El Campillo

El PSOE plantea la urgencia de un Plan Social de Empleo que alivie el sufrimiento del paro

Los socialistas elevarán al Pleno la implantación de una oferta de trabajo eventual a familias sin ingresos y la posibilidad de conmutar el pago de tasas por servicios a la comunidad · Apuestan por una Empresa Municipal de la Vivienda para la ejecución de 80 VPO

EL CAMPILLO. El PSOE planteará, en el próximo Pleno del Ayuntamiento de El Campillo, la urgencia de un Plan Social de Empleo que contribuya a aliviar el sufrimiento de las familias que padecen el azote de la crisis económica. La receta, la oferta de un contrato de trabajo de carácter eventual, por un periodo de entre dos y cuatro meses, para alguno de los miembros de aquellos hogares en los que no se perciba ningún tipo de ingreso tras haber agotado todas las prestaciones por desempleo. Éste será el eje de una iniciativa que, como expone la portavoz del grupo municipal socialista, Susana Rivas Pineda, sólo persigue plasmar sobre el papel el que ya de por sí tiene que ser el objetivo número uno de toda Administración Pública, en especial, de la más cercana al dolor de la ciudadanía, la local, que no es otro que el de velar por el bienestar de la ciudadanía. A ello deben dirigirse, en palabras de la líder de la oposición, todos los esfuerzos en la actualidad.

La propuesta, no obstante, no sólo se queda en ese punto, sino que estipula, además, la posibilidad de que aquellas personas que, ahogados por la escasez de recursos, no puedan afrontar el pago de recibos y tasas municipales o, incluso, sanciones o deudas contraídas con las arcas del Ayuntamiento por motivos de diversa índole, tengan la oportunidad de saldar sus obligaciones a través de servicios a la comunidad. Desde la Casa del Pueblo entienden que esta medida no comprometería, en ninguna medida, el margen de maniobra de las cuentas del Consistorio, pues, a la vez que se renuncia a una serie de ingresos, se gana una mano de obra de gran valor para ampliar así la oferta de servicios o mejorar la calidad de los existentes. Y, todo ello, al mismo tiempo que se ayuda a los más débiles a salir de una situación difícil. Para el PSOE, que exhorta al equipo de Gobierno PA-PP a sentarse juntos para ensamblar este plan dentro del Presupuesto Municipal, es, en conclusión, una política de solidaridad que, lejos de ser un lastre para la economía local, puede ser hasta rentable.

Derecho a una vivienda digna

Desde el Grupo Socialista invitan, de igual modo, a integrar dentro de ese Plan Social las políticas que deben garantizar, a su juicio, la satisfacción del derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos. Sus ideas apuntan, en este sentido, a la ejecución, a través de una figura similar a la de una Empresa Municipal de la Vivienda, de las 80 VPO que está en disposición de albergar el suelo urbanizado para tales fines en el mandato anterior. Un periodo en el que ya se construyeron y se entregaron a sus adjudicatarios 26 viviendas protegidas de 70 metros cuadrados (más patio) por un importe, IVA incluido, de 73.996 euros, a pagar con hipotecas de 25 años. Las obras, según el PSOE, deben desarrollarse de manera progresiva, en consonancia con los datos del Registro de Demandantes ya creado en la legislatura 2007-2011, y venir complementadas también, a instancias de la líder de la oposición, Susana Rivas Pineda, por la elaboración de un Inventario Municipal de Viviendas Vacías para, desde la colaboración público-privada, fomentar el alquiler, en especial, entre la población joven.

Este pilar del Plan Social, como asevera el Grupo Socialista, desempeñaría, en paralelo, una “misión trascendental” para la economía del municipio, al dinamizar, como yacimiento de empleo local, uno de los sectores que con mayor virulencia ha sufrido el latigazo de la actual crisis financiera global, el de la construcción. Incluso, desde la óptica de la máxima representante de la izquierda en el Ayuntamiento de El Campillo, esa Empresa Municipal de la Vivienda se erigiría en un verdadero aval, en un seguro de cumplimiento de ese contrato que suscribiría la Administración local con aquellas familias con la totalidad de sus miembros en paro y sin derecho a prestación alguna por desempleo.

PA y PP se saltan el acuerdo plenario e ignoran las enmiendas socialistas a la Bolsa de Empleo

Populares y nacionalistas “se empeñan” en la participación “ilegal” de los representantes políticos en las comisiones de selección y “tratan de aplicar las normas del SAS a la complejidad de un ayuntamiento”

EL CAMPILLO. El Ayuntamiento de El Campillo aprobó el pasado 17 de agosto un Reglamento para la Bolsa de Empleo Municipal por unanimidad después de que PA y PP aceptaran las enmiendas presentadas por el grupo socialista para adaptar un texto “casi calcado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la compleja realidad de una Administración local y a la legalidad”. La propuesta inicial de populares y nacionalistas estipulaba en su punto número 9, como recalcó en el Pleno la portavoz municipal del PSOE, Susana Rivas Pineda, que los representantes políticos y sindicales tenían capacidad de decisión en la selección de personal, algo que se saltaba lo que marca el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 60.2, que proclama que esa tarea sólo corresponde a técnicos (entre tres y cinco) con igual o superior titulación a la de los demandantes que aspiran al puesto que se pretende cubrir.

