Opinión

La memoria, reparadora de la dignidad

El presente es el resultado, la consecuencia directa, del pasado. Sin conocerse el ayer no puede entenderse el hoy, como tampoco es posible evitar recaer en errores pretéritos si no se rememoran, si no se desentierran del olvido, las tragedias sufridas por quienes nos precedieron. Éste es el valor, la esencia, de la Historia. Esto es lo que la hace imprescindible, lo que la sitúa como una garantía de cara al futuro, como una luz de esperanza en un mañana mejor. Pues bien, en esa misma línea hay que situar a la Memoria Histórica, que no es más que un ejercicio reparador de la dignidad de quienes padecieron la cruel envestida de la intolerancia, de quienes fueron arrojados al anonimato de una fosa común como si de la basura más hedionda se tratara. Nadie persigue despertar el rencor. Eso sería renunciar a los principios de paz y convivencia que diferencian a los demócratas de los asesinos. Sería ponerse a la altura de quienes tanto detestamos los que creemos en las libertades y en los derechos humanos. Investigar el porqué de un fusilamiento y el lugar en el que fue abandonado el cuerpo no es una acción revanchista contra quienes, desde la sinrazón y el odio, mataron vilmente a sus hermanos, amigos y paisanos por el simple hecho de pensar de otra manera, de no plegarse ante la amenaza y la opresión. Recuperar los restos de un familiar desaparecido al alba nada más que tiene un cometido (y muy justo): otorgar el merecido descanso a una familia tras décadas de preguntas sin respuesta sobre el paradero de un ser amado.

Me entristece ver cómo los reductos, o los residuos, más rancios de esa derecha antidemocrática, fascista o reaccionaria, retratados en el pseudo sindicato Manos Limpias y en Libertad e Identidad a través de la denuncia interpuesta contra el juez Baltasar Garzón, no cesan en su empeño por no desempolvar el pasado. ¿Qué es lo que temen? Si la Guerra Civil y los cerca de 40 años de Dictadura del Caudillo bastan para delatarlos como culpables. No es ningún secreto la extensa lista de pruebas que certifican la sucesiva comisión de crímenes contra la humanidad. Todos los ciudadanos son conscientes, en mayor o menor medida, de esos episodios o, al menos, se lo imaginan. Nadie, a excepción de quienes prefieran ponerse una venda en los ojos para huir de la autocrítica, duda sobre esa realidad. Ahora no se trata de juzgar a los actores de tales atrocidades (y, aunque así fuera, qué más da, si ninguno vive para ser encarcelado), sino de saldar la deuda pendiente con las víctimas, de devolverles su nombre, su libertad, su memoria, de hacerlos inmortales a través del recuerdo de sus descendientes.

Pero lo más grave son las trabas de la derecha a la que considero democrática: el PP (más allá de que cobije, o no, en su seno a determinados fieles al régimen de Franco que, arrinconados por la transición, buscaran refugio en la antigua Alianza Popular, en lo que se podría catalogar más como un ejercicio de mera supervivencia política que como una militancia por principios y convicciones). Su oposición a todo lo relativo con la Memoria Histórica emerge como una clara muestra de los complejos de un partido que, tras más de treinta años, aún no ha sido capaz de liberarse del estigma de la ilegal Guerra Civil que derrocó al sistema de libertades construido en torno a la Segunda República, y la opresión posterior. Parece que les da miedo la exhumación de los miles de cadáveres dejados a su suerte en medio del campo por el fiero brazo ejecutor del franquismo, que ven la recuperación de esos huesos ignotos como una amenaza para sus intereses electorales. Y eso sólo tiene una explicación: se sienten culpables, no tienen la conciencia tranquila y, en consecuencia, aunque sea de manera implícita y sin desearlo, justifican la barbarie iniciada con el levantamiento del 18 de julio de 1936.

Como alegato, desde la derecha es habitual que se lancen sentencias como que “en ambos bandos se cometieron atrocidades” y se ponen como ejemplos las quemas de iglesias o las matanzas de Paracuellos, sobre las que piden que también se arroje luz para, de paso, desmitificar la emblemática figura de uno de los padres de la Constitución de 1978, Santiago Carrillo, el líder comunista que entonces encabezaba la Junta de Defensa de Madrid. No es más que una huida hacia delante. No pretenden que se investiguen esos hechos, por cierto, igualmente deplorables. Su estrategia es meramente disuasoria. Sólo persiguen sembrar la duda para que no se indague en el fondo de cuestiones que prefieren mantener en las cloacas más oscuras de nuestra historia. Su único objetivo es censurar cualquier desvelamiento de nuestro pasado. Ahora bien, mientras emplean esos argumentos también difuminan, supongo que de manera intencionada, su propia memoria, pues tan cierto como que caídos inocentes hubo en ambos bandos (no sólo en el republicano), es que en el nacional fueron muchos menos, sin olvidar que los del lado vencedor no sólo fueron enterrados en compañía de los suyos, sino que, además, fueron objeto de los máximos honores. Así, mientras unos eran tirados a la cuneta, otros pasaban a la posteridad enaltecidos como verdaderos héroes o mártires nacionales bajo la máscara de la propaganda más hipócrita y demente.

