Maldonado aboga por producir el hilo de cobre en Andalucía y exportarlo

El consejero de Empleo pone como meta de la Administración y de las empresas fijar en el territorio el valor añadido del proceso de transformación La seguridad jurídica, clave para los expertos

La minería no debe basarse únicamente en la investigación y la extracción, ya que hay un reto que implica tanto a las empresas del sector como a la Administración y ante el que ambos estamentos deben 'confabularse': ser capaces de fijar el valor de todo el proceso de transformación posterior en la tierra en que se desarrolla. Así lo aseguró ayer el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, durante su intervención en una mesa redonda organizada por el Grupo Joly con la colaboración de esta consejería. Varios especialistas en distintos ámbitos laborales ofrecieron sus visiones sobre La industria minera en la Europa del siglo XXI, en el marcode la tercera y última de las jornadas del Metallic Minning Hall (MMH) de Sevilla.

El director de Huelva Información, Javier Chaparro, moderó la mesa, en la que participaron, además del consejero, Antonio García Muñoz, miembro del gabinete jurídico Lener; Alejandro Loyo Díaz, representante del Banco Sabadell; y Francisco Moreno, presidente de Aminer, la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas y de Servicios. Para que en 2020 el sector industrial andaluz alcance un peso del 23% en el PIB (frente al 12,5% actual), Sánchez Maldonado abogó por convertir la mina en una industria que abarque todo el proceso desde la extracción del cobre hasta la producción del hilo de cobre para las telecomunicaciones o la energía. Eso hará, según señaló, que después de la mina haya industria, valor añadido y empleo.

Con respecto a la postura de la Administración autonómica sobre la creación de una fábrica de cobre en Huelva o Sevilla -cuestión planteada por Chaparro- Sánchez Maldonado aseguró que “si tenemos la materia prima (el cobre) no es lógico que lo extraigamos, lo subamos al barco y nos lo llevemos a 20.000 kilómetros para producirlo y después traer el hilo de cobre aquí”. Bajo su punto de vista, sería “mucho más fácil” producir el hilo de cobre en Andalucía y exportarlo, por lo que se mostró partidario de “convencer a los inversores de la bondad que tiene el ubicar establecimientos fabriles relacionados con la minería en la tierra”.

Al respecto, Francisco Moreno recordó que First Quantum Minerals, propietaria del yacimiento de Cobre Las Cruces, en Sevilla, utiliza un proceso (conocido como tecnología limpia de cobre) gracias al cual el cobre sale fino comercializable desde la misma planta: el producto final es un cobre tipificado como grado A, con un 99,999 por ciento de pureza. No obstante, a este reto apuntado por Sánchez Maldonado se une otro que concierne a todas las administraciones públicas: otorgar seguridad jurídica y agilizar los trámites, haciendo que todo el proceso administrativo sea conocido y certero.

Bajo su punto de vista, las normativas que atañen a Europa, España, Andalucía y las corporaciones locales suponen una maraña que dificulta la inversión. Tras referirse a la necesidad de actualizar la ley estatal de minas en consenso con el sector de la minería, puesto que no se ajusta a las necesidades actuales (se trata de una legislación preconstitucional, del 73), explicó que en septiembre de 2013 la Junta puso en marcha un proceso de estudio de todos los procedimientos y regulaciones administrativas que afectaban a los procesos económicos en la comunidad (también las regulaciones que dependían del Gobierno y corporaciones locales). Según precisó, se señalaron casi 600 procedimientos regulatorios administrativos que afectaban al sistema productivo que eran exclusivamente competencia de la Junta. A día de hoy, según apuntó, “más de 300” de esos 600 procedimientos se han eliminado y la Junta continúa trabajando para poder reducirlos al máximo.

Precisamente, Antonio García Muñoz, desde la perspectiva de los despachos especializados en derecho minero que acompañan a los inversores cuando desembarcan en España, señaló la necesidad de que la responsabilidad y la sostenibilidad empresarial se desarrollen dentro de un marco de seguridad jurídica, apostando por coordinar y unificar las normativas europea, estatal, autonómica y local, una demanda -según señaló- de las compañías que vienen a Europa y España.