El equipo de Gobierno PA-PP, no obstante, según los representantes del puño y la rosa, “sólo aceptó esa corrección en la teoría”, ya que, en la práctica, el alcalde, el andalucista Francisco Javier Cuaresma (PA), y la primera teniente de alcalde, la popular Manuela Caro (PP), “no dudaron en ponerse a valorar, a las primeras de cambio, los currículos de quienes concurrieron a la convocatoria de cuatro empleos de limpiadora”. Y ello, pese a que, como espeta Rivas Pineda, “el exiguo programa electoral del Partido Popular apuntaba la promesa de crear una Comisión de Selección Independiente”. Al parecer, al llegar al poder, prosigue la máxima responsable del PSOE en el Consistorio salvocheano, “han olvidado ese canto de sirena a la transparencia que tanto reclamaban”.

Otras enmiendas

Los socialistas también agregaron al documento una referencia explícita a que la Comisión de Selección velaría por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos y que no se limitara a dos el número máximo de tipos de puestos que se podían solicitar, para evitar que una persona que fuera, por ejemplo, peón de albañilería, fontanero y monitor sociocultural tuviera que renunciar a una de sus especialidades y asumir el riesgo de que luego no se ofertara ninguna plaza de las dos restantes. De igual modo, desde el PSOE se pidió una mayor claridad en el apartado en el que se fijaba en seis meses el periodo máximo acumulable entre distintos contratos para evitar errores de interpretación de un texto con cuatro años de vigencia y se insistió en que la totalidad de las convocatorias se divulgaran de manera pública a través no sólo del portal web del Ayuntamiento y el tablón de anuncios, sino también del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

OJO CRÍTICO

Paradoja: lo que vale para el SAS, no vale para el Ayuntamiento

Varias decenas de personas fueron excluidas del proceso de contratación de cuatro limpiadoras abierto por el Ayuntamiento de El Campillo por no disponer, por ejemplo, del certificado escolar. Algo que ni siquiera dejó fuera en su día a algunas salvocheanas de las labores de limpieza del SAS, en el Hospital Comarcal de Río Tinto José María Díaz Domínguez. Esta situación paradójica invitó a un sector de la población a reflexionar sobre la Bolsa de Empleo Municipal y la titulación realmente necesaria para desempeñar unas funciones laborales concretas. Para algunos campilleros resulta grotesco que ciudadanos aptos para ser elegidos como alcalde, para dirigir nuestro Ayuntamiento, administrar nuestros recursos y, por tanto, decidir nuestro futuro, puedan verse, sin embargo, descartados en una selección de limpiadores o de cualquier otro puesto de mantenimiento del Consistorio. En cualquier caso, la política tiene que ver con el campo de la ética y la ideología, y no con los conocimientos técnicos y científicos, de modo que, como propugna nuestra Constitución, cualquier ciudadano puede ser elegido democráticamente por el pueblo. En cambio, PP y PA, si esto sigue así, parece que acabarán por exigir que un alcalde tenga que estar licenciado para poder presentarse a unas Elecciones Municipales.

ESTILO DIRECTO / CARTA DEL PSOE

Educación y salidas de tono

El Grupo Municipal Socialista ha tratado de colaborar en todo momento para enriquecer con sus enmiendas el Reglamento de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento y su funcionamiento en la práctica, para hacerla más justa y transparente. Pero la respuesta del equipo de Gobierno a esta mano tendida de la oposición no ha estado a la altura. La reclamación (aceptada en la teoría), durante el proceso de selección de cuatro limpiadoras, de que los representantes políticos sólo intervengan en éstos como meros observadores (como lo exige, de paso, el Estatuto Básico del Empleado Público) y la petición de que a aquellas personas a las que le faltara algún documento se le diera un plazo de subsanación derivó en una serie de agravios por parte de algún miembro del equipo de Gobierno PP-PA, desde el que se perdieron los papeles y se faltó al respeto a la portavoz municipal del PSOE y, en consecuencia, a los cinco concejales socialistas y a los más de 500 ciudadanos que han respaldado en las urnas el proyecto del puño y la rosa. Tuvieron la oportunidad de emitir una disculpa pública en el Pleno del pasado 7 de septiembre, pero no lo hicieron.

Ricardo Limia: “Yo fui un esclavo del franquismo”

El salvocheano, que falleció el pasado 17 de febrero a los 94 años, fue uno de los últimos supervivientes del Canal de los Presos. A finales de enero rememoraba para el diario Público la brutal represión a la que se vio sometido · Fue secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas de Riotinto ·  Sobrevivió al “engaño” de la Pañoleta · "Cada vez que decía que era de Salvochea, me pegaban una paliza"

Cuando le preguntaban de dónde era, él respondía que de Salvochea, una aldea a tres kilómetros de Riotinto, en Huelva. “Cada vez que lo decía, me pegaban una paliza. Había que llamarla El Campillo, como a ellos les gustaba”, recuerda ahora Ricardo Limia a sus 94 años. Esos “ellos” a los que hace referencia son los fascistas de todo pelaje que le arruinaron media vida. Y no sólo por no permitir llamar a su pueblo con el apellido del mítico revolucionario y anarquista Fermín Salvochea que le dio nombre durante los años previos al estallido de la guerra. La toponimia aquí es lo de menos. Ricardo Limia fue un esclavo del franquismo.

