El traslado al edificio polivalente pone en jaque al Centro de Educación Permanente

Buena parte del alumnado mayor no puede acceder a las clases tras el cambio a una planta alta ante la falta de ascensor · Las aulas carecen de espacio suficiente para los grupos completos · La baja de matrículas podría derivar en la pérdida de profesores e, incluso, en la desaparición de esta enseñanza pública en El Campillo

EL CAMPILLO. La decisión de la coalición PA-PP de convertir en guardería las instalaciones del antiguo parvulario (con un proyecto que absorberá 90.607,20 euros del Programa de Fomento del Empleo Agrario -PFEA- 2012), como han denunciado los socialistas, “ha desahuciado” al Centro de Educación Permanente de El Campillo, que se ha visto abocado desde el inicio del curso a un “verdadero destierro” en la planta alta del edificio polivalente de la calle Sevilla. Un espacio que se antojaba “inaccesible” para muchos de sus alumnos a causa de la aún no puesta en funcionamiento del ascensor (incluso con él en marcha, tampoco es la solución, puesto que un día se puede averiar o producirse un apagón) y con un aula sin los metros suficientes para dar cabida a todos los estudiantes que integran los distintos grupos. El traslado, además, se ha efectuado antes de que el complejo multiusos reúna las condiciones básicas de habitabilidad.

La consecuencia es “aterradora”. Buena parte de los mayores que acuden cada día a clase para aprender con esa formación que se les negó en su juventud, que aprovechan con ilusión esta segunda oportunidad que le brinda el Estado del Bienestar, “el mismo que la derecha parece resuelta a desmantelar”, se ha visto apartada de esa libertad. Muchos se quedaron en la calle, llorando, por no poder subir. Todo, ante la “indolencia” del Gobierno local que encabezan el alcalde, el andalucista Francisco Javier Cuaresma, y la primera teniente de alcalde, la conservadora Manuela Caro, “los mismos que ya los agraviaron con antelación con un recorte del 30 por ciento en la partida anual que le corresponde al Centro de Educación Permanente del Presupuesto municipal. Ni PA ni PP han querido, a juicio del PSOE, dar una salida a este problema, “con lo que privan a este alumnado de su derecho constitucional a una enseñanza digna e igualitaria y al acceso a un lugar público sin barreras arquitectónicas”.

El grupo socialista presentó al Pleno una moción con la que instaba al equipo de Gobierno nacionalista-popular a dotar con la mayor celeridad posible a la Enseñanza Pública Permanente de una ubicación digna que reúna las características propias de un centro educativo de calidad y con la adecuada accesibilidad. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Susana Rivas, apeló a que, a ser posible, se recuperara la misma que ya ocupaba hasta ahora, porque, de hecho, estaba catalogada por la Junta de Andalucía como una de las mejores (“si no la mejor”) de toda la provincia de Huelva. En la misma línea, dejó claro que la responsabilidad de cualquier cambio de localización recae, en exclusiva, sobre quienes dirigen el Consistorio, tras recordar, además, que, para la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la sede oficial es aún la anterior.

PP y PA votaron en contra. Se enrocaron en su posición y no aceptaron otra cosa que no fuera mantenerla en la planta superior del edificio polivalente, según expresan desde la Casa del Pueblo, “exentos del más mínimo atisbo de sensibilidad hacia la más que justificada oposición del propio Centro y su alumnado”, compuesto por más de 60 personas. Una “crueldad” que, como señaló Susana Rivas, conducirá “de un modo irremediable” a la baja de un importante número de mayores, que quedan “desamparados”, y, con ello, “pone en jaque el futuro de esta enseñanza pública en nuestro pueblo”, en la medida en que, si cae el índice de matriculación, también lo hará el número de profesores asignados por la Administración y, probablemente, si se agudiza, hasta desaparecería el Centro de El Campillo. Cuaresma se limitó a decir que “el compromiso de este equipo de Gobierno es dotar a todos los colectivos de una ubicación digna para el desarrollo de sus actividades”, para concluir que “no vemos la moción y, por tanto, no la vamos a aprobar”.

Alcaldesa ausente

La primera teniente de alcalde, la... alcaldesa, de El Campillo, la popular Manuela Caro, está ausente. Su omnipresencia se ha marchitado, se ha diluido, tras el paso de los primeros meses de alianza con el PA, del abrazo del oso lanzado como presunto salvavidas a la minoritaria y sin referentes fuerza nacionalista para (juntos, pero sin ti) liberar a El Campillo del terror rojo, para conducirlo por la senda del empleo, de la igualdad, de la participación, de la transparencia, de la solidaridad, por el camino del cambio, de la involución. Era inagotable. Estaba en todas partes. Trabajaba más que nadie en nuestro pueblo, como tantas veces lo autoproclamaba ella misma en las redes sociales. Y por total desinterés, por su compromiso y amor incondicional a nuestra tierra (el mismo que le ha proferido desde que vive en ella). Sin embargo, ahora, desde finales de marzo, se le ha acabado la gasolina. Ha debido caer presa de tantas dosis de esfuerzo, del desgaste propio de tres trimestres de vértigo, de incesante actividad. O, quizás, se ha sumido en un profundo sentimiento de tristeza.

