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Pablo Pineda

Cuenca Minera

El nervense Domingo Domínguez toma la vara de vicepresidente de la Mancomunidad

El PP vota en contra de la propuesta que designaba a la alcaldesa popular de Minas de Riotinto como representante del órgano supramunicipal en el ADR por “no respetar la pluralidad” · El resto de cargos es acaparado por socialistas con la abstención de cuatro vocales de IU y el sí de los dos restantes

CUENCA MINERA. Los grupos políticos empiezan a tomar posiciones en la Mancomunidad de la Cuenca Minera de Río Tinto casi cuatro meses después de las Elecciones Municipales. Si en septiembre era el alcalde de Berrocal, Juan Jesús Bermejo, el que se investía como presidente de un gobierno socialista en minoría (circunstancia única desde el nacimiento de la entidad), en el Pleno celebrado el pasado 5 de octubre fue el regidor de Nerva, Domingo Domínguez (PSOE), el que recibía la vara de vicepresidente del órgano supramunicipal.

El nombramiento se producía en el marco de una sesión que debía designar a los representantes de la Mancomunidad en los distintos órganos colegiados. Unos cargos, seis en total, que acapararon miembros del grupo socialista (formado por 12 vocales), a excepción del de delegado del ente comarcal en la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de la Cuenca Minera de Río Tinto, que recayó en la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa María Caballero (PP). No obstante, la propuesta se aprobó con el voto contrario de los seis ediles de la bancada popular y de los dos del PA, que entendían que no se ajustaba a la pluralidad existente en la Cámara.

La postura de IU fue la abstención, aunque sólo parcial, pues dos de sus seis representantes, los de La Granada de Riotinto, emitieron su luz verde. Esta posición de ambigüedad puede responder a la posibilidad de que, a corto plazo, se cree una Vicepresidencia segunda, según anunció el propio Juan Jesús Bermejo, con régimen de dedicación exclusiva. Ésta podría ser asumida, precisamente, por el regidor alfillanco, el izquierdista José Justo Martín Pizarro.

El eterno problema de la tesorería

El presidente de la Mancomunidad de la Cuenca Minera, el socialista Juan Jesús Bermejo, reiteró, en otro orden de asuntos, que el ente supramunicipal tiene que poner fin al problema de tesorería que arrastra desde hace años como consecuencia del impago de la cuota de sus principales ayuntamientos: Nerva y Minas de Riotinto. El también regidor de Berrocal aseguró que “ya le he comunicado a los alcaldes de la comarca que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre para ponerse al día con sus pagos”. De no ser así, Bermejo no renuncia a “tomar otras medidas”, ya que, “lo que no es de recibo es que se preste el mismo servicio a aquellos municipios que no son solidarios y que no cumplen con sus obligaciones con el órgano mancomunado”.

 

La mina, el caballo de batalla de la escena social y política en la Cuenca

El PP se define como “el partido de la reapertura” y el PSOE le reclama “responsabilidad” frente al “oportunismo electoralista” · Emed convive con aumentos de capital y trabas de Rumbo 5.0 y Zeitung, titulares de las balsas asociadas a la figura de Carlos Estévez · La Junta estudia la viabilidad del “proyecto definitivo” en medio de la presión social y el apoyo del colectivo de antiguos mineros

CUENCA MINERA. La mina es ya, sin lugar a dudas, por su condición de única vía de escape visible a corto plazo, el principal acicate de la vida social y, en consecuencia, el caballo de batalla exclusivo de la dialéctica política en la Cuenca. La sangría en forma de desempleo de una crisis a la que la comarca parece condenada a perpetuidad desde el cierre de la línea del cobre tras el anunciado fracaso del denominado Plan Esquila, ha dinamitado la histórica hegemonía del socialismo en la zona. Una debacle que se ha visto acrecentada en los últimos años por la coyuntura global actual, que se ha traducido en el cierre de empresas bandera de aquella primera diversificación que vio la luz al calor del defenestrado Plan Albor, tales como Tubespa o Nature Pack, sin obviar los expedientes de regulación de empleo de Río Tinto Plásticos y las dificultades por las que atraviesa Río Tinto Fruit. Todo ello, ha abierto de par en par las puertas de esta franja andevaleña al PP, el mismo que, durante décadas, ha dado por perdida toda opción (la ausencia de listas o el empleo de candidaturas formadas por militantes de municipios del Área Metropolitana era una norma general).

