo en este tema una labor de mediación para contribuir a desarrollar la comarca con proyectos empresariales que dinamicen su economía. La Junta de Andalucía ha conseguido desbloquear el proceso de tramitación de los derechos mineros en el yacimiento de cobre de Río Tinto y, de este modo, hemos despejado una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, para poder posibilitar la reactivación de este proyecto.

La actuación del Gobierno se ha producido para garantizar la gestión correcta del dominio público minero, y hemos logrado satisfacer un paso clave del proceso, un paso que era demandado por empleados, un paso clave para los trabajadores, pero también para todos los responsables municipales de la Cuenca Minera. Y, de hecho, el pasado lunes mantuve una reunión con los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Minera de Huelva, en la que les informé de este avance que se había producido, que constituye parte de un procedimiento reglado en la normativa minera.

En él se requiere, primero, la acreditación legal del solicitante para evaluar la solvencia técnica y económica de cualquier proyecto minero que se pueda identificar como viable. Y en el caso de Río Tinto el procedimiento es sustancialmente más complejo. El titular de los derechos administrativos de la explotación está representado por una comisión liquidadora, y la propietaria, la empresa que es propietaria de los terrenos donde se encuentra el yacimiento es la que solicita su explotación. Tras instarla este Consejero, a la comisión liquidadora, a pronunciarse y recibir escritos al respecto, se ha analizado la información y se ha concluido que se puede continuar con el procedimiento de transmisión de los derechos de la explotación.

A partir de ahora, los trámites de autorización y las gestiones para resolver los avales necesarios continúan, tal y como se ha hecho en el resto de proyectos mineros que se desarrollan en Andalucía. Desde el Gobierno vamos a apostar por el desarrollo de la Cuenca, y en particular del Andévalo, por una actividad minera que deberá comportar seguridad para las personas, para los trabajadores y, por supuesto, para el medio ambiente, y expectativas de rentabilidad económica, con todos los requisitos marcados por la ley; y en este caso, además, los avales de carácter social son especialmente relevantes. Es probable que, debido a las cotizaciones de los precios del mineral, haya periodos de actividad y de inactividad. Por tanto, hay que proteger los puestos de trabajo, y se exigirá a la empresa garantías sociales para que esta asuma en exclusiva las correspondientes compensaciones en los periodos posibles de inactividad.

El Gobierno, señorías, ha demostrado en esta ocasión, como en anteriores, su interés para aquellas explotaciones sostenibles de la minería andaluza en todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, e insisto, sostenibles y viables. Gracias. [Aplausos.]

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO, VICEPRESIDENTA SEGUNDA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. —Gracias, señor Consejero. Señora Rivas, ¿quiere hacer uso de la palabra? Tiene su señoría la palabra.

La señora RIVAS PINEDA. —Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Consejero, simplemente agradecer su respuesta, y, bueno, valorar una vez más el esfuerzo que se ha desarrollado desde la Consejería con todos los agentes sociales, con los sindicatos, con los alcaldes y con esta plataforma, como le decía al principio, para dar este primer paso, fundamental para que la reapertura de las minas de Río Tinto empiece a ser una realidad.

Muchas gracias.

 

 

 

Emed Tartessus prevé reabrir la mina en el primer trimestre de 2012

Antes, se tendrá que ratificar el proyecto, que contempla una inversión de 200 millones de euros para el inicio de la actividad y el primer año de su explotación

CUENCA MINERA. Emed Tartessus, filial del grupo chipriota Emed Mining Public Limited y gestora de la mina de Río Tinto, ha anunciado que, tras el desbloqueo de la cesión de derechos mineros por parte de la Junta de Andalucía, el siguiente paso es ratificar el Proyecto Río Tinto (PRT) en la Administración autonómica, que ya fue presentado a finales de julio de 2010. Un trámite que “llevará unos meses” (un mínimo de cinco y un máximo de nueve, según fuentes solventes en la materia, y sin perder de vista el problema añadido de la propiedad de las balsas, compartida con Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung), con el fin de reabrir la mina en el primer trimestre de 2012.