El Ayuntamiento ha dejado de ser su primera casa, su hogar. Su perpetua estancia se ha borrado para dar paso a esporádicas y efímeras visitas. La visibilidad permanente a la que tenía acostumbrada a la ciudadanía ha virado hacia un contexto en el que resulta casi imposible, toda una odisea, encontrarla (y que respondan a los escritos y preguntas, aunque eso viene desde más atrás, desde los inicios). Ha dejado en la soledad más absoluta, en la orfandad, desprotegido, a su socio andalucista, Francisco Javier Cuaresma (también perdido, ido, con la mente enfrascada en algún horizonte lejano, en algún mundo interior remoto, aunque, físicamente, sí esté –sobre todo, a pie de obra–). Ni siquiera dio cobertura a su periodo vacacional este verano (su oportunidad de ser alcaldesa, no ya tácita, sino a título oficial –los otros dos tenientes de alcalde, los nacionalistas José Manuel Rodríguez y Sonia Ruiz, también se autodescartaron para la papeleta–). El Encuentro de Asociaciones, en junio, fue una muestra de lo que se ha confirmado como norma luego al celebrarse reuniones, por citar un ejemplo, con los usuarios de la guardería.

Manuela Caro ha perdido la esperanza (meses antes, incluso, de que lo hiciera su partido en Madrid con la retirada de su barón Aguirre). No hay otra explicación convincente. La clave quizás se halle en una fecha simbólica: el 25 de marzo de 2012, el día en que se celebraron las Elecciones Autonómicas, la noche del vuelco inesperado, de la victoria más amarga de la derecha en Andalucía (la que dio lugar a frases como la de “Arenas, que pierdes hasta cuando ganas”), la de la derrota más dulce de la izquierda. La primera teniente de alcalde, la... alcaldesa, había depositado en esa cita con las urnas buena parte de sus ilusiones, de sus sueños. La tenía anotada en azul en su calendario, en su agenda, como un plebiscito sobre su persona, su gestión, en El Campillo, como una encuesta fiable con la que calibrar sus opciones verdaderas en la vieja y obrera Salvochea. Su castillo de naipes se derrumbó (el PP, la formación de la gaviota, a nivel local, obtuvo 265 votos frente a los 347 que cosechó en las Generales del 20 de noviembre de 2011).

Tal vez aguardara algo más, alguna prebenda, quizás. Los populares más pesimistas no vaticinaban, ni en el peor de los casos, una Junta de Andalucía sin Arenas como presidente. La mayoría absoluta estaba garantizada, pero se interpuso, de nuevo, el pueblo, que se agarró al pacto PSOE-IU como escudo protector contra las medidas ultraconservadoras, de recortes y de desmantelamiento del estado del bienestar, ya propugnadas por Rajoy desde La Moncloa en apenas cuatro meses. Un maltrato que se sumaba, en el caso de El Campillo, al freno a la participación y al ataque indiscriminado a trabajadores municipales, ciudadanos y asociaciones. Aun así, Caro no lo presagiaba. Se veía triunfadora y quién sabe si hasta lejos del Ayuntamiento al que había dedicado tantos desvelos, en algún nuevo puesto de responsabilidad relacionado con su ámbito profesional, el de la salud (raíz de su aterrizaje en la política). Hasta lo dejó entrever en los acalorados debates que, a menudo, tejía en las redes sociales (las mismas que ahora yacen abandonadas, que, como ella, descansan, apagadas en su ordenador): “Cualquiera sabe dónde estaré yo el año que viene”, insinuó en repetidas ocasiones.

La Locomotora, en vía muerta

PP y PA negaron a las Juventudes Socialistas el permiso para retomar el Festival Ecléctico, iniciativa de ocio alternativo y solidaria, en Los Cipreses · La “primera excusa” fue que “el Plan Infoca lo prohibía por riesgo de incendio” · Su director provincial participaba con una charla de sensibilización ambiental

EL CAMPILLO. No es la primera vez que las Juventudes Socialistas (JSA) de El Campillo-Salvochea denuncian la anteposición de los intereses partidistas por parte de la alianza PP-PA, lo que ellos denominan “socialitis” (inflamación del odio a los socialistas). El último capítulo, la traba, “con evasivas que constituyen un insulto a la inteligencia”, al I Festival Ecléctico ‘La Locomotora’ en el que, como expone la cantera del PSOE, se volcaba un nutrido número de jóvenes campilleros en colaboración con la asociación Canecum y las propias JSA, que se habían propuesto el reto de recuperar esta iniciativa de ocio alternativo. El nombre elegido, para rendir homenaje al Hijo Predilecto de la Villa y comunista Manuel Romero Fernández, ‘El Locomotoro’, como un canto al ‘Unidos Laboramos’ que ondea en el escudo de la localidad. Permanece parado en su estación, en vía muerta.