Ahora, la gaviota, sin embargo, empieza a florecer, alentada por la Alcaldía de Minas de Riotinto o la destacada presencia en el equipo de Gobierno de El Campillo, donde cuenta con dos concejales, su mejor resultado en esta plaza roja por naturaleza. En la Mancomunidad ha igualado a IU con seis de los 26 vocales para dejar al puño y la rosa (12 vocales) un hasta hoy inédito gobierno en minoría. Y el yacimiento de cobre, su no apertura, emerge como su trampolín definitivo (ni siquiera necesitan hablar de la eternización de infraestructuras clave como los aprobados desdobles de las carreteras N-435 y A-461 y el Parque Empresarial y Tecnológico de la Cuenca Minera) ante un PSOE y una Junta de Andalucía que quieren “evitar”, a toda costa, “los errores del pasado” y que no están dispuestos a hacer la más mínima concesión. El proyecto “tiene que cumplir todos los requisitos legales, económicos, laborales y ambientales” porque “la época del colonialismo y las alfombras rojas ya pasó hace tiempo”.

El PP ya se ha autodefinido, así lo ha expresado su portavoz en la Diputación Provincial de Huelva, Guillermo García de Longoria,  como “el partido de la mina” y no cesa en su empeño de culpar a los socialistas y a la Administración autonómica, que asegura no haber recibido la documentación con las modificaciones sugeridas a Emed Tartesus hasta el pasado mes de septiembre, de “poner constantes trabas a la reactivación de la línea del cobre”. Un punto en el que los populares “obvian, porque les interesa electoralmente”, la tupida maraña tejida en torno a la titularidad de los terrenos, con unas balsas de estériles imprescindibles para la explotación que están, en su mayoría, en manos de las sociedades Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung, vinculadas al ex gestor de la mina Carlos Estévez, el mismo que había “secuestrado” los derechos mineros hasta el pasado mes de marzo con su influencia sobre algunos de los miembros de la Comisión Liquidadora de la extinta MRT, SA y, con ello, el futuro y la esperanza de una tierra que anhela los más de mil puestos de trabajo prometidos hasta la saciedad por la filial de la chipriota Mining (entre 300 y 450 directos).

El mensaje de los populares parece calar más en una comarca cansada, que ya no sabe en quién confiar, como consecuencia de una enquistada situación de crisis socioeconómica con visos de enfermedad terminal. Y es que el monocultivo del cobre emerge en el horizonte como la única bocanada de oxígeno que puede permitir a esta sufrida tierra sobrevivir hasta el corte de la cinta de las ansiadas infraestructuras. En su defensa, los socialistas, que espetan que, frente a las “malintencionadas acusaciones de la derecha”, la mina es su “prioridad”, eso sí, “con todas las garantías”, tiran, además, de memoria como argumento para recobrar el terreno perdido e invocan al compromiso. Lo hizo la diputada provincial y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de El Campillo, Susana Rivas Pineda, la pasada semana en el Pleno del ente supramunicipal, donde, durante el debate de la moción presentada por la fuerza conservadora para exigir a la Junta la agilización de la reapertura de la explotación, reprochó a la formación de la gaviota el “trato discriminatorio” que dispensó a la Cuenca Minera durante su estancia en La Moncloa.

La retirada de los talleres de empleo orquestada por el entonces ministro de Trabajo Javier Arenas, la reducción a su mínima esencia de las ayudas del antiguo PER, el “portazo” al desdoble de la N-435 dado a los alcaldes de la comarca en el Congreso por el titular de la cartera de Fomento Francisco Álvarez Cascos y la negativa a la inclusión de la rama metalúrgica en el Plan Minero Europeo para destinar el grueso completo de las ayudas a la minería del carbón de Asturias fueron algunos de los episodios que rememoró Rivas Pineda. Un currículum que la socialista apostilló con la actual “actitud irresponsable” de “pensar sólo en sacar rédito electoral” y “no querer arrimar el hombro”, como “sí hicieron en el anterior mandato los siete alcaldes socialistas de la Cuenca, los sindicatos UGT y CCOO y las cinco organizaciones empresariales que, a través de la Plataforma Pro Apertura de la Mina y en contacto directo con la Junta de Andalucía y la propia compañía, lograron rescatar los derechos” de los dominios de la Comisión Liquidadora de MRT, SA y las garras de Carlos Estévez.