En este punto, desde la compañía han señalado que “la previsión inicial es contratar directamente a unos 350 trabajadores”, cifra que “ascenderá a 450 en el segundo año de funcionamiento”, cuando la mina esté a pleno rendimiento, instante en el que la actividad de la línea del cobre “ocupará a un total de 1.200 empleados, entre directos e indirectos”. Emed Tartessus ha recordado, a su vez, su apuesta por una contratación local del 95 por ciento para su proyecto minero y ha indicado, además, que los directivos actuales de la empresa tienen la misión de formar a los jóvenes profesionales de la zona para que “a su debido tiempo, tomen el grueso de las responsabilidades”.

Por otro lado, la sociedad promotora del PRT ha matizado que la mina se cerró cuando la tonelada de cobre se cotizaba por debajo de los 2.000 dólares por tonelada, mientras que ahora el valor asciende a 9.500. En esta línea, Tartessus ha precisado que mientras el precio de la tonelada se mantenga por encima de los 3.000 dólares, “lo que es altamente previsible en los próximos años debido a la demanda de los países emergentes”, la mina será rentable.

El proyecto, en concreto, contempla una inversión de 200 millones de euros para el inicio de la actividad y el primer año de explotación, una cantidad ante la que la compañía estima la posibilidad de recuperar ese desembolso en cinco años y medio. Así, en cuanto a los costes, el PRT supone unos gastos de capital, directos e indirectos, que ascienden a 161,2 millones de euros, a los que se suman otros medioambientales de 20 millones de euros, a parte de aquellos relacionados con las mejoras ecológicas planificadas. Mientras, los costes de operación para 14 años apuntan hacia un valor de 560 millones de euros, como precio de mina asociado al contratista principal; y a 572,4 millones, en el capítulo de coste de planta.

De esta forma, el análisis financiero del plan de reapertura de la línea del cobre permite indicar que su puesta en marcha conllevará “innumerables beneficios” para la Cuenca Minera. Y, con ello, “contribuirá al crecimiento económico de Huelva mediante la creación de un tejido industrial, además de proporcionar un adecuado beneficio para Emed Tartessus y sus inversores”, siempre “con las garantías sociales y ambientales que pongan las bases para un futuro sostenible de la comarca” de la que emanan las aguas del Tinto.

Dentro del accionariado del Grupo Emed se incluye RCF, fondo de inversión con sede en EEUU y Australia especializado en minería y líder mundial en financiación de proyectos. Un gigante a cuya revelación le han añadido las fuentes de la compañía chipriota que el Proyecto Río Tinto representa una “buena de inversión” y que sus accionistas “están preparados para aportar el capital necesario para implementar las más modernas tecnologías y métodos operativos”.

La Junta desbloquea la cesión de los derechos mineros de Río Tinto

Exige a Emed Tartessus garantías sociales “suficientes” para asumir en exclusiva las compensaciones ante posibles periodos inactivos

CUENCA MINERA. Se confirmaron las previsiones. Las anunciadas “buenas noticias” sobre la maraña jurídica-administrativa que envolvía el proceso de reapertura de la línea del cobre de Río Tinto son ya una realidad. El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha confirmado este lunes el desbloqueo de la cesión de los derechos de explotación de la mina, cuya representación ostenta la Comisión Liquidadora de la extinta MRT, SA.

Ávila ha realizado esta afirmación tras mantener una reunión, adelantada varios días en el marco del encierro de cuatro operarios en el túnel 14-calle de Pozo Alfredo, con el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real, Vicente Zarza, y el resto de regidores de la comarca. Un encuentro en el que ha participado la parlamentaria andaluza Susana Rivas Pineda, también candidata socialista a la Alcaldía de El Campillo.