La secretaria general de JSA-El Campillo, Mari Ángeles Valiño, según relata, registró en el Consistorio la petición de los permisos el 3 de agosto. La cita estaba prevista para el último fin de semana de septiembre. Arrancaba este mes y no se recibía respuesta alguna del equipo de Gobierno. “El silencio resultaba sospechoso”. Todo estaba listo para la “fiesta de la solidaridad”: conciertos, conferencias, teatros callejeros, pasacalles, gymkhanas de sensibilización ambiental, talleres de todo tipo, mercadillos artesanales y de segunda mano (una oportunidad para que desempleados percibieran algún ingreso con la venta de bienes que ya no utilicen), puntos de intercambio de libros leídos o competiciones deportivas dirigidas a generar conciencia sobre la discapacidad... Faltaba un requisito administrativo sencillo, pero indispensable, la luz verde del Ayuntamiento. “No llegaba”.

Ante la insistencia del brazo juvenil del PSOE, el alcalde, el nacionalista Francisco Javier Cuaresma, abordado en la entrada de la Casa Consistorial, aduce un argumento “de lo más surrealista”: el Plan Infoca, la Consejería de Medio Ambiente, “prohíbe la celebración del Festival por riesgo de incendio”. Los Cipreses están dentro del casco urbano y, en consecuencia, escapan a las competencias del dispositivo de prevención y extinción de fuegos de la Junta de Andalucía. Y el propio director provincial del mismo iba a dar una charla en el encuentro y se había apuntado la posibilidad de que el retén afincado en el Parque Los Puentes de El Campillo se trasladara esos dos días (28 y 29 de septiembre) a Los Cipreses. “Se lo contamos a Cuaresma y él se mantuvo inamovible: ése era el motivo”.

“Una vez más, nos tomó por estúpidos. O, más simple, prefiere adoptar la postura inteligente del necio que ilustra el actor y humorista Groucho Marx: es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente”, apostillan las JSA en su último boletín publicado. El grupo socialista también formuló una pregunta al respecto en el pleno de septiembre. PA y PP callaron. Tampoco notificaban su negativa por escrito (“lógico, como al más torpe de los embusteros, se les había desmoronado el cuento”), por lo que este nuevo freno a acciones de dinamización que redundan en un bien para el pueblo saltó a las redes sociales para indignación de un gran número de campilleros. Entonces entró en escena la primera teniente de alcalde, la conservadora Manuela Caro. Para ella, no era ésa la verdad e insinuaba que el Ayuntamiento que co-preside había ofrecido otros escenarios para el Festival Ecléctico y que los organizadores los habían rechazado.

Las Juventudes Socialistas replicaron de inmediato: “Mentira. Ningún concejal, ni popular ni andalucista (también telefoneamos al edil de Cultura, Luis Fernando Romero, y dijo lo mismo: según tenía entendido, el Plan Infoca lo impedía), se dignó a sentarse con nosotros para plantearnos otras opciones, ni para conocer a ciencia cierta en qué consistían las actividades. No se preocuparon. No les interesaba”. Algo que las JSA califican como una falta de respeto a los jóvenes y colectivos que, de forma altruista, participaban en la confección del programa para dotar a la vieja Salvochea de “una agenda cultural que PP y PA, desde el Gobierno, no son capaces de poner al alcance de los ciudadanos”. Mari Ángeles Valiño fue directa: “No tienen proyecto para El Campillo y tampoco nos dejan trabajar a nosotros”.

Tras toda una odisea, PP y PA remitieron una carta. Sin embargo, no mencionaban en ella al Plan Infoca y el riesgo de incendio entre las razones para denegar la autorización. Ahora alegan la no disposición de efectivos de la Policía Local para garantizar la seguridad. Otro pretexto, desde la óptica de las Juventudes Socialistas, pues “basta con avisar a la Guardia Civil para que apoye el evento con su presencia, como ya nos confirmaron desde el cuartel de Zalamea la Real en la última Fiesta de la Primavera, cuando varias patrullas se personaron en la misma y nos indicaron que el Consistorio, como es su deber, no les había avisado para tenerla en cuenta al confeccionar los turnos”.

Había más. Aludían a presuntos perjuicios económicos para los emprendedores que regentaban el bar El Parque. El brazo juvenil del PSOE ya había hablado con ellos para que, por un lado, una barra financiara los costes del Festival y, por otro, los visitantes también acudieran a su establecimiento para tomar café o tapas, productos que no se iban a ofrecer en la primera. “La intención era que la iniciativa sirviera, en paralelo, de empuje a su negocio, el mismo que es objeto en el escrito, en un hiriente y ruin ejercicio de hipocresía, de los desvelos de PP y PA, las formaciones que no hicieron nada durante todo agosto para subsanar la ausencia de iluminación provocada en Los Cipreses por el robo del cableado eléctrico y que se saldó con graves pérdidas y una sucesión de robos que puso en peligro la viabilidad de su empresa, ya cerrada”. La sentencia “es firme e inapelable: eran sólo excusas”.