Creatividad versus austeridad

Ya se acabaron las fiestas de julio de El Campillo. Los fuegos artificiales del pasado domingo pusieron fin a una semana de trasnoche, botellones, reencuentros y largas siestas. Ahora es tiempo para la resaca, la recuperación, pero también para la reflexión. La feria ha caído en una peligrosa rutina que convive con un descenso notorio de la afluencia de público (ya hace mucho que el último día, incluso para los jóvenes, pasó a ser una jornada de paseos, bingos y poco más; algo en lo que está cerca de convertirse también la velada del jueves). El programa de actos, salvo algún pequeño matiz, es calcado no ya al del año anterior, sino a todos los del presente milenio. Prácticamente, nada lo diferencia de las ediciones precedentes. Siempre se repite lo básico: el desfile, cada vez más descafeinado, de Gigantes y Cabezudos; la maratón de fútbol-sala, con un notorio descenso de la emoción de antaño y unas gradas en las que empiezan a desaparecer los tradicionales barreños de ponche casero; la corrida de toros mixta, que en su momento fue una gran novedad, una verdadera ‘bomba’, pero que ya sólo es un evento más; la sesión vermut, que dista mucho de lo que fue cuando se celebraba en el Parque Los Cipreses; o la diana, que, a duras penas, se mantiene como un acontecimiento estelar que nadie quiere perderse.

La escasez de presupuesto, el reducido caudal de las arcas municipales, sirve como argumento para justificar la ausencia de grandes espectáculos, un tesoro reservado para las urbes más pudientes. Ahora bien, no es excusa para la caída en la falta de ideas, en el conformismo y la resignación. Debe ser todo lo contrario: una fuente de inspiración, un incentivo para perseguir hasta la saciedad la máxima optimización de los exiguos recursos disponibles, para encontrar el modo de hacer grandes cosas con poco, muy poco, dinero. Es en este punto donde juegan un papel primordial la ilusión y la creatividad, las mejores armas para evitar la reiteración constante, año tras año, a la hora de diseñar el programa de las fiestas. Son unos ingredientes que, frente a la austeridad, garantizan el éxito, reavivan el sabor de un plato cuando éste ya no presenta ningún atractivo, cuando se ha vuelto insulso, insípido, de tanto volver a ponerlo en la mesa. Por ello, hay que recuperarlos, devolverlos a la despensa del Ayuntamiento, a la receta de la feria. Y hay razones para el optimismo: el concierto de Ópalo en 2008 y la majestuosa actuación del campillero José Luis Diéguez Conde, una de las más firmes promesas del flamenco onubense, en 2009 son claros indicios de la voluntad de mejorar, aunque todavía no es suficiente. Aún hay un largo camino que recorrer.

El voto para una Europa fuerte y solidaria

Europa se va a construir. El proceso de conformación del viejo continente como una unión de estados fuerte y sólida es imparable, seguirá su curso con mayor o menor rapidez, pero sin que nada ni nadie pueda detenerlo. Y esto es positivo, necesario, imprescindible. ¿Por qué? Pues porque la filosofía ya obsoleta de mera cooperación de países centralizada en Bruselas debe dejar espacio a un espíritu de integración, a una figura con mayor capacidad de decisión, a un Parlamento solidario y con una firme vocación social que disponga del suficiente margen de maniobra como para liderar y actuar de un modo directo, efectivo y justo contra situaciones globales como la acuciada crisis económica que asfixia al conjunto del planeta (no sólo a España, como al PP y a su líder, Mariano Rajoy, les gustaría) en los difíciles tiempos que corren. Todos los pasos que se den en este sentido (caso del proyecto, de momento aparcado, de la Constitución Europea), suponen una buena noticia.

Ahora bien, ese sueño europeísta de verdadera suma de esfuerzos para combatir los problemas que, en pleno siglo XXI, todavía afectan a la sociedad mundial (injusticia, mal reparto de la riqueza, explotación infantil, subsistencia de dictaduras, guerras, terrorismo), ese anhelo de diálogo y unidad sincera frente a la simple dialéctica de intereses particulares, frente a la egoísta retórica en busca de la satisfacción de las necesidades del estado o región propios, choca con un grave problema, con el lastre más pesado al que se puede enfrentar una democracia: la abstención. Sólo una participación masiva en las Elecciones Europeas del próximo 7 de junio puede acelerar la materialización en la práctica de ese deseo que no hace muchos años parecía una utopía: la edificación de una Europa capaz de encarar los retos del milenio, de llevar el bienestar allí donde no lo hay.