Tras más de 15 años asesorando a compañías que desarrollan su actividad en el sector minero tanto a nivel nacional como internacional, el experto indicó que, para solucionar este problema, la UE licitó en 2007 un estudio sobre el análisis de las normativas europeas de todos los países de la comunidad y este año ha vuelto a hacerlo. “Están recopilando las perspectivas desde el punto de vista ambiental y autorizatorio en cada país, a efectos de establecer principios unificadores y coordinadores”, precisó.

En cuanto a la normativa estatal, destacó la importancia de que en su día se presentara un borrador del proyecto de ley de minas que, aunque “no era de la calidad esperada y nos cogió de improviso”, sí supuso un movimiento para crear una nueva ley de minas adaptada a la realidad, lo que considera “un signo positivo siempre que se garantice la participación de las comunidades y el sector”. Además, en lo relativo a la regulación autonómica, destacó el nivel de coordinación existente con el Gobierno y que hace diez años, en sus palabras, era “algo extraordinario”.

Para Alejandro Loyo la seguridad jurídica es un hecho y lo seguirá siendo, mientras que la responsabilidad es compartida por el sector industrial y la administración pública “para tranquilidad de los bancos”. En cuanto a la sostenibilidad -desde el punto de vista industrial y de la creación de puestos de trabajo- juegan un papel esencial la innovación e investigación.

“Desde 2002 en Huelva ha habido una apuesta importante por la innovación, se han realizado aportaciones de inversores superiores a los 1.500 millones de euros y cuando un inversor viene es porque hay un apoyo de la administración y un ámbito de actuación jurídico que le otorga tranquilidad para un proyecto viable a largo plazo. Una mina tarda más de siete años en abrir”, aseguró el economista.

Históricamente, tal y como reconoció, el desconocimiento del sector en España ha supuesto un problema y la banca no ha entrado a financiar las minas estructuralmente, sobre todo ante la “volatilidad tremenda” en las commodities, lo que dificultaba la entrada en la financiación corporativa de las minas. Sin embargo, manifestó que la ubicación de los mejores grupos mineros del mundo en la Faja Pirítica ibérica aporta tranquilidad a los bancos a la hora de financiar los proyectos y, por la innovación de las minas allí ubicadas y los incentivos concedidos por las administraciones, “todo parece indicar que son muy competitivas y esa competitividad al final es la que aporta la sostenibilidad”.

El presidente de Aminer y comisario del MMH, Francisco Moreno, se refirió a estas compañías mineras de primer orden mundial también apuntadas por Loyo, y que han tomado las riendas de la minería andaluza. Según recordó, Trafigura, a través de Matsa, opera el yacimiento de Aguas Teñidas; ha reabierto Sotiel, ha descubierto Magdalena e investiga en Paymogo y mina Concepción, todos en la provincia de Huelva. Por otro lado, First Quantum Minerals es propietaria de Cobre Las Cruces, la mayor inversión privada realizada en las tres últimas décadas y también la principal de capital internacional en la provincia de Sevilla; mientras que Grupo México es la adjudicataria del proyecto de reapertura de Aznalcóllar.

Todas estas explotaciones mineras que, según señaló, operan con las máximas garantías medioambientales y constituyen modelos de gestión sostenible, pusieron sus miras en las minas andaluzas atraídas por el enorme potencial de la zona: “La Faja Pirítica es una zona única del mundo de más de 250 kilómetros (120 en territorio español), que incluye más de 80 yacimientos, algunos de los súper gigantes, es decir, de más de 100 millones de toneladas; y los recursos potenciales en yacimientos mineros se estiman en miles de millones de toneladas”. Aquí es, a su juicio, donde radica el verdadero poder la zona: sus enormes oportunidades futuras.

Pero a este potencial se suman los avances en investigación de los últimos años, lo que “garantiza la pervivencia del sector en la región durante décadas”. No en vano, gracias a la inversión se ha descubierto que en Andalucía hay recursos y reservas mineras de importante cuantía y buena ley para ser económicamente rentable, con lo que podría generar a largo plazo más empleo y riqueza en el territorio, sumando el importante impacto socieconómico de los proyectos que ya están en operación.

Por todo ello, Moreno consideró “vital”, teniendo presente ese escenario, saber “aprovechar el abanico de acción que se presenta ante nosotros para seguir futuro en torno a este actividad”. En su opinión, si además del esfuerzo inversor de las empresas, la administración sigue prestando su apoyo, “tendremos un amplio horizonte por delante”.

Elena Llompart / Huelva Información