Cuaresma renunció a la extra de Navidad por “solidaridad” con la plantilla municipal

El PSOE lo consideró “insuficiente ante el sueldo irresponsable que se asignó pese a la advertencia de la Intervención” y le espetó que “no hable de generosidad tras hipotecar el pueblo por un crédito de 132.885 euros cuando su sueldo costará 186.000”

EL CAMPILLO. El alcalde de El Campillo, Francisco Javier Cuaresma (PA) no cobró su paga extraordinaria del pasado mes de diciembre de 2012 después de renunciar a ella en el Pleno ordinario de septiembre por “por solidaridad” con los trabajadores municipales, a los que el Ejecutivo del conservador Mariano Rajoy les suspendió la suya, como al resto de empleados públicos, mediante un decreto ley aprobado en verano (en ese instante, la plantilla del Consistorio aún no había cobrado la de julio; en diciembre aún le debían la mitad). Los cinco concejales del grupo socialista se abstuvieron porque “no es suficiente”, aseveró su viceportavoz, Pablo Pineda. “Ya votamos en contra de su liberación, por ser desorbitada e insostenible para las cuentas de un ayuntamiento pequeño como el de nuestro pueblo y esta realidad no cambia con la eliminación de sólo una de sus 14 nóminas anuales”. El también vicesecretario general del PSOE salvocheano espetó que “el suyo, señor Cuaresma, no es, por tanto, ningún gesto de generosidad, sino una obligación moral que hasta puede convertirse en un imperativo legal dentro de los ajustes del Gobierno central”.

Pablo Pineda ahondó en la presunta magnanimidad de la acción del regidor andalucista y concluyó: “No hable de solidaridad cuando su sueldo va a costar a las arcas municipales en cuatro años (con la complicidad de su socio, el PP de Manuela Caro, que aceptó su remuneración) unos 186.000 euros y usted ha hipotecado nuestro pueblo durante 12 años, tres legislaturas completas, por mucho menos, por un crédito de 132.885,22 euros y el severo e injustificado Plan de Ajuste que le acompaña como aval bancario”. Un dinero que, como recuerdan desde la Casa del Pueblo, “se tendrá que devolver a un interés del 5,94 por ciento o, lo que es lo mismo, bajo unas condiciones más propias de la usura”. El número 2 del PSOE local apostillaba que “solidaridad sería que usted no cobrara nada del Consistorio (como la totalidad de los alcaldes que le han precedido desde 1979) o, al menos, que sólo percibiera la mitad de lo que recibe, pues así habría ahorrado a los campilleros ese préstamo y los posteriores presupuestos que nos conducirán a una más que probable intervención”. Cuaresma replicó: “Para mí, sí se trata de un ejercicio de solidaridad”.

El debate de ese salario de 33.936 euros brutos al año (más los 12.500 euros de costes de Seguridad Social que ha de sufragar el Ayuntamiento por ejercicio a causa del mismo) colea desde que el Grupo Socialista constatara la advertencia con la que, en junio de 2011, la propia secretaria-interventora de entonces prevenía al alcalde, Francisco Javier Cuaresma (PA), de que era una cantidad excesiva, aviso que el regidor nacionalista desoyó. Desde entonces, desde la Casa del Pueblo insisten en la “actitud egoísta” y el “ánimo de lucro” del líder de los andalucistas campilleros. El PSOE sostiene, incluso, que ya ha dado muestras “inequívocas” de ello, como cuando en el Pleno orgánico del presente mandato “miró con desdén a la funcionaria del Consistorio tras aclarar ésta a la oposición que la cuantía de sus nóminas extraordinarias era algo inferior a la de las ordinarias”. La supresión de esa paga de Navidad “no es ninguna excepción”, incide la formación del puño y la rosa: “no es ningún gesto solidario, como tampoco lo fue aquella vez que anunció con vehemencia que ya se había bajado su sueldo cuando sólo cobraba algo menos por la subida del IRPF impuesta por Rajoy a todos los españoles”.

Acamacum quiere “debilitar al emperador de todos los males” en el Día contra el Cáncer

La asociación comarcal organiza esta tarde (17:30) una charla informativa a cargo del enfermero Sebastián Serrano en el centro Polivalente de El Campillo

EL CAMPILLO. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación contra el Cáncer de Mama de la Cuenca Minera, Acamacum, ha programado una jornada sobre esta dura patología y la importancia del diagnóstico por todos los municipios de la comarca. En concreto, esta tarde, a partir de las 17:30 horas, se celebrará en el Centro Polivalente de El Campillo, sito en la calle Sevilla, una charla del enfermero de paliativos del Hospital de Minas de Riotinto Sebastián Serrano López bajo el título Debilitando al emperador de todos los males.