Lo contrario, no votar, sólo fortalece al nacionalismo, sea del color que sea: catalán, vasco, andalucista o español (el más peligroso de todos, por negar la pluralidad dentro de un mismo país y, en consecuencia, dividir a sus habitantes, al provocar, por un lado, un sentimiento de rechazo y, por otro, la lógica reacción de defensa de quienes ven ultrajadas sus señas de identidad). No asistir a la cita con las urnas es secundar a los que no creen en la apertura de fronteras, a los que se encierran en lo conocido, en la rutina, en lo cotidiano, por temor al progreso. Renunciar a la mayor expresión de la soberanía popular, el sufragio, sólo viene a reafirmar en sus creencias a quienes rechazan definirse como ciudadanos del mundo. Algo que sólo hacen por miedo, por pánico, al cambio, porque les turba todo lo que pueda conllevar una amenaza para su statu quo, para sus privilegios heredados.

Conformarse con lo que decidan los que sí acudan a los colegios electorales es apoyar a los que, fruto de su ignorancia e intolerancia, se autoproclaman propietarios legítimos de una pequeña área geográfica que, según entienden, les pertenece sólo a ellos. Da razones a los que se otorgan a sí mismos el falso derecho a tapiar hasta la más pequeña rendija de los límites que separan a un estado de otro con el único fin de evitar la entrada (y también la salida) de personas libres que no han tenido la fortuna de nacer en una tierra de opulencia y desarrollo, a quienes la suerte, o la divina providencia, les ha deparado un lugar de carencias, un papel de pobreza y miseria. Esa actitud de pasividad, de indolencia, no ejercer el derecho al voto, sólo beneficia, por tanto, a quienes nada más que ven efectos perniciosos en la inmigración, no un enriquecimiento cultural ni una aportación decisiva a la economía de un país (al frenar el envejecimiento y garantizar las pensiones, por ejemplo).

Ahora más que nunca, los ciudadanos tienen ante sí la posibilidad de marcar el rumbo del continente, de decidir qué Europa quieren. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar. Sería un error delegar en otros, esquivar esa puerta que se abre el 7 de junio para levantar un mundo mejor sobre las ruinas dejadas en el actual por el ávido de poder y sin escrúpulos Capitalismo. Y es que la Unión Europea, con su Parlamento al frente, es el órgano que más garantías ofrece a quien ansía una transformación de la sociedad, a quien espera la reducción de la abismal brecha que separa al Norte del Sur, a los ricos de los pobres. Pero esa Cámara tendrá el color de los que introduzcan su opinión en la urna. Actuará en función de la ideología y el punto de vista de los que sí voten. El resto, probablemente, no estará representado, porque habrá regalado su voz a unas siglas que no comparten sus inquietudes. Habrá callado. Habrá silenciado sus ideas. Habrá enterrado su libertad. Y Europa se construirá sin tener en cuenta su pensamiento, sus principios.

No vale como excusa el argumento de la desgana: la distancia, la falta de proximidad y el desconocimiento de lo local que se achacan a los eurodiputados. No es así. Europa no está tan lejos de la realidad, del territorio, del pueblo. Sus actuaciones tienen una incidencia directa en todos los municipios, en especial, en aquellos que se ubican en las zonas rurales (los más necesitados). El destino que se da a los fondos europeos, a las partidas económicas que sustentan programas como las políticas activas de empleo (talleres de empleo y escuelas taller) o dan el primer empujón a los jóvenes emprendedores para que puedan cumplir su sueño de crear una empresa es debatido en Bruselas, en el mismo hemiciclo en el que los grupos neoliberales y conservadores, la derecha más retrógrada, trataron de imponer la despiadada directiva de las 65 horas de trabajo semanal en un intento de barrer de un plumazo los derechos y avances sociales conseguidos por las clases obreras tras siglos de lucha y sufrimiento. Ahí estuvo la izquierda para evitarlo.

La política social como vía de escape

Política social frente a la crisis. Ése es el camino, la vía de escape. Lo contrario apenas se traduciría en una repetición más de unos ciclos que, tradicionalmente, se ceban con los más indefensos para arrebatarles lo poco que poseen. Los destinatarios de la ayuda no pueden ser nunca quienes se han enriquecido en términos de desorbitada abundancia a costa de comprometer la salud económica no ya sólo de un país, sino de todo el planeta. Por eso, en lo que se refiere a España, el acierto se dibuja en forma de incremento de las pensiones y de las rebajas fiscales, de apertura del grifo de los créditos a los sacrificados autónomos y emprendedores, de rechazo a la aplicación de recortes presupuestarios en campos como el de la dependencia y de desestimación tanto de la congelación de los salarios de los funcionarios como de la flexibilización de los despidos por parte de la patronal, medidas, estas dos últimas, propugnadas por la derecha en sus años de gobierno en Madrid. Se trata de apoyar a los que padecen con mayor virulencia el látigo de la inestabilidad, no de hundirlos en la miseria ante la risa o la carcajada de sus verdugos.

