Las balsas de estériles enconan el litigio entre Tartessus y MRT-Rumbo 5.0

La comisión liquidadora de la extinta compañía y la adjudicataria de unas 1.200 hectáreas de los terrenos subastados en 2005 por la Seguridad Social denuncian a la filial de Mining por “negligencia” en la gestión ambiental

EL CAMPILLO. El litigio entre Emed Tartessus con la Comisión Liquidadora de MRT, SA y Rumbo 5.0. se encona aún más. La excusa, una vez más, las balsas, protagonistas de un nuevo capítulo de una serie de trabas y zancadillas que parece no tener fin. Las dos últimas, sobre las que no deja de situarse la sombra del omnipresente Carlos Estévez, han denunciado a la filial de Emed Mining de actuar con negligencia en el mantenimiento y control de los depósitos de estériles. Lo han hecho mediante la presentación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valverde del Camino de un informe técnico que avala, según los ingenieros superiores de minas firmantes, que la propietaria de la mina “no respeta los protocolos de seguridad establecidos en el proyecto original y opera la presa al revés”. Algo que, continúa, ha motivado que la lámina de agua se acerque de manera “peligrosa” a los muros de contención. Esta proximidad (la distancia mínima de seguridad es de 50 metros) puede derivar, bajo la óptica del documento, la fluidificación y derrumbe de las paredes, como sucedió en Aznalcóllar y en Baia Mare (Rumanía). Una actuación que, agrega el escrito, “ha reducido la capacidad de almacenamiento de la presa de cobre en 2.600.000 metros cúbicos”.

MRT y Rumbo 5.0, propietaria de más de la mitad de los terrenos en que se asientan las balsas tras adjudicarse unas 1.200 hectáreas del suelo subastado por la Seguridad Social en 2005, aseguran que desde el inicio de la época de estiaje y hasta la fecha, Emed “no ha hecho nada para corregir este problema, mientras que el tiempo se agota”. El informe señala también que el colapso de los muros tendría tremendos efectos sobre la seguridad de las personas y del medio ambiente en la cuenca del río Odiel, circunstancia que “podría evitarse mediante una serie de actuaciones como extraer los materiales que reducen la capacidad de almacenaje y la superficie de evaporación”. Para ello, la compañía que aterrizó en la comarca representada por el prestigioso catedrático de Derecho Constitucional Francisco Javier Pérez Royo, tras llegar a un acuerdo con la Comisión Liquidadora que fiscaliza Carlos Estévez (que ha mantenido durante años el bloqueo a la transmisión de los derechos mineros de la Junta de Andalucía a Tartessus, hasta que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ha hallado un hueco legal al que agarrarse), asegura que inició la semana pasada las labores preliminares de un proyecto de mejora de la presa que han sido paralizadas por el jefe de servicio de la Delegación Provincial.

A juicio de MRT y Rumbo 5.0., la decisión de frenar estas actuaciones supone “una grave responsabilidad personal”, dado que “nunca en la historia de la mina de Río Tinto los muros de la presas han estado tan saturados de agua como en el último invierno”. La Administración autonómica determinó suspender los trabajos porque la empresa no contaba con los permisos oportunos, de momento. De hecho, sobre estas obras, Emed Tartessus entregó un informe técnico en el Juzgado de Valverde que alertaba de los riesgos ambientales y laborales que podrían ocasionar las acciones de movimiento de tierra. En concreto, se apuntaba que está en peligro la estabilidad de una pared de contención de la presa en la sección de gossan, así como la integridad de los operarios que acuden con regularidad a la zona. El texto señala también que la zanja abierta en la cola de la sección de cobre “ha modificado de manera importante la gestión del agua de las balsas que marcan los manuales de operación”. El canal que se ejecuta sobre los propios lodos depositados tiene unas dimensiones considerables, ya que ocupa tres metros de ancho por 400 metros de largo, con una profundidad de tres metros.

P.P.O. / Huelva Información