Con esta iniciativa “salimos un año más a la calle para pedir colaboración y explicar todo lo que rodea a esta enfermedad. Con la ayuda de todos podemos seguir ofreciendo apoyo psicológico, social y emocional, además de los diversos servicios de los que disponemos en la asociación”, invoca la presidenta de Acamacum, Begoña Oliva Rey. Además de la citada conferencia, voluntarios de esta entidad han abierto mesas informativas durante toda la jornada en distintos puntos de la Cuenca Minera para todo aquel que necesite información o quiera colaborar con la asociación.

Acumacum es una entidad sin ánimo de lucro reivindicativa de los derechos de las personas afectadas por el cáncer. Consciente de la gravedad de la situación provocada por la enfermedad, no sólo desde la óptica sanitaria, sino en todos los ámbitos de la vida, su filosofía de trabajo es el optimismo y el positivismo. Con sede en El Campillo y creada en 2008, es una entidad muy activa en la Cuenca. Su acción va desde la organización de jornadas sobre la trascendencia del diagnóstico hasta galas flamencas, representaciones de obras de teatro, sesiones de aeróbic o la distribución de pañuelos.

El recurso de Emed contra el seguro de 180 millones bloquea el acuerdo social

Alcaldes, patronal y sindicatos deciden posponer la firma del documento · Aplazan la rúbrica hasta que haya constancia oficial de la póliza

CUENCA MINERA. El acuerdo social alcanzado entre Emed Tartessus (compañía que promueve la explotación de las minas de Riotinto) y la Plataforma por la Apertura de la Mina, formada por los alcaldes, sindicatos y empresarios de la Cuenca Minera, carece, de momento, de rango oficial. El documento, que contempla una serie de compromisos concretos que dan prioridad a la contratación de personal y empresas de la comarca en la futura actividad minera, está suspendido desde que Emed presentó el recurso contra la contratación del seguro de 180 millones de euros que la Junta de Andalucía le exige para salvaguardar la seguridad medioambiental de las presas.

Poco después de que El Periódico de Huelva adelantase que existe un borrador acordado entre las dos partes y que sólo estaba pendiente de la firma, la Plataforma decidió, el pasado 10 de enero, posponer la rúbrica del documento hasta que la compañía resolviera la formalización de la póliza. La decisión, confirmada a este periódico por representantes de los sindicatos y empresarios, fue ratificada en otra reunión el pasado jueves día 24, precisamente el día después de que la Junta desestimase el recurso de Emed.

Entre esas dos fechas, la del 10 y la del 24 de enero, representantes de la propia compañía minera mostraron a la Plataforma un documento que, a juicio de la empresa, certifica la contratación del seguro, lo que en cualquier caso no ha convencido al conjunto de los alcaldes, sindicatos y empresarios. La Plataforma, donde hay alcaldes del PSOE, de IU, del PP y del PA, decidió dejar aparcada la firma del acuerdo hasta tener “constancia oficial” de que Emed ha formalizado la póliza, según indicó un representante de los empresarios.

En medio de este proceso, Emed ha publicado en su web que cuenta con tal acuerdo. “Hemos establecido un acuerdo social con las siete municipalidades”, señalan en un boletín que se publica en la Bolsa de Londres, donde la empresa también trasladó que ha establecido el seguro tras “un acuerdo con la autoridad mineras.

El documento fija en un 60% el empleo comarcal

Al margen del bloqueo actual, el documento consensuado entre EMED y la Plataforma compromete a la empresa a “dar preferencia a la contratación comarcal” de personal y proveedores. Además, apuesta por la cualificación de la oferta comarcal y se fija como “objetivo mínimo” que el 60% de la mano de obra sea de la zona. La empresa promete aportar al año 300.000 euros a la diversificación económica de la comarca.

Una superación del desafío localista

El acuerdo inicial entre Emed Tartessus y la plataforma de alcaldes, sindicatos y empresarios de la Cuenca Minera, pendiente aún de la firma definitiva entre las dos partes, supone en principio una superación del desafío localista de la alcaldesa de Riotinto, Rosa Caballero (PP), quien sólo exigió a la compañía la contratación de personal y empresas de su municipio e incluso amenazó a Emed con no concederle los permisos municipales para la explotación de la mina si no cumple tales requisitos, entre los que también situó la domiciliación social y fiscal de todas las empresas que trabajen para la compañía minera. El acuerdo de la Plataforma, donde están representados los siete alcaldes de la comarca, contempla, sin embargo, que se dé prioridad a la contratación en toda la comarca, sin distinción alguna entre los municipios.

La posición inicial de la alcaldesa del PP despertó el rechazo del resto de regidores, pertenecientes a PSOE, IU y PA, aunque todos quedaron satisfechos con el apoyo final de Rosa Caballero al acuerdo de la Plataforma, lo que además fue entendido por todos los miembros de la misma como una “rectificación” de la alcaldesa de Riotinto. En cualquier caso, Caballero declaró después a este periódico que el documento de la Plataforma es “compatible” con su posición inicial, tras lo que aclaró que, como alcaldesa, la seguirá manteniendo hasta el final.