El consejero ha subrayado el “interés manifiesto” de la Junta de Andalucía en el desarrollo de la minería metálica, constituida como un conjunto de “yacimientos tradicionales importantes que dejaron de explotarse por la caída de su rentabilidad y que ahora se replantea su reactivación”. Un punto en el que anota el aumento del precio del cobre y el descenso de los costes procurado por las mejoras tecnológicas.

Sin embargo, en esta misma línea, ha advertido que en Río Tinto el proceso para la regularización es “más complejo”, en la medida en que, como ha recordado, los derechos están en manos de la Comisión Liquidadora de MRT, SA, la cual “no ha facilitado esta situación”, mientras que Emed Tartessus, dueña de la mayoría de los terrenos, solicita su explotación.

Ávila ha explicado que la normativa minera demanda, en primer lugar, la acreditación legal del interesado que permite evaluar la solvencia técnica y económica de un proyecto minero viable. En este caso, Emed Tartessus, cuyo proyecto prevé unos 1.500 empleos, de los que 450 son directos, ha requerido “en numerosas ocasiones la conformidad de la citada Comisión Liquidadora como actual titular de los derechos, sin que ello fuera posible y mostrando ésta una obstaculización continuada en el proceso”.

El pasado 1 de febrero de 2011 la Junta instó a la Comisión a que se pronunciase sobre este asunto, “entendiendo que no había posibilidad de entendimiento entre las partes y que hay una responsabilidad de la Administración sobre el dominio minero”. Ante esta solicitud y tras el análisis de los escritos recibidos, la Junta concluye que se puede continuar con el procedimiento de transmisión de derechos”, sentencia Ávila, que asevera que la Comisión no ha respondido “en tiempo y forma”.

Tras este paso, los trámites de autorización continúan con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales, y el análisis económico del proyecto presentado, que, además, deberá analizarse por parte de diversos organismos especializados.

Los avales antes de iniciar los trabajos de reapertura

Del mismo modo, los avales de restauración y garantías sociales correspondientes deberán ser depositados de forma previa a la autorización del inicio de los trabajos de reapertura, cuyos trámites se llevarán a cabo de forma “ágil y rigurosa”, según las palabras del consejero de Economía, Innovación y Ciencia. “La puesta en marcha de la actividad minera deberá realizarse con todas las garantías técnicas de seguridad y de protección ambiental, y cumpliendo los requisitos marcados por ley”, señala Ávila.

En este sentido, deja clara la “especial importancia” de estos avales de carácter social, ya que la viabilidad de este yacimiento, “que está muy explotado y es de baja ley”, estará fuertemente condicionada por las oscilaciones de precios en el mercado de los metales, por lo que es probable que experimente periodos de actividad y de cierre”. Hay que tener en consideración que cuenta con un 0,5 por ciento de cobre, frente al 6,6 por ciento de Cobre Las Cruces o el 1,7 por ciento de Aguas Teñidas. La Junta exigirá, de este modo, a la empresa garantías sociales “suficientes para que ésta asuma en exclusiva las correspondientes compensaciones en los periodos de inactividad”.

El consejero ha afirmado que se está en el “momento oportuno” y que desde la Junta de Andalucía se ha apoyado el desarrollo de esta minería, con proyectos como el de Aguas Teñidas en Huelva o Cobre Las Cruces (CLC), en Sevilla, que suponen unos 1.500 puestos de trabajo y más de 1.000 millones de euros de inversión.

“Como agua de mayo”

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera y alcalde de Zalamea la Real, el socialista Vicente Zarza, ha subrayado el trabajo realizado para solucionar una situación “que se enquistaba en la comarca” y que ha llegado “como agua de mayo” para poner en marcha iniciativas que impulsen la zona a corto plazo.

Zarza ve así un día “importante” para la zona y apuesta por dar el espaldarazo un proyecto que “ilusiona” y que pondría en explotación una mina “a la que la actividad de la Cuenca ha estado siempre ligada”. “Es una iniciativa vital para reactivar la comarca y hay que reconocer el esfuerzo de la Junta de Andalucía”, insiste el regidor zalameño, que recuerda que la situación ha sido provocada desde el sector público y no desde la Administración.