Y mientras la disputa política entre PSOE y PP se encrespa en la víspera de las Elecciones Generales del 20 de noviembre, la incertidumbre planea sobre los habitantes de la comarca, presos de unas tasas de paro que ya dejaron de ser alarmantes para formar parte de la cotidianeidad. La mina sigue cerrada entre una marabunta de noticias que, por un lado, invitan al optimismo, y, por otro, al abatimiento. Un día amanece con aumentos de capital de Emed Tartessus en la Bolsa de Londres o con la declaración del delegado del Gobierno de la Junta en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, de que la explotación podría abrirse en el otoño de 2012 (un horizonte no muy lejano visto lo visto). Al siguiente, los ciudadanos desayunan con un recrudecimiento del litigio entre los propietarios que comparten las balsas, un obstáculo que, según coinciden Administración y Mining, no se puede solventar mediante un proceso de expropiación forzosa porque “retrasaría sine die el proyecto en los tribunales”. O con una rueda de prensa en la que el vicepresidente de Tartessus, Fernando Fernández Torres, cuestiona la voluntad de la Junta por avalar la reactivación de la extracción de mineral en Río Tinto para ser fulminado 24 horas después, apartado de la Dirección de la compañía, por sus “informaciones incorrectas”.

Todo son especulaciones. Nada termina de confirmarse sobre la reapertura de la línea del cobre. De momento, lo que sí parece un paso de gran valor, y más allá de la esfera de lo simbólico, es el apoyo público al proyecto de Emed Tartessus manifestado por la Asociación de Antiguos Mineros de Río Tinto y su paralela oposición frontal a Carlos Estévez, Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung. El colectivo que encabeza el líder sindical de Comisiones Obreras y ex alcalde del PCE de Nerva Ricardo Gallego ofrece, además, su colaboración para un plan que, como el resto de agentes sociales de la zona, consideran vital para la comarca. Su luz verde, si no se pierde de vista que son los titulares de los derechos administrativos a través de su participación del 66 por ciento en MRT, SA, se vislumbra como clave para que esta historia con tintes dramáticos derive en un desenlace feliz, o lo que es lo mismo, en la vuelta de obreros a un tajo que, en su día, como rememoran los nostálgicos de la Cuenca, llegó a albergar a decenas de miles de trabajadores.

Emed prescinde de Fernández Torres para salvar sus relaciones con la Junta

El vicepresidente de Tartessus acusó al Ejecutivo de demorar la apertura de la mina · El directivo, que ha dimitido, desveló que la Mining aún no tiene los derechos mineros 'desbloqueados' hace seis meses

CUENCA MINERA. Dos frases: si la Junta sigue demorando la reapertura de la mina de Río Tinto, “la credibilidad de Andalucía y de la industria española se verá seriamente afectada” internacionalmente en un momento delicado y “Emed no comprende cómo uno de los tres mayores proyectos industriales de Andalucía y, con total seguridad, el que puede generar empleo más rápidamente, sigue navegando en círculos”, pronunciadas por el vicepresidente del consejo de Administración de Tartessus, Fernando Fernández Torres, han servido para provocar una crisis en las relaciones entre la multinacional Emed Mining y el Gobierno andaluz. Esta frustración mostrada públicamente por el directivo que hasta ahora ejercía de portavoz el pasado 22 de septiembre por la lentitud del proyecto le ha costado el puesto. La empresa ha prescindido de sus servicios en Río Tinto y Fernández Torres se ha marchado a Mozambique, donde tiene cargos ejecutivos en otra compañía. Emed ha tomado esta decisión en cinco días para así limar asperezas con el Gobierno de José Antonio Griñán.

La empresa se ha visto obligada a incluir en su último boletín una especie de petición de excusas por criticar a la Junta. En la nota, Emed subraya que “Fernández Torres no tenía instrucciones de expresar públicamente su frustración o criticar a la Junta y para evitar añadir confusión ha decidido dejar su puesto como vicepresidente de Emed-España, así como sus funciones de portavoz de la empresa”. Eso sí, Mining dice que “continuará asesorando y apoyando un proyecto que ocupa un importante lugar en su corazón”. Las declaraciones de Torres llegaron en paralelo a una reunión programada entre la firma minera y la Junta. Asistieron a la misma el director general de la compañía, Harry Anagnostaras-Adams; el consejero delegado, William Enrico; el presidente de Emed Mining Public, Ronnie Beevor, y la secretaria general de Desarrollo Industrial, Isabel de Haro, acompañada por la directora general de Industria, Energía y Minas, Eva Vázquez, y la delegada del ramo en Huelva, María José Asensio.

