La transmisión de los derechos mineros dificulta la reapertura de la línea del cobre

Emed Tartessus y la Comisión Liquidadora reavivan la batalla legal por la titularidad de la explotación · Emed desvela el bloqueo de Carlos Estévez al Proyecto Río Tinto

CUENCA MINERA. La compleja maraña jurídica que rodea y dificulta la reapertura de la mina de Río Tinto empieza a descubrirse. Unas declaraciones de la directora Legal y de Recursos Humanos de Emed Tartessus, Tara Wales, sobre la necesidad de agilizar la transmisión administrativa de los derechos mineros por parte de la Junta de Andalucía a la propietaria actual (Emed Mining) ha destapado una catarata de reacciones de las partes con intereses en la explotación, Comisión Liquidadora y Asociación de Accionistas-Trabajadores, que pone en evidencia la madeja legal que impide la reapertura de la línea del cobre de Río Tinto con garantías de éxito.

En el último boletín que edita Emed Tartessus, Wales apuntó la necesidad de que “la Administración tiene que aprobar la transmisión de los derechos mineros” y dejó caer veladamente un guante que ahora ha recogido la Comisión Liquidadora: “Resulta triste comprobar cómo la mala fe de ciertas personas, actores principales de la historia reciente de esta mina, dificulta los trámites legales para su reapertura y lleva la confusión y la frustración a muchas personas”. Un punto en el que la directora Legal y de Recursos Humanos de la compañía de origen chipriota aclara que “adquirimos las parcelas que acarrean la titularidad civil de los derechos tal y como se refleja en escritura pública; sin embargo, la Junta de Andalucía tiene que aprobar por vía administrativa la transmisión de estos derechos a nuestra propiedad”.

Para Tara Wales, el caso de Riotinto es único. “Los derechos mineros fueron concedidos a perpetuidad a la Río Tinto Company en 1873. Son los mismos que nosotros compramos junto con la unidad industrial y que hemos inscrito en el Registro de la Propiedad. Ésta es la titularidad civil. La Junta mantiene que, según la Ley de Minas, y en eso coincidimos, es ella quien tiene que dar luz verde a la transmisión de los derechos desde los anteriores propietarios hasta nosotros. Somos empresa minera, poseemos los terrenos, instalaciones y, además, contamos con la titularidad civil. Por todo ello, somos los únicos candidatos legalmente capaces de obtener ese reconocimiento administrativo”.

La directora Legal de Emed Tartessus recuerda en su boletín que la Administración necesita, para aprobar la concesión de los derechos una “prueba de solvencia técnica y económica y una carta de no oposición del último propietario de los derechos mineros reconocidos administrativamente, MRT S.A., representado por una Comisión Liquidadora”. Y, según Emed, casi todos los miembros de ésta firman, a excepción de cuatro, entre los que se encuentra la figura de Carlos Estévez, quien, en consecuencia, bloquea el Proyecto Río Tinto. Ahora bien, esto no es así a juicio de la Comisión, que niega que su firma sea necesaria para dar cobertura legal a la operación. “No nos consta que debamos presentar carta alguna de no oposición”.

En este sentido, la Comisión Liquidadora reconoce que vendió a Mantenimiento General del Sur, Mantesur Andévalo, a través de una subasta, la unidad industrial de Río Tinto, mediante escritura. Todo ello, al mismo tiempo que se ofrece para “realizar cualquier acción que la Administración solicite para ratificar dicha venta siempre y cuando no afecte a los intereses legítimos de los acreedores, no habiéndose producido hasta la fecha ningún requerimiento a este respecto”. De momento, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de noviembre de 2008 que declaraba nula dicha transmisión del derecho minero, queda pendiente el veredicto del Tribunal Supremo.

Las declaraciones de la Comisión Liquidadora subrayan que Emed Tartessus gestiona la unidad industrial de Minas de Riotinto desde mediados de 2007 y “parece no haber avanzado al ritmo esperado en su objetivo de poner en marcha la actividad minera”. Un punto en el que acusa a la compañía de “recurrir a causantes externos para explicar su retraso” e insiste en que, después de tres años, “aún no ha conseguido demostrar ante la autoridad competente su solvencia técnica y económica como adquiriente, requisitos básicos para que se pueda aprobar la transmisión de cualquier derecho minero y desarrollar consecuentemente el proyecto”.

En paralelo, desde la Asociación de Trabajadores y Accionistas, un grupo de 300 operarios que han confiado su apoderamiento a doce personas, aseguran que la cotización del cobre alcanza unos niveles desconocidos, lo que garantiza la rentabilidad del negocio minero. El portavoz de este colectivo, Ricardo Gallego, ha manifestado tras conocer las diferencias entre Emed Tartessus y la Comisión Liquidadora que “lo importante es poner de acuerdo a las partes, facilitar la resolución de este embrollo y que se genere riqueza y puestos de trabajo”. En esta dirección, Gallego resalta que hace apenas un mes, la FIA-UGT anunció la puesta en marcha de una selección de personal a la que acudieron miles de personas y esa iniciativa “sólo ha servido para colapsar la mina”.

Rafael Moreno, Huelva Información