En nuestro país, la principal fuente de la que bebe el actual contexto de incertidumbre, de miedo, de recesión, es, de un modo incuestionable, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Se infló tanto, tomó tanto oxígeno, que explotó. Estaba condenada a ello. La imposibilidad de las familias de hacer frente a los descomunales precios marcados por las inmobiliarias, multiplicados hasta la saciedad en los últimos años, para un producto imprescindible, de primera necesidad (sin su adquisición, o alquiler, no se puede alcanzar la meta de configurar un hogar), ha dejado a cientos de miles de albañiles, de obreros, de personas, en la calle, sin hablar de los empleos indirectos: cemento, mármol... Ha provocado una verdadera espiral de paro y desesperación. La ruina de muchos hipotecados, la creciente morosidad, el derrumbe de tantos y tantos sueños, no sólo ha reducido la venta de casas (se quedan compuestas y sin comprador), sino también el consumo en general y, en consecuencia, los beneficios en otros sectores: la industria automovilística, la hostelería... Todas las actividades se resienten.

Pero la construcción también tiene un foco de luz al que acercarse en su huida de la oscuridad, de la sombra de la especulación. La apuesta por la VPO es su salida. Sólo hace falta voluntad por parte de los empresarios, que éstos dejen de pensar en negocios de escándalo, vergonzosos, cimentados en el sufrimiento de los más débiles. Sus bolsillos deben caminar más en consonancia con la realidad, bajar de la estratosfera de la opulencia desmedida por la que han deambulado en los últimos tiempos. Y, mientras emprenden ese trayecto, tienen la oportunidad de redimir parte de su culpa, de transmitir un cierto espíritu de solidaridad hacia esa misma sociedad a la que tanto han exprimido. ¿Cómo? Es sencillo: la venta de viviendas, por ejemplo, a un precio de 6.000 euros por encima del coste de producción de la unidad (suelo, edificación, materiales, licencias, intereses de préstamos...) reportaría al promotor, en el caso de una fase de un centenar de casas, un beneficio neto de 600.000 euros (cien millones de las antiguas pesetas). Sin duda, una jugada redonda.

Una decidida y sin excusas inyección de capital, bajo el abrigo de un gran pacto social, por parte de las administraciones públicas, con el fin de incentivar la creación de VPOs, emerge, en este sentido, como un aliciente determinante. Abarataría los costes, amortiguaría la pérdida de puestos de trabajo y garantizaría el cumplimiento de ese mágico derecho a una vivienda digna que la Constitución Española, esa Carta Magna alumbrada por el consenso de todas las fuerzas democráticas, sin excepción, en el marco de un ejercicio de responsabilidad que debe exigirse hoy a cada uno de los partidos políticos, reconoce a todos los ciudadanos, sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, edad o renta. Así, se favorecería la emancipación más temprana de los jóvenes y se estimularía el consumo (al reducir de una manera drástica las cuotas mensuales de las hipotecas) e, incluso, el índice de natalidad, lo cual, en paralelo, otorgaría un respiro al ahogado sistema de pensiones.

La izquierda tiene ante sí una oportunidad única para abanderar el cambio, para frenar el liberalismo exacerbado, para rescatar del olvido esas causas tildadas de arcaicas en la mal denominada sociedad del bienestar (pues éste no abraza a todos), para retomar la lucha por la libertad, la igualdad y la solidaridad, por la redistribución de la mal repartida riqueza. La angustia, motor de revolución, se erige en bálsamo para unas ideas que yacían enterradas por la consolidación de las clases medias y altas y la paulatina desaparición de los pobres, ese colectivo inexistente, invisible, para una elite de pudientes que se tapa los ojos con las vendas del egoísmo para no verlos. Cada vez son más los que no pueden apretarse el cinturón (medida que propugnan algunos para afrontar la crisis), porque ni siquiera lo tienen ya. Lo han perdido, lo han empeñado para comer, para malvivir. Y eso tiene que despertar a los dirigentes políticos, extraerlos de la batalla por el voto. El Gobierno de Zapatero tiene la posibilidad de transformar la realidad para construir un mundo mejor, el verdadero reto del socialismo. Es una tarea complicada, roza la utopía (millones de parados lo certifican), pero no se debe renunciar a ella. El secreto: la creatividad.