La Administración se mostró muy crítica con la actitud de Fernández Torres. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia lamentó que, a la vez que se producía el encuentro en Sevilla, representantes de Tartessus ofrecieran una rueda de prensa en la que “vertieron informaciones incorrectas” que acusaban a la Administración de obstaculizar la reapertura de la mina, “lanzando un doble mensaje que lo único que consigue es obstaculizar el proceso y los trabajos que se realizan para este fin, ofreciendo una imagen de descoordinación dentro de la propia empresa y de los objetivos de la misma”. El ya ex vicepresidente desveló, en la que a la postre ha sido su última intervención pública como portavoz, un tema crucial que había sido vendido como un logro por la Junta de Andalucía poco antes de las Elecciones Municipales de mayo para frustrar un encierro de trabajadores en un túnel de Pozo Alfredo: la Administración andaluza aún no ha concedido el derecho minero a Emed para explotar Riotinto.

Cabe recordar que una nota oficial de la Junta, fechada el 14 de marzo de 2011, llegó a decir textualmente que “la Junta desbloquea la tramitación de la concesión de los derechos mineros en Río Tinto”. Un mensaje que llenó de alborozo a los mineros, que abandonaron el encierro, y a los alcaldes de la comarca, que llegaron a reunirse con el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila. Se dio por “solventado” el escollo legal de la transmisión de derechos mineros desde la Comisión Liquidadora a favor de Emed Tartessus y se anunció que, a partir de ese instante, los trámites de autorización continuaban con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales y el estudio económico del proyecto. La Junta ha reconocido, no obstante, que, entre las principales trabas actuales, se encuentran la multipropiedad de las balsas de estériles (compartida por Emed, Construcciones Zeitung y Rumbo 5.0) y la posibilidad de que la mina de Río Tinto acabe, finalmente, en manos de grupos internacionales de difícil control, que agraven hipotéticos problemas de solvencia y riesgos medioambientales.

Rafael Moreno / Huelva Información

El doble mensaje de Emed “obstaculiza el proceso de reapertura de la mina”

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia no entiende las críticas de la compañía en el marco existente de cooperación y el acuerdo de las partes para agilizar la tramitación del proyecto

CUENCA MINERA. La Junta de Andalucía, tras valorar como positiva la reunión que mantuvieron el jueves en Sevilla responsables de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia (con la secretaria general de Desarrollo Industrial, Isabel de Haro, a la cabeza) con los presidentes de Emed Mining, Ronnie Beevor, y de su filial, Emed Tartessus, Harri Anagnostaras-Adams, espetó ayer que no entiende el doble mensaje de la compañía. “Su actitud sólo consigue obstaculizar el proceso de reapertura” y los trabajos que ambas partes desarrollan de manera conjunta para ese fin, “al ofrecer una imagen de descoordinación de la propia empresa”.

Este malestar de la Administración autonómica descansa en el hecho de que, en paralelo al tono de cooperación y el acuerdo suscrito por ambas partes para agilizar la ineludible tramitación del proyecto, el vicepresidente de Tartessus, Fernando Fernández Torres ofreciera una rueda de prensa para verter “informaciones incorrectas” con las que se acusaba a la Junta de poner trabas a la anhelada puesta en explotación de la línea del cobre. Algo similar ocurrió en marzo con el encierro de trabajadores de Emed en Pozo Alfredo, que se producía al mismo tiempo que se afrontaba el último paso para liberar los derechos mineros, secuestrados hasta entonces por la Comisión Liquidadora de MRT y su ex gestor Carlos Estévez.

La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia recuerda, en este sentido, que fue el Gobierno andaluz el que en marzo logró desenredar esa compleja maraña jurídica que envolvía a la mina de Río Tinto. Algo a lo que une que en abril solicitó la presentación de la documentación necesaria para comprobar que el proyecto cumple todos los requisitos legales, ambientales, económicos y laborales y que no recibió ésta hasta el pasado día 1 de septiembre, cinco meses después. Por tanto, bajo el punto de vista de la Junta de Andalucía, no es comprensible el requerimiento de “más agilidad” lanzado por Tartessus a través de Fernando Fernández Torres.