Acabada la guerra, el régimen naciente aprovechó la mano de obra esclava para la construcción de una ambiciosa infraestructura destinada a poner en riego más de 50.000 hectáreas en Sevilla y Cádiz. El resultado es lo que aún hoy es el Canal del Bajo Guadalquivir, conocido como el Canal de los Presos. Salidos de campos de concentración como el de Los Merinales, allí trabajaron miles de personas en condiciones extremas de 1940 a 1962, en uno de los mayores empeños represores franquistas. “Cuando la CGT hizo la primera investigación sobre el canal, encontramos a unos 30 supervivientes. Que nos conste, Ricardo es el último que queda vivo, al menos en Sevilla. He dado charlas por todo el país y no he encontrado a más. Desde luego ninguno ha contactado con nosotros”, afirma el activista de la CGT Cecilio Godillo, defensor de la dignificación del campo de Los Merinales.

La faraónica obra requirió mano de obra forzosa durante 22 años

Ricardo recibe a Público en Dos Hermanas (Sevilla), donde vive junto a su hijo, José Luis, en una casa próxima a Los Merinales. “Tras estallar la guerra, me escondí un año por la sierra de Huelva, junto a otros milicianos. De allí salió un destacamento de mineros de Huelva a la Pañoleta para luchar en el frente. Fue un engaño. Los mataron a todos. Yo me salvé porque iba detrás en una moto”, cuenta Ricardo, que a veces vacila y otras se emociona durante el relato. “Todas las noches dormía escondido detrás de un árbol con un ojo abierto. La gente era mucho más mala que ahora”, repasa. Tras ser reclutado a la fuerza y descubierto su plan para pasar a la zona republicana, fue condenado a cadena perpetua en 1937, pena conmutada luego por trabajos forzados. A sus 21 años y habiendo sido secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas de Riotinto, era carne de canal.

Huidas y fusilamientos

“Los presos morían de hambre, enfermedades, palizas... No lo podéis imaginar. Como te desviaras una mijita, te castigaban. Más tarde o más temprano, caían sobre ti”, recuerda Ricardo. Él era encargado de llevar la contabilidad de la construcción y controlar los carburantes. “Me salvó todo lo que aprendí en Salvochea. Como era una colonia minera controlada por los ingleses, sabía leer y escribir, porque ellos obligaban a aprender a todos los niños”, recuerda sabiéndose casi un afortunado. “No tuve que cargar piedras. Si no, no hubiera llegado a los 94 años”, reflexiona. “Pero en el campo era uno más. Dormíamos todos en los barracones, en el suelo. Me podían mirar mejor o peor según el día, pero era un preso. Era un esclavo, como todos”, recalca.

“Los presos en Los Merinales morían de hambre y de palizas”

Ricardo asegura que durante su estancia en el campo se libró por los pelos de una condena a muerte por ayudar a unos presos a escapar. Esquivó el paredón gracias, asegura, a la intercesión de uno de sus jefes, Tomás Valiente. Durante años, cuenta su hijo, se despertó llorando de miedo y de confusión tras unas pesadillas que le recordaban cómo, tras aquel episodio, los guardias lo sacaban por la noche para fusilarlo y luego lo devolvían entre risas al barracón.

Ricardo, que ha sido homenajeado por la Asociación Memoria Histórica y Justicia, tiene ahora ante sí, enmarcada, la declaración del Ministerio de Justicia que declara que fue perseguido por razones políticas. “Cuando la recibí, me emocioné. Pero es tarde. Muchos inocentes que ya no están han tenido que vivir toda la vida siendo tachados de delincuentes”, dice.

El único buen recuerdo del campo para Ricardo es que allí conoció a Margarita, que iba a llevar ropa a su hermano. Se casaron tras abandonarlo en 1942 y regresar a Riotinto, donde sacó plaza de jefe de estación. “Me declaré culpable de los robos en los vagones. La gente lo hacía por hambre”, recuerda. Lo echaron y se marchó a Sevilla. “Debía presentarme cada día en el cuartel. Un día llegué tarde. Me dieron una paliza”, cuenta. Estuvo vigilado hasta 1963. Luego montó una panadería. Y llegó a ser uno de los líderes de este gremio en Dos Hermanas.

M. Serrano / A. Munárriz / Público

Represión en Salvochea (I). 75º Aniversario

EL CAMPILLO. RETAZOS DE HISTORIA, por Fernando Pineda Luna:

Tras los intentos frustrados de las columnas mineras de frenar a los rebeldes en Valverde, El Empalme, Higuera, Aznalcóllar, El Castillo y Santa Ana, los nacionales pusieron en marcha su plan de asalto a la Cuenca Minera. Comenzó (20-VIII-36) con un ataque de la aviación (8:30h.), sobre Salvochea, que bombardeó indiscriminadamente y mató a Elena Domínguez Castaño, Dolores González Domínguez (6 meses), Rafaela López Cerrera, Baldomera López Rodríguez y Jacinto López Zarza. Terminó en Nerva, asesinando a más de veinte personas. El hospital de Riotinto se llenó de heridos y en los túneles mineros se agolparon ancianos, mujeres y niños aterrorizados.

Bombardeó (21-VIII-36) La Atalaya (12:15h.) y (22-VIII-36) Salvochea, La Atalaya y La Dehesa. El alcalde de Salvochea presionó a la RTCL para esconder en el barrio inglés de Bellavista a ancianos, mujeres y niños, porque no cabía más gente en los túneles. Volvió un avión (24-VIII-36), que tira octavillas, dando “24 horas para rendirse o ser arrasados”. Tras el terror aéreo, avanzaron, desde Aracena, El Castillo y Valverde, el comandante Luis Redondo García, que entró por Campofrío; el comandante Eduardo Álvarez de Rementería-Martínez, por Nerva; y el capitán Gumersindo Varela Paz, por Zalamea.