La autodestrucción del Capitalismo

La realidad, sus efectos sobre la sociedad, siempre es relativa. El punto desde el que se afronta, la perspectiva desde la que se observa, determina la respuesta de quienes la sufren, ya sea para bien o para mal. Pesimismo y optimismo. Éstos serían los dos extremos. El primero es el que, en el actual contexto de mayúscula crisis económica global, tan sólo barrunta un futuro de penalidades y sacrificios, de malestar y pesadumbre. En cambio, quienes se posicionan en la óptica de lo positivo, de la esperanza, alejados del hastío, continúan su tránsito con, al menos, ciertas dosis de ilusión hacia un porvenir de mayor bienestar. El Capitalismo se resquebraja, fruto de su propia carencia de escrúpulos, de su avaricia desmedida, de su culto al máximo lucro, de su despreocupación por el colosal reguero de desequilibrios y miseria que deja a su paso. Sus ojos sólo miran el horizonte que marca la riqueza, sin dedicar el aliento de un instante a contemplar la pobreza dejada en las tierras que no pertenecen al Norte, al mundo desarrollado. No tiene sentimiento de culpa. Su conciencia (o, más bien, su inconciencia) está tranquila. Pero ahora ese sistema sólido, ese modelo considerado como el paradigma de la productividad, se derrumba. Y ello actúa, para muchos, como una especie de alimento redentor. Sueños que parecían olvidados irrumpen de nuevo en la mente de quienes vieron negada su razón, de quienes nunca dejaron de creer en la libertad, la igualdad y la solidaridad, esos nobles valores sometidos por la historia al incesante pisoteo del egoísmo.

Detrás de un verdugo siempre hay algún inocente. El individuo, el obrero, durante tantos decenios obligado, bajo el manto de la manipulación y la propaganda, al consumo de unos productos que no necesita, es el principal perjudicado, la víctima más directa, la primera. Como siempre, el más débil es el que se ve abocado a las garras del paro, a las listas de morosidad por la imposibilidad de hacer frente a las puntuales cuotas de una hipoteca perpetua, a las subidas de unos tipos de interés que condicionan sus vidas y su cesta de la compra, cada vez más vacía. Sin embargo, ese pueblo llano, la gente de a pie, despreciado por las grandes multinacionales por subsistir siempre con el cinturón apretado, sin gastar, está acostumbrado a los malos momentos, porque forman parte de su rutina, al igual que las milagrosas calculadoras con las que las clases bajas y medias hacen números imposibles para llegar a fin de mes. Ahora bien, a la vez que como su condena, esta cotidianidad emerge como el elixir de su fortaleza. Los movimientos de masas, cuando despiertan, son capaces de transformar la sociedad, de romper las cadenas que entorpecen su crecimiento, que minan sus anhelos. Es indispensable, por consiguiente, la participación de todos, el compromiso de la mayoría, del conjunto de la amplia amalgama de agentes sociales existentes, con los jóvenes y su espíritu crítico, su rebeldía, como protagonistas.

Aunque no es tiempo de revoluciones, al menos tal como eran entendidas éstas en pleno siglo XVIII, sí es hora de cambios. La caótica situación, avalada por los continuos desplomes de las más emblemáticas bolsas internacionales, lo requiere. La excusa es perfecta. Los argumentos, incuestionables. Los líderes políticos de todo el planeta, la izquierda, están ante una oportunidad histórica de dar un giro sin precedentes. La intervención de los estados en el mercado está más que justificada, puesto que la economía de cada país depende de ello. El Capitalismo y sus agentes, esos culpables que, por cada gota de sudor de un trabajador contratado en condiciones de precariedad, han anegado sus bolsillos de fardos de billetes desconocidos para el común de los mortales, reclaman ahora inyecciones procedentes de las arcas públicas, de los impuestos aportados por quienes se levantan cada día antes de la salida del sol para poder poner un plato de comida en la mesa de su hogar. Sólo quieren que se les salve para luego retomar, en total libertad, las riendas del devenir. No se le debe negar la ayuda al sistema, pero tampoco se le puede devolver, después, el control absoluto. La receta es la  firmeza ante las presiones de quienes ostentan el poder económico. La nacionalización de empresas, la integración de los estados en los grupos de accionistas, no debe ser un remedio pasajero, sino una senda hacia la máxima socialización posible de la insostenible Economía de Mercado. Eso sí, sin que utopías perseguidas en el pasado nublen y radicalicen la vista de quienes ahora recuerdan con nostalgia y confianza los principios de ese Marxismo tan denostado por la desregulación y la ambición sin límites de su antitético liberalismo salvaje.