“Con el precio del cobre, era incongruente que el entramado jurídico impidiera dar el pistoletazo para que la empresa demostrara su solvencia”, añade Zarza, que espera que esta nueva situación deje “satisfechos” a todos los sectores. En este marco, esta tarde la Mancomunidad mantendrá una reunión con industriales, comerciantes y sindicatos para plantearles esta nueva situación.

Huelva Información

Los mineros encerrados salen en forma de tregua ante las “buenas noticias” que se esperan hoy

Todo apunta al anuncio del desbloqueo del proyecto de reapertura de la línea del cobre en la reunión de esta mañana entre Antonio Ávila y los alcaldes de la Cuenca

CUENCA MINERA. Los cuatro mineros enclaustrados en el túnel 14-calle de Pozo Alfredo desde el pasado jueves para reivindicar el desbloqueo del proceso de concesión de los derechos mineros a Emed Tartessus emitieron esta madrugada un comunicado en el que anunciaban que suspendían de manera temporal el encierro a partir de las 8:30 horas de esta mañana con el fin de que la reunión que tendrá lugar entre el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, y los siete alcaldes de la Cuenca Minera (prevista para las 9:00 horas) pueda desarrollarse bajo un clima de paz social. Algo que hacen como “gesto de buena voluntad y confianza” en los resultados de dicho encuentro, en el que se espera que la Junta de Andalucía anuncie la buena noticia del sorteo de los obstáculos que frenaban la puesta en marcha del Proyecto Río Tinto (PRT) por parte de la filial de Emed Mining y el consecuente comienzo del proceso administrativo que derivará en la anhelada reapertura de la línea del cobre. El texto completo, firmado bajo las siglas de la Federación de Industrias Afines FIA-UGT de Huelva, reza así:

“Los trabajadores mineros encerrados en la mina de Riotinto, con el objetivo de que se desbloquee la concesión de los derechos mineros a Emed Tartessus, así como la tramitación administrativa del proyecto Riotinto para la apertura de la mina en el menor plazo posible, tenemos que manifestar que, tras las intensas gestiones realizadas por los alcaldes de la comarca, con la participación de UGT y la empresa, y en función de las buenas noticias para la reapertura de la mina que se espera se consigan dar tras la reunión de mañana lunes entre alcaldes de la comarca de Riotinto y el Consejero Antonio Ávila, y al objeto de que puedan materializarse en un clima de paz social que nos piden los alcaldes, como gesto de buena voluntad y confianza en los resultados de dicha reunión, hemos decidido suspender temporalmente el encierro desde las 8:30 horas de mañana lunes hasta las 12 horas o hasta que finalice dicha reunión si tuviera mayor duración. Los trabajadores de Emed Tartessus y en especial los cuatro mineros encerrados en el túnel 14-calle, queremos agradecer todo el apoyo recibido por ciudadanos y organizaciones políticas y sociales, en pro de conseguir el desarrollo socioeconómico que significa la reapertura de la actividad minera en la zona”.

 

Los alcaldes piden a los mineros que abandonen el encierro y no se dejen usar como arma de presión

Los dirigentes locales consideran que esta medida es “contraproducente con el proceso de negociación abierto y en el que trabaja de manera seria y rigurosa la Junta de Andalucía

CUENCA MINERA. Los alcaldes de la Cuenca Minera han pedido hoy a los representantes de los cuatro trabajadores de Emed Tartessus que se encuentran en contramina que éstos abandonen el encierro debido a que “es contraproducente con el proceso de negociación abierto y en el que trabaja de manera seria y rigurosa la Junta de Andalucía”. Un punto en el que les han instado a que “no se dejen utilizar como arma de presión”. Del mismo modo, los dirigentes de la comarca les transmitieron su preocupación por el estado de salud de los cuatro operarios, al encontrarse encerrados a 200 metros de profundidad de forma indefinida en unas condiciones precarias.