Tras trascender este hecho al ámbito provincial, el caso provocó una ‘guerra’ dialéctica entre PSOE y PP que aún perdura. Desde la dirección provincial socialista calificaron el desafío localista de Caballero como un nuevo ataque del PP a la Cuenca Minera, lo que desde el Partido Popular fue entendido como un intento del PSOE de tapar el “bloqueo” de la Junta a la reapertura de la mina. La dirección provincial del PP pidió además que se priorice el empleo en toda la comarca, un trabajo del que, en cualquier caso, ya se encargaba la Plataforma.

La empresa anuncia la finalización de las obras de mejora de la presa de estériles

Emed Tartessus ha anunciado en su boletín la finalización de las obras de la presa de estériles, que han servido, según la empresa, para “reforzar algunos puntos de la estructura” e “incrementar los parámetros de seguridad”. La compañía asegura que la inversión ha ascendido a 400.000 euros y “viene a sumarse a los esfuerzos que viene realizando Emed Tartessus para llevar a cabo una gestión responsable y eficaz”, añade. Asimismo, la empresa destaca que desde su llegada a Riotinto, en 2007, invierte alrededor de 200.000 euros mensuales en el depósito de estériles. Desde la compañía recalcan que esta labor se ha desarrollado en “circunstancias especiales” debido a que “hasta agosto de 2012 Emed sólo era propietaria de un tercio del depósito, lo que implicó un acceso limitado al mismo”, explican.

Víctor Pineda, El Periódico de Huelva

 

La Junta ofrece los derechos mineros de 40 yacimientos

Las empresas adjudicatarias tendrán tres años para desarrollar la investigación previa a la explotación · La superficie afectada asciende a 32.200 hectáreas y se reparte entre 14 municipios de la provincia

CUENCA MINERA. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. La Junta de Andalucía llama a “cualquier empresa del mundo” que tenga posibilidades de explotar una mina a que se fije en cada uno de los 40 yacimientos onubenses que actualmente están declarados francos porque tienen los derechos mineros caducados. Éste es el objetivo de la iniciativa novedosa que la Administración autonómica pondrá en marcha “en los próximos días” con el objetivo de “poner en circulación” toda la Faja Pirítica y promover así un mayor desarrollo de la actividad minera. Se trata de aprovechar al máximo las dos condiciones actuales que pueden hacer rentables los yacimientos mineros: el precio de los minerales metálicos en el mercado internacional y los avances tecnológicos para la extracción de los metales. “Es responsabilidad de la Junta poner en valor el enorme potencial de recursos naturales y humanos del que disponemos”.

Así lo anunció el pasado jueves 24 de enero el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, durante su visita a uno de los municipios onubenses más beneficiados por esta iniciativa, Calañas. El representante de la Administración autonómica eligió esta localidad para dar a conocer la noticia y presentar los detalles del concurso público. La Junta prevé adjudicar los derechos en el plazo de seis meses, ya que las empresas interesadas tienen dos para presentar sus ofertas y la Junta tendrá luego otros cuatro para estudiarlas y resolver las adjudicaciones. A partir de ahí, las compañías ganadoras del concurso dispondrán de un máximo de tres años, prorrogables a otros tres, para desarrollar los proyectos de investigación previos a la explotación propiamente dicha.

De hecho, los derechos que salen a concurso, según detalló el consejero, van dirigidos “preferentemente” a la investigación, que permitirá a las empresas conocer los recursos disponibles y sus condiciones para a partir de ahí determinar si es rentable o no la actividad extractiva. “Sólo con que de este proceso surja una única explotación, estaría justificado todo el esfuerzo”, enfatizó Ávila. El representante del Gobierno andaluz puso como ejemplos los casos de Aguas Teñidas y de Las Cruces para destacar la importancia de esta iniciativa. “Así surgió Matsa y Cobre Las Cruces”, dijo. “Todo gran proyecto minero, como Cobre Las Cruces en Sevilla o Matsa en Huelva, fue antes un simple proyecto de investigación”, recalcó.

Aunque la mayoría de los derechos que se licitan en Huelva son permisos de investigación, el proyecto administrativo que se abre también contempla las concesiones de explotación. Los primeros permiten investigar la presencia de recursos minerales, mientras que la concesión de explotación, que puede ser directa o derivada de un permiso de investigación, se solicita sobre terrenos suficientemente investigados o que hayan sido objetos de antiguas explotaciones.