Emed Mining urge a la Junta a que le conceda los derechos mineros

La firma de capital chipriota, que cotiza en la Bolsa de Londres, reúne en Sevilla a sus inversores, entre ellos, Resource Capital Funds, como medida de presión

CUENCA MINERA. “Apelo a la Junta de Andalucía para que ponga fin a esto. De lo contrario, su credibilidad y la de la minería española se verá afectada”. Con esta rotundidad se manifestó el pasado jueves el vicepresidente de Emed Tartessus, Fernando Fernández Torres, con respecto a la tardanza de la Administración autonómica a la hora de dar la luz verde al Proyecto Río Tinto (PRT). “Comprendemos su cautela, pero ya no podemos esperar más: esto no es serio”, añadió. La firma internacional presentó en julio de 2008 la solicitud de explotación de los derechos mineros y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia aún no se los ha concedido. Todo ello, después de que el pasado mes de marzo ya se hiciera público el desbloqueo de los mismos por parte del titular del departamento, Antonio Ávila, tras una reunión mantenida con los alcaldes de la Cuenca y la campillera, entonces parlamentaria andaluza del PSOE, Susana Rivas Pineda. Un comunicado esperado que se emitía, en el contexto de un encierro trabajadores en el interior de un túnel de Pozo Alfredo y con las Elecciones Municipales a la vuelta de la esquina, para cerrar un capítulo de la enmarañada situación jurídica que, con la Comisión Liquidadora de la extinta MRT, SA y la influencia sobre ésta del ex gestor de la misma Carlos Estévez como protagonistas, trababa el avance hacia la reapertura de la línea del cobre.

Emed Mining, que el 1 de septiembre envió a la Junta de Andalucía la tercera versión de su plan de viabilidad después de que ésta le exigiera un aumento de la superficie y una mejora en el tratamiento y recogida de las aguas de lluvia y de proceso, dio el jueves una vuelta de tuerca a la labor mediática de presión que ejerce sobre la Administración autonómica para lograr los derechos mineros. Reunió en Sevilla a la cúpula mundial de los 50 inversores con los que cuenta esta firma matriz que cotiza en la Bolsa de Londres, entre ellos, el presidente de Resource Capital Funds (RSC), Ross Bhappu. Un gran fondo especializado en minería. Y, en paralelo, el máximo dirigente de Mining, Ronnie Beevor, y el de Emed Tartessus, Harri Anagnostaras-Adams, mantenían un encuentro con altos cargos de la Junta para revisar el estado actual del proyecto. Al día siguiente, un grupo de parados de la comarca emprendieron una marcha desde la Plaza de El Minero de Minas de Riotinto hasta las instalaciones de Tartessus.

En esta línea, Fernández Torres aseveró que “en julio, cuando nos reunimos y se nos pidió la ampliación, dijimos que eso nos podía llevar un año; pedimos que nuestro trabajo fuera en paralelo a la concesión de la explotación y, al final, acordamos presentar un proyecto básico ahora para incluir luego los añadidos”. Según el vicepresidente de Emed Tartessus, “los recelos que pueden quedar para la Administración sólo pueden ser técnicos, y eso se solventa sobre la marcha”. Bajo sus previsiones, “pasarán 18 meses antes de que comencemos a extraer cobre; no porque nos den los derechos hoy comenzaremos mañana”. Para Fernández Torres, “las dudas sobre la capacidad financiera de Emed han quedado despejadas y las que hay sobre la presunta incapacidad para hacer una ingeniería de nivel no se sostienen”. Eso es “un cuento; cuando se analice el tema con frialdad, la gente se preguntará qué ha pasado aquí”, especuló. La compañía, sin ser propietaria aún de los derechos, afirma que gasta un millón de euros cada mes en trabajos previos sobre el terreno, 60 millones en total. Si se tiene en cuenta que pretendía arrancar la explotación en 2008, el sobrecoste calculado asciende a 40 millones.

Una cota de mil empleos y el conflicto de las balsas

En cuanto a la generación de empleo, Emed Tartessus subraya que, en la actualidad, trabajan en el mantenimiento de las instalaciones cien personas, pero “se puede llegar a un pico de mil y a una plantilla fija de 450 personas”. Según Fernández, ya han llegado a la multinacional 4.500 currículos de habitantes de la zona interesados en formar parte del proyecto, cuyo periodo de explotación es de 14 años, prorrogables hasta 30, en función de los sondeos. Ahora bien, la de la concesión de los derechos pendientes es la batalla más importante, pero la chipriota Mining tiene otros frentes abiertos que, previsiblemente, se dilucidarán en los tribunales. Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung son propietarias del 65 por ciento de los terrenos en los que residen las balsas de estériles y acusan a Emed, que se hizo cargo de su cuidado completo con la autorización de la Junta, de haberlas descuidado y de haber provocado vertidos al río Odiel por valor de 13 millones de euros. La compañía afirma justo lo contrario: que son ellos, con la instalación de sistemas de bombeo, quienes han evitado un mal medioambiental derivado de los excesos de aguas de lluvia de 2009 y de 2010. “La solución medioambiental de Río Tinto pasa por nosotros”, sentencia Fernández.