Gumersindo Varela Paz atacó Zalamea con artillería y entró (25-VIII-36) en sus calles, provocando la huida de los milicianos, que sólo tenían una ametralladora en la torre de la Iglesia Parroquial. Abrieron puertas a golpes, registraron y asesinaron a muchos vecinos. Mientras celebraban esta fácil victoria, fueron sorprendidos por una columna minera, que provocó la huida de quienes defendían sus salidas, explotando minas, cercó Zalamea y obligó a retroceder a los rebeldes, que tuvieron varias bajas. Sin embargo, la aviación, que volvía para facilitar el asalto a Salvochea, los bombardeó y tuvieron que huir.

La operación militar rebelde más difícil de la provincia era entrar en el corazón de la comarca minera, porque consideraban a Salvochea, La Atalaya, La Dehesa y Nerva “las poblaciones más fieles al Gobierno”. “Sin embargo, dicen, no existen en ellas elementos que puedan coartar a la aviación” y “como podían tener minas protegiendo los accesos, habría que desconectar la Central Eléctrica de la RTCL”. La aviación bombardeó de nuevo Salvochea (25-VIII-36), mientras los milicianos, vencidos en la batalla de Zalamea, entraban para despedirse de sus familiares, refugiados en el Túnel 5, antes de huir a las sierras para evitar ser fusilados.

El capitán Gumersindo Varela Paz comenzó (26-VIII-36) el avance (7:10h.) hacia Salvochea. Eran más de 1.000 hombres, donde iba el Jefe Provincial de Falange Española Rafael Garzón Rodríguez y el presidente de la Patronal Onubense Jerónimo Pajarón Jiménez, 2º Gobernador Militar, que murió ese mismo día por un disparo de su pistola. Delante iban el capitán José Fariña Sagredo, el teniente Diego Cano Bericat, falangistas, requetés, guardias civiles, carabineros y soldados. Detrás, la Artillería y la Intendencia.

Dos cañones dispararon desde la era de Zalamea contra un pinar de Salvochea, donde suponían que había milicianos. Avanzaba en “un silencio imponente, sólo turbado por el ruido seco de un disparo de cañón, escribe el Odiel, hasta que aparece un avión (8:00h.)”, que bombardeaba Salvochea durante horas. Los milicianos, apostados a la entrada con blindados y ametralladoras, huyeron (12:00h.) ante la superioridad enemiga. El bombardeo era tan intenso que las primeras fuerzas nacionales que entraron (9:20h.) en Salvochea, tuvieron que avisar para que cesara el bombardeo. “El pueblo presenta un aspecto desolador. Sólo estaban los guardias civiles, sus familias y varios familiares de algunos muertos en la cárcel. La Iglesia estaba destruida”, contó el capellán de las tropas.

Salió de Campofrío (4:00h.) el comandante de requeté Luis Redondo García, que avanzaba sin oposición, mientras escuchaba los cañonazos contra Salvochea. Al pasar por La Dehesa, desconectó la Central Eléctrica, que abastecía a la Cuenca Minera, pasó por Alto Mesa, donde dejó dos cañones orientados hacia Nerva y llegó a Salvochea, cuando el capitán Gumersindo Varela Paz salía hacia La Atalaya. Entonces Luis Redondo García ordenó incendiar el pueblo, como había pedido por radio Gonzalo Queipo de Llano Sierra.

El capellán del comandante Luis Redondo García escribió que “El pueblo estaba desierto. Allí vi horrores. El comandante ordenó prenderle fuego. Las casas ardían cuando nos retirábamos a Riotinto”. El periodista Gil Gómez Bajuelo dice en ABC de Salvochea: “Al entrar en el Ayuntamiento vimos un montón de cadáveres...”. “Al salir, las lenguas de fuego lamen puertas y ventanas y las columnas de humo denso son agitadas por el fuerte aire del mediodía…”. “No se oye ni un lamento, ¿dónde está el pueblo?”.

Los muertos de la cárcel eran Antonio Solís Gómez, Dalmacio del Águila Aguilar, Francisco Garrido Jiménez, Juan Vallecillo Pérez, Juan Vázquez Pascual, Manuel Centeno Martín, Manuel Sousa González, Miguel Moreno Castilla, Rafael López Martínez, Ramón Delgado Cortés y Virgilio Pernil Macías.

Gonzalo Queipo de Llano Sierra mintió una vez más en Radio Sevilla: “En Salvochea, antes de escapar, los rojos quemaron vivas a 22 personas… Nuestros soldados… dieron un ejemplar escarmiento a la canalla marxista. También quemaron los rojos las casas,… puede decirse que la ALDEA ha desaparecido”. Así justificó hipócritamente su orden de arrasar e incendiar Salvochea. Los Consejos de Guerra culparon del crimen a los “rojos”. También aparecen declaraciones textuales culpando de la barbarie a “los asesinos de la aviación nacional”, considerando que fue causada por los bombardeos.

