El PP pone en la picota a 800 mineros prejubilados
Los populares maniobran para que la jueza Alaya implique a Griñán en el caso de los ERE en la antesala de las Elecciones Generales · La magistrada incluye en el auto los nombres de 796 extrabajadores de la Faja Pirítica para revisarlos uno a uno, lo que puede paralizar el pago de las pensiones mientras dure el proceso · El plan de la Faja Pirítica fue pactado entre administraciones, pero fue el Gobierno de Aznar el que aprobó los listados
CUENCA MINERA. El PP maniobra para que la jueza Mercedes Alaya implique al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el caso ERE y, con ello, bajo las palabras del secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, “pone en la picota” a los 800 mineros prejubilados de la Faja Pirítica onubense. Un nuevo auto de la magistrada que fue relacionada por el socialista Alfonso Guerra con el actual alcalde de Sevilla y exdelegado del Gobierno en Andalucía en la etapa de José María Aznar, el popular Juan Ignacio Zoido, pone ahora en tela de juicio el proceso seguido hace una década para construir la paz social en la Cuenca Minera y que culminó con un acuerdo suscrito por los sindicatos UGT y CCOO y las administraciones central (gobernada por el PP) y autonómica (con los socialistas al frente).
Aquel pacto favoreció que unos 1.200 trabajadores accedieran a algún tipo de ayuda tras el cierre de las minas, 796 de ellos a prejubilaciones. Todos los nombres de estos últimos, ocho años después de que empezasen a cobrar las mensualidades, aparecen en el auto emitido por la jueza sevillana, que reclama al Instituto Nacional de Empleo que remita el código de ocupación y los coeficientes reductores de la edad de jubilación aplicados a cada uno de ellos para revisar, una a una, la corrección de las ayudas concedidas. La situación se vuelve, por consiguiente, contra el Partido Popular, pues fue su Gobierno el que aprobó los listados en 2003.
La pólvora de los ERE aviva, por tanto, las llamas de la batalla electoral de la Cuenca Minera. El secretario general del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, acusó al PP de sembrar la sospecha sobre “800 familias que podrían, incluso, ver paralizados los pagos de sus prejubilaciones” mientras dure el proceso judicial, advirtió. El máximo dirigente de los socialistas onubenses consideró “lamentable” la publicación de los nombres de los mineros, “que ahora se ven acusados como si fueran delincuentes”. ¿La culpa?, del PP, que “se ve incapaz de llegar al poder por la vía razonable”, aseveró. Y una posible consecuencia: miedo en el cuerpo para los mineros afectados, porque “si se tiene una sospecha así, ¿se sigue pagando?”, alertó.
Esta confrontación política no es nueva. Desde el inicio de la instrucción sobre los expedientes de regulación de empleo y las prejubilaciones supuestamente fraudulentas gestionadas con ayudas públicas de la Junta de Andalucía, el nombre de la Faja Pirítica se puso sobre la mesa. Ya entonces hubo cruce de acusaciones y culpabilidades y ahora, a pocas horas de las Elecciones Generales y a escasos meses de las Autonómicas, el PSOE incidió en recordar que fue el PP el que aprobó el ERE cuando estaba en el Gobierno central. Por ello, Jiménez criticó que aparezcan en la comunicación judicial los nombres de los mineros y no “los de los responsables políticos”.
El secretario general de los socialistas onubenses y portavoz del puño y la rosa en el Parlamento de Andalucía apuntilló, en este sentido, que es “curioso” el hecho de que “sabiéndose que el responsable fue el PP, porque Juan Ignacio Zoido, actual alcalde de Sevilla y delegado del Gobierno en Andalucía en aquellos años, reconoció que había revisado las listas, sea Zoido el que pretenda meter en la cárcel y dejar sin su renta a 900 familias”. Mario Jiménez insistió en reclamar “que todo el peso de la justicia caiga sobre los responsables políticos”. Si se detecta algún intruso en el ERE de la Faja Pirítica será porque “ha mediado la decisión de un órgano administrativo y órgano político”. “La responsabilidad tiene un nombre”, insistió.
Condiciones de prejubilación
El acuerdo marco para la Faja Pirítica firmado por sindicatos y administraciones en 2003 establecía como edad mínima para la prejubilación los 55 años, pero compensados tras aplicar coeficientes reductores que tuvieran en cuenta las penalidades causadas por el trabajo en la mina. De esta forma, por ejemplo, una persona de 50 años que hubiese trabajado durante 20 años en el tajo con un coeficiente de 0,5 tendría compensados 10 años que se suman a la edad biológica para dar una edad química de 60. Con este procedimiento se estudió (o, al menos, así se aseguró en su momento) caso por caso.
Fue el Gobierno central el encargado de ratificar los nombres de mineros susceptibles de ser prejubilados y los coeficientes a aplicar a partir de la información entregada por los sindicatos. De hecho, hubo meses de cruces de declaraciones entre las administraciones implicadas y los representantes de los trabajadores porque no se aprobaban los listados de mineros, precisamente, la parte sobre la que la juez pone el foco, ya que asegura en su auto que del estudio de las vidas laborales se deduce que “algunos de los trabajadores a los que han sido aplicados dichos coeficientes desarrollaban únicamente tareas administrativas”.
Diez minas bajo sospecha
No es la primera vez que se pone en duda este año el proceso. El que fuera director general de Minas de Río Tinto, Carlos Estévez, ya aseguró en dos medios de comunicación que los coeficientes no habían sido aplicados de manera correcta y apuntó que se había hecho así por acuerdo entre las partes. La juez sevillana Mercedes Alaya se hace eco de una de estas informaciones en su auto. Otra de las denuncias de Estévez es que se había modificado el año real de clausura para alargar la aplicación de los coeficientes. Por ello, la magistrada pide a Innovación las fechas de “cierre efectivo” (ya sea temporal o indefinido) de Minas de Río Tinto, Almagrera, Navan Resources, Filón Sur, Nueva Tharsis, La Herrería y Aguas Teñidas. Y, a continuación, reclama a la Administración datos sobre las ayudas percibidas por la bolsa de Tharsis, Minas de Cala y Mina de las Cruces. Para cerrar el ciclo, Alaya reabre las sospechas sobre la actual Minas de Aguas Teñidas, de la que solicita la vida laboral y los ingresos realizados por la Junta de Andalucía. Toda la información será entregada a la Guardia Civil.
Huelva Información
2 comentarios
Rafael -
Rafael Perea -
Si lo que os queda para convencer a los votantes es decir que el PP pone en la picota a 800 mineros prejubilados, cuando es una jueza quien investiga ese asunto, es que no teneis ningún argumento que sirva para nada.Es vergonzoso meter miedo a los ciudadanos, repugnante. Creo que este asunto, efectivamente, se debería haber sacado después de las elecciones, por unos días no pasa nada, pero de ahí a culpar al PP de poner en la picota a los mineros media un abismo.Si la jueza se deja manipular por el PP, tengo dudas, mal, fatal, pero de lo que no tengo dudas es de que el PSOE trata de manipular a los ciudadanos, meterles miedo, asustarlos y esto es una indecencia.