Los alcaldes han mostrado, en esta línea, su disconformidad con la actitud tomada por la empresa de capital chipriota, que, según han conocido de boca de los propios trabajadores, ha amenazado sus derechos con medidas drásticas como la posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) si no se desbloquea el proceso de reapertura de la mina. Los regidores insisten en que la empresa “debe presentar de una vez por todas los documentos necesarios para cumplir la ley y permitir de esta forma la reactivación de la explotación de cobre de Río Tinto con todas las garantías exigibles”.

Este mensaje se produce después de que ayer los mandatarios de los municipios mineros manifestaran, tras la visita a los operarios encerrados en el túnel calle 14 de Pozo Alfredo, su solidaridad con los mismos en la defensa de sus puestos de trabajo y anunciaran la celebración de una reunión con el consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, prevista para el próximo jueves 17 de marzo en Sevilla. En ella, según informaron, se abordarán “distintos asuntos relacionados con la apertura de la mina en la que esperamos una respuesta satisfactoria, clara y concreta”.

De este encuentro ya estaba al tanto, como exponían los dirigentes de la zona en su comunicado, la Plataforma de Apoyo a la Minería en la que están representados los alcaldes, los sindicatos y los empresarios de la comarca. Los alcaldes aseveraron, en este sentido, que “hemos estado al frente y seguiremos estando durante todo el proceso, mediando en continuas reuniones con todas las partes implicadas y realizando el trabajo necesario para agilizar los trámites que permitan la apertura de la actividad minera en la comarca en el menor plazo de tiempo posible”.

Encierro a 200 metros de profundidad para reclamar la reapertura de Río Tinto

Cuatro operarios de Emed Tartessus inician una protesta indefinida para exigir a la Junta el sí a la transmisión de los derechos mineros. El presidente del comité, José Antonio Angera (UGT), dice que “no saldremos hasta que haya un compromiso”

CUENCA MINERA. El presidente del comité de empresa de Emed Tartessus, José Antonio Angera (UGT), se encerró ayer de forma indefinida a 200 metros de profundidad en el túnel calle 14 de Pozo Alfredo junto a otros tres compañeros de la empresa que pretende reabrir la mina de Río Tinto sin éxito desde hace cuatro años. Angera aseguró que ni él ni sus compañeros se moverán del interior de la mina “hasta que la Junta de Andalucía dé vía libre a la transmisión de los derechos mineros que frenan la reapertura de la histórica explotación” y que espera que a lo largo de las próximas horas se sumen otros muchos más a esta medida reivindicativa.

Para el sindicalista de UGT, esta movilización es el último recurso que les queda para garantizar sus puestos de trabajo y propiciar la llegada de los otros cientos de empleos que generaría la reapertura de la mina. “Si esto continúa así, la empresa no tardará mucho en dar carpetazo a este proyecto que está en disposición de dar un vuelco total a la crítica situación en la que se encuentra una de las comarcas más deprimidas de Europa”, sentenció.

En el mismo sentido se pronunció el secretario de Minería de la FIA-UGT, Andrés Tomas Ramos, el primero en visitar a sus compañeros nada más arrancar el encierro a las 9:00 horas de ayer. Ramos, incluso, fue más allá, al responsabilizar a la Administración regional de la obstrucción a la que está sometido el proyecto de Emed en Río Tinto. “Hasta ahora hemos sido muy comprensivos con la Junta, que nos prometió (fue Mario Jiménez, secretario general del PSOE de Huelva y portavoz en la Cámara quien lo hizo) en la sede parlamentaria que en una semana tendríamos noticias buenas sobre este asunto y ya han pasado tres semanas y seguimos igual”, aclaró.

Ramos aguarda una especial sensibilidad por parte de la Administración autonómica que termine de desbloquear el proceso administrativo que tiene paralizada la puesta en marcha de un proyecto que, según la compañía de capital chipriota, permitiría la creación de 400 puestos de trabajo directos y 1.200 indirectos. “Queremos que la Junta apueste por la creación de empleo y el desarrollo de la zona, que, hoy por hoy, sólo pasa por la reapertura de su mina”, dijo el ugetista.