La política municipal, un compromiso de cercanía

Quien accede a un cargo público como el de alcalde o concejal de un Ayuntamiento asume, por encima de todo lo demás, un compromiso de cercanía con los ciudadanos a los que representa, tanto con los que confiaron en él o ella mediante la emisión de su voto en la cita con las urnas como con los que optaron por otra fuerza política en el día de la democracia y la libertad por antonomasia. Ésa es la premisa fundamental (no la única) que tiene que cumplirse en la realidad para que pueda concluirse, sobre la base de los principios de la lógica, que un dirigente municipal camina por la senda correcta. Algo que se hace más patente aún cuando la referencia es un pequeño núcleo de población, un espacio en el que la práctica totalidad de sus habitantes se conocen e, incluso, se relacionan casi a diario, donde todos forman parte de la cotidianeidad del resto. Lo contrario, un tratamiento frío y distante, supondría una desviación por un abrupto y angosto carril inundado de una soledad autoimpuesta, una aventura hacia la nunca recomendable prepotencia que dejaría al regidor aislado, desprovisto de cualquier indicio de apoyo masivo. Sus paisanos, las personas con las que se cruza con frecuencia en la calle, en el mercado, en el teatro, en las cafeterías, en los pequeños comercios... le darían la espalda, rehusarían seguir su estela, avanzarían por su propia ruta, construirían su futuro al margen de los dictámenes de quien fue elegido para guiar el tránsito a unos mayores niveles de prosperidad, de desarrollo, de progreso, de felicidad.

La misión del político municipal no es otra que escuchar a su pueblo, los problemas, por diminutos que sean, que presiden sus inquietudes, su rutina, con el objetivo de acometer la búsqueda de la solución, siempre la más factible y beneficiosa para el interés general. El alcalde es el portavoz de los ciudadanos, el depositario de las esperanzas de quienes combaten, con el sudor diario de su frente, por eludir el callejón del éxodo rural en un laberinto de escasez de expectativas. Y como tal, debe ser accesible y consciente de su papel, de su función social, nunca privada. Es el intermediario ante las otras administraciones, las más lejanas de lo local, las que gestionan ese capital que las arcas de un Consistorio anhelan para promover la ejecución de las más modernas infraestructuras, los más excelsos jardines y las más vanguardistas instalaciones culturales y deportivas. Las dificultades, muchas veces, son tantas que quien padece su azote necesita una voz redentora, el cariño de alguien que le transmita su aliento en forma de optimismo. Un ‘no’ tajante, sin argumentos, se clava como un puñal para encender la llama del desamparo más absoluto e incrementar la desesperación del que sufre. Sin caer en la concesión de privilegios que, en consecuencia, mermen los derechos de la comunidad, cualquier negativa debe llevar aparejada una explicación elocuente y ecuánime de los motivos que la causan, así como, en el caso de que sea posible, una alternativa razonable que evite el freno a iniciativas que puedan redundar en un crecimiento del grado de bienestar.

Si plasma, con honestidad y honradez, estos principios irrenunciables y exigibles por todos, un edil puede tener su conciencia tranquila. Los frutos materiales dependerán de la capacidad de atraer inversiones de las administraciones provincial, autonómica y central e, incluso, del mundo empresarial, es decir, del volumen y el acierto en la gestión (el segundo pilar que determina, para bien o para mal, la calificación de un regidor). Pero el cumplimiento de ese primer requisito, el de la proximidad, puede compensar, en forma de confianza y hasta de admiración popular, la falta del otro, el de la efectividad, ya sea por inexperiencia o por la ausencia de calor procedente de instituciones amigas, o adversarias. Si se dan ambos factores, sobra afirmar que el desenlace es la ratificación en el poder, cuatro años después, con una mayoría absoluta o, al menos, amplia. Sin ese clima de empatía, de preocupación sincera, verdadera y amable por los problemas de los ciudadanos a los que se representa, en cambio, la reelección es una tarea compleja o imposible que sólo la concreción de una hornada de proyectos de gran envergadura sin precedentes, una utopía cuando el contexto es de depresión socioeconómica, puede propiciar en unos nuevos comicios. No obstante, la permanencia en una alcaldía no debe ser nunca el fin último, puesto que ello significaría la derrota, frente al interés particular, de la noble intención que marca los movimientos del buen político en sentido estricto: la mejora de las cosas. Sólo esta meta, el amor a un pueblo, legitima el aferramiento al cargo, una posición que emerge, en este sentido, como una nueva oportunidad para impulsar el crecimiento de una tierra.