Los precios del cobre comienzan a dar síntomas de debilidad

Justo cuando la mina de Río Tinto tiene más posibilidades de reabrir sus instalaciones, ha comenzado el mercado internacional a emitir signos de debilidad como consecuencia directa de que las demandas de China e India se corten por la sombra de una nueva recesión mundial. La noticia no es buena, porque el mercado de metales es un termómetro que, como exponen los expertos, convierte un resfriado en una pulmonía.

El cobre ha perdido un 11 por ciento de su valor después de superar los 9.000 dólares por tonelada. Para entrega en tres meses operó en 8.337 dólares. Según Reuters, la caída de su cotización sólo se ha visto limitada por huelgas en importantes explotaciones del mundo, tanto en la de Freeport-McMoran & Gold como en la mina de Grasberg (Indonesia). El umbral de rentabilidad está en los 5.000 dólares por tonelada.

Huelva Información / T. Monago / R. Moreno 

Tartessus acusa a Rumbo 5.0 de impedir las labores de mantenimiento de las balsas

Tartessus acusa a Rumbo 5.0 de impedir las labores de mantenimiento de las balsas

La filial de Emed Mining, responsable única de las presas de estériles a pesar de que comparte los terrenos con la adjudicataria de las 1.200 hectáreas de los terrenos subastados en 2005, ya denunció los hechos en agosto en el Juzgado de Valverde

CUENCA MINERA. La respuesta de Emed Tartessus a las “alarmantes” e “inexactas” declaraciones vertidas por los responsables de Rumbo 5.0, en connivencia con los antiguos responsables de MRT, encabezados por Carlos Estévez, sobre las presuntas negligencias de la propietaria de la mina en el mantenimiento y control de las balsas de estériles no se ha hecho esperar. La filial de Mining ha negado con rotundidad tales acusaciones y asegura que lleva a cabo una acción “absolutamente responsable” en lo referente a la gestión de las presas “para evitar cualquier perjuicio a las personas y al medio ambiente”.

La compañía de capital chipriota recuerda, en este punto, que es la responsable única de la conservación de las balsas de Río Tinto por resolución de la Junta de Andalucía de 24 de febrero de 2011, a pesar de que la mayor parte de los terrenos afectados pertenecen a dos sociedades inmobiliarias, Rumbo 5.0 y Construcciones Zeitung, que, desde sus aterrizajes en la comarca entre 2004 y 2005, “no han acometido labores de mantenimiento alguno en las mismas”.

Pese a todo ello, según el comunicado de Tartessus, y tras no pocas acciones de obstaculización, el pasado mes de agosto, Rumbo 5.0 “impidió el paso a los trabajadores de Emed para la realización de los trabajos de mantenimiento de las presas”. Algo que provocó sucesivas denuncias ante la Guardia Civil y el Juzgado de Valverde que se han sustanciado en una orden judicial en la que se reconoce la exclusiva responsabilidad legal de la empresa minera en el mantenimiento de las presas. No obstante, tal y como expone la actual propietaria de la explotación de cobre, los responsables de Rumbo 5.0 no acataron este dictamen, lo que derivó en nuevas denuncias y en la apertura de una causa por desobediencia judicial en la Audiencia Provincial de Huelva.

En la misma línea, desde Emed Tartessus apuntan que el mismo Juzgado de Valverde ya resolvió anteriores denuncias por supuestos vertidos realizados por la empresa minera durante el pasado invierno para concluir que “actuó correctamente para evitar males mayores a las personas y al medio ambiente”. Una circunstancia a la que agregan que la puesta en marcha de la explotación permitirá a la presa operar con normalidad, lo que “evitará de manera definitiva la problemática de la acumulación de agua de lluvia”.