Los 40 derechos que salen a concurso en la provincia de Huelva afectan a una superficie total de 32.200 hectáreas que se encuentran repartidas entre 14 municipios onubenses: Escacena, Chucena, Paterna, Almonaster la Real, Cortegana, Cabezas Rubias, El Cerro de Andévalo, Valverde del Camino, Alosno, Calañas, Villanueva de las Cruces, Hinojos, Villalba del Alcor y Beas. Si el concurso concluye, finalmente, con la adjudicación de los 40 derechos, todos estos yacimientos vendrían a sumarse a otros 19 donde se desarrollan actualmente proyectos de investigación y que se ubican en Almonaster la Real, Cortegana, El Cerro de Andévalo, Valverde del Camino, Villanueva de las Cruces, El Campillo, Zalamea la Real, Chucena, Escacena del Campo, Paterna del Campo, Hinojos, Alosno, Beas, Trigueros, Villalba del Alcor y Calañas.

A ellos hay que unir el yacimiento actualmente en explotación, desarrollado por Matsa en Aguas Teñidas, y otros como el de Lomero Poyatos, Riotinto, La Zarza o Sotiel Coronada, en vías de iniciar su explotación. Preguntado sobre el de Lomero, que ya cuenta con los derechos mineros y debe estar listo para el inicio de la explotación en un plazo de seis meses, el consejero indicó que el proyecto de la empresa Petaquilla Minerals “progresa adecuadamente”. El consejero destacó que los proyectos de investigación que se desarrollen también “implican la generación de actividad económica y empleo”. De hecho, los 19 que ya están en marcha generan, según precisó Ávila, alrededor de 350 empleos.

El concurso público que pone en marcha el Gobierno andaluz incluye también a la provincia de Sevilla, donde se licitan otros 21 derechos. La superficie hispalense afectada asciende a 48.700 hectáreas. Ávila también resaltó que este proceso permite, además, una reorganización más efectiva y un mayor y mejor conocimiento de los yacimientos mineros andaluces.

Detalles

32.200 hectáreas. Es el número de hectáreas de terreno que podrán ser objeto de investigación minera si la Junta adjudica los 40 derechos que licita en la provincia.

14 municipios. Las 32.200 hectáreas afectadas se reparten entre un total de 14 municipios de las comarcas del Andévalo, la Sierra y el Condado.

61 yacimientos. Los derechos mineros que salen a concurso en toda Andalucía son 61, de los que 40 pertenecen a Huelva y 21 a Sevilla.

19 en marcha. Los 40 proyectos de investigación que se licitan en Huelva se unirían a los 19 que se desarrollan actualmente y que generan 350 empleos.

Emed anuncia que ha certificado una póliza

Ávila dice que la empresa lo garantizó antes de rechazarse sus alegaciones

Un día después de que la Junta de Andalucía desestimase el recurso de alzada presentado por Emed Tartessus contra la resolución que la obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil por valor de 180 millones de euros, la comparecencia ante los medios de comunicación del consejero de Economía, Antonio Ávila, no podía pasar por alto este nuevo paso hacia la explotación de los yacimientos mineros de Riotinto. Tras confirmar la desestimación del recurso adelantada por El Periódico de Huelva, el consejero destacó que la empresa comunicó el pasado 14 de enero, antes de conocer la respuesta “negativa” a su recurso de alzada, que “ya ha formalizado una póliza”. Con estas palabras respondió Ávila a la pregunta sobre el tiempo del que dispone ahora Emed para contratar el seguro de responsabilidad civil. “Según Emed, ya ha formalizado una póliza, por lo que, si tuviese un tiempo, ya no sería necesario”, señaló concretamente el consejero.

No obstante, su respuesta no dejó muy claro si Emed tiene ya o no contratado el seguro, ya que no sería lógico formalizar una póliza de tal envergadura antes de que la Junta confirme si realmente es obligatoria. Además, el propio consejero, antes de que los periodistas le preguntaran sobre el plazo, se limitó a decir que la empresa comunicó “la disponibilidad de un seguro” antes de resolverse su recurso, así como que anunció que “va a formalizar” la póliza que le ha sido requerida. Ávila calificó esto como algo “relevante” que “hay que poner de manifiesto”, al tiempo que recalcó que el proceso se está desarrollando “dentro de la normalidad”. En cualquier caso, la formalización del seguro es ya obligatoria con independencia de que Emed presente o no otro recurso, en este caso judicial, al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, para lo que tiene un plazo de dos meses.

Esto ocurre después de que la Consejería de Economía desestimase todas las alegaciones presentadas por Emed, tales como que no es propietaria de la explotación o que los residuos no se depositarán en tres presas, sino en un único depósito constituido por tres secciones. La Junta entiende que debe ser un “organismo de control autorizado” el que acredite que las tres presas se comportan estructuralmente como una sola. Asimismo, la empresa reclamaba que se le aplique la normativa actual que regula los depósitos de lodos procedentes de actividades mineras, vigente desde el año 2009, y no la norma de 2002. A ello, la Junta respondió que la propia ley actual contempla que no puede aplicarse a las instalaciones que no reciban residuos desde antes de mayo de 2006.