Los mineros encerrados han adecentado como han podido una parte del viejo túnel que llega hasta el piso 14 de Pozo Alfredo, ubicado al noroeste de la masa de San Dionisio, que se empleaba para la extracción de clorita a través de cintas desde el interior de la mina. Tiene una pendiente del 15 por ciento que únicamente puede recorrerse a pie junto a los restos de la mencionada cinta.

Las condiciones actuales del túnel, inutilizado desde que se cerró la línea del cobre en 1987, son paupérrimas: sin agua, ni luz, ni teléfono, ni tan siquiera un mínimo lugar donde poder asearse. Los mineros se encuentran completamente aislados del exterior, bajo una humedad extrema y una corriente de aire continua que han podido amortiguar con varios toldos que acotan el pequeño habitáculo que han convertido en su nuevo e improvisado hogar.

La última vez que varios mineros se encerraron en contramina fue en Pozo Alfredo, hace más de una década, cuando ya se empezaba a vislumbrar el cierre de la explotación minera. Entonces, se podía acceder por la Corta Atalaya, ahora inundada, y los trabajadores reivindicaban al Gobierno central del PP la concesión de un crédito ICO por valor de 1.000 millones de las antiguas pesetas para mantener la actividad.

Emed Tartessus, que asegura no haber tenido conocimiento de la intención de sus operarios hasta producirse el encierro, comprende la desesperación y el desánimo de una plantilla que viene haciendo un trabajo espléndido en la conservación de los activos que conforman el complejo minero-metalúrgico de Río Tinto. Nada más recibir la noticia, la dirección de la empresa puso en marcha medidas preliminares para garantizar la seguridad y salud de sus empleados. Aunque se desvincula de sus acciones, respeta los derechos de éstos. Por ello, la empresa solicitó una reunión urgente con los líderes sindicales para conocer mejor la situación y el contenido de las reivindicaciones.

Emed reconoce también, en este punto, los “intensos esfuerzos” que realiza la Junta de Andalucía para posibilitar la reapertura de la mina, aunque aclara que el Proyecto Río Tinto (PRT) está en un momento delicado a causa de las largas conversaciones entre la empresa y la Administración. La intención de los nuevos gestores, como afirman en un comunicado, “siempre ha sido, es y será la de colaborar con las administraciones y con todas las partes legítimas para que el PRT sea una realidad lo antes posible con el apoyo y la confianza que los ciudadanos de la Cuenca Minera vienen depositando en la empresa”.

El PSOE cree que la empresa se irá si no consigue los permisos en 2011

Fuentes del PSOE de Huelva opinan que los mineros se han visto obligados a reaccionar porque Emed Tartessus, la filial de la multinacional minera Emed Mining les ha anunciado que si la explotación no consigue su viabilidad en 2011 abandonarán sus intenciones de poner en marcha el Proyecto Río Tinto (PRT). Desde las filas socialistas se teme la “maraña jurídica” que envuelve la mina y el proceso de transmisión de las licencias mineras, un punto en el que recuerdan que algunos de los seis miembros que conforman la Comisión Liquidadora de la extinta MRT bloquea la consolidación de los derechos a favor de la firma de capital chipriota. Desde la Junta de Andalucía se asevera que ante tanta incertidumbre están con las manos atadas, aunque trabajan para clarificar la situación con la mirada puesta en la anheñada reapertura de la línea del cobre.

La Administración autonómica mantiene la misma versión que el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, adelantó a este periódico hace un mes. A su juicio, Emed no es propietaria del subsuelo, pues, para ello, necesita obtener y escriturar a su nombre los derechos mineros (que siguen en manos de la Comisión Liquidadora) la concesión y la autorización de la Junta de Andalucía. Ésta no puede darle la autorización definitiva al proyecto porque los derechos administrativos aún constan en los registros a favor de la última concesionaria, MRT, SA, la heredera surgida de la empresa Minas de Río Tinto Sociedad Anónima Laboral (MRT, SAL), que llegó a ser propietaria y pertenece a algunos de los 600 trabajadores que operaban allí hace diez años. La Junta también ha pedido un aval de 180 millones de euros.