Otros sumarios mostraron contradicciones entre testigos. Unos dijeron que el presidente del Comité de Defensa evitó un intento de asaltar la cárcel, mientras que otros lo acusaron de ser el responsable del crimen. Otros testigos que cambiaron declaraciones condenatorias por otras exculpatorias sobre los mismos procesados. Algunos “rojos” procesados, según testigos, trasladaron heridos a la Casa Socorro. ¿Por qué no huyeron? ¿Por qué, en vez de socorrerlos, no los remataron y asesinaron también a los presos ilesos que salían ante ellos en aquel mismo momento, para evitar ser culpados?

La versión de los vencedores sobre tan horrendo crimen se utilizó siempre a nivel nacional como propaganda fascista contra “la extrema maldad de los rojos”. Hay que seguir investigando para que conozcamos cuanto antes la verdad, porque hay muchos inocentes que han pasado a la historia como asesinos y no debemos consentirlo.

Salvochea (26-VIII-36) fue “liberado” y allí se estableció como delegado gubernativo el teniente Diego Cano Bericat para “restablecer la normalidad” y cumplir las actuaciones a realizar en el municipio:

1. Nombrar una Comisión Gestora Municipal.

2. Efectuar registros y fusilar a quienes tengan armas.

3. Entregar armas a personas de derecha para ayudar a las Fuerzas Nacionales, encarcelando a quien no colabore.

4. Se extremará la represión contra los peligrosos.

El mismo día comenzaron las ejecuciones, fusilando durante la última semana de agosto, entre otros muchos aún por conocer, a Antonio Cruz Martín, José Fernández Gallego, Juan Maldonado García, Manuel Pérez de León Mora, Mateo Rodríguez Lira, José Gil Lanza, Catalina Sánchez Sánchez, Francisco Álvarez Baya, Bartolomé Bardallo Moreno, Natalio Cobo Santiago, Eladio Domínguez García, Manuel Domínguez Navarro, Pedro Franco Rodríguez, Antonio Gómez Feria, José J. Guerrero Vega, José Jiménez Tenorio, Francisco López Martínez, Manuel Maldonado García, Juan Maldonado Sánchez, José Moreno Pineda, María Santos Pérez Domínguez, María Puig Canturiel, Francisca Ramos Ramos, José Manuel Rivera Ramos, José Sebastián Victoria, Manuel Teresa Victorino, Lorenzo Vázquez Castro, Aniceto Bernardino Álvarez Baya, Manuel Castilla Rodríguez, José Díaz Rodríguez, Juan Gil González, Manuel Guerrero José, Vicente León Cabezas, José Luna Mesa, Joaquín Macías Álvarez, Manuel Palacios Aranda, José Aniceto Vázquez Castro, Rodrigo Díaz Rodríguez, Manuel Domínguez Rosales, Eladio García González, María Moreno Ponce, Manuel Almagro Berrocal, Juan Rodríguez Mariana, Santiago Boza Márquez, Cristóbal Benito Fernández, Narciso Pérez Rodríguez y Andrés Romero Romero.

El BOP 184 (2-IX-36) publica una circular para informar que Gonzalo Queipo de Llano Sierra ordena cambiar la denominación de Salvochea por la de El Campillo. Diego Cano Bericat cita a la anterior Corporación Municipal, cuyos miembros estaban fugitivos o habían sido ya ejecutados, para destituirla (3-IX-36), pero, “transcurrido el plazo en exceso sin que comparezca, queda ésta destituida y nombrada la siguiente Comisión Gestora Municipal: Rafael García Martínez, Presidente; Joaquín Sánchez Madrid, Gestor 1º; y Manuel Arias Cameán, Gestor 2º.

Siguieron las ejecuciones diarias en septiembre, que sufrieron, entre otros, Francisco García Cano, Bartolomé Prieto Márquez, Anastasio Rivera Tresco, Ramón Vargas Seoane, José Huelva Domínguez, Joaquín José Vidal, Francisco Pérez Vaz, Cristóbal Trino Martínez, José Gallardo Martín, Rafael Terrero Suárez, Juana Barranco Márquez, Salvador Fernández Maldonado, Manuel Gajón Romero, Manuel Marín González, Pablo Márquez Arroyo, Juan Márquez Roldán, Alonso Rodríguez Borrero, José Romero Delgado, Blas Vázquez González, Manuel Copete Delgado, Manuel de la Corte Delgado, Miguel García López, Domingo López Puig, Antonio Martín Andaluz, Aquilino Mora Gil, Julián Muñiz Marra, Jacinto Pablos Gómez, Urbana Pichardo Serrano, Ricardo Castilla Rojas, Andrés Morí Martín, Gregorio Rivera Ramos, Pedro Chaves Bravo, Hugo Moreno Domínguez, Gabino del Pozo Ayuso, Manuel Pérez Arroyo, José García Cano, Miguel Ramos Centeno, Higinio Lana Castro, Eleuterio Rodríguez Martín, Rafael Romero Fernández, Manuel Méndez Rodríguez, José Esquina Galdón, Eulogia Barranco Márquez, Eugenio Castilla Real, Francisco Pascual Rivero, Benjamín Pusó Gómez, Gabriel Pusó Gómez, Eufemio Domínguez Vázquez, Benigno Espinosa García, José Espinosa García, Manuel Espinosa García, Miguel Gutiérrez Díaz, Aurelio Pascual Rivero, Demetria Trejo Marcos, Juan Monreal Campanario, Reyes Domínguez Domínguez, Rafael Romero Muñiz, Benigno Castilla Méndez, Manuel Sousa Moreno, Manuel Vasallo Fernández, Antonio López Puig, Paulino Romero Huerta, Manuel Sánchez Domínguez, Francisco Fernández Mora, Antonio Villanueva Márquez, José Gómez Romero, José Márquez Expósito, Teresa Rosado Baldallo, Sebastián León Moreno, José Mira Borrero y Flora Mosqueda Gallardo. Separaron del servicio a los maestros Manuel Moreno Ocaña, que sería fusilado (14-II-38), Marcelo Pérez Soto y Pilar Hernáez Nestares.