Cadena perpetua

Episodios deleznables, repugnantes, aborrecibles, incomprensibles, espeluznantes... como el caso de la pequeña Mari Luz Cortés, la indefensa e inocente niña onubense asesinada de la forma más vil y cruel por un pederasta reincidente que estaba en la calle por el imperdonable error de un sistema judicial que se hunde en el marasmo de la burocracia, han reabierto el debate en torno a la idoneidad de aplicar la cadena perpetua por la comisión de determinados delitos. El despiadado abuso de menores, cuyo ya de por sí trágico desenlace se ve agravado, con frecuencia, por la desaparición definitiva de la criatura que sufrió la desgracia de encontrarse en su camino con una de esas bestias, de esos depravados sin escrúpulos, de esos enfermos sin cura, es una de esas agresiones. La violación o el terrorismo son otras de las realidades por las que importantes capas sociales claman un endurecimiento de las penas, eternizar la estancia en la cárcel de quienes emergen como claras amenazas para la libertad individual y la armónica convivencia ciudadana. Éste es el siempre legítimo objetivo de la campaña de recogida de firmas emprendida por la familia Cortés por todo el país. El Campillo no es ajeno a esta dialéctica. Es testigo reciente de un ataque a una joven que, gracias a la mediación del más fiel amigo del ser humano, un perro, sólo quedó en tentativa. El asaltante era de nuevo un individuo con antecedentes, una persona con una actitud violenta reiterativa. Otra razón de peso para quienes reclaman la máxima condena posible.

Los argumentos son terriblemente sólidos, difíciles de refutar. El grado de dolor causado por esos salvajes sucesos alcanza un valor tan desmedido, la sensación de desconsuelo es tan exacerbada, que nadie puede rebatirlos. Ni el más juicioso tiene derecho a frenar la iniciativa de una familia que sólo pide justicia. Y menos aún, si cabe, cuando lo hace desde la calma, la tranquilidad y la racionalidad y, en consecuencia, lejos del rencor, el odio y el deseo de venganza que cualquiera manifestaría si se hallara en su misma situación. Sin embargo, hay unas fronteras que nunca deben ser traspasadas, los límites marcados por la Constitución Española de 1978, por mucho que un criminal quiera vulnerarlos mediante sus acciones delictivas. El Estado de Derecho debe permanecer infranqueable, firme, fuerte. El espíritu de la democracia no debe tambalearse frente al anhelo de mano dura. Aunque la petición no pueda ser más fundamentada, los principios de una nación que ha construido su futuro sobre los cimientos de la igualdad y la solidaridad deben preservarse. La norma suprema que guía el camino de los españoles, el texto constitucional, en su artículo 25.2, establece que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y... el condenado... tendrá derecho al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”. La cárcel, por tanto, no es un castigo, sino un canal hacia una nueva vida en paz con el resto de la ciudadanía, hacia el perdón.

El Estado del Bienestar, el sistema de libertades del que disfrutamos hoy gracias al sudor, el esfuerzo e, incluso, la sangre derramada por nuestros antepasados más inmediatos, nuestros padres y abuelos, no debe dar muestras de retroceso, no puede evocar como algo positivo la represión de tiempos pasados, el miedo, el temor a una autoridad impuesta por los vencedores de una cruenta Guerra Civil. La soberanía del pueblo caería en un error si se pone a la altura de los asesinos, de los verdugos, de esas minorías que tanto daño provocan. El corazón, fruto de unas heridas que jamás cicatrizarán, lo demanda, pero hay que dominar, por muy costoso que resulte, esos impulsos que invitan a una reacción virulenta, ya que ésta no mitigará nunca un sufrimiento que permanecerá imborrable para siempre en el alma de sus víctimas más directas. La búsqueda del escarmiento sólo derivará en una esporádica apariencia de resarcimiento. Luego, una vez ejecutado, el vacío es el mismo: la ausencia del ser querido sigue presente. La solución pasa por el cumplimiento de la Ley, por la erradicación de los problemas de recursos que merman la eficacia de los Tribunales de Justicia, la reducción de unos plazos que alargan, hasta rozar lo inadmisible, la espera para la celebración de los imprescindibles juicios, sin los cuales se les negaría a los acusados o presuntos culpables la oportunidad de defenderse y demostrar su supuesta inocencia.

Unos resultados para la reflexión

Los resultados de las pasadas Elecciones Generales y Autonómicas en El Campillo, con una caída estrepitosa de la misma Coalición Andalucista (CA) que meses atrás, en los comicios municipales del 27 de mayo de 2007, se erigía, bajo las siglas del Partido Andalucista (PA), en la fuerza más votada, con 60 papeletas más que el PSOE, deben conducir al grupo nacionalista a un ejercicio de autorreflexión. En menos de un año, el apoyo ciudadano ha descendido desde 557 sufragios hasta 148 (caso del Parlamento de Andalucía) y 67 (si se toman como referencia las urnas destinadas al Congreso de los Diputados). Un retroceso que coincide con un nuevo auge del socialismo, que, en ese mismo periodo de tiempo, ha crecido desde los 497 votos cosechados por la lista encabezada por Encarnación Palazuelo hasta aglutinar 829 para la designación de la Cámara andaluza (a la que pertenecerá como parlamentaria del PSOE la campillera Susana Rivas) y 872 para la conformación de la Cámara Baja del Estado.