La magistratura italiana y la UE indagan en el traslado de residuos tóxicos a Nerva

El periódico transalpino Il Manifesto denuncia la alta peligrosidad de los transportes por barco a Sevilla · IU pide al alcalde nervense, Domingo Domínguez, que convoque al Pleno para hablar del vertedero

CUENCA MINERA. La magistratura italiana y la Unión Europea (UE) indagan en la naturaleza de los residuos transportados desde zonas fabriles del país transalpino hacia el vertedero de Nerva. El periódico italiano Il Manifesto (de ideología izquierdista) se ha hecho eco de la denuncia y dedica amplias espacios desde mediados de febrero a lo que denomina ‘la ruta comercial del veneno, de Italia a Nerva’. Según las informaciones publicadas, las pruebas de laboratorio llevadas a cabo confirman que los residuos “superan los límites legales de mercurio, carbono orgánico total (COT) y algunos hidrocarburos aromáticos”.

En la investigación firmada por el periodista Andrea Palladino se asegura que “las directrices comunitarias, adoptadas por Italia y España, son claras con este tipo de residuos tóxicos y peligrosos: deben ser tratados y no arrojados en vertederos, como ocurre a estas horas en Nerva”. En el artículo se cita la bendición dada al traslado por las autoridades italianas de Lombardía y las españolas. Cabe recordar que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha autorizado la llegada a Nerva de 80.000 toneladas de residuos con origen Italia y destino Nerva, a través del Puerto de Sevilla.

Los residuos que llegan a las instalaciones de Befesa en la Cuenca Minera han sido antes rechazados por Alemania, cuyas autoridades dudaron del cumplimiento de la normativa y del contenido de las cargas, aseguró ayer el miembro de Ecologistas en Acción Juan Romero. De hecho, los desechos que se depositan en Nerva proceden de un área geográfica (Sisas) a la que las autoridades de la Comisión Europea miran con lupa y donde los comisionados exigieron una verificación de acuerdo con los criterios legales. La UE llegó a sancionar los procedimientos, subraya, en este sentido, Il Manifesto.

Mientras la polémica ocupaba páginas del periódico en Italia, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Nerva, Óscar Collado; y el coordinador provincial de la coalición, Pedro Jiménez, exigían al alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, que convoque a la mayor brevedad posible al Pleno de la Corporación municipal para debatir las dos mociones presentadas por la federación de izquierdas sobre el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos.

IU propone en una de esas mociones que el Consistorio inste a la Consejería de Medio Ambiente a que ponga todos los recursos a disposición de la Fiscalía Provincial y del Seprona para clarificar los presuntos delitos recientemente puestos en conocimiento de la Justicia. También pretenden que el Pleno exija a la Consejería de Medio Ambiente a que responda a las preguntas parlamentarias registradas sobre esta cuestión desde el mes de noviembre pasado por el grupo parlamentario de IU y que manifieste su total oposición a la admisión de residuos que no procedan de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, con independencia de que lo permita la legislación vigente.

La segunda moción hace referencia al llenado del depósito de residuos peligrosos y pretende que se pida al departamento de José Juan Díaz Trillo que inicie de inmediato una investigación que determine la situación de los diferentes vasos y que, en caso de que se haya sobrepasado su capacidad, emprenda las acciones necesarias para que Befesa interrumpa la admisión de residuos peligrosos hasta que quede resuelto el procedimiento judicial abierto tras la paralización de la licencia de obras para la ampliación de la instalación. Collado no quiere que el alcalde, ya del PSOE, se escude en la Comisión de Seguimiento para no convocar el Pleno y debatir sobre la planta.