Obras ilegales de Rumbo 5.0

Tartessus, tras defenderse, también ha contraatacado. La compañía alega que, tras siete años de inactividad en los terrenos de su propiedad, Rumbo 5.0 ha iniciado en estos días obras “de carácter completamente ilegal” que, como tal, han sido paralizadas por la Delegación Provincial de Economía, Innovación y Ciencia. La razón, no contaba con los permisos pertinentes para la ejecución de los movimientos de tierra efectuados en el entorno de las balsas, los cuales podían ser peligrosos para la estabilidad de las presas y para la seguridad de los propios operarios.

A este efecto, la autoridad minera procede a la realización de una inspección de dichos trabajos acompañada por el ingeniero jefe de la firma de ingeniería EPTISA, que diseñó en su momento la presa y los manuales para su funcionamiento, con el fin de concretar los daños ocasionados. El Ayuntamiento de Minas de Riotinto también ha paralizado la construcción de un camino por no solicitar la preceptiva licencia.

En última instancia, la filial de Emed Mining sólo ve una campaña de desprestigio “basada en mentiras por empresas inmobiliarias con intereses espurios en la zona”, contrapuestos a la reapertura de la mina y, en consecuencia, a la generación de centenares de puestos de trabajo y de riqueza en la comarca. Tartessus confía, pese a todo, en que los ciudadanos y las administraciones regional y locales, que “hasta ahora han demostrado su apoyo al Proyecto Río Tinto (PRT)”, hagan caso omiso a estos mensajes falsos e interesados procedentes de dos entidades sobre las que pulula la figura del exgestor de MRT, SA, Carlos Estévez.

Las balsas de estériles enconan el litigio entre Tartessus y MRT-Rumbo 5.0

Las balsas de estériles enconan el litigio entre Tartessus y MRT-Rumbo 5.0

La comisión liquidadora de la extinta compañía y la adjudicataria de unas 1.200 hectáreas de los terrenos subastados en 2005 por la Seguridad Social denuncian a la filial de Mining por “negligencia” en la gestión ambiental

EL CAMPILLO. El litigio entre Emed Tartessus con la Comisión Liquidadora de MRT, SA y Rumbo 5.0. se encona aún más. La excusa, una vez más, las balsas, protagonistas de un nuevo capítulo de una serie de trabas y zancadillas que parece no tener fin. Las dos últimas, sobre las que no deja de situarse la sombra del omnipresente Carlos Estévez, han denunciado a la filial de Emed Mining de actuar con negligencia en el mantenimiento y control de los depósitos de estériles. Lo han hecho mediante la presentación ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valverde del Camino de un informe técnico que avala, según los ingenieros superiores de minas firmantes, que la propietaria de la mina “no respeta los protocolos de seguridad establecidos en el proyecto original y opera la presa al revés”. Algo que, continúa, ha motivado que la lámina de agua se acerque de manera “peligrosa” a los muros de contención. Esta proximidad (la distancia mínima de seguridad es de 50 metros) puede derivar, bajo la óptica del documento, la fluidificación y derrumbe de las paredes, como sucedió en Aznalcóllar y en Baia Mare (Rumanía). Una actuación que, agrega el escrito, “ha reducido la capacidad de almacenamiento de la presa de cobre en 2.600.000 metros cúbicos”.

MRT y Rumbo 5.0, propietaria de más de la mitad de los terrenos en que se asientan las balsas tras adjudicarse unas 1.200 hectáreas del suelo subastado por la Seguridad Social en 2005, aseguran que desde el inicio de la época de estiaje y hasta la fecha, Emed “no ha hecho nada para corregir este problema, mientras que el tiempo se agota”. El informe señala también que el colapso de los muros tendría tremendos efectos sobre la seguridad de las personas y del medio ambiente en la cuenca del río Odiel, circunstancia que “podría evitarse mediante una serie de actuaciones como extraer los materiales que reducen la capacidad de almacenaje y la superficie de evaporación”. Para ello, la compañía que aterrizó en la comarca representada por el prestigioso catedrático de Derecho Constitucional Francisco Javier Pérez Royo, tras llegar a un acuerdo con la Comisión Liquidadora que fiscaliza Carlos Estévez (que ha mantenido durante años el bloqueo a la transmisión de los derechos mineros de la Junta de Andalucía a Tartessus, hasta que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ha hallado un hueco legal al que agarrarse), asegura que inició la semana pasada las labores preliminares de un proyecto de mejora de la presa que han sido paralizadas por el jefe de servicio de la Delegación Provincial.