Este manifiesto desgaste sufrido por la fuerza andalucista en el ámbito local sólo puede ser entendido como un rechazo del pueblo a una oposición municipal cimentada en la crispación y en la destrucción, en lugar de en la construcción y la aportación de un verdadero programa alternativo. Es la suma de ideas, la presentación de proyectos que redunden en la mejora de las condiciones de vida de los campilleros, el único camino que conduce a una mayoría suficiente para gobernar, ya sea absoluta o relativa, mediante el apoyo de otros partidos. Y no la confrontación, el insulto, la amenaza ni la calumnia. El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, puede dar fe de ello, al chocar su discurso catastrofista con el espíritu dialogante y abierto al consenso del reelegido José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero más allá de la pérdida de respaldo en unas elecciones en las que, en realidad, no se dirime el nombre de los candidatos y las siglas que ocupan los once sillones de la Corporación municipal, lo significativo es la escasez de votos obtenidos en las urnas campilleras dedicadas al Senado por el portavoz andalucista en el Ayuntamiento de El Campillo, Francisco Javier Cuaresma. Frente a los más de 870 apoyos recabados por cada uno de los tres integrantes de la lista socialista (Francisco Bella, María Teresa Camacho y José Cejudo), sólo 110 campilleros, pese a tratarse de un paisano, marcaron la cruz en el recuadro de Cuaresma, 447 personas menos que las que confiaron en él como aspirante a la Alcaldía el 27 de mayo de 2007.

De lo que no hay duda es de que la Dirección local del PA (o CA, si se materializa la unión definitiva con el PSA y otras organizaciones minoritarias) atraviesa, quizás contagiada por la crisis que ahoga al andalucismo en toda la región, sus horas más bajas desde su nacimiento en 2003. Ahora, en 2008, con el aliento que supone contar con cinco ediles en el Consistorio de El Campillo, los 67 votos logrados en las Elecciones Generales distan bastante de los 103 (dos del PSA) que cosecharon aquel 14 de marzo de 2004, cuando, tras pocos meses de existencia, contaban con sólo dos concejales y 297 papeletas. Y algo similar desvela la comparación de los dos últimos comicios autonómicos. Aunque, como consecuencia de una mayor abstención, mantienen parecidos porcentajes con respecto a 2004, han bajado de 167 votos (165 si se les resta los de otros grupos andalucistas que no formaban parte de su candidatura) a 148.

Y todo ello coincide con un cierto relanzamiento del PP en El Campillo. Los populares, al igual que en el resto de Andalucía (donde, beneficiados por la plena desaparición del PA de la escena política, han sumado a su grupo los cinco parlamentarios perdidos por Julián Álvarez), han visto incrementados sus votos en el municipio minero en paralelo a la debacle de los nacionalistas. Esto se da hasta el punto de que el partido que dirige en Madrid Mariano Rajoy y en Sevilla Javier Arenas es el único que, en un contexto local de una menor participación, ha conseguido del pueblo campillero más papeletas en 2008 que en 2004, tanto para el Congreso de los Diputados (244 frente a 238) como para el Parlamento de Andalucía (210 frente a 201). El voto útil del PA, por tanto, se ha marchado al PP, en lo que supone una clara concentración absoluta de la derecha andaluza. Los andalucistas de convicción, por consiguiente, están abocados a rehusar de una vez la tentativa de disfrazar sus siglas con aromas y caretas de izquierda. Y quienes, dentro de esa formación, se consideren progresistas siempre estarán a tiempo de dejar de nadar a contracorriente para dejarse llevar por los aires de la coherencia.

Ahora bien, también quienes ahora han vuelto a vencer tras el varapalo del 27 de mayo deben valorar lo acontecido en las dos últimas citas con las urnas. Lejos de cualquier sensación de euforia, la agrupación local del PSOE debe digerir la catarsis, la liberación que le ha otorgado el pueblo, con la brevedad más acuciante.  Tiene que estudiar, una vez más, el porqué de la derrota en las Elecciones Municipales en una localidad que ha sido socialista a lo largo de su historia, desde aquellos primeros movimientos emancipadores surgidos en los albores del siglo XX contra los intereses caciquiles de Zalamea la Real. Ahora, más que nunca, queda claro que se trató de un voto de castigo, una firme y sin fisuras advertencia, una apuesta por un cambio que evitara el acomodamiento en el poder. Y ello, en el momento oportuno, bajo el pretexto de una renovada lista socialista que no terminó de convencer, de un relevo generacional relativo, con el que no se transmitió ilusión y esperanza en una tierra que necesita beber de estos sentimientos para huir de la crisis que le azota. El pueblo es sabio, y, aunque gobiernen las mismas siglas, éstas ya están avisadas.