La Diputación ve resultados en el trabajo de la Junta

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, aseguró que el concurso para la minería anunciado por la Junta de Andalucía constituye una “excelente noticia” y “el impulso necesario para que el sector de la minería onubense encarrile su futuro”. Caraballo indicó que el apoyo a la minería por parte de la institución provincial es “prioritario”, tras lo que señaló que “nuestro papel es allanar el camino” y ser la administración que aglutine a los ayuntamientos, a la Junta y a las empresas”.

La Diputación, según afirmó, está “muy atenta y en primera línea de trabajo de este importante proceso, manteniendo reuniones semanales de coordinación para que los proyectos lleven el ritmo adecuado, ajustándose a la Ley”, recalcó. Para Caraballo, “la Junta de Andalucía está haciendo todo lo que está en su mano para que la provincia de Huelva tenga una minería del siglo XXI”. El presidente también indicó que en esta nueva etapa “las empresas deben incorporar todos los procesos de modernización y tecnología punta, tras lo que señaló que se requiere una formación laboral específica en la que “ya se está trabajando desde las administraciones”.

Además, se mostró confiado en que a la convocatoria acudan “empresas con solvencia y dispuestas a invertir, requisito para que la reactivación del sector suponga la creación de empleo y riqueza en la provincia”, añadió. “Tenemos muchas esperanzas en el sector dijo- con este proyecto que podría generar, entre directos e indirectos, miles de empleos en la Cuenca Minera”.

Víctor Pineda, El Periódico de Huelva

Desestiman el recurso de Emed contra el seguro de 180 millones

La compañía tendrá que contratar la póliza aunque recurra a la Justicia · Tiene dos meses de plazo para acudir al Tribunal de lo Contencioso

CUENCA MINERA. Emed Tartessus tendrá, finalmente, que contratar el seguro de responsabilidad civil por valor de 180 millones de euros si quiere poner en marcha la explotación de las minas de Riotinto. La Junta de Andalucía, que le reclamó tal requisito el pasado mes de noviembre para garantizar los gastos que se deriven de un hipotético accidente medioambiental en las presas de residuos mineros, desestimó el pasado miércoles 23 de enero el recurso de alzada presentado el 19 de diciembre por la propia compañía, que reclamaba la suspensión de la resolución que la obliga a contratar el seguro justo el último día en el que vencía el plazo dado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Aunque la empresa minera tiene aún la oportunidad, agotada la vía administrativa, de presentar un recurso judicial ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la desestimación obliga a Emed a contratar la póliza sí o sí, con independencia de que recurra o no a la vía judicial. En cualquier caso, la compañía tiene dos meses para interponer el recurso contencioso administrativo.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa desestima todas las alegaciones presentadas por Emed Tartessus en su recurso de alzada, tales como que esta compañía no es propietaria de la explotación o que los residuos no se depositarán en tres presas, sino en un único depósito constituido por tres secciones. La Junta entiende que debe ser un “organismo de control autorizado” el que acredite que las tres presas, la de Gossan, la de Cobre y la de Aguzadera, se comportan estructuralmente como una sola. La Consejería no reconoce, por tanto, como tal el informe presentado por Emed en el recurso, perteneciente a la compañía Eptisa. Asimismo, la empresa reclamaba que se le aplique la normativa actual que regula los depósitos de lodos procedentes de actividades mineras, vigente desde el año 2009, y no la norma de 2002. A ello, la Junta de Andalucía responde que la propia ley actual contempla que no puede aplicarse a las instalaciones de residuos mineros que no reciban residuos desde antes de mayo de 2006, caso de las presas de Riotinto, donde cesó la actividad minera en 2002.

El caso del seguro de responsabilidad civil cobró una importante repercusión mediática debido a las consecuencias inmediatas que podría tener un supuesto incumplimiento de este requisito. Como adelantó El Periódico de Huelva, la Junta advirtió de que Emed no podrá seguir adelante con el proyecto minero si no contrataba el seguro en el plazo de un mes. El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Eduardo Manuel Muñoz, anunció que la Junta sacaría a concurso público los derechos mineros si Emed no cumplía esa condición. La empresa presentó el recurso de alzada el mismo día que vencía el plazo y ahora ha sido desestimado por la Junta.

La empresa lleva a la Bolsa que tiene un acuerdo sobre la póliza

Emed Tartessus ha publicado en su boletín oficial que ha establecido un seguro de responsabilidad civil para las presas sobre la base de un acuerdo con la Junta de Andalucía. “Desde final de diciembre, hemos establecido el seguro para las presas de residuos después de un acuerdo con las autoridades mineras”, señalan, si bien Emed Tartessus presentó un recurso de alzada contra la contratación de tal seguro que ahora ha sido desestimado por la propia Administración autonómica. Esas publicaciones de Emed pueden apreciarse en la web oficial de su matriz Emed Mining y en el boletín que la compañía publica trimestralmente en la Bolsa de Londres, que va dirigido a los inversores de la multinacional chipriota.

Víctor Pineda, El Periódico de Huelva.