R. Moreno / J.A. Hipólito / Huelva Información

PSOE y PP prejubilaron a 1.500 mineros en 2003 y cerraron todas las minas

El Acuerdo Marco suscrito por Gobierno, Junta, CCOO y UGT incluyó la Faja Pirítica al completo · El pacto comprometió incentivos, diversificación industrial, despidos y regeneración ambiental, con un coste de 180 millones

CUENCA MINERA. El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves; el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; el presidente del PP andaluz, Javier Arenas; y sus subalternos han convertido el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Minas de Río Tinto (MRT) en una especie de línea medular de su particular rifi-rafe político. Lo extraño del asunto es que los actores que intervinieron de una u otra forma no sólo en el ERE, sino en la búsqueda de una solución a la crisis minera global que sufría hace una década la Faja Pirítica Ibérica ahora parece que se avergüenzan de ello o, peor aún, tratan de criminalizar aquellas decisiones.

El llamado ERE de Río Tinto no es más que un ejemplo de lo que se hizo en la mayor parte de las minas de cobre andaluzas entre 2002 y 2003, desde Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, pasando por Almagrera-Sotiel y Minas de Tharsis-Filón Sur, entre otras explotaciones. Todas las cortas se fueron a pique una a una tras el desplome del precio del metal, que llegó a cotizar a 1.300 dólares la tonelada cuando el margen de rentabilidad se había fijado en la frontera de los 1.800. Ahora cotiza a 9.500.

La debacle minera pilló en el Gobierno central al Partido Popular de Javier Arenas, Eduardo Zaplana y Juan Ignacio Zoido. El mismo partido que representaban en Huelva Carmelo Sanmartín y hasta el mismísimo alcalde de la capital, Pedro Rodríguez, que también se implicó en las negociaciones cuando los mineros de Río Tinto acamparon en la avenida de Andalucía. Pero también ocupó la agenda de Manuel Chaves y Griñán en la Junta y la de sus portavoces en Huelva: Manuel Alfonso Jiménez y Javier Barrero.

Todos se subieron al carro del acuerdo de un plan que no fue precisamente barato, sino que costó nada menos que 30.000 millones de las antiguas pesetas, o lo que es lo mismo, 180 millones de euros que fueron puestos a disposición de la causa en distintos plazos y fórmulas por las administraciones públicas para beneficiar a cerca de 1.500 mineros. Tras las prejubilaciones, prácticamente todas las minas onubenses cerraron. Sólo se quedó abierta la explotación de hierro de Cala.

El sindicalista de Comisiones Obreras Ricardo Gallego, uno de los observadores principales de aquellas negociaciones, asegura hoy que “han convertido todos aquellos acuerdos sobre la minería en campo de batalla política” sin pararse a pensar que se trató de un pacto social ultimado en muchas negociaciones en las que participaron ambas administraciones. “Todos los beneficiados de aquellos acuerdos fueron mineros y en las listas se respetó la normativa vigente”, dijo Ricardo Gallego, quien lleva desde 2001 fuera del mercado de trabajo.

El primer documento base fue firmado en septiembre de 2002. UGT, CCOO, Gobierno central (PP) y Junta (PSOE) dieron el visto bueno a un texto que ya contemplaba ayudas para 1.200 mineros de la provincia de Huelva afectados por el cierre en cadena de sus empresas. Estamparon su rúbrica el delegado del Gobierno, Carmelo Sanmartín; el delegado de Empleo andaluz, Manuel Alfonso Jiménez; el secretario general de UGT, José Martín; el de la FIA, Luciano Gómez; el secretario general de Comisiones Obreras, José Delgado; y el responsable de minería, Ricardo Gallego.

No estaban solos. En el momento de la firma también estaban presentes el alcalde de Huelva y parlamentario popular, Pedro Rodríguez; la diputada nacional Fátima Báñez; el alcalde de El Campillo, Fernando Pineda (PSOE); y el director provincial del Instituto Nacional de Empleo (INEM), Fernando Melgar, así como una nutrida cohorte de cargos técnicos de Gobierno y Junta.

Rafael Moreno / Huelva Información