A juicio de MRT y Rumbo 5.0., la decisión de frenar estas actuaciones supone “una grave responsabilidad personal”, dado que “nunca en la historia de la mina de Río Tinto los muros de la presas han estado tan saturados de agua como en el último invierno”. La Administración autonómica determinó suspender los trabajos porque la empresa no contaba con los permisos oportunos, de momento. De hecho, sobre estas obras, Emed Tartessus entregó un informe técnico en el Juzgado de Valverde que alertaba de los riesgos ambientales y laborales que podrían ocasionar las acciones de movimiento de tierra. En concreto, se apuntaba que está en peligro la estabilidad de una pared de contención de la presa en la sección de gossan, así como la integridad de los operarios que acuden con regularidad a la zona. El texto señala también que la zanja abierta en la cola de la sección de cobre “ha modificado de manera importante la gestión del agua de las balsas que marcan los manuales de operación”. El canal que se ejecuta sobre los propios lodos depositados tiene unas dimensiones considerables, ya que ocupa tres metros de ancho por 400 metros de largo, con una profundidad de tres metros.

P.P.O. / Huelva Información

El socialista Juan Jesús Bermejo presidirá la Mancomunidad en minoría

El socialista Juan Jesús Bermejo presidirá la Mancomunidad en minoría

El alcalde de Berrocal recoge el testigo del zalameño Vicente Zarza al frente del ente supramunicipal con la abstención de los seis vocales de IU

EL CAMPILLO. No hubo pacto PSOE-IU en la Mancomunidad de la Cuenca Minera de Río Tinto, cuyo pleno quedó constituido ayer, en medio de un canto al consenso y al diálogo por parte de todas las fuerzas políticas, bajo la Presidencia del alcalde de Berrocal, el socialista Juan Jesús Bermejo. El también dirigente de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de la comarca, en consecuencia, gobernará el ente supramunicipal en minoría, en el marco de una Corporación en la que el puño y la rosa cuenta con 12 vocales; la coalición izquierdista, con 6; el PP, con 6; y el PA, con 2. Un mapa que invita al diálogo e impone la necesidad de que se suscriban acuerdos puntuales entre grupos.

Ésa es la filosofía que debe imperar en la Mancomunidad, la de la unanimidad, según la declaración de intenciones de Bermejo, que recibió el testigo del exalcalde de Zalamea la Real y actual delegado provincial de Educación, Vicente Zarza, tras recibir el voto favorable de 11 miembros de la bancada socialista (faltaba el regidor de Campofrío, José Julio González) y la abstención de los seis vocales de IU. Enfrente, la candidatura presentada por el PP, personalizada en la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rosa María Caballero, obtuvo el apoyo de 8 vocales, los seis populares y los dos del PA, ambos de El Campillo, donde el andalucista Francisco Javier Cuaresma accedió al poder merced a una alianza con el PP que se traslada ahora, por tanto, al seno de la Administración comarcal.

PSOE, IU, PP y PA firmaron el mismo discurso: unidad para afrontar los retos de una comarca acuciada por la crisis desde el cierre del monocultivo del cobre. Ésta es la razón que arguyó el izquierdista Óscar Collado (Nerva) para no rubricar el denominado pacto de progreso con los socialistas, para “hacer obligatorio el consenso”, ya sea unánime o parcial. De la misma manera, la popular Rosa María Caballero mostró la predisposición del partido de la gaviota para “arrimar el hombro” con la meta de que la Mancomunidad repercuta en el desarrollo del conjunto de los siete municipios que la conforman. El nacionalista Francisco Javier Cuaresma, por su parte, abogó por un “gran tratado social y político” que se sitúe “por encima de siglas”.

Óscar Collado concretó, en este punto, que la prioridad ha de ser el esclarecimiento del estado de las cuentas de la institución supramunicipal para que, a partir de ahí, ésta “se pringue” en la apuesta por la creación de empleo y “exija a todas las administraciones que inviertan de un modo decidido en la Cuenca para dar soluciones a los problemas de quienes más sufren”. Un llamamiento que tuvo respuesta en la intervención del nuevo presidente, que anunció la “inminente” convocatoria de una reunión de todos los grupos políticos con representación en la Mancomunidad para “analizar su situación actual y tomar un rumbo común” que gire, bajo sus palabras, en torno a la reapertura de la mina, los desdobles de las carreteras N-435 y A-461, el Parque Empresarial y Tecnológico de la Cuenca Minera como eje de la diversificación, el fomento de la cultura emprendedora o la protección del entorno y su aprovechamiento turístico.