Sirvan estas relaciones nominales de los protagonistas de la historia de Salvochea como HOMENAJE a la memoria de todos en el 75º ANIVERSARIO de sus asesinatos, porque todos fueron víctimas de la misma barbarie humana. En entregas posteriores daremos más nombres, porque casi todos los días de todos los meses se producían ejecuciones de residentes o de fugitivos. Cualquier excusa bastaba.

 

Manuela Caro, tercera suplente en la lista del PP de Huelva al Congreso

La primera teniente de alcalde de El Campillo forma parte de la candidatura que encabezan Fátima Báñez, Juan Carlos Lagares y Carmelo Romero

EL CAMPILLO. La primera teniente de alcalde y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El Campillo, Manuela Caro, ha sido incluida como tercera suplente en la lista con la que el PP de Huelva concurrirá al Congreso de los Diputados en las Elecciones Generales del próximo 20 de noviembre. Así, aunque sin opciones de salida, la salvocheana se ha subido a la nave con la que las siglas de la gaviota afrontarán su enésimo asalto (esta vez, con más posibilidades que nunca, según las quinielas) para reemplazar a las del puño y la rosa como la fuerza más votada en la provincia y que encabezará la sanjuanera Fátima Báñez, diputada nacional desde el año 2000.

El alcalde de La Palma del Condado, Juan Carlos Lagares, y su homólogo palermo, Carmelo Romero (el verso suelto de los populares) completan una terna escoltada por Antonia Moreno, número 4 y portavoz en el Consistorio de Paymogo, y el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (número 5). Ya en el banquillo, por delante de la campillera Caro, se sitúan el regidor de Niebla, Antonio Fernández, y el teniente de alcalde de Cartaya, Carlos Pérez. La que no aparece en la lista es la valverdeña Loles López, que no podrá mantener su escaño en el Parlamento de Andalucía y la vara de alcaldesa al mismo tiempo. Otra ausencia, anunciada, es la del padre de Mari Luz y asesor en materia judicial del PP, Juan José Cortés.

Tampoco hubo sorpresas en el Senado, donde el PP siguió la línea de cubrir casi todos sus puestos, titulares y suplentes, con alcaldes y portavoces municipales. El olontense Matías Conde, uno de los históricos del partido, lidera la candidatura de la gaviota en compañía de la portavoz en Cumbres Mayores, Dolores Vázquez, y el teniente de alcalde de Huelva, Francisco Moro (el hombre de hierro de Perico Rodri). En un segundo plano aparecen Soledad Guadamilas (Ayamonte), Mario Peña (Calañas) y Libia Gómez (Arroyomolinos de León); y, en la tercera fila, Juan Antonio Márquez (Zalamea la Real), Inmaculada Gómez (Villanueva de los Castillejos) y José Manuel Zamora (regidor de Villablanca).

El Campillo y su presencia en Generales y Autonómicas

Con la designación de Manuela Caro como tercera suplente del PP al Congreso de los Diputados, El Campillo suma ya su sexta presencia (cinco, si se habla de personas) en las candidaturas de las Elecciones Generales o Autonómicas desde la transición democrática. Sólo dos de ellos, no obstante, partían con posibilidades reales de ser elegidos (y lo fueron). El exalcalde Fernando Pineda fue el encargado de abrir la veda con su elección como parlamentario andaluz en 1982, cargo que desempeñó hasta 1986 (fue vicepresidente de la Comisión de Educación y Cultura en la Cámara regional) y que dejó para ser, más tarde, vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva entre 1991 y 1999.

El mismo camino tomó en 2008 la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Susana Rivas Pineda, ahora diputada provincial tras renunciar a su escaño en Sevilla el pasado mes de julio. La propia Rivas Pineda ya había tomado parte protagonista con anterioridad en unas Elecciones Generales, como suplente de la candidatura del PSOE al Senado en la cita de 2000. Ya en IU, la que fuera portavoz de la coalición izquierdista en el Ayuntamiento de El Campillo entre 2003 y 2007, Luisa Guerrero, halló hueco en la lista al Senado en 2004 como primera suplente. Y en 2008, el andalucista Francisco Javier Cuaresma encabezaba la alternativa del PA a la Cámara Alta. Tras obtener en las Elecciones Municipales de 2007 el voto de 557 campilleros, se erigió en la apuesta de la formación nacionalista, aunque, en esta ocasión, el recuadro de su nombre sólo cosechó 110 cruces salvocheanas.

El árbol de la sabiduría

El taller de empleo Valora coloca en Los Cipreses un tronco dotado de sencillos consejos para proteger el entorno del parque

EL CAMPILLO. El Parque Municipal Los Cipreses de El Campillo cuenta con un nuevo inquilino. Su misión, proteger al que se erige en el pulmón verde del municipio. El taller de empleo Valora, que, gestionado por la Mancomunidad de la Cuenca Minera, ocupa a 24 alumnos que abordan la restauración de áreas degradadas y trabajos forestales, ha sembrado lo que puede definirse como el árbol de la sabiduría. El anciano tronco, provisto de ojos, boca y brazos, porta en su copa una serie de consejos en forma de ruegos para que los viandantes tomen conciencia y no protagonicen acciones que pongan en riesgo la riqueza natural de su entorno. Los mensajes: no encender fuego, no tirar basura al suelo, usa las papeleras, respeta a los animales y a las plantas, llevar perros atados, utiliza los senderos, usar pipí-can (servicios), no tirar colillas o respeta el mobiliario. Unas frases, sin duda, sencillas de aplicar en la práctica, por mucho que haya quienes se empeñen en considerarlas ininteligibles y, en consecuencia, las ignoren.

El Campillo casi pierde el aula matinal y empieza el curso sin comedor escolar

El Ayuntamiento no acomete las obras para que los niños almuercen en el colegio y no busca el décimo alumno exigido para una iniciativa de conciliación de la vida laboral y familiar que, además, crea empleo · CEIP y AMPA salvan un proyecto que permitirá dejar a los menores en clase a partir de las 7.30 horas

EL CAMPILLO. El Campillo ha estado a punto de perder el aula matinal y comienza el curso 2011-2012 sin comedor escolar. Y ello, pese a que el Ayuntamiento no sólo contaba con el promesa firme de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de ambas iniciativas, vitales para la conciliación de la vida laboral y familiar de los vecinos del núcleo minero y nuevos yacimientos de empleo (cinco puestos de trabajo), sino que, además, su concesión estaba ya aprobada desde antes de que concluyera el anterior mandato. Así lo había expuesto ya el pasado mes de mayo, antes de las Elecciones Municipales, la entonces delegada provincial del ramo, Antonia Cascales. Algo refrendado en las últimas semanas por su sucesor en el cargo, el exalcalde de Zalamea la Real y expresidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera, Vicente Zarza.

Aula matinal

En este sentido, según ha confirmado Educación, El Campillo casi se queda sin el aula matinal por no cumplir la ratio mínima exigida por la Administración autonómica, fijada en 10 niños. Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP La Rábida aseguran que contaban, en un primer instante, con la preinscripción de nueve pequeños, sólo uno menos, de modo que, como espeta la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Susana Rivas Pineda, habría bastado con un ligero esfuerzo por parte del equipo de Gobierno popular-nacionalista para explicar a la población campillera la importancia del proyecto. Pero, “PP y PA ni siquiera se han molestado en buscar a ese décimo alumno”, quizás, porque, como se deduce de sus declaraciones en el Pleno, “para ellos sólo se trata de un programa de la Consejería de Educación que, si venía regalado, lo aceptaban, pero, si no, no les despertaba ningún interés especial”.

Al final, desde la óptica del Grupo Municipal Socialista, “gracias sólo a la perseverancia de la Dirección del Colegio y la AMPA”, El Campillo, no obstante, sí va a disponer de este servicio que abre la posibilidad de que los padres y madres, para compatibilizar sus funciones profesionales con el cuidado de sus hijos, puedan dejar a éstos en el colegio a partir de las 7:30 horas, antes de marcharse a su trabajo. Allí, dos técnicos o monitores infantiles contratados por la Junta de Andalucía se encargan de la atención de los menores hasta las 9:00 horas, momento en el que los niños se incorporan a sus aulas correspondientes. Los trabajadores se ahorran, por tanto, la preocupación de tener que encontrar a alguien que se encargue de llevar a sus pequeños a clase. Una cobertura social y educativa fundamental cuyo riesgo de pérdida “no ha quitado el sueño a quienes dirigen nuestro Consistorio, Partido Popular y Partido Andalucista”, apostilla la líder de la oposición.

Comedor escolar

Lo mismo cabe señalar sobre el comedor escolar. La misión del Ayuntamiento no era otra que acometer unas “sencillas” obras de adaptación de la sala del laboratorio para albergar este espacio (el proyecto ya estaba redactado y el coste no alcanzaba los 8.000 euros). La Junta de Andalucía se encargaba del resto, al calor de una subvención anual de alrededor de 20.000 euros. Sin embargo, el equipo de Gobierno compuesto por populares y nacionalistas no las ha comenzado aún, “cuando han tenido todo el periodo estival para hacerlo”. Un “ejercicio de desidia y dejación de funciones” que ha motivado, bajo las palabras de Susana Rivas Pineda, que el nuevo curso arranque en El Campillo sin esta infraestructura demandada por la AMPA para que los menores puedan comer nada más finalizar las clases, sin esperar a que sus progenitores acaben su jornada.

Este último servicio, no se puede obviar, amplía de una manera considerable el margen de maniobra de los padres y madres trabajadores, en la medida en que no sólo ofrece el almuerzo a sus hijos, gratuito o becado en el caso de hogares con escasos recursos, sino que, en paralelo, los mantienen durante un mayor periodo de tiempo en el centro. Algo que permite a sus tutores no abandonar su ocupación laboral hasta su hora natural, sin requerir la petición de favores, no siempre factibles, para salir antes ni buscar a nadie para que recoja por ellos a los niños. Éstos, además, se libran de la poco saludable costumbre, impuesta por las circunstancias, de sentarse a la mesa a horas intempestivas. Todo ello, sin olvidar la creación de tres empleos directos más en el sector de la hostelería.

“No son proyectos prescindibles, sino esenciales”

La máxima representante del Grupo Socialista lamenta el retraso en la puesta en funcionamiento de dos medidas ya comprometidas por el Gobierno andaluz, con una inversión pública presupuestada para ello, e incluidas, por consiguiente, en el programa electoral del PSOE de cara al 22-M, como son el aula matinal y el comedor escolar. Nada justifica, a su juicio, que los ciudadanos no se beneficien de ellos desde el inicio del curso. “No son proyectos prescindibles, sino esenciales para el desarrollo de nuestro pueblo y la conciliación de la vida laboral y familiar de los campilleros”, asevera Susana Rivas Pineda, pues “evitarían que haya padres y madres que tengan que verse obligados a renunciar a un trabajo por no tener a quien confiar a sus pequeños o, en su caso, desahogarían a los abuelos de esa responsabilidad”. Y ello, “al mismo tiempo que se genera empleo y riqueza”.

El PSOE denuncia la contratación de peones sin alta en la Seguridad Social

Los socialistas apuntan que no se trata de un hecho aislado, ya que “PP y PA también han presionado a una taquillera de la piscina para que firme su baja voluntaria”

EL CAMPILLO. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de El Campillo acusa al equipo de Gobierno PA-PP de “atentar contra los derechos de los trabajadores” de manera “reincidente” en sus primeros 100 días de mandato. El PSOE sustenta su denuncia en la presunta contratación de tres peones para las tareas de preparación de las fiestas de julio sin darlos de alta en la Seguridad Social. Una “ilegalidad” que, como expresa la portavoz municipal del puño y la rosa, Susana Rivas Pineda, no queda en un hecho aislado, pues, al mismo tiempo, la alianza popular-nacionalista “presionó” a una taquillera de la piscina que se encontraba de baja médica, aquejada de un fuerte estado de ansiedad, “para que firmara la renuncia voluntaria a su relación laboral con el Consistorio”.

Ambas situaciones fueron abordadas en el último Pleno, donde, con respecto al primer caso, tanto el alcalde de El Campillo, Francisco Javier Cuaresma (PA), como la primera teniente de alcalde, Manuela Caro (PP), arguyeron de manera insistente que “hemos actuado, exactamente, como la anterior Corporación”, sin aclarar si era cierto o no que esos tres campilleros hubieran desempeñado sus funciones sin un contrato de trabajo. Sin embargo, según interpretan desde la Casa del Pueblo, “quedaron retratados” con la frase del portavoz andalucista, José Manuel Rodríguez, quien dijo, textualmente, que “pongo en duda que el anterior equipo de Gobierno (el que encabezaba la socialista Encarnación Palazuelo) los diera de alta”. Una prueba, para los socialistas, “fehaciente” de que “ellos no lo han hecho”.

Al PSOE, no obstante, “le consta” que durante la última legislatura “sí se dio de alta en la Seguridad Social a los operarios que desarrollaron las labores de limpieza, montaje y reparto de programas en las fiestas de julio”. Uno de ellos, incluso, está contrastado, sufrió un esguince en un pie mientras desempeñaba sus funciones y, gracias a contar con un contrato en regla, no quedó desamparado y pudo beneficiarse de las prestaciones de una baja. Por consiguiente, “la actitud no ha sido la misma”. De hecho, nunca hasta ahora se habían denunciado este tipo de prácticas por parte de los trabajadores, aunque “tampoco hubiera sido eso una excusa, pues los errores del pasado nunca pueden servir de autorización para que se repitan en el presente”, espeta Susana Rivas Pineda. “Es más, si se producían, la pregunta es por qué la oposición no lo sacó a la luz”.

El asunto de la taquilla de la piscina municipal, por su parte, “evidencia”, máxime si se une con el anterior, una “total ausencia de sensibilidad social en las dos fuerzas de la derecha que dirigen el Ayuntamiento”. Bajo el punto de vista de los socialistas de El Campillo “es inadmisible que se coaccione a una trabajadora que, por circunstancias personales, atraviesa por un delicado momento anímico para que rubrique su renuncia”. Le llegaron a decir, según han desvelado fuentes cercanas a la víctima, que tenía que hacerlo porque ellos no podían contratar a un sustituto si ella tramitaba la baja médica y que su compañero “iba a reventar” si había de hacer frente a los turnos de los dos. Por tanto, “se puso entre la espada y la pared a una joven sin capacidad para pensar” en esos instantes debido al estado de shock en el que se hallaba.

El desenlace: perdió su empleo, su derecho a percibir su salario durante el tiempo que durara su incapacidad y la posibilidad de cobrar el paro. Unos perjuicios que no le explicaron a ella, sino, según reconocieron PA y PP en el Pleno, a su madre. Algo que las partes afectadas niegan con rotundidad, al afirmar que “nadie nos esclareció las consecuencias de esa firma”, como la alegación de los populares y andalucistas de que fuera la propia taquillera la que, con la mediación de su progenitora, solicitara la documentación para la renuncia voluntaria. Para el PSOE, “la calidad humana de conservadores y nacionalistas ha quedado en entredicho”, pues, “han primado el interés económico sobre el bienestar de la ciudadanía”. Y ello, pese a que, como recuerdan, el coste de una baja médica es sufragada, casi en su totalidad, por la